oCtavio Martínez

CONVICCIONES Día a día crece la migración

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

La militarización de la política migratoria de México, con 25,000 efectivos de la Guardia Nacional (GN) distribuidos en la frontera sur y norte del país, ha contenido la migración centroamericana, como se los ordenó el gobierno de Estados Unidos.

Para el caso de los mexicanos, los programas de entrega directa de recursos del actual gobierno a la población, con los cuales se evitaría la migración, no han tenido efecto alguno y día con día aumenta el número de los migrantes.

Así, en Estados Unidos en 2019 fueron detenidos 237,780; en 2020, 297,711; en 2021, 655,594 y en lo que va de 2022, 622,764. En total 1,813,894. Desde 2021, los mexicanos arrestados superan al total de los centroamericanos.

La Patrulla Fronteriza dice que en 2017 la detención mensual de migrantes mexicanos era de 20,000 al mes, pero que ahora es de 80,000. Un crecimiento del 400 %. A partir de 2020 se acelera la migración mexicana hacia Estados Unidos.

Los especialistas mexicanos y estadounidenses en el tema coinciden en señalar que el fenómeno de la creciente migración tiene que ver con dos realidades: Que la economía mexicana no crece, que deriva en falta de empleo, y que aumentan los niveles de violencia.

Coinciden al señalar que el aumento histórico de las remesas tiene que ver con la salida de cada vez más migrantes. Son cientos de miles los detenidos, pero hay otro grupo que, después de cruzar la frontera, logra mantenerse en Estados Unidos.

El crecimiento de las remesas es expresión de la crisis económica interna. En los primeros cinco meses de 2022 llegaron 23,508 millones de dólares, un aumento del 17.25 por ciento con relación al año anterior, según el Banco de México.

Están también de acuerdo que los programas de entrega de recursos directos de parte del gobierno y los que implementa para generar empleos, como Sembrando Vida, están muy lejos de resolver el problema de la migración.

Sostienen que la situación mexicana no va a cambiar por lo menos hasta que termine 2024, que es cuando se va el actual gobierno, y que por lo mismo el número de migrantes seguirá creciendo.

El aumento de la migración mexicana preocupa a la administración del presidente Biden. Ya no son solo los centroamericanos o cubanos cuya detención está a cargo de las autoridades mexicanas. Se pregunta ¿qué hacer? ¿cuál debe ser la nueva política?

@RubenAguilar

/ octavio martínez

La construcción del Tramo 6 del Tren Maya tampoco será fácil. Con el argumento de que los ejidos afectados tienen poca infraestructura, por ser de cultivos y tramos selváticos, Fonatur pretende pagar a los pobladores mayas sólo 70 pesos por metro cuadrado, mientras que en Playa del Carmen y Tulum se pagaron entre 300 y 500 pesos. Las comunidades dicen que sus recursos naturales valen mucho más y que mantendrán la resistencia.

En las actuales negociaciones del Tramo 6 del Tren Maya, planificado entre Tulum y Chetumal, el gobierno federal ha encontrado una firme resistencia de los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto en la zona maya; no aceptan el pago de 70 pesos por metro cuadrado de tierras comunales que ofrece el gobierno federal para hacerse de los terrenos donde pretende extender las vías.

El costo dista del pagado por metro cuadrado a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a los ejidatarios de Playa del Carmen y Tulum –a los que se ha dado vocación turística y comercial–, de entre 300 y 500 pesos. La diferencia, en perjuicio de los poblados eminentemente agrícolas y forestales y los centros turísticos, contradice las continuas referencias del presidente López Obrador al beneficio prioritario del Tren Maya para los pueblos indígenas y marginados de la región.

En ninguna de las dos localidades donde se construye el Tramo 5 del Tren Maya hubo resistencia ejidal, aunque los ambientalistas hasta la fecha continúan con una batalla judicial para detener los trabajos.

En Felipe Carrillo Puerto, corazón de la lucha maya, los encuentros con los representantes del Fonatur para negociar la venta de los terrenos comunales se iniciaron en semanas recientes. La asamblea integrada por 256 ejidatarios concluyó con la oposición inmediata: no aceptarán lo que consideran un pago que denigra el valor de su tierra.

José Antonio Arreola Palacio, asesor forestal del ejido Lázaro Cárdenas, explica: “En la última asamblea que tuvimos, hace como 15 días, fue rechazada (la oferta) porque consideramos que no es el valor ni de 50% de la afectación que habrá en recursos naturales… Por lo menos lo que se pagó en el ejido Bacalar fue de 192 pesos.

“Fonatur argumenta un precio distinto porque ellos cuentan con mayor infraestructura y que en el caso de Felipe Carrillo Puerto no cuenta con infraestructura por donde va afectar la vía del Tren Maya. Sin embargo, la totalidad de la afectación va a ser sobre recursos naturales y nosotros consideramos que los recursos naturales son más valiosos que cualquier infraestructura que se encuentre sobre la superficie de la tierra, ese es el argumento que estamos poniendo sobre la mesa”.

