Activistas exigen justicia por asesinato del líder del movimiento antiminero, Mariano Abarca

haber puesto en mayor peligro la vida de Mariano. La denuncia marca la primera vez que una embajada canadiense es señalada ante la CIDH por sus actuaciones en otro país.

El líder comunitario Mariano Abarca Roblero participó activamente en el movimiento para proteger los derechos de la comunidad en relación con el proyecto minero “Payback”, una mina de barita propiedad de Blackfire Exploration Ltd (“Blackfire”) que operó en su ciudad natal de Chicomuselo, Chiapas, entre 2007 y 2009.

Tras recibir quejas de Blackfire sobre la oposición de la comunidad en torno a la mina, una delegación de alto nivel de la Embajada de Canadá acudió a la oficina del Gobernador de Chiapas para “abogar” por Blackfire en octubre de 2009.

Siete semanas después, el 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado a plena luz del día frente al restaurante de su familia. Casi 14 años después, no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre su asesinato.

La denuncia ante la CIDH, presentada el pasado 2 de junio por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa

(JCAP), se basa en más de mil páginas de informes internos y correos electrónicos de la Embajada de Canadá en México que muestran que la Embajada desempeñó un papel crucial en la puesta en marcha de la mina, pero no realizó ninguna debida diligencia en materia de derechos humanos antes de involucrarse.

“El personal de la embajada trabajó tras bastidores para promover los intereses mineros de Blackfire, sabiendo al mismo tiempo que Mariano era un defensor de los derechos humanos amenazado y que sus acciones u omisiones podrían aumentar el riesgo real para su vida”, afirma Leah Gardner, abogada del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). “Esta combinación de influencia y previsibilidad de daños graves creó una obligación legal para Canadá de hacer lo que estuviera razonablemente a su alcance para evitar aumentar el riesgo para su vida y ayudar a protegerlo”, dijeron los abogados y familiares del líder asesinado.

En 2018, la familia y los partidarios de Mariano Abarca presentaron una queja ante el Comisionado de Integridad del Sector Público (PSIC) en un esfuerzo por iniciar una investigación sobre si las ac- ciones y omisiones de la Embajada de Canadá pusieron a Mariano en mayor riesgo. El Comisionado se negó a investigar la conducta de la embajada en este caso, y la Corte Federal de Apelación de Canadá confirmó la decisión. En enero de 2023, la Corte Suprema de Canadá desestimó el recurso de apelación de la decisión de la Corte Federal de Apelación, cerrando así la puerta a cualquier investigación por parte de Canadá. La denuncia presentada ante la CIDH pretende cambiar esta situación.

José Luis Abarca -hijo de Mariano- estuvo en Ottawa con Esperanza Salazar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para presentar la denuncia contra Canadá en una visita respaldada por 15 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil canadiense. “Canadá se ha negado a investigar si los funcionarios canadienses tienen alguna responsabilidad en el asesinato de mi padre”, afirma José Luis Abarca.

“Este caso es importante, no sólo para mi familia, sino para todos los demás defensores de los derechos humanos y del medio ambiente de todo el mundo que tienen la desgracia de llamar la atención de los intereses mineros canadienses”, dijo José Luis Abarca.