AMLO tuvo reunión con Pete Buttigieg

El reportaje señala que, “aunque desde 2017 la Contraloría General del Poder Judicial y el Órgano de Fiscalización del Estado detectaron irregularidades, a la fecha no hay sanciones ni investigaciones contra los probables involucrados”.

López Obrador respondió: “No sé si haya alguna relación con recursos del gobierno federal. Si son recursos federales, desde luego que nosotros vamos a intervenir, a partir de lo que tú estás señalando. Y también el gobierno del estado tiene que hacer lo propio”.

Señaló que no debe de haber impunidad y se busca desterrar la corrupción, “ese es el cáncer que más daña; entonces, vamos a revisar el caso que tú estás planteando y aquí vamos a informar, si te parece”. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de dar seguimiento e informe sobre el asunto.

/ Dalila Escobar

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la reunión con Pete Buttigieg, secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, para abordar el tema del transporte de carga en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y la recuperación de la categoría 1. Dijo que “el secretario es una persona inteligente y gentil”.

“Tratamos, en plan respetuoso y propositivo, el traslado de aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el regreso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la categoría 1”, escribió en sus redes sociales.

Más temprano, durante la conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano expuso que abordarían el tema de la categoría 1, sí, porque ya cumplimos todo, todo, todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero para qué. ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país? ¿Con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país? Primero. Bueno, pero está bien, ya así están las cosas.

También cuestionó que hayan degradado a la categoría 2 al país “si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1. ¿Qué pasaba cuando aplicaban el operativo 20/45 y entonces categoría 1? Entonces la agencia que califica ¿dónde estaba?, ¿qué hacía?”

Después de expresar esa opinión, repuso con un “como dice la canción, lo que pasó, pasó” e indicó que la idea es regresar a la categoría.

La oposición en el Congreso de la Unión presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; contra la Ley de ISSSTE en materia de vivienda; y contra la ley minera.

Ambas fueron aprobadas en fast track sin ninguna discusión en el Senado por Morena y aliados en lo que la oposición llama el “viernes negro”, durante la sesión que comenzó el 28 de abril y concluyó en la madrugada del día siguiente.

El Bloque de Contención en el Senado, integrado por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, dio a conocer en un comunicado que presentó la impugnación ante la Corte.

“La acción en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo de CONACYT”, destacaron los opositores.

Asimismo, consideraron que es vital para el acceso a una educación de calidad, proteger la libertad de cátedra y de expresión para fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes de educación superior; garantizar una adecuada coordinación entre las instancias públicas encargadas de la educación a nivel federal y estatal; y mantener a las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales. “Para ello, solicitamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la aplicación de esta ley para evitar daños a la comunidad estudiantil, de investigadores y académicos”, sostuvieron.

En el comunicado se da a conocer que algunos senadores integrantes del Bloque de Contención decidieron no acompañar la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Minera, por lo que se solicitó a los grupos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados, que fueran ellos los que presentaran esta impugnación ante la Suprema Corte. Diputados del PAN dieron a conocer la impugnación contra la Ley Minera en su cuenta de Twitter.

En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, informó que diputadas y diputados del PRI, PAN y PRD presentamos la acción de inconstitucionalidad contra la ley de ciencias por atentar contra el debido proceso legislativo, el principio de democracia deliberativa, deliberación parlamentaria, seguridad jurídica y la legalidad. “No permitiremos que sigan adelante estas reformas que constituyen un retroceso para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología”, tuiteó.

El pasado 3 de junio los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados promovieron ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad contra otras seis reformas legales del “viernes negro”, debido a violaciones en su proceso legislativo.

Aquel día fueron impugnadas las leyes Orgánica de la Administración Pública, la General de Bienes Nacionales; la de Derechos; de Turismo; de Aeropuertos; y de Aviación Civil, así como la reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Morena hizo una serie de dispensas de trámites, no buscó que los asuntos entraran a la discusión y votación; consecuentemente, no hubo conocimiento previo de parte de las y los legisladores en la Cámara de Diputados, por lo que no se contó con una deliberación democrática, ni en comisiones, ni en el pleno, argumentó la oposición.

En estos procesos, señala, no hubo análisis, turno a comisiones, dictamen, consenso de la mayoría de los integrantes de la comisión, estudio técnico ni reservas, por lo que con la dispensa de trámites se violó de manera flagrante el proceso legislativo.

SCJN confirma vigencia de litigio del INE contra segunda parte del Plan B

Diana lastiri

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que está vigente la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente de la República.

Por mayoría de tres votos, los integrantes de la Segunda Sala rechazaron el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en el que propuso desechar la demanda del INE por notoriamente improcedente.

En consecuencia, los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo federal, el Senado y la Cámara de Diputados contra la admisión a trámite de la demanda del INE fueron declarados infundados.

El INE reclamó la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral porque adelgaza su estructura, crea un nuevo sistema de medios de impugnación, recorre el calendario electoral y establece nuevas reglas para los partidos políticos.

Con ello, la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez, quien el 24 de marzo admitió a trámite la demanda del INE, que mantiene frenada la entrada en vigor de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, se mantiene vigente, por ahora.

Esto, debido a que la Primera Sala de la Corte tiene pendiente la resolución de los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo federal y las cámaras del Congreso de la Unión contra la suspensión concedida por Laynez.

El ministro que tiene esos expedientes para análisis y realización del proyecto de resolución es Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Proceso informó el jueves 1 de junio que la Corte no está sujeta a la veda legislativa que inició desde el 3 de junio y que impide al Congreso realizar reformas o aprobar leyes en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso de elecciones y mientras este se encuentra en curso.

Al no tener un límite de este tipo, la Corte puede resolver las impugnaciones contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral en cualquier momento, incluso una vez iniciado el proceso de sucesión presidencial de 2024.

Además de la controversia del INE, la Corte tiene pendiente la resolución de ocho acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, la oposición minoritaria en el Congreso y el INAI.

Todos los expedientes están en la ponencia del ministro Laynez, quien podría retomar el argumento de vicios en el procedimiento legislativo, con el que fue eliminada la primera parte del Plan B, para proponer la invalidez de esta reforma.