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Sí causó escozor el amparo promovido por el abogado yucateco Miguel Fernando Anguas Rosado contra la colocación de nacimientos navideños y otros símbolos religiosos en espacios públicos y a cargo del erario, el proyecto de resolución de la Suprema Corte, favorable al promovente y a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, enfureció a la jerarquía católica, a grupos afines a ésta, como el Frente Nacional por la Familia… y al presidente López Obrador.

La fuerte presión de la Iglesia Católica contra el polémico proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prohíbe la colocación de nacimientos navideños y otros “símbolos religiosos” en lugares públicos y espacios gubernamentales, ya provocó que su votación fuera pospuesta en el máximo tribunal, pero además el proyecto suscitó el rechazo del presidente López Obrador, quien afirmó que no tiene fundamento legal, atenta contra “nuestras tradiciones” y “la lucha social de Jesucristo”.

El 28 de noviembre, en su conferencia mañanera, a López Obrador se le preguntó su postura sobre dicho proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y respondió: “Yo no estoy a favor de eso, yo creo que eso no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres. Además creo que es contrario a la libertad religiosa”.

Aseguró que el proyecto “no se va a aprobar, no creo que se apruebe. Esta es una opinión que se respeta, pero yo le digo al ministro por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia”. El proyecto intenta, remató el presidente, “prohibir la celebración del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social… siempre estuvo a favor de la justicia”.

La propuesta presentada semanas previas a la Navidad provocó un fuerte movimiento de rechazo por parte del episcopado mexicano y de sus organizaciones de laicos, pues la ven como un intento por “eliminar toda manifestación pública de la vida religiosa”, como peregrinaciones, fiestas patronales, festejos guadalupanos, navideños o de Semana Santa, entre otros.

Del lado opuesto, los defensores del proyecto elaborado por González Alcántara aseguran que México es un “Estado laico” y, por tanto, ya deben eliminarse tantas manifestaciones públicas y privilegios que los gobiernos le han permitido a la Iglesia Católica durante siglos, en detrimento de los derechos humanos de los “no creyentes” y de las “minorías religiosas”.

Laicismo muy agresivo

Rodrigo Iván Cortés Jiménez, dirigente del Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina a cientos de organizaciones de laicos católicos y encabeza las protestas contra el proyecto de la Corte, asegura: “Este proyecto pretende dos cosas: quitar los símbolos religiosos de los espacios públicos y también que no haya presupuesto público destinado a las manifestaciones de fe del pueblo creyente. Enarbola un laicismo muy agresivo que atenta contra la libertad religiosa y de culto. Es absolutamente demencial porque va contra las costumbres y valores comunitarios de la mayoría de la población mexicana”. – ¿Debe entonces destinarse dinero del erario para las manifestaciones públicas de los creyentes? – Por supuesto que sí, porque ese dinero proviene del pueblo y todos los gobiernos están para servir a la población, que tiene derecho a manifestar públicamente sus creencias religiosas. Es dinero público. Por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de México debe atender a los millones de peregrinos guadalupanos que llegan el 12 de diciembre a la Basílica, y también a quienes asisten durante Semana Santa a las representaciones de la Pasión en Iztapalapa. Lo mismo debe apoyar los festejos navideños de los creyentes.

“Muchísimos pueblos festejan a sus santos patronos apoyados por sus gobiernos municipales. También realizan peregrinaciones por las carreteras y otras vías públicas. Hasta los sitios de taxis acostumbran colocar sus pequeños altares guadalupanos en las banquetas. El proyecto de la Suprema Corte va contra todas estas manifestaciones de culto público, que pueden provenir no solo de la católica, sino también de otras religiones. Es un proyecto sin sentido jurídico, ni común… una completa barbaridad”.

Asegura que desde la llamada Ley Calles, promulgada en 1926 y que imponía fuertes restricciones a la Iglesia católica, al grado de detonar la Guerra Cristera, no se había visto en México una “disposición legislativa tan violenta contra la libertad religiosa”. Actualmente –señala– hay un “activismo internacional” que está “promoviendo un laicismo agresivo” contra los símbolos y las manifestaciones religiosas, como los festejos navideños en espacios públicos.

