aPRO / J. JESúS ESquivEl

La Familia Michoacana y el CJNG devoran el pulmón de la Ciudad de México

/ DaviD Trujillo

Proceso visitó el Bosque del Ajusco, gran pulmón de la Ciudad de México, donde el crimen organizado hace negocio con la tala clandestina. Los comuneros de Topilejo advierten que están solos en esta zona de guerra contra miembros de La Familia Michoacana y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, porque la alcaldía de Tlalpan y el Gobierno de la Ciudad de México los han abandonado. “Nuestra propuesta es erradicarlos, que los detengan a tiempo. Si (las autoridades) no pueden, que lo digan y nosotros nos encargamos de ellos”, dicen los defensores de su tierra.

Una guerra sangrienta ocurre a las puertas de la Ciudad de México. Lo que está en riesgo es el pulmón más grande de toda la metrópoli: el Bosque del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, al que en sólo tres años los talamontes le han devorado más de cuatro mil hectáreas, de acuerdo con las denuncias de los habitantes del poblado de Topilejo, únicos defensores de toda aquella zona, y quienes a sangre y fuego pelean por preservar los árboles. Proceso ingresó a las entrañas de ese bosque, donde ni siquiera las autoridades llegan, ahí donde los talamontes dejan amenazas sobre los troncos ya talados y queman las casetas de vigilancia; es aquí donde la Guardia Nacional (GN) o el Ejército brillan por su ausencia.

La devastación es evidente. De aquel frondoso lugar repleto de pinos, encinos, robles y otras maderas preciosas ya casi no queda nada. Desde las alturas se aprecia la destrucción. A condición del anonimato, los comuneros de Topilejo advierten que a ese ritmo en otros cuatro años no quedará nada del bosque, pues cada día se extraen de manera ilegal poco más de 30 toneladas de madera, lo que genera ganancias de 500 mil pesos.

El recurso que los talamontes extraen de ese lugar se vende en aserraderos, o incluso es comprado por empresas de muebles ya establecidas; entonces, el negocio es redondo pues lo adquieren a un precio más bajo del establecido en el mercado y, en cuestión de horas, no queda evidencia del delito.

La vigilancia de los bosques es una labor de alto riesgo. Los comuneros se organizan para salir de noche, en la madrugada a cualquier hora del día; están solos y desarmados; y ante la nula respuesta de las policías locales y federales, los cuidadores salen protegidos únicamente con la bendición de sus esposas.

Estas personas que arriesgan su vida salen en montón a patrullar las brechas y los kilómetros donde ellos consideran que pueden estar los talamontes; sólo así, “en parvada”, suelen engañar a los agresores e, incluso, “asustarlos un poco”.

“El problema es que a nadie parece importarle el bosque, no están tomando en cuenta que el próximo año se van a venir muchos incendios, que nos vamos a quedar sin aire limpio; y no sólo eso, no están viendo a futuro, qué le vamos a dejar a nuestros hijos”.

“Hacemos lo que podemos, pero ellos (los talamontes) están armados, nos disparan con cuernos de chivo, tienen sierras, camionetas grandes, vienen drogados; hemos encontrado cristal, coca y cosas que los hacen muy peligrosos”.

“Con el dinero que ganan les alcanza para todo. En el camino, si te diste cuenta, hay chavos en moto, a caballo o parados en las entradas de las brechas con radios en la mano; esos son sus halcones”.

“De hecho, ellos ya saben que estamos aquí; tienen drones y así saben por dónde estamos, saben cuando llegamos solos, cuando llegamos con policías. Entonces, saben todo de nosotros, dónde vivimos, quiénes somos. Estamos en sus manos”, dice uno de los comuneros, parte del grupo que sale embozado a patrullar y que con palos y piedras enfrentan a los talamontes que devoran el bosque.

Llegar hasta ese punto es complicado, hay que subir en los todoterreno. La ruta también requiere una buena condición física –por la altura y el ajetreo– y buenos huesos, pues la sacudida de la camioneta no es para menos… “Agárrense, apenas estamos entrando a lo bueno”, dice uno de los comuneros con risa socarrona; y tenía razón, pues en algún punto el vehículo no pudo subir, entonces el resto del camino fue a pie. “Mira, vamos por esa brecha, ahí es donde recientemente nos dejaron amenazas”, le indican al reportero.