Son 163 hectáreas las que se verán afectadas por el proyecto sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría pertenecen a reservas forestales apoyadas para su preservación con “bonos de carbono” que pagan diversas iniciativas privadas a los ejidatarios, quienes se dedican al cuidado y siembra de árboles nativos de la selva maya.

“Es difícil poner un valor a los recursos naturales –continúa Arreola Palacio–. Esperemos que se llegue a una buena conciliación y que no se llegue a ningún enfrentamiento y que se pague lo justo al ejido (…) Hay parcelas en los lugares por donde va a pasar el Tren Maya que se están sembrando, incluso hay algunas apoyadas con el programa Sembrando Vida que tienen infraestructura de árboles sembrados desde hace algunos años, que se va a afectar, pero la mayor parte de afectación es selva virgen que el ejido ha conservado muchos años”.

Las negociaciones con el Fonatur son encabezadas por Elías Be Cituk, presidente del comisariado ejidal, quien dio a conocer que tras el último acercamiento que hubo a finales de julio, el órgano federal no ha vuelto a contactarlos para continuar con el diálogo.

“La afectación en bonos de carbono a 30 años nos afectará como en 30 millones de pesos, sólo 30 años. En el área forestal son como 130 millones de pesos en el valor de las maderas”, cuantifica Be Cituk.

Se trata de árboles valiosos para los mayas como la ceiba, el cedro, la caoba, el chechén y el ciricote, entre otros, sin contar la fragmentación de la comunidad con su selva y el potencial que trae consigo la milpa como fuente de alimento.

El viernes 5, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 6 del Tren Maya, con una longitud proyectada de 250 kilómetros. El recorrido del ferrocarril se encuentra planeado por los municipios quintanarroenses de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, éste último con cabecera en Chetumal, capital de la entidad. Aún no inician los trabajos.

La relevancia del ejido Felipe Carrillo Puerto está plasmada en el documento técnico entregado a Semarnat: esas tierras comunales, uno de los 17 ejidos por donde pretenden que las vías pasen, cuentan con la mayor cantidad de población indígena, con 19 mil 275 habitantes mayas.

La MIA realiza un análisis de vinculación entre la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la situación real con las tierras por donde se extenderá el proyecto. En este contexto, cita el artículo 25 de la mencionada norma jurídica sobre la causa de utilidad pública y su relación con la expropiación, algo que hasta la fecha no se aplica en tal ejido.

“El proceso de adquisición de tierras se conducirá con total transparencia y legalidad, respetando el derecho de los propietarios de los inmuebles objeto de la declaratoria”, dice la MIA.

No obstante, sostiene Elías Be Cituk, la adquisición de las tierras por el gobierno, en caso de que no haya consenso implicará un abuso contra los comuneros mayas. Además, considera que la estación del ferrocarril quedará alejada de la comunidad:

“La estación del tren será en terrenos nacionales, no en el ejido, no nos va a beneficiar esa estación (…) no va a beneficiar a los 250 ejidatarios, sólo a una familia”.

Ejidatarios mayas alzan la voz: Los engañan para seguir con el Tramo 6

Promesa incumPlida

En septiembre pasado los generales mayas –descendientes directos de dirigentes de la Guerra de Castas, conflicto armado entre la etnia y el gobierno de México en el siglo XIX– se reunieron en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia, en la zona maya de Quintana Roo.

Ahí Rogelio Jiménez Pons, entonces titular del Fonatur, les prometió que se rehabilitarían sus siete centros ceremoniales como parte de las acciones a favor de la comunidad dentro del proyecto del Tren Maya.

Estos son sitios de difusión cultural, rescate de la lengua, legado de la Guerra de Castas y sitio religioso del pueblo originario. Para ello se le entregó al funcionario una lista de las obras de rehabilitación, pero a casi un año de ese encuentro, nada se ha cumplido.

“Tenemos documentos en donde Fonatur se comprometió a hacer las obras de los centros ceremoniales, los siete centros ceremoniales, pero hasta la fecha no han realizado nada. En Cancún nos dijeron que no nos van a atender, que no nos van a hacer las obras”, señala Gabino Cruz Yeh, general maya y secretario del Gran Consejo Maya.

Los sitios ceremoniales se encuentran en el centro de Quintana Roo, donde la comunidad maya mantiene una estrecha relación con sus costumbres, su pasado prehispánico y la constante rememoración del hecho que dio origen a la Guerra de Castas: la desigualdad.

Los centros se encuentran en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Chumpón, Tixcacal Guardia, Kantunilkín, Chancah Veracruz y La Cruz Parlante.