En el reloj de la Corte, el desenlace del Plan B de López Obrador

sus opiniones políticas durante la veda electoral, bajo el argumento de la libertad de expresión, y contra la Ley General de Comunicación, que establece un tope de gasto de 0.1% anual del presupuesto aprobado para los municipios y federación en su programa de comunicación social.

Al admitir a trámite las demandas, el ministro de la Corte suspendió la entrada en vigor de las mismas en los estados en los que ya se iniciaron los procesos electorales, es decir, Coahuila y Estado de México.

En la entidad mexiquense Morena peleará directamente la gubernatura al PRI, que se ha mantenido en el poder por lo menos 80 años.

De acuerdo con el ministro, “de no concederse (la protección de la justicia) podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.

plazos cortos para resolver cuando se está ante impugnaciones en materia electoral.

SuSpenSión en vigor

El martes 21 el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad tramitadas por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el partido Hagamos; así como por senadores y diputados de oposición al Plan B.

Los recursos que pretenden los demandantes son contra las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que protegen a los servidores públicos para que no sean sancionados por emitir

A decir de Pérez Dayán, la medida concedida “surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la mencionada Ley Reglamentaria”.

A partir de ese momento las cámaras de Diputados, Senadores y el Ejecutivo federal contaron con seis días para rendir sus informes, mismos que se contabilizan en días naturales –en materia electoral todos los días son hábiles–, por lo que dicho plazo vence este lunes 27.

Posteriormente los quejosos y las autoridades señaladas como responsables

Plan B y participación y democracia BRAVUCONADAS

Mario Bravo

Este domingo 26 de febrero, marcó una fecha significativa y trascendente para la vida democrática de México (a la hora del cierre de redacción de esta columna, domingo a las 9 am), una enorme parte de la ciudadanía mexicana, salió a las calles, otra vez, en más de cien ciudades en el país y en el extranjero, para manifestar su profundo desacuerdo con los reiterados e inconstitucionales ataques al INE, a través del mal llamado Plan B, que mostró de manera grosera el empecinamiento del presidente López Obrador por desmantelar a una de las pocas instituciones nacionales que se han mantenido autónomas e independientes del poder que representa la 4T.

En este sentido, el periodista Enrique Quintana, de El Financiero, coincide en que “El propósito de todas ellas (las marchas y manifestaciones) es expresar el rechazo a una reforma que pretende destruir el sistema electoral que ha permitido que México se convierta en una real democracia en el curso de los últimos 30 años. (…) Pero, precisamente, por la existencia de un juego democrático equitativo como el que existe en México, AMLO y el gobierno actual saben que pueden perder el poder.” Y continúa, “Los cambios que cargan los dados en materia electoral a favor de Morena ya fueron aprobados en su totalidad por el Congreso de la Unión (Plan B), y ahora están a la espera de ser promulgados por el presidente de la República.” La alternativa de la oposición ciudadana para detener y rechazar estos cambios se respalda en la vía jurídica, y exigir al Poder Judicial su intervención y actuación responsable y constitucional en la resolución de este grave asunto para la vida nacional.

Paralelamente, el pasado martes 21, se publicó en The Atlantic, una columna del analista político David Frum, titulado “El autócrata de al lado”, en él revisa la trayectoria política del presidente Andrés Manuel López Obrador y advierte sobre el riesgo que enfrenta el país al tener un presidente que busca manipular las elecciones a favor de su partido, pues dada su trayectoria, las elecciones del 2024 “podrían ser menos que libres y lejos de ser justas”. Por sí fuera poco, Macario Schettino, también de El Financiero, abunda en que “ The New York Times, el periódico más leído en ese mismo espacio, publicó el miércoles una nota titulada México limita a la agencia electoral que contribuyó al fin del régimen de partido único. The Economist, la revista más leída en el mundo en su tema, habla de cómo Joe Biden necesita de la cooperación de México en inmigración”. Esa es la visión que provocan las burdas intenciones del huésped de Palacio Nacional ante la opinión pública del país vecino y socio (?) del norte.