La zona en riesgo y que los comuneros defienden a sangre y fuego –en los últimos tres años se han registrado enfrentamientos, balaceras, secuestros y muertes– corresponde al llamado corredor Ajusco-Chichinauhtzin, que comprende desde los límites de Huitzilac y Tres Marías, en Morelos, hasta la frontera de la zona boscosa del Ajusco con Toluca, Estado de México, atravesando las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y parte de la Magdalena Contreras.

/ j. jesús esquivel

En su evaluación anual sobre México, la agencia antidrogas de Estados Unidos advierte que 70% del territorio nacional padece la espiral de violencia de los cárteles, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, destacando la pasividad de la Guardia Nacional. Para el gobierno de México, el reporte estadounidense está sesgado por la molestia de la DEA porque ya no puede actuar libremente en México, como ocurría en sexenios pasados, principalmente en el de Felipe Calderón.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador admite que el principal problema en materia de seguridad en México es la violencia, pero rechaza que 70% del territorio nacional padezca esa problemática, como afirma la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en su más reciente evaluación.

Proceso y medios estadounidenses fueron convocados en Washington por la DEA para escuchar un informe verbal de su evaluación anual sobre la amenaza del narcotráfico en México y América Latina. “La situación de México es muy preocupante porque la violencia relacionada con el narcotráfico afecta a 70% de ese país, y hay una región en particular que padece de la atomización de los cárteles de la droga”, expone uno de los funcionarios.

A los medios de comunicación convocados se les condicionó su presencia a no identificar por nombre a especialistas o encargados de la región, por la susceptibilidad a las críticas por parte de gobiernos de países como el de México. “Los estados más afectados por la violencia relacionada directamente con el narcotráfico en México son el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, donde La Familia Michoacana se atomizó en células que tienen aterradas a poblaciones enteras de algunos poblados y regiones”, dice uno de los especialistas de la DEA.

“Coincidimos en que la violencia es el principal problema y así lo hemos expresado en el contexto del (plan binacional de seguridad) Entendimiento Bicentenario, por eso les hemos dicho que el foco de nuestra estrategia está en eso”, dice en entrevista Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante dos semanas Proceso se comunicó en más de cuatro ocasiones por teléfono y vía mensaje con Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para obtener una respuesta del gobierno mexicano ante el planteamiento de la DEA; el funcionario dijo que daría una reacción, pero hasta el cierre de esta edición el reportero ya no recibió ningún contacto de su parte. “Creemos que el tráfico de armas tiene que ser un elemento central de la cooperación porque, desde nuestra perspectiva, es el único elemento que puede tener un impacto real en la violencia que están generando algunas organizaciones criminales”, añade el funcionario de la SRE, responsable de la relación con Estados Unidos y Canadá.

En la DEA exponen que, de acuerdo con sus informes de inteligencia, sustentados en los reportes que les entregan sus (54) agentes asignados a México, la constante es que la gente se siente impotente ante la violencia en las regiones donde se atomizó La Familia Michoacana. “En el Estado de México y Guerrero, sobre todo, células de La Familia Michoacana han impuesto reglas a todo; la gente está aterrada porque, aunque han hecho denuncias públicas de ello, la Guardia Nacional no les responde como debería”, dice uno de los especialistas de la DEA.

De acuerdo con sus reportes, los analistas estadounidenses pintan un escenario mexicano casi de anarquía. “Son los criminales quienes tienen retenes en las carreteras de poblados y regiones enteras en la sierra guerrerense que colindan con el Estado de México y que, a su vez, conectan con Michoacán y Morelos; pero esto no es lo más grave, también dictan la manera de vivir de los lugareños, les cobran piso, fijan precios de productos a vendedores independientes porque ellos (los narcos) son quienes se han impuesto como proveedores de casi todo. La gente está desamparada, está espantada”.

Un reporte de la DEA reaviva el choque con el gobierno de la 4T

respuesTa De la 4T

Una de las observaciones subrayadas en los informes de inteligencia, que contiene la evaluación anual de la DEA sobre México, es que en todo el país, aunque la Guardia Nacional patrulla calles, veredas, carreteras y autopistas, no se ha hecho mucho para frenar a los narcotraficantes.