“En Estados Unidos, por ejemplo, estos activistas han llegado al extremo de descalificar a funcionarios gubernamentales por el simple hecho de desear feliz Navidad en público. Mientras en España el partido Podemos y el Partido Socialista Obrero Español están detrás de quienes piden que se quiten las cruces de los espacios públicos. Es como si aquí promovieran demoler la escultura de Cristo Rey que tenemos en el Cerro del Cubilete sólo porque es muy visible. Estas expresiones de la fe provocan lo que ellos llaman una ‘violencia simbólica’”, comenta. – ¿Y aquí en México, dónde ubica esta corriente de pensamiento? – Sobre todo en un sector del partido Morena, y se manifiesta a través de iniciativas de ley que utilizan precisamente estos conceptos de ‘violencia simbólica’ o de ‘sexismo’, en alusión a los iconos de la Iglesia que representan al sexo masculino y al femenino, a través de los santos y de las vírgenes. Le cuento una anécdota que refleja muy bien esta postura ideológica: en una ocasión, en el Congreso de Campeche, un diputado de Morena no me dejó entrar porque yo iba acompañado por sacerdotes… argumentó que se violaba el principio de laicidad.

Asegura Cortés Jiménez que además hay un “esquema de colusión” entre el abogado yucateco Anguas Rosado, quien promovió el amparo contra el ayuntamiento de Chocholá, por sufragar un nacimiento navideño con dinero público, y los ministros de la Primera Sala de la SCJN que atrajeron el caso, de donde surgió el proyecto de resolución elaborado por González Alcántara Carrancá, que le da la razón a Anguas.

“Hay un esquema de colusión entre el promovente del caso y algunos ministros de la Primera Sala. Es un litigio estratégico porque va encaminado a que ese proyecto sea aprobado y, partiendo de ese municipio yucateco, alcance después criterio nacional”, recalca Cortés Jiménez.

De ahí que, dice, el FNF inmediatamente empezó a tomar medidas para impedir la aprobación del proyecto de resolución, el cual se iba a discutir en la Primera Sala el pasado 9 de noviembre, pero a última hora se pospuso para una nueva fecha aún por determinarse.

“En el Frente comenzamos a movilizarnos. Logramos juntar 50 mil firmas contra el proyecto, que luego fuimos a entregar a la Suprema Corte el 8 de noviembre, un día antes del programado para discutir el proyecto, discusión que finalmente se pospuso. Y como un acto simbólico, incluso colocamos un enorme nacimiento navideño afuera del edificio de la Corte”, dice.

Señala que por esos días mantuvo contacto con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Ramón Castro Castro, quien está muy preocupado por las consecuencias que traerá la aprobación del proyecto.

Por su lado la CEM emitió un posicionamiento público el 6 de noviembre. Ahí, los casi 150 obispos y arzobispos mexicanos arremetieron contra el proyecto “arreligioso” de la Corte: “Pretender imponer una sociedad sin referentes religiosos es, implícitamente, querer un solo estilo de vida, arreligioso, es decir en donde prevalezca la negación de las creencias religiosas. Este modelo discrimina a los seres humanos que sí tienen opciones religiosas y es contrario al Estado laico. Es absurdo buscar eliminar toda manifestación pública de la vida religiosa. El erario, incluso, y como es en los países democráticos, debe estar al servicio de las personas, y éstas tienen orientaciones religiosas”, dice la CEM en su pronunciamiento.

Indica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México es parte, en su artículo 18 permite a las personas “manifestar” su religión “individual y colectivamente”, y tanto “en público como en privado”. Y el Estado mexicano –prosigue– debe promover una “laicidad colaborativa” que promueva “el diálogo y la participación cultural, social, etc., de las religiones en el entramado social… La creencia no es una idea, sino una opción, una forma de vida, que va haciéndose cultura”.

También le recuerdan los obispos a la Corte “la persecución” religiosa que vivieron los católicos mexicanos “en la primera mitad del siglo pasado”, cuando se impuso una “corriente política sumamente intolerante” que intentó prohibir el culto público y el privado.

“La persecución fue una manifestación de una visión autoritaria y equívoca de la función del Estado, que no puede regir el fuero interno de las personas, es decir, su conciencia. El Estado laico no puede ser comprendido como la ausencia, la falsa neutralidad de lo religioso. La eliminación de cualquier signo religioso, supone ya la afirmación de la increencia”, dicen.

Tres días después de darse a conocer el posicionamiento, el 9 de noviembre, circuló un mensaje en video del obispo Castro Castro. Ahí resalta que justo cuando “nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia desbordadas, el proyecto publicado por la Suprema Corte pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres”.

El proyecto –asegura Castro– intenta “prohibir en espacios públicos cualquier símbolo de carácter religioso”, por lo que, advierte, se verán afectadas las “representaciones de la Pasión de Cristo, las fiestas patronales en miles de comunidades y pueblos, los cientos de peregrinaciones y romerías en honor de la Virgen de Guadalupe, y por supuesto todas las celebraciones alrededor de Cristo Nuestro Señor: desde las alegres posadas hasta el Día de Reyes”.