Ahora bien, la oposición partidista en México (PAN, PRI, PRD, MC) no ha encontrado el camino certero para detener el paso de la 4T y del presidente López Obrador. Su fuerza está debilitada en virtud del desprestigio y desconfianza que obtiene de la ciudadanía, derivado de su errático y pobre desempeño en la representación de los auténticos intereses y preocupaciones de los mexicanos. ¿Han hecho su esfuerzo por revertir ese estigma ante la sociedad?, sí, pero ni es suficiente ni han logrado acumular la fuerza necesaria para confrontar las intenciones y recursos del gobierno de la 4T. Esto nos ha quedado claro a los ciudadanos, a los mexicanos que, ante el embate pernicioso de la corruptora “política del bienestar”, se han logrado mantener libres y dignos, y los ha llamado a tomar en sus propias manos, las acciones que sólo ellos contarán con dos días para formular alegatos y, una vez que el ministro Pérez Dayán cuente con todos los documentos que considere necesarios para realizar su proyecto, tendrá cinco días para presentarlo al pleno, según lo previsto por el artículo 68 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución mexicana. pueden mostrar a ese soberbio poder que se piensa infalible e insuperable. mario.bravo58@hotmail.com

Una vez que el ministro reparte su proyecto entre los integrantes del pleno de la Corte, deberán sesionar y resolver en los cinco días siguientes.

En consecuencia, incluso si el ministro Pérez Dayán solicita documentación adicional a los informes y alegatos de las partes, existe la posibilidad de que la Corte resuelva estas acciones de inconstitucionalidad a finales de marzo, por lo que el criterio que emita el pleno regirá para las elecciones que se realizarán en 2024. Desde noviembre del año pasado la Suprema Corte emitió un primer criterio sobre la propaganda electoral realizada por servidores públicos, e invalidó un decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, vigente desde el 18 de marzo de 2022.

Es decir, que puede aplicarse este criterio a la modificación del concepto de propaganda gubernamental contenido en la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de esta primera parte del Plan B de la reforma electoral.

El domingo 26 de febrero en decenas de ciudades del país, la ciudadanía se manifestó con fuerza y determinación. Lejos de las provocaciones y difamaciones del ¡presidente! contra una parte importante de sus gobernados, el valor cívico y auténtico de los ciudadanos salió, una vez más a las calles para manifestar su voluntad legítima en defensa del INE y de la Constitución de México.

En Aguascalientes, esta realidad cívica, reactivó a una asociación civil de longeva trayectoria en la vida democrática del Estado. Con orígenes en la década de los 90´s del siglo pasado, e integrada por políticos (que se reconocen antes como ciudadanos) y personas de la sociedad civil, retomaron un tercer (?) aire, se reagruparon y se identificaron con la causa de esa mayoría silenciosa de aguascalentenses, preocupados por el bienestar de las familias, de las instituciones y las libertades, y se comprometieron en nutrir la concentración ciudadana del 26 de febrero, en la lógica de que la participación ciudadana organizada y debidamente informada, es una importante aportación a la defensa de la democracia y la libertad de todos los mexicanos, sí, todos.

Participación y Democracia, se hace llamar esta asociación civil, y se reconoce a sí misma como PADE. En ella, hay clara conciencia que el trabajo de promover la acción ciudadana a través de la participación y la promoción de la democracia es gigante, y los alcances de su organización es limitada, ha establecido una política de acuerdos y coordinación con otras organizaciones cívicas y sociales con las que coincide en los objetivos y metas para blindar y proteger la vida institucional de México y Aguascalientes, de las leyes y la libertad de las personas.

Este reto por defender a México de las intenciones antidemocráticas y demagógicas de su gobierno, han llevado a la ciudadanía a retomar las calles y las plazas en todo el país. La Suprema Corte de la Nación debe escuchar la fuerte voz de la sociedad, y actuar con integridad y apego a la Constitución; rechazar, una vez que se promulgue el decreto del Plan B, y erigirse como la garantía de la vida democrática del país.