PatriCia dáviLa

La inseguridad, el nudo gordiano: Divergencias en torno a la militarización de la Guardia Nacional

/ patricia Davila

Para la diputada panista Adriana Dávila no hay duda: el presidente no gobierna con la ley sino con narrativas, pues lo que más le interesa es el control político. “Para quienes hemos seguido este proceso”, dice, “la seguridad es un fracaso que él no supo resolver”, de ahí el incorporar la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena. En contraste, el abogado Juan Velásquez habla de profesionalizar la Guardia con apoyo castrense, pero admite el gran fracaso en material de seguridad.

El lunes 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que temían organismos nacionales e internacionales: la oficialización de la permanencia de la Guardia Nacional (GN) como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para lo cual, adelantó, emitiría un “acuerdo”, ante la posibilidad de que legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, rechacen una reforma constitucional sobre el tema.

Tras el anuncio, la ONU y Amnistía Internacional reaccionaron: “Una vez más alertamos sobre los riesgos de la militarización y la ilegalidad de formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena (durante el desfile del próximo 16 de septiembre)”.

A su vez, Adriana Dávila Fernández, diputada federal por el PAN, comenta en entrevista que los legisladores impedirán el paso de una reforma constitucional; en caso de que se formalice la adscripción por acuerdo o decreto, dice, se inconformarán jurídicamente y tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la validez o no de la decisión presidencial.

En contraste, Juan Velásquez Evers, penalista por la UNAM, asesor y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional que incluso ha sido condecorado en cuatro ocasiones por las fuerzas armadas de México, considera positivo el paso formal de la GN a la Sedena. Sin embargo, concuerda con la legisladora en que una reforma presidencial será rechazada por la bancada de oposición. Un acuerdo o decreto sería impugnado legalmente, por lo que la decisión tendría que emanar de la SCJN, la cual probablemente se pronuncie en contra también.

Desaparición De poDeres

Adriana Dávila explica: “En 2019 se discute la Guardia Nacional y en la reforma constitucional nos meten el artículo quinto transitorio. En el Senado se plantea una modificación que tiene que ver con poner un mando no militar al frente, pero fue sólo una falacia. La realidad es que desde la publicación del decreto hasta que termine López Obrador su mandato, en 2024, por el transitorio, las fuerzas armadas podrán hacer labores de seguridad pública.

Luego, cuando se le viene la crisis del tema Ovidio Guzmán, el presidente emite un acuerdo en donde las fuerzas armadas puedan hacer estas labores, con fundamento legal en el quinto transitorio.

Considera que el anuncio del presidente de pasar la GN a la Sedena “abona a la narrativa que ha venido construyendo desde el inicio de su administración, que tiene que ver con que el Ejército, para él, es el área más importante de su gobierno. Su mensaje es que lo que menos le importa es la seguridad pública, lo que más le interesa es el control político”. Explica que el anuncio que hizo de concretar un acuerdo, viola preceptos constitucionales, como lo que tiene que ver con la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la práctica, los miembros de la GN o más de 80% fueron desde el principio personal de la Sedena; esa dependencia siempre ha pagado su sueldo.

“¡Está en falta constitucional el presidente! Si tienes un superdelegado metido en las mesas de seguridad que es un actor político y a la Guardia Nacional con un militar al frente, es una formación militar. No hay examen de control, no hay mejora en preparación, no se habla sobre los mecanismos de inteligencia para combatir la inseguridad y a los cárteles de la droga”, señala la legisladora panista.

E insiste: no hay ninguna vinculación de la GN con la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual no ha planteado desde que estaba Santiago Nieto y hasta hoy, cómo se han desarticulado o aparentemente encontrado algunas cuentas para ubicar el lavado de dinero por parte de los cárteles a través del tráfico de drogas y armas.

“Si unas fuerzas armadas hacen labores de seguridad pública, construcción de aeropuertos, manejo y cuidado de puertos marítimos y aeropuertos, migración, vacunas, lo que vemos es que son el instrumento más importante del presidente para el control político del país. A él no le interesa resolver la seguridad pública. Ese es el mensaje que se percibe.

“Y más allá de que lance o no en los próximos días o próximos meses alguna propuesta de reforma constitucional, sabe que no va a pasar, porque no va a pasar. Sabemos que el presidente no gobierna con la ley, gobierna con narrativas y con un mensaje de carácter político”, señala Dávila.