Como se hizo con Mejía Berdeja, a Roberto Velasco se le subraya este último apunte en la evaluación anual de la DEA sobre la Guardia Nacional, respecto de que se mantiene al margen de lo que hacen los narcotraficantes en las regiones afectadas por la violencia.

“Sin duda tuvo ese efecto la estrategia implantada por la DEA, de ir tras las cabezas de los capos más importantes de los cárteles, y que se promovió con la Iniciativa Mérida –implantada en el sexenio de Felipe Calderón y reemplazada en el de AMLO con el Entendimiento Bicentenario–”, resalta.

“Eso es parte de la razón por la cual les hemos planteado que debe haber un enfoque distinto, que tenga como objetivo a toda la cadena de suministro de las organizaciones y una presencia amplia de las autoridades de México en todo el país”.

El funcionario aclara que la DEA se equivoca en sus ponderaciones porque son monotemáticas, buscando culpables allende las fronteras de Estados Unidos ante su fracaso por contener la demanda y consumo de todo tipo de enervantes entre la sociedad de su país.

Para el gobierno mexicano el énfasis por ahora para detener al binomio de violencia y narcotráfico es meter a la Guardia Nacional para defender y proteger a las poblaciones mayormente afectadas por este flagelo, en lo que, de acuerdo con la SRE, “se avanza muy bien”. “Nuestros informes no solamente tienen lo que ven nuestros agentes, están armados también con lo que dicen las personas de los lugares afectados y estos se quejan de que la Guardia Nacional no persigue ni detiene a los narcotraficantes”, indica un especialista de la DEA.

Para el gobierno de López Obrador este tipo de conclusiones de los especialistas y agentes de la DEA tiene un sesgo de frustración ante las limitantes que se les han impuesto para operar en México, y una de esas es mantenerse al margen de lo que hace la Guardia Nacional.

Cámara de diputados

Santiago Creel Miranda, afirmó que la oposición no puede perder la batalla durante la discusión de la reforma electoral que inicia el próximo martes, porque implicaría la captura del sistema electoral y del árbitro electoral, por parte del gobierno.

Al referirse a la Sesión Ordinaria, que se llevará el 6 de diciembre en su modalidad presencial en San Lázaro, expresó que: “el martes, el padrón quedará en manos del INE y la credencial de elector seguirá siendo emitida por el INE, es la gran batalla”, precisó.

Al participar en un foro sobre Reforma Electoral en el marco de La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, edición 2022, destacó que lo que está en juego con la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, es México, la democracia.

Creel Miranda dijo que, a pesar de las presiones y amenazas a los integrantes de la oposición para que voten a favor de la iniciativa, “no estamos atados de manos”, porque un proceso de desafuero (al diputado Alejandro Moreno del PRI) tiene que pasar por la Sección Instructora y se “van a topar con pared”, porque en este órgano estamos empatados en votos.

El diputado presidente explicó a los asistentes a la FIL que la reforma electoral que se discutirá a partir del martes en la Cámara de Diputados es de lo más absurdo, porque no se podrán trastocar los principios del sistema electoral establecidos en el artículo 41 de nuestra Constitución.

“Tenemos un artículo constitucional que es el artículo 41 de la Constitución que establece los principios de la organización electoral y del INE en el país. Ese artículo establece no solamente el órgano electoral a nivel nacional, sino el órgano electoral en los niveles locales, entonces, las OPLEs (Órganos Públicos Locales Electorales) no pueden desaparecer éstos tienen una función constitucional”, aseguró.

Refirió que otra de las presiones sobre el INE se está gestando desde el presupuesto de 24 mil millones de pesos, del cual, alrededor del 30 por ciento corresponde al padrón, lista nominal y la credencial de elector.

“¿Y qué hizo Morena y sus aliados en la aprobación de este presupuesto? Le quitó 4 mil 500 millones en números cerrados, 18 por ciento. Yo sostengo que ese recorte es inconstitucional y lo sostengo no por ser Santiago Creel, porque ya lo dijo la Corte, la Corte acaba de resolver que es inconstitucional hacer el recorte que se hizo el año pasado y es una resolución ya de la Corte que, además, está reiterando que se cumpla y se regrese el dinero”, precisó.