AMLO y la Iglesia, en defensa de las tradiciones y la fe

| Foto Cristian de Lira

Derechos De Los no creyentes

De 87 páginas, el proyecto del ministro González Alcántara argumenta que los “símbolos religiosos” de la Iglesia Católica son “instrumentos de dominación” de la conciencia de los mexicanos y han sido favorecidos por parte de distintos gobiernos, de manera que violan “el principio de igualdad y no discriminación” que debe imperar en un “Estado laico”.

Con este argumento, el proyecto ampara al “promovente” Anguas Rosado, el “no creyente” que denunció al ayuntamiento de Chocholá y que, por lo tanto, pertenece a “las minorías” afectadas por estos símbolos religiosos que sin control gubernamental proliferan en el territorio mexicano.

Entrevistado por Proceso, Anguas Rosado comenta: “Desde la época de Juárez se viene dando una construcción legal y constitucional de lo que implica un Estado laico. Y ahora, este proyecto de la Corte nos viene a decir que la laicidad no se está aplicando como debiera. Es la primera vez que, judicialmente, se cuestionan sus implicaciones”. – ¿Es también la primera vez que la Corte defiende los derechos de los no creyentes afectados por los símbolos religiosos? – Sí, totalmente. Este es el primer caso en México. No hay ningún antecedente de este tipo. Anteriormente ni siquiera se había analizado esa posibilidad. Por eso la Corte atrajo mi caso, que ahora está provocando revuelo precisamente por lo novedoso.

/ Pedro Zamora

Un año bastó para que la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, cayera al mínimo de la aprobación ciudadana, pese a que terminó con la hegemonía del PRI en 2021 y cuenta con el apoyo reiterado e incondicional de López Obrador. Los escándalos en su administración, la crisis financiera, el repunte de la delincuencia organizada y sus maniobras para aumentar su poder y su sueldo han contribuido a la percepción de que su gestión es peor que la de sus antecesores.

Bajo el cobijo presidencial, pero ubicada en uno de los peores niveles de aprobación ciudadana, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva cumplió su primer año en el cargo, al que llegó en 2021 luego de poner fin a nueve décadas de hegemonía del PRI en esta entidad. “Estamos muy contentos con el trabajo de Indira y yo creo que la gente de Colima respalda su gobierno”, dijo el 23 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina realizada en Manzanillo, adonde acudió a conmemorar el Día de la Armada de México.

No obstante, las mediciones de las principales encuestadoras sobre el desempeño gubernamental contradicen al jefe del Ejecutivo federal, pues en este campo se encuentra relegada al sótano del ránking de gobernadores.

Según Consulta Mitofsky, al inicio de su administración, en noviembre del año pasado, Indira Vizcaíno ocupaba el lugar 27 de la lista de 32 gobernantes estatales, con 44.1% de apoyo, pero en octubre pasado, en lugar de mejorar su posición, descendió hasta el sitio 31, con 36.5% de aprobación.

Los resultados reportados en octubre por C&E Research colocaron a Vizcaíno en el nivel 30, con 45.5% de aprobación, en tanto que la encuestadora Rubrum la ubicó en el sitio 28, con 3.63 de calificación, de un máximo de 9. En cada una de las cuatro visitas que López Obrador ha realizado a Colima en el primer año del gobierno de Vizcaíno, le ha reiterado públicamente: “No estás sola”.

Y en la más reciente, en el contexto de la ola de violencia que vive el estado, el presidente reveló incluso que la gobernadora “fue amenazada y resistió; y aquí está protegida por nosotros y por el pueblo, y no se escondió; es una mujer con cabeza, corazón y carácter, tiene las tres C que se requieren para estos menesteres. Y la vamos a seguir apoyando, ayudando en todo”.

Además del desbordamiento de la inseguridad y la violencia como uno de los sucesos de mayor impacto durante su mandato, Vizcaíno ha sido criticada por su pretendida concentración del poder, por la selección de integrantes de su gabinete y sus frecuentes viajes para apoyar campañas políticas de su partido.

A lo anterior se suma que en agosto el dirigente del sindicato de burócratas, Martín Flores Castañeda, denunció públicamente que cuatro meses antes la mandataria se había elevado en secreto su sueldo en un 36.5%, junto con 24 integrantes de su gabinete, que tuvieron aumentos de entre 25 y 60%. Ante el escándalo, Vizcaíno se vio obligada a dar marcha atrás en la decisión e inclusive dijo que devolvería al erario el exceso cobrado. Poco después anunció un aumento salarial de 8% a los policías estatales.