Si AMLO envía las reformas, asegura que interpondrán todos los recursos legales para que la SCJN pueda decir si la medida presidencial es inconstitucional. Y si no pasa por el Congreso, el presidente muestra ese desdén que tiene primero hacia su propia bancada, porque teniendo mayoría, aunque no calificada, le importa muy poco lo que el Congreso piense. Rompe la división de poderes.

“El presidente nos mantendrá en un pleito permanente para poner a prueba a todas las instituciones y allí es en donde entra la fortaleza de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la ley. Creo, y lo digo con toda honestidad, que en el Congreso, senadores y diputados se están tardando, porque más allá de pronunciamientos que hagan de que no se permitirá que pase la GN a la Sedena de manera oficial, en los hechos ya se permitió.

“Y hablando de que la pelota tendría que estar en la cancha de la Corte, yo esperaría que el (ministro) presidente Arturo Zaldívar tenga un poquito de dignidad en este sentido, porque los últimos meses se la ha pasado desempeñando un papel protagónico extremadamente político, cuando su tarea es dirigir el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, dónde se resuelven muchas de las sentencias que se han dejado de emitir.

“Si tú recibes ese mensaje de un presidente de la Corte –que lo que hace es obedecer a López Obrador declarando constitucional cualquier acuerdo que emita– estaremos viendo la desaparición oficial de poderes. Eso es muy grave. No estamos midiendo las consecuencias”, aclara la legisladora Dávila.

partiDos sin rumbo

iene que haber un despertar ciudadano y una acción mucho más contundente de las diligencias partidistas, que insiste, “están dormidos”. En la parte política, a los partidos y sus bancadas en todo el país, llámese congreso federal y estatales, les corresponde hacer contrapeso porque es un equilibrio de poderes. De nada sirve un pronunciamiento de los dirigentes partidistas de los cuatro partidos de oposición incluido MC, diciendo que no se va a permitir que esto suceda, si los recursos legales no se están interponiendo, critica.

Añade: “Cuando salga el acuerdo, tendremos que ir a la Auditoría Superior de la Federación, a la Suprema Corte, a la CNDH, a instancias internacionales como la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar las denuncias. Como partido político, deberíamos estar preparando a los ciudadanos para advertirles sobre el riesgo que esto implica, para empezar, esta resistencia ciudadana”.

Los dirigentes partidistas no están teniendo un rumbo muy definido. Las principales fuerzas políticas a pesar de tener un respaldo ciudadano importante y el control político de sus partidos no están entendiendo el papel histórico que les corresponde jugar en esta etapa tan complicada en la vida de México.

Ellos minimizan el tema pensando que un pronunciamiento público mediante un tuit basta, cuando ellos tienen los recursos, la capacidad y la movilidad para poder hacer justamente todo esto en sus propias bancadas.

Dávila recuerda que se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por el acuerdo sobre seguridad que planteaba la adscripción de la GN a las fuerzas armadas por violentar el régimen constitucional. Pero ya pasaron tres años y, según ella, era para que hubiera una manifestación de senadores y diputados afuera de la Suprema Corte exigiendo se resuelva.

Valle de Mexicali. La fiebre por el litio, una pugna en puerta

/ Jesusa cervantes

Probada su riqueza en minerales como el litio, el gobierno de México se alista para retomar las concesiones entregadas por administraciones panistas y priistas a privados; Bacanora Lithium, ubicado en Sonora, parece ser el proyecto más atractivo.

Sin embargo, existe otra zona donde el litio aparece a flor de piel, y que funcionarios federales se niegan a ver: el localizado en las faldas del Cerro Prieto, en el Valle de Mexicali.

De las 32 concesiones en manos de particulares, Baja California cuenta con seis; tres están a nombre de Ana Lilia Varela Reynoso, dos de Julio Alfonso López López y la sexta, en manos de Jorge Oviedo Medina.

De las seis, sólo dos cuentan con proyectos registrados ante el Servicio Geológico Mexicano. Aunque las concesiones las tienen mexicanos, los desarrollos los operan la empresa canadiense One World Lithium y la estadunidense Pan American Lithium.

De las seis concesiones sólo dos son las que tienen el litio a flor de tierra pero se encuentran traslapadas, ambas están en las faldas del Cerro Prieto, lugar donde se erige la geotérmica del mismo nombre.

El tema del litio es más complicado aún y en él hay intereses extranjeros, pero también del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y de la exsenadora por el Partido Verde Ninfa Salinas, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quienes forman parte de una fundación que encabeza el ingeniero Oviedo Medina, dueño de la mina con más posibilidades de trabajar el carbonato de litio, utilizado para elaborar las baterías para los autos eléctricos.

