Delegación del Estado mexicano presenta ante la CIDH su política pública en materia forense

/ Gloria leticia Díaz

Con cifras que rebasan las 112 mil personas desaparecidas y al menos 52 mil cuerpos sin vida no identificados resguardados por autoridades, el jueves 9 de marzo una delegación del Estado mexicano presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su “política pública en materia forense”, como ejemplo de “buena práctica” a nivel regional.

El 17 de noviembre de 2022, día en que se cumplieron los cinco años de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la titular de la Comisión nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y el representante del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana (MEIF), Karla Quintana Osuna y Jairo Vivas Díaz, respectivamente, presentaron una solicitud a la secretaría ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, para audiencia “con el objetivo de dar a conocer los avances y retos en la búsqueda forense con enfoque masivo”.

De acuerdo a la explicación que los funcionarios dieron a la CIDH, la idea es dar a conocer la política pública impulsada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y en específico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la que está adscrita la CNB, y se “pueda identificar las buenas prácticas y los retos que sirven como referente a otros modelos de la región”.

De acuerdo al calendario de sesiones de la CIDH, el posicionamiento de los representantes del Estado está considerado en la audiencia titulara “Avances y retos en la búsqueda forense en México”, y tiene como contraparte a cerca de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellos familiares de víctimas de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como organizaciones de la sociedad civil cercanas a la problemática de las desapariciones.

Además, se tiene contemplada la participación del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Bús - queda, así como representantes del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En entrevista, la titular de la CNB, Karla Quintana Osuna sostiene que la intención es “informar sobre los esfuerzos que está haciendo México, con enfoque masivo, dirigido exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, porque es la primera vez que desde un estado parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del sistema interamericano se asume como política pública este enfoque masivo, interdisciplinario, y multidisciplinario dirigido a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Al señalar que experiencias similares en los Balcanes, Guatemala o Ruanda, la titularidad de los esfuerzos había sido llevado a cabo por organismos internacionales y la sociedad civil, en nuestro país corresponde a dependencias estatales garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

Impulsora de la creación de Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), en mayo de 2022, la funcionaria reconoce que a más de cinco años de promulgada la Ley en Materia de Desapariciones, aún hay deudas pendientes como “la falta los registros y las bases de datos que por ley le corresponden a la Fiscalía General de la Re- pública (FGR)”, de ahí la urgencia de tratar de avanzar en procesos de identificación masiva. “Más allá de la responsabilidad de la FGR en la creación de las bases de datos genéticos, los registros de fosas comunes y clandestinas, de cuerpos no identificados, lo que a nosotros nos queda muy claro es como Estado mexicano que tenemos que tomar todas las medidas posibles porque ya vamos tarde, por décadas. No podemos estar esperando a que funcione una u otra base de datos, que por ley está prevista, para encontrar a las personas desaparecidas ojalá con vida o si no es el caso, poder identificarlas”, apunta Quintana Osuna.

Karla Quintana resalta el trabajo conjunto con el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como con el MEIF en la toma masiva de toma de muestras de familiares de personas desaparecidas y la intervención en fosas comunes en panteones, bajo el resguardo de fiscalías estatales, para la exhumación de personas no identificadas. “Desde la primera exhumación el 8 de marzo de 2020, ya se han exhumado cerca de mil cuerpos, en varios panteones se han tomado miles de muestras referenciales y ya se están haciendo estos cruces, con una metodología de enfoque masivo”. “Con dos años y medio Coahuila tiene decenas de personas ya entregadas, más otras más en proceso de confirmación”, refiere Quintana Osuna. Apunta que a partir de la reforma que dio nacimiento al CNIH, la CNB cuenta con personalidad jurídica para solicitar a través de convenios de colaboración, el intercambio de información genética con las fiscalías de los estados, exclusivamente con fines de identificación. Hasta ahora la dependencia tiene convenios con Colima, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas e Hidalgo, y avances sustanciales con San Luis, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Durango, Guerrero y Morelos

Aunado a ello, la CNB tiene facultades para que de los más de 2 mil millones de pesos que tiene presupuestados, entregar subsidios a entidades para fortalecer comisiones de búsqueda y su capacidad forense, entidades que complementan con el mismo tanto las aportaciones federales.

Ante el incremento imparable de personas desaparecidas y el de cuerpos sin identificar en fosas comunes en panteones, Karla Quintana reconoce que durante años ha prevalecido una descoordinación institucional, de la urgencia de que se imponga una política nacional de búsqueda de personas. “Falta transversalidad y que se reconozca y que se interiorice la obligación que tenemos las autoridades en nuestro ámbito de competencia para la búsqueda de personas desaparecidas, no es un favor que le hacen es una obligación, no es un favor buscar inmediatamente a una persona desaparecida, es una obligación”, enfatiza Quintana Osuna.