En consecuencia, en términos, digamos de la compactación podrán hacer algo, pero no pueden quitarles las casillas a las secciones electorales porque es una función constitucional; no pueden o no pueden eliminar todo lo que es el ámbito local de la elección.

Santiago Creel Miranda aseguró que en 2024 es posible y necesario cambiarle el rumbo al país, a partir de la suma de los esfuerzos de todos y todos los mexicanos. “En el 24 las cosas van a estar más favorables para todos quienes estamos integrando el polo opositor. Si ya lo hicimos en el 21, lo que tenemos que hacer es sumar, agregar, convencer a todos que salgan a votar”, sostuvo.

El diputado aseguró que este objetivo se puede lograr en 2024 como ya se hizo en la elección de 2021 la oposición obtuvo 23 millones de votos frente a 21 millones alcanzados por la coalición gobernante, pese a que fue el año en que López Obrador estaba “en los cuernos de la Luna”.

Para su presentación en la FIL de Guadalajara, Creel Miranda estuvo acompañada por la periodista y activista Tere Vale, quien le formuló varias preguntas sobre la reforma electoral.

El padrón y la credencial de elector deben quedarse en el INE: Creel Miranda

/ patriCia davila

Ya fuera del gobierno duranguense, dos exfuncionarios del área de Finanzas dispusieron ilícitamente de un millón y medio de pesos del erario estatal. Una denuncia anónima permitió atrapar a los involucrados y se conoció así el modus operandi de ese grupo, que según la fiscalía local habría esquilmado a la entidad por cerca de mil 500 millones de pesos… y la trama apunta, además, hacia el gobernador saliente, José Rosas Aispuro Torres.

El exsecretario de Finanzas de la entidad, Jesús Arturo Díaz Medina, y el subsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante Curiel, desde el pasado septiembre tienen órdenes de aprehensión en su contra y son buscados por la Interpol en 195 naciones, por el presunto delito de robo agravado, más los que se acumulen en la investigación, como corrupción y ejercicio indebido de la administración pública.

La indagatoria involucra al exmandatario José Rosas Aispuro Torres y a su hermana Teresa Aispuro, secretaria ejecutiva de Administración y Recursos Humanos del Poder Judicial de Durango. Aún se desconoce el monto de los daños, pero sólo el caso de Díaz Medina y Bustamante Curiel ronda los mil 500 millones de pesos.

A esto se suma una denuncia de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presentada ante la Fiscalía Anticorrupción estatal, porque la Secretaría de Finanzas no le entregó 304 millones de pesos. En la Secretaría de Educación se documenta el faltante de más de mil millones de pesos. Lo mismo en la Secretaría de Salud. La Contraloría del Estado tiene hasta el próximo jueves 15 para armar los expedientes. Apenas el pasado 24 de noviembre Elvira Barrantes, esposa del exmandatario, también fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito.

Un día después de concluir la administración de Rosas Aispuro, los dos exfuncionarios ordenaron que les enviaran, en efectivo, el último millón y medio de pesos que quedaba en una cuenta del Banco Santander. La orden fue que, como en otras ocasiones, Luisa “N”, asistente técnica del subsecretario de Egresos, recogiera el envío efectuado por el Servicio Panamericano de Protección y lo llevara directamente a casa de alguno de los exfuncionarios. Por una llamada anónima se interceptó a la joven con el dinero y las evidencias documentales.

El saqueo de Durango, paso a paso

José Rosas Aispuro Torres

el modus operandi

El pasado 16 de septiembre, Luisa “N”, secretaria técnica de la Subsecretaría de Egresos, detenida en flagrancia con un millón 500 mil pesos, a sólo unas horas de haber concluido la administración, en la audiencia de formulación de imputación confesó el modus operandi de sus jefes: Narra que el 15 de septiembre de 2022 fue convocada a una reunión en la Subsecretaría de Egresos, en boulevard Francisco Villa número 108, a las 08:00 horas, con el secretario de Finanzas del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina, el subsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante Curiel, y Nabille Herrera Ríos, secretaria particular de la Subsecretaría. “Sin embargo no estuve yo presente todo el tiempo ya que estaba atendiendo (inaudible) y entraba y salía. Pasadas aproximadamente hora y media, es decir cómo las 9:30 escuché que trataban diversos temas como el pago de la nómina, el tema de la UJED entre otros”.