Contiguo a ellos está el proyecto de Pan American Lithium, asociada con el también panista José Federico Díaz Gallego, mediante su empresa Escondida Internacional.

Díaz Gallego también es dueño de Zahori, empresa dedicada a la manufactura y comercialización de impermeabilizantes y material para techos. Además ofrece mantenimiento de pavimentos asfálticos en autopistas, aeropuertos y vialidades urbanas. Exporta a Japón y Estados Unidos, aunque su empresa recibe de manera cotidiana críticas por los altos niveles de contaminación que genera.

La fiebre por el oro blanco (litio) tiene su razón, es el combustible ecológico que lo mismo sirve para elaborar baterías para autos eléctricos que para teléfonos celulares, de ahí que su precio ha ido en aumento.

La firma internacional Mining Technology ubicó el proyecto de Bacanora Lithium de Sonora, como el yacimiento más grande del mundo, con 243 millones de toneladas probadas y probables y de las cuales 4.5 millones de toneladas son de carbonato de litio.

Ello causó que al 2 de junio era el único mineral con crecimiento anual de precio de 424%, mientras el oro, la plata y el cobre han fluctuado entre alzas y bajas.

Para dar un ejemplo de cómo es el aumento, de acuerdo con Trading Economics, a inicios de febrero de 2020 la tonelada de carbonato de litio se cotizaba en los mercados internacionales en 10 mil 800 dólares. En febrero de 2022 el valor por tonelada alcanzó los 59 mil 200 dólares y sigue al alza.

Los máximos históricos son casi a diario. Las bolsas internacionales que fijan los precios reportaron el 8 de febrero de este año que alcanzó los 382 mil 500 puntos y al 2 de junio ya estaba en 468 mil 500.

Un dato adicional que impulsó los precios al alza: en febrero pasado el gobierno de Estados Unidos descubrió su yacimiento más grande en el estado de California, en la localidad del Valle Imperial que colinda con México y se ubica muy próximo al Cerro Prieto. Incluso ya lo han denominado “el Valle del Litio”.

En BC parte del litio se encuentra a flor de piel en el Cerro Prieto; sin embargo, no se puede procesar debido a que el gobierno federal “ni lo explota ni lo deja explotar”, reveló en entrevista el propietario de la mina donde se encuentra probada la existencia del mineral, el ingeniero Oviedo Medina.

Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del convenio de Participación Social y de Ejecución de Obra del acueducto El Cuchillo II, que llevará agua de la presa El Cuchillo a Monterrey con el objetivo de resolver la situación de sequía en la zona metropolitana a mediano y largo plazo.

Durante la presentación del Plan de Apoyo: Agua para Nuevo León, el mandatario afirmó que este proyecto será considerado de seguridad nacional.

“La próxima semana vamos a iniciar este proyecto de más de cien kilómetros. Es una obra prioritaria que consideramos de seguridad nacional, de urgencia; por lo mismo vamos a ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos que son los que muchas veces retrasan las obras”, subrayó.

Indicó que se proyecta concluir el acueducto El Cuchillo II en nueve meses, de modo que se garantizará el abasto de agua a la población más vulnerable. Simultáneamente se contempla la creación de pozos someros y profundos, así como la presa Libertad.

“Vamos a ayudar todos. Los ingenieros militares van a estar a cargo de la gerencia del proyecto y supervisión para avanzar y va a ser fundamental la participación de las empresas. (…) Los empresarios de Nuevo León, que se han caracterizado por sensibilidad, vuelvan demostrar que tienen dimensión social”, puntualizó.

Detalló que significará una inversión de 10 mil millones de pesos; la federación aportará el 50 por ciento y el gobierno de Nuevo León otro 50 por ciento.

“Estamos hablando de 5 mil litros por segundo, sin tomar en cuenta otras acciones. Ya con estos 5 mil litros por segundo, tenemos garantizada agua para la zona metropolitana de Monterrey para ocho, diez años hacia adelante”, precisó en las instalaciones de la Cuarta Región Militar.

Este presupuesto, destacó el presidente, no representa deuda adicional y se hará a partir de una aportación que localizó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Nos ayudó mucho a conseguir estos fondos el director de Banobras, Jorge Mendoza, porque en las finanzas, en administración pública hay guardados, hay

Acueducto El Cuchillo II será obra de seguridad nacional; abastecerá agua a Monterrey

| Foto Gobierno de México

fondos, fideicomisos y nosotros ya tenemos comprometido el presupuesto; somos muy disciplinados en el manejo de las finanzas porque no queremos endeudar al país ni queremos gastar más de lo que tenemos de ingresos”, explicó.

