La delación, un recurso al alcance de García Luna

a cadena perpetua como pena máxima o a 20 años de cárcel como mínima, porque esto dice la ley estadounidense de sentencias.

García Luna tiene 54 años; la condena mínima que Cogan puede dictarle es de 20 años; de la máxima no se sabe, porque incluso podría ser castigado con varias cadenas perpetuas, tomando en cuenta que fue demoledor el veredicto en su contra.

Con una benevolencia de Cogan, García Luna podría quedar destinado a la mazmorra de una prisión federal de Estados Unidos hasta que cumpla 71 años, porque bajo las leyes estadunidenses le tienen que descontar los tres que ya lleva en la cárcel desde que fue detenido por las agentes de la DEA el 19 de diciembre de 2019 en Dallas.

El Departamento de Justicia desea a García Luna como testigo cooperante, de lo contrario, no hubiese sostenido la oferta de un acuerdo de cooperación hasta poco antes de que se le enjuiciara.

Al desafiar legalmente y en el juicio al gobierno de Estados Unidos, queda también de manifiesto que García Luna no desea que lo refundan en una celda, aunque ya se quedó sin alternativa y se quedará también sin las propiedades y dinero que tiene en Estados Unidos.

Durante el juicio por narcotráfico contra su marido en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Linda Cristina Pereyra aseguró a Proceso que sus propiedades en Miami no habían sido confiscadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

“Nos han congelado las cuentas del banco, nada más”, afirmó la esposa de García Luna al reportero en una de las audiencias en la Sala 8D de la Corte Federal en Brooklyn.

Una vez que Cogan sentencie a García Luna, sus propiedades en el estado de Florida (casas, autos, motocicletas y negocios) serán aseguradas por la Oficina para el Con- trol de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante la justicia García Luna ya está codificado oficialmente como un criminal y un narcotraficante; bajo la ley se asume que sus bienes y activos financieros se adquirieron con dinero procedente de la venta de narcóticos a nivel internacional y por eso se le serán requisados.

Encima de todo esto, a García Luna se le viene la demanda civil que en su contra interpuso en Florida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la querella se acusa al exintegrante del gabinete presidencial de Calderón de haber saqueado al erario mexicano con unos 700 millones de dólares entre 2001 y 2012, periodo en el que ejerció como cabeza de la AFI y de la SSP.

Por tratarse de una demanda civil y durante un eventual juicio y veredicto de culpabilidad, con la demanda del gobierno mexicano García Luna sería condenado a quedar en la ruina total; ya en México la SHCP le decomiso a él y a su familia todos sus bienes y cuentas bancarias.

El futuro del extitular de la SSP es aterrador, jurídicamente hablando, amén de todo lo anterior, por haber sido declarado culpable por unanimidad de un quinto delito; mentirle a un agente federal de inmigración, por lo que se le anulará la residencia permanente como inmigrante que tiene en Estados Unidos.

En este esquema y si Cogan sentencia a García Luna con una condena menor a la cadena perpetua, cuando cumpla los años de cárcel que le dictamine el juez el 27 de junio próximo sería de inmediato deportado a México, que lo solicita en extradición para enjuiciarlo.

La aLternativa A García Luna le queda una opción para no ser castigado por su colusión con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína a Estados Unidos: aceptar la oferta de cooperación si los fiscales del Departamento de Justicia se la vuelven a ofrecer a partir de que sea sentenciado.

Nadie sabe, excepto el Departamento de Justicia y sus fiscales federales de distrito, si hay otros expedientes judiciales acusando de narcocorrupción a otros funcionarios y exfuncionarios públicos, militares, policías federales y políticos de México.

Tampoco se sabe –y si se supiera, es un delito federal divulgarlo– si el Departamento de Justicia ya se encuentra investigando a otro objetivo mexicano por su presunta colusión con el narcotráfico internacional.

En ambos casos, al gobierno estadounidense le conviene tener como testigo cooperante a García Luna y a éste también, para salvarse de pudrirse en una cárcel.

Este narcotraficante podría traicionar y denunciar a quienes sirvió o con quienes colaboró en los sexenios de Fox y Calderón y a muchos más.

Como lo dijo en entrevista con Proceso Roberta Jacobson, la exembajadora de Estados Unidos en México y coordinadora de la Iniciativa Mérida, Calderón sí sabía de los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, porque el gobierno estadounidense se lo dijo.

Esta omisión de Calderón es suficiente para que, si lo decide el Departamento de Justicia, se le abra un proceso judicial federal y criminal tachándolo de copartícipe de una conspiración internacional de trasiego de drogas; como hizo con García Luna.

La Comisión para la Igualdad de Género, que preside la senadora Martha Lucía Micher Camarena, consideró urgente legislar para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño de la violencia feminicida.

En este sentido, en su reunión del pasado jueves, 23 de febrero, este órgano legislativo consideró positivo el proyecto que envió la Cámara de Diputados al Senado, para reformar diversos ordenamientos en la materia.

Las y los senadores coincidieron en que el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres, y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, pues culmina con la privación de la vida de la mujer. Pero, “a pesar de las graves implicaciones que conlleva la realización de estos actos, es un fenómeno que continúa replicándose”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, todas las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencias a lo largo de su vida, por lo que es necesario generar los mecanismos para lograr que las personas en alguna situación de vulnerabilidad interactúen con el resto de la población de forma digna y respetable. Además, las autoridades tienen la obligación de proteger la integridad de la población en general y de las mujeres en particular, ya que el feminicidio no sólo afecta la seguridad de las mujeres, también la credibilidad y la integridad del Estado mexicano.