En ese momento escuchó que Díaz Medina le preguntó a Nabille Herrera si podía hacer una remesa: “Es decir, el trámite de sacar dinero en efectivo de la Subsecretaría de Egresos que llega por medio del Servicio Panamericano. Nabille le dijo que no a Jesús y después de un rato la propia Nabille me dijo que el secretario Díaz Medina le pidió que yo la hiciera y que dicha remesa sería de 1 millón 500 mil pesos en efectivo, dinero que llegaría el día de hoy (16 de septiembre) a las 8 horas por el Servicio Panamericano”.

Explicó el trámite para que llegara el dinero en efectivo a la Subsecretaría de Egresos: “El secretario de Finanzas y el subsecretario de Egresos solicitan por medio de oficio al Banco Santander que se envíe dinero en efectivo a la Subsecretaría de Egresos; este oficio también va firmado por el contador Alberto Bustamante Curiel. Y en esta ocasión me solicitó la cantidad anteriormente mencionada, la cual es entregada por el Servicio Panamericano regularmente por la puerta de atrás. En esta ocasión el oficio lo elaboró la secretaria María Salazar, quien también trabaja en la Subsecretaría de Egresos”.

“El contador Alberto Bustamante me mandó un mensaje el día de ayer 15 (de septiembre) por la tarde preguntándome cómo vamos para mañana. Contestando yo que lo recibiría a las 8 de la mañana; él contestó que estaba bien, refiriéndose al dinero. Le pregunté yo a quién se lo iba a llevar esta vez, qué si se lo llevaba a él, respondiendo (él) que sí: ‘Tráemelo a mí’”.

Motivo por el que el 16 de septiembre, aproximadamente a las 7:40 de la mañana, Luisa “N” llegó a la Subsecretaría de Egresos “enviando mensaje de WhatsApp al vigilante de que ya estaba afuera de la oficina, pues desde un día antes le había avisado que el día de hoy iba a ir para que estuviera pendiente abriendo la puerta de atrás del edificio”, narra en la audiencia.

Y precisa que ingresó a las oficinas del segundo piso: “Ahí se encuentra en un cajón el sello de recibido al cual tengo acceso yo, Nabille, María y el subsecretario. Bajando para recibir la remesa del millón y medio de pesos. Me fue entregado por personal del Servicio Panamericano en una bolsa de plástico transparente en fajos de billetes de diferentes denominaciones. Eran aproximadamente las 8 horas”.

Una vez que se retiró el camión del Servicio Panamericano, Luisa “N” se dirigió a su vehículo: “Llevando colgada mi bolsa de mano en el hombro izquierdo y debajo de las axilas la bolsa con el dinero, poniendo en el asiento del copiloto la bolsa del dinero y mi bolsa de mano, prendiendo el vehículo. Cuadras adelante fui interceptada por un vehículo con policías de la Fiscalía, lo sé porque se identificaron las personas que descendieron del mismo. Tocaron los parabrisas con las pistolas y me preguntaron que qué llevaba allí, respondí que dinero de la Secretaría de Finanzas, dijeron que sabían por una denuncia anónima. “Pidiéndome –señala–, que pusiera las manos en el cofre de mi carro procediendo a esposarme y me subieron a una camioneta blanca. Deseo agregar que en mi bolsa de mano traía agendas de color naranja, tengo anotados pendientes de pagos, anotaciones de indicaciones que me dan mis jefes. Pagos de nóminas y pagos diversos a funcionarios y proveedores. Y en la carpeta de color azul que tiene un listado de personas, se trata de pagos que les hacen a funcionarios y líderes sociales, entre otras personas”.

Aclaró que los funcionarios tienen sueldos de gobierno y que el dinero que aparece en dicha lista no es parte de su salario. Declaró que cuando les entrega el dinero le firman recibo: “Incluso cuando me detuvieron traía un sobre color amarillo con la leyenda septiembre, que corresponde a ese mes y a otros”.