Se creará un comité con tres responsables que definirán la asignación de contratos en este proyecto y elegirán las mejores propuestas en las próximas licitaciones: el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo; un representante del gobierno estatal y uno más de Caintra, organismo empresarial de Nuevo León.

La construcción de los cien kilómetros de longitud tendrá una división de diez tramos. También participarán diez empresas, apuntó el mandatario.

“Tenemos que unirnos, sumar voluntades, esfuerzos, recursos. Yo quiero agradecer el apoyo de empresarios, profesionales de Nuevo León que han estado ayudando, los técnicos que han estado haciendo propuestas”, remarcó.

Sostuvo que es fundamental el trabajo coordinado con autoridades estatales en asuntos prioritarios como el abasto de agua.

“Hay que atender el problema, hay que, primero, como lo está haciendo el gobierno de Nuevo León, tener un plan. Hay que ordenar el desarrollo, no se puede pensar nada más en el crecimiento porque eso conduce a la anarquía, se requiere que haya planeación para el desarrollo y yo creo que esta situación que se está viviendo va a ayudar a que todos participemos y cuidemos el agua, que tengamos más conciencia de la importancia de este recurso vital”, expresó.

Refrendó su compromiso con el bienestar del pueblo de Nuevo León al garantizar el abasto de agua y agradeció la corresponsabilidad ante la crisis por falta de agua.

“Todos tenemos que aplicarnos mucho para salir adelante y agradecerle mucho al pueblo de Nuevo León por su contribución al desarrollo de México, a los empresarios, a las iglesias, a los trabajadores de este estado que son ejemplares, debemos tomarlos siempre en cuenta. (…) Agradecerle a toda la gente de Nuevo León por su apoyo y solidaridad, decirles que no están solos”, afirmó.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció la voluntad política y financiera del Gobierno de México en este proyecto que estuvo en el olvido por 26 años.

Reconoció que la obra del acueducto El Cuchillo II duplicará el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Firmaron el acuerdo, el gobernador de Nuevo León, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo y el director general de Caintra Nuevo León, Luis Guillermo Dillon Montaña.

En la firma del convenio de ejecución de obra participaron, Salvador Fernando Cervantes Loza, director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional; el titular de la Conagua; el gobernador de Nuevo León y Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León.

Asistieron al encuentro, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo; el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, el director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Fernando Cervantes Loza, entre otros.

“RR”, las siglas de la impunidad

/ Gloria reza

Ricardo Ruiz Velasco, el RR, cuya detención intentaron fuerzas federales y estatales el martes 9, suele refugiarse en Ixtlahuacán del Río, donde la gente lo ubica como intocable para los uniformados locales. Testimonios de pobladores y una ficha policiaca indican que el jefe regional del CJNG ha sido detenido otras ocasiones en diversos municipios jaliscienses e incluso una vez enviado a la entonces PGR, pero siempre sale libre a los pocos días.

Ricardo Ruiz Velasco, alias El RR, El Doble R, El Tripa o El Tripas, es identificado por el gobierno federal como líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, y en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, acumula decenas de detenciones por faltas administrativas, varias capturas por delitos penales y una larga lista de órdenes de aprehensión.

Tiene registro de por lo menos ocho detenciones por delitos contra la salud y robo en Jalisco y Aguascalientes, pero en ninguno de los casos las autoridades lograron mantenerlo tras las rejas. Antes de su fallida captura el martes 9 ya había sido aprehendido en octubre de 2018 por agentes federales en San Pedro Tlaquepaque, sin que se sepa cómo fue liberado y regresó a sus actividades delictivas.

La suerte del Doble R pareció terminar la tarde del martes 9, cuando elementos de la Sedena llegaron a Ixtlahuacán mientras aquél sostenía una reunión con el capo identificado como Gerardo González Ramírez, El Apá. Su presunta detención desató un enfrentamiento que derivó en quemas de vehículos y tiendas Oxxo en Jalisco y Guanajuato.

Los desmanes, considerados por las autoridades federales y estatales como actos de terrorismo, fueron un desafío del CJNG mediante operaciones orquestadas minuciosamente y que mostraron el músculo macrocriminal del grupo ante corporaciones y gobiernos pasmados, que literalmente llegaron sólo a apagar los incendios.