El politólogo Abel Palomera Meza señala que en su primer año Vizcaíno “no logró consolidar el gobierno esperado, ni generar un cambio que represente una diferencia tajante en relación con las administraciones anteriores, lo que provocó

Colimenses la reprueban: gobernadora Indira Vizcaíno, la gran decepción

Indira Vizcaíno | Foto Gobierno de México

una gran decepción entre quienes tenían la esperanza de un cambio verdadero, como dicen los morenistas”.

Consultor en materia de políticas públicas y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Palomera Meza considera que el bajo nivel de aprobación para la mandataria tiene su explicación en que “no cumplió lo que vendió en campaña y, como no hubo cambio, la gente se quedó esperando y se sintió traicionada”.

Para el catedrático universitario y abogado Rumualdo García Mejía, el gobierno de Vizcaíno “ha sido un desastre; es exactamente lo mismo que había con los gobernadores priistas, con la diferencia de que ella no solamente ha sido incapaz de mejorar nuestra calidad de vida, la ha empeorado”.

Entre los principales errores que a su juicio ha cometido la mandataria, García Mejía expone: “Rodearse de perfiles incompetentes, que ni idea tienen de las funciones que les corresponde desempeñar; reciclar políticos de otros partidos con señalamientos de corrupción; su falta de sensibilidad y de empatía con familiares de víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, así como la omisión de llamar a cuentas a exgobernadores y funcionarios que han cometido delitos y faltas graves en perjuicio de la sociedad”.

A lo largo de su gobierno, añade García Mejía, la mandataria ha tratado de asumir el control absoluto del poder y “en cierta medida le ha funcionado, porque la mayoría de instituciones, inclusive las encabezadas por la oposición, han sido avasalladas, salvo el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, el Sindicato de Gobierno y el caso especial de la también morenista alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien ha decidido no someterse”.

Violencia, niVeles históricos

A finales de enero de este año, en el tercer mes de gobierno de Indira Vizcaíno, fueron asesinados nueve presos en el Centro de Reinserción Social de esta capital, lo que fue atribuido por las autoridades a una escisión del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El crimen detonó enfrentamientos entre esta organización y el cártel local Los Mezcales.

Meses después Colima vive niveles históricos de asesinatos y desaparición de personas, con las más altas cifras desde que se tiene registro público en el último cuarto de siglo. Y aumentaron las balaceras, las ejecuciones, la aparición de cuerpos embolsados o restos humanos en lugares públicos, la quema de automóviles y de viviendas, los ataques a negocios.

También creció notablemente en la población el miedo por la inseguridad y la violencia en la capital del estado, pues mientras en diciembre de 2021 se sentían inseguros 66.5% de sus habitantes, en junio de 2022 el porcentaje se elevó a 87.5, lo que ubicó a Colima entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A contrapelo de la tendencia nacional, que en los primeros 10 meses de 2022 reportó una reducción de 7.1% de homicidios en México –frente al mismo periodo de 2021–, en Colima se incrementó en 68.2% la incidencia de este delito durante ese lapso, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta situación llevó al estado a recuperar el primer lugar nacional, que ya había ocupado de 2016 a 2019, en la tasa de asesinatos, que de enero a octubre de este año fue de 91.83 víctimas por cada 100 mil habitantes, en tanto que la tasa promedio nacional fue de 20.07. En homicidios dolosos de mujeres y en feminicidios también ocupa Colima los primeros lugares. Además, 2022 ya es el año con el mayor número de desapariciones de personas, con 645 denuncias, 419 de las cuales corresponden a víctimas no localizadas. El máximo histórico correspondía a 2017, con 579 expedientes abiertos.

confrontación

Al acudir al Congreso del Estado para entregar su Primer Informe, el 23 de noviembre, la gobernadora argumentó que “ha sido un año muy difícil, muy retador; la casa estaba mucho más sucia y endeble de lo que anticipábamos, pero claramente hemos sentado las bases de un proyecto de transformación”.

Responsabilizó a la administración anterior, encabezada por el priista José Ignacio Peralta Sánchez, de haberle entregado el estado en medio de un desastre financiero, que en su último año la hizo gastar en seis meses el presupuesto de 12 y dejar de pagar el salario de los trabajadores.

“A las dificultades financieras –explicó– hay que agregar los nuevos retos que han surgido en materia de seguridad: si en el último par de décadas la contemplación, en el mejor de los casos