Gobierno de México

“El Tren Maya es una obra que no se está haciendo en ningún lugar del mundo en la actualidad; es un orgullo de nuestra ingeniería civil y militar”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la supervisión de la construcción de este proyecto.

En Tulum, constató la alternativa que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de cuidar el ecosistema en el tramo que comprende esa zona. Se trata de un viaducto elevado que causará un mínimo impacto en ríos subterráneos y cavernas.

En un video en sus redes sociales, el mandatario indicó que “el propósito es no causar daño en lo mínimo al entorno, a la naturaleza, al ambiente”. Agregó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asume el rescate y preservación del patrimonio arqueológico localizado en los mil 550 kilómetros de la ruta. Refrendó el compromiso de inau-

Tren Maya es obra única y cuida el ambiente, afirma presidente en Tulum

gurar en 2024 el Tren Maya con todas las estaciones e infraestructura necesarias para su operación, además del Aeropuerto Internacional de Tulum.

El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Maria Luisa Albores González; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez; el director general del INAH, Diego Prieto Hernández y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo De Botton Falcón.

Derechos humanos: promesas incumplidas

/ SantiaGo aGuirre

Este 10 de diciembre cumple 74 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro país llega a la fecha con incontables desafíos que no han sido aún enfrentados con lógica de Estado; se impone, por tanto, un balance más bien negativo. La imparable crisis de desapariciones, la persistente impunidad y el creciente poder de las Fuerzas Armadas obligan a ello.

Las desapariciones no son sólo una herencia del pasado sino una dolorosa herida del presente. Y no únicamente porque la angustia que genera la ausencia de un ser querido en sus familiares se actualiza momento a momento sino, sobre todo, porque el fenómeno no se ha erradicado. De acuerdo con las cifras oficiales se registran más de 100 mil personas desaparecidas en México, de las cuales casi 90 mil lo han sido de 2006 a la fecha, y específicamente alrededor de 30 mil de 2018 al presente, a razón de cerca de 9 mil personas desaparecidas por año este sexenio. Una tendencia que no parece disminuir, sin que se haya adoptado hasta ahora la recomendación formulada precisamente este año por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones en el sentido de que se adopte una “Política Nacional para Prevenir y Erradicar” este flagelo. En este panorama, aunque hay algunos esfuerzos gubernamentales relevantes de búsqueda e identificación, a menudo aislados y no apoyados por todas las instituciones, las madres buscadoras siguen dejando la vida haciendo lo que el Estado omite: cinco de ellas fueron asesinadas por buscar a sus hijos durante 2022.

En cuanto a la impunidad generalizada, ésta no ha sido revertida. Quienes en México son víctimas de un delito o de una violación a derechos humanos sólo conocen la justicia en dos de cada 100 casos. El cuello de botella se ubica, sobre todo, en las fiscalías. Nuestro problema de impunidad es fundamentalmente un problema de policías y ministerios públicos, no de jueces y juezas pese al insistente y desafortunado discurso oficial. El tránsito de las procuradurías a las fiscalías significó sólo un cambio de nombre, no de prácticas; peor aún: invocando a conveniencia su autonomía, las fiscalías hoy se abstienen de colaborar con otras áreas de la administración pública, como lo acredita el rezago en la creación del muy necesario Banco Nacional de Datos Forenses. Entretanto, la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción. Volveremos a cerrar el año con más de 30 mil homicidios, de los cuales sólo unos cuantos llegarán a ser resueltos por la justicia. Incluso casos que este año volvieron a sacudir la adormecida conciencia nacional frente a la violencia, como el de los entrañables sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora, permanecen impunes.

El poder de las Fuerzas Armadas, por su parte, se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Esto ocurrió pese a que la escandalosa vulneración a la seguridad digital del Ejército, en el episodio de los Guacamaya Leaks, retrató a una fuerza castrense dispendiosa, encubridora de abusos cometidos contra su propio personal, desconfiada de los organismos internacionales y propensa a vigilar a organismos civiles de derechos humanos y periodistas por considerarlos “grupos de presión”, como sucedió respecto del Centro Prodh. Un Ejército, en suma, que no ha introyectado valores básicos de la democracia y que no es impermeable ni a la corrupción ni a la delincuencia organizada.