Doce ciudades de Guanajuato, las más grandes en población, industria y turismo, vieron cómo poco antes de las 21:00 horas del martes 9 y hasta antes de las 06:00 del miércoles 10, se desplegaron células armadas en camionetas que se movieron sin problemas hasta avenidas, calles y plazas comerciales para incendiar vehículos y disparar o lanzar bombas molotov a tiendas Oxxo.

El impacto se multiplicó cuando, mediante llamadas al 911, redes sociales y mensajes, se corrió la voz, incluso antes de llevar a cabo los ataques.

Sólo en el estado de Guanajuato se pudieron contar cerca de 60 puntos en los que se registraron tiroteos o incendios de tiendas Oxxo (25 en total) y otros negocios, así como vehículos compactos, camiones de personal o de carga incendiados y dos choferes asesinados, aunque oficialmente se ha negado el vínculo de estos homicidios con los atentados.

Después de ese despliegue de los delincuentes, 11 de ellos fueron detenidos, según la información oficial.

El gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez declaró que la autoridad mantiene el “control del estado” y que éste vive en la normalidad. Sin embargo, autoridades educativas, dueños de negocios y trabajadores optaron por cerrar establecimientos, no presentarse a laborar o no salir a las calles.

Según habitantes de Ixtlahuacán del Río, El Doble R huyó “rumbo al cerro”, mientras que uno de sus colaboradores cercanos fue abatido. Como información preliminar del operativo con las fuerzas federales, el gobernador Enrique Alfaro dijo que un presunto delincuente murió y cinco integrantes del grupo delictivo fueron detenidos.

A condición de no publicar sus nombres, pobladores de Ixtlahuacán accedieron a hablar sobre la forma en que desde hace más de tres años El RR y su gente acabaron con la paz de su municipio.

La información obtenida por Proceso en un reporte de seguridad y en los mencionados testimonios señala que El Doble R tiene dos ranchos en Ixtlahuacán del Río. Uno se ubica en la población de Mascuala; ahí están dos quintas, cada una con una extensión de aproximadamente dos hectáreas, donde se guardan contenedores de municiones, vehículos blindados, equipo táctico y droga.

El otro rancho se encuentra en Cuyutlán. Para vigilarlo el capo dispone de drones, una torre y personas armadas en camionetas. Para ingresar, elementos de la célula revisan a los visitantes y los obligan a apagar el teléfono celular.

El año pasado, ante la presencia de la autoridad federal, caballos pura sangre y animales exóticos fueron sacados de este último rancho, al que el lugarteniente acude generalmente los fines de semana, mientras los alrededores son vigilados por aproximadamente 80 hombres.

En el crucero de Las Puentes se instala una patrulla municipal para reportar si llegan autoridades federales.

Historial delictivo

Este medio cuenta con una ficha sobre El RR fechada el 28 de marzo de 2018, en la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) asienta que nació en Guadalajara el 13 de septiembre de 1984 (estaría a punto de cumplir 38 años), mide aproximadamente 1.65 metros, tiene tez morena oscura y es de complexión regular. Su padre, el finado Ricardo Ruiz Herrera, contaba con antecedentes penales por robo.

En el mismo documento (número FGE/ DGCICS/DC/2972/2016) se menciona que Ruiz Velasco tiene tres hermanos. Dos de los ellos –Javier, de 45 años, y Juan, de 46– tienen antecedentes penales; el primero por portación de arma de fuego, lesiones y daños; el segundo por delitos contra la salud.

Ricardo Ruiz estudió hasta la secundaria, vivió en el barrio El Retiro, en Guadalajara. En el documento se informa que en noviembre de 2020 se recibió en la línea 089 una denuncia anónima: en la calle Agustín Rivera, al cruce con Eulogio Parra, El Tripas vendía drogas en dicho domicilio a quien las solicitara, incluyendo menores de edad.

Uno de los pobladores narra: “La policía municipal, así como los judiciales (refiriéndose a la policía investigadora que depende de fiscalía), se encuentran coludidos, pues éstos acuden por su cuota”.

La ficha consigna que la policía de Guadalajara ha detenido al RR 12 veces por faltas administrativas entre 2002 y 2009: alterar el orden público e ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, posesión de mariguana, agresión física, riña, delitos contra la salud y robo de autopartes. El 17 de diciembre de 2000 fue arrestado en la colonia Infonavit, en Tonalá, por policías estatales que le encontraron 15 envoltorios de cocaína y nueve billetes falsos de 500 pesos.

El RR cuenta con 13 órdenes de aprehensión giradas entre 2013 y 2016 por los juzgados 1, 3 y 13 de lo Criminal, por 13 homicidios y dos homicidios en grado de tentativa, mismas que se encuentran vigentes. .

/ Jesús esquivel

De las cuatro causas judiciales que pesan sobre Rafael Caro Quintero en Estados Unidos, la de California –por el asesinato de Enrique Camarena– es la más sólida. Sin embargo, ante la posibilidad de que en el juicio afloren las versiones de que Caro participó en la operación de la CIA para proveer de armas a la Contra nicaragüense con otros políticos y militares mexicanos, grupos de poder estadunidenses presionan para que se enjuicie al sinaloense en Nueva York por narcotráfico. La solicitud formal de extradición de Rafael Caro Quintero, que el gobierno de Estados Unidos entregará esta semana al de México, incluye cuatro encausamientos judiciales por presuntos delitos cometidos en California, Arizona, Texas y Nueva York.

“El de California, por el asesinato del agente federal de la DEA Enrique Kiki Camarena; el de Arizona y Texas, por el homicidio de una persona relacionada con la muerte del papá de Caro Quintero, y el de Nueva York por narcotráfico”, explica en entrevista con Proceso un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aun cuando el gobierno estadunidense sostiene que el caso mejor sustentado es el de California, la acusación en Nueva York tiene potencial de ser el estado donde se procesará judicialmente a Caro Quintero en caso de que el gobierno de México lo extradite.

“La reputación que han ganado los fiscales del Distrito Este desde el caso de

California y Nueva York se pelean a Caro Quintero

Joaquín El Chapo Guzmán lo hace probable; sin embargo, los cargos que le imputan a Caro Quintero no son tan sólidos como los que tiene ante el Distrito Central de California”, admite el funcionario.

Desde 1985, cuando Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, Caro Quintero es el narcotraficante mexicano más buscado por Estados Unidos, pero puede ser un chivo expiatorio.

La orden de aprehensión con fines de extradición de Caro Quintero que el Departamento de Justicia estadunidense le solicitó al gobierno de México desde hace más de tres décadas, y que renovó en 2013, se desprende del encausamiento judicial en su contra fincado en California.

Un fiscal federal estadunidense involucrado en el asunto de Caro Quintero y consultado sobre las cuatro causas judiciales, explica que añejos intereses políticos en su país tratan de influir para que el capo mexicano sea procesado en Nueva York.

“La acusación de narcotráfico contra Caro Quintero en Nueva York data de 2018 o 2019, más o menos. Se confiscó droga en ese estado que, se dice, fue enviada por el acusado. El cargo es frágil porque otro estado puede decir lo mismo y sin tener elementos fuertes; es causa probable”, dice.

Bajo la condición del anonimato, igual que el alto funcionario del Departamento de Justicia entrevistado –ya que se trata | Foto Semar

de un caso cuyos expedientes siguen sellados en las cortes de Arizona, Nueva York, Texas y California–, el fiscal aclara:

“En un juicio en California por el asesinato del agente Camarena surgiría la mención de la CIA, de la Contra nicaragüense, tráfico de cocaína patrocinado por Estados Unidos y el nombre de expolíticos y militares mexicanos. En Nueva York no. ¿Me entiende?”

Desde que ocurrió el asesinato de Camarena, este semanario ha dado cuenta y sustentado en documentos clasificados como top secret, con entrevistas de agentes y exagentes de la DEA, la presunta participación de la CIA en el homicidio de 1985.

Héctor Berrellez, exagente de la DEA y largo tiempo encargado de la investigación del homicidio de Camarena a través de la Operación Leyenda, denunció en entrevista la presunta participación de la CIA en el homicidio del agente estadunidense en 1985.

Berrellez sostiene que Camarena descubrió que la CIA ayudó a Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo a traficar cocaína colombiana y mariguana hacia Estados Unidos a cambio de que los capos enviaran armas a la Contra nicaragüense a través de México.

El exagente de la DEA, apoyado en algunos documentos clasificados y otros desclasificados en la Corte del Distrito Central de California, sobre los juicios de otros involucrados en el caso, sostiene que el auténtico motivo del asesinato de Camarena fue lo que éste descubrió de la CIA.

Uno de los políticos mexicanos que se siguen mencionando en el caso Camarena-Caro Quintero es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en 1985, durante la presidencia de Miguel de la Madrid y actualmente director de la Comisión Federal de Electricidad.