Al señalar que existen protocolos de búsqueda que definen las responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, la funcionaria reconoce que el reto es enorme en medio de una crisis de desapariciones que no para. “A cuatro años de estar al frente de la CNB, hemos creado las bases de la institucionalidad de la búsqueda de personas, es fundamental fortalecerlas para que sean sólidas y acelerar los avances en el tema forense”. “Confío en que con la identificación masiva podamos acercarnos a la verdad y, ojalá, al tema de justicia, que ese es el gran pendiente para las familias”, puntualiza Karla Quintana.

Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que se realiza en acuerdo con las 10 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) A. C. y Sparta Motors S. de R. L. de C. V. Estas informan sobre la comercialización de 15 marcas y la producción de vehículos pesados nuevos en México.

En febrero de 2023, se vendieron 3,580 vehículos pesados al menudeo y 4,151 al mayoreo en el mercado nacional

En febrero de 2023, las 11 empresas que conforman este registro vendieron 3,580 vehículos pesados al menudeo y 4,151 al mayoreo, en el mercado nacional.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, entregó al Congreso federal de su país una propuesta de presupuesto por 6.8 billones de dólares para el año fiscal en curso, bajo el cual asegura que en la próxima década se logrará reducir el déficit de la nación en 3 billones de dólares.

El proyecto de ley de Biden para financiar al gobierno federal contiene un proyecto de aumento de impuestos estimado en 5 billones de dólares en los próximos 10 años a los estadounidenses y empresas que ganan millones de dólares al año.

El punto central del presupuesto de Biden es la reducción del déficit y el aumento de impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones, con lo que va en contra de los principios de los legisladores republicanos que dominan la Cámara de Representantes, por lo que se vaticina su rechazo.

Biden propone aumentar de 21% a 28% el pago tributario federal de las grandes empresas del sector energético y de las grandes corporaciones, recaudación con la que sostiene que se podrán financiar pensiones y asistencia médica a jubilados y estadounidenses pobres. La tajada más grande del proyecto presupuestal de 6.8 billones de dólares se le asigna al Departamento de Defensa.

Biden solicita al Capitolio 8 mil 350 millones de dólares para financiar los gastos del Pentágono, tanto en programas nacionales como para el desarrollo y modernización de equipo de defensa, y para continuar apoyando a naciones extranjeras como Ucrania ante la agresión rusa.

Se trata del presupuesto más alto en la historia de la nación para gastos militares, lo que es visto como una estrategia de Biden para satisfacer a los republicanos a cambio de que permitan el aumento de impuestos.

A los estadunidenses más ricos, Biden propone establecerles un impuesto federal mínimo de 25%, idea que contrasta con los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, quienes ya adelantaron que respaldaron la propuesta del presidente.

“Con el aumento en los impuestos, que es justo, para las grandes corporaciones, las empresas energéticas y a los estadounidenses ricos, se podrán además eliminar gastos innecesarios del gobierno”, dijo Shalanda Young, la directora de asuntos presupuestales de la Casa Blanca.

En otra de las vertientes del presupuesto de Biden avocada a los impuestos, se propone incrementar de 1% a 4% el impuesto que se paga por la compra de acciones en el mercado financiero nacional e internacional en Wall Street, Nueva York.

Para los estadounidenses con menores ingresos, Biden propone un crédito tributario de 2 mil dólares por cada menor de edad en las familias, de 3 mil dólares por cada niña o niño mayor de 6 años, o de 3 mil 600 dólares si son menores de 6 años.

Con el objetivo de financiar o subsidiar los costos de energía de familias pobres, Biden pide un presupuesto de 4 mil 100 millones de dólares, que se sumarían a los 13 mil millones ya aprobados por el Capitolio.

Respecto al tema de seguridad en la frontera con México, el presidente de Estados Unidos solicita 25 mil millones de dólares, 350 millones de dólares para contratar a otros 350 agentes de la Patrulla Fronteriza y 40 millones para contrarrestar el tráfico de fentanilo.

En febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.56% con respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.62 por ciento. En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.83% y la anual, de 7.28 por ciento.

El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.61% mensual y de

8.29% anual. El índice de precios no subyacente subió 0.40% a tasa mensual y 5.65% a tasa anual. Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías incrementaron 0.65% y los de servicios, 0.56 por ciento.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.07 por ciento. Los de productos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.80 por ciento.

En febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, disminuyó 0.03% a tasa mensual y creció 3.36% a tasa anual. En el mismo mes de 2022, aumentó 1.37% a tasa mensual y 9.89% a tasa anual.

Por grupos de actividades económicas, a tasa mensual, los precios de las primarias incrementaron 1.52% y los de terciarias, 0.69 por ciento. Los de actividades secundarias retrocedieron 0.53 por ciento.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, descendió 0.37% a tasa mensual y subió 1.09% a tasa anual.

En el mes de referencia, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, aumentó 0.10% a tasa mensual y 4.28% a tasa anual.