Lo ocurrido este año en el caso Ayotzinapa muestra nítidamente cómo estos factores pueden articularse para causar retrocesos. Tras ocho años de los hechos, las conclusiones se precipitaron sin cuidar el pulcro esclarecimiento de lo sucedido. Eso llevó a que se presentaran acusaciones endebles y a que se publicara un informe que se apoyó en elementos carentes de verificación técnica. El escenario fue aprovechado por el Ejército, que presionó para que se cancelaran órdenes de aprehensión obtenidas legalmente, al exhibirse los innegables vínculos de sus elementos con el narcotráfico en Iguala. La Fiscalía acató la instrucción castrense y después operó con desaseo legal, como lo ha hecho una y otra vez este sexenio, propiciando la salida del fiscal en quien confiaban las familias. El resultado está a la vista: hoy de ninguna manera puede decirse que la verdad ha sido esclarecida. La promesa de resolver el caso continúa incumplida y la zozobra de los padres y las madres de los muchachos no termina.

En derechos humanos, la enumeración de promesas que han sido incumplidas, como la de esclarecer Ayotzinapa, podría continuar: no se han reducido los feminicidios, no cesan los abusos contra migrantes, se siguen presentando casos de despojo territorial contra comunidades indígenas, todo en medio de la pasividad de una CNDH cada vez más partidizada. Frente a este panorama, lo peor que se puede hacer es negar la realidad. Afirmar que en México ya no se violan los derechos humanos, que ya no hay impunidad, que las desapariciones son sólo herencia del pasado, que las instancias internacionales de derechos humanos fueron cómplices de atrocidades, que no hay militarización porque las Fuerzas Armadas son pueblo o que Ayotzinapa ya se resolvió, no es en absoluto responsable. Esta retórica triunfalista distorsiona la realidad y además genera el nocivo efecto de desmovilizar a una sociedad que venía ya desde hace tiempo demandando –como es su derecho– respuestas urgentes frente a la crisis de violencia imperante, con indignación, pero también con creatividad, empatía, participación y organización.

Para no normalizar la inhumana violencia que se vive en el país y para no perder el sentido de urgencia que hasta hace poco compartían amplios sectores frente a la necesidad de poner en el centro las causas de las víctimas, es indispensable no negar la realidad. Cuando los hechos objetivos son relativizados en aras de sostener una posición política o cuando las víctimas son usadas como armas arrojadizas en disputas partidistas, los derechos humanos pierden.

Promesas relevantes no han sido cumplidas y la crisis de derechos humanos no ha sido revertida. Aceptar que esto es así no implica, empero, perder toda esperanza. Ésta resiste, como perseveran las madres buscadoras de personas desaparecidas; los familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y El Pinabete; o como en una cárcel de Tlaxcala resiste Keren Ordoñez, acusada de un delito que no cometió, aguardando justicia como tantas personas y visibilizando el impacto de la tortura sexual como las mujeres de Atenco. Y es que, ante un panorama oscuro, los esfuerzos de víctimas, periodistas, activistas, organizaciones, colectivos, especialistas, instancias internacionales, movimientos y un número creciente de personas servidoras públicas, van abriendo espacio para la vida entre tanta muerte, desde la fuerza que nutre la memoria. Porque como escribiera David Huerta en su poema sobre Ayotzinapa: “a pesar de todo / los muertos no se han ido / ni los han hecho desaparecer”; su magia permanece “en el amanecer y en la cuchara / en el pie y en los maizales / en los dibujos y en el río”. Desde esa punzante memoria, cargada del peso de ausencias irremediables que son sin embargo presencias cotidianas, los esfuerzos orientados a construir un México donde la dignidad sea costumbre no cesarán pues, como dejó escrito el poeta fallecido este mismo 2022, aún debemos a las víctimas “el pan del cielo / la espiga de las aguas / el esplendor de toda tristeza / la blancura de nuestra condena / el olvido del mundo / y la memoria quebrantada / de todos los vivos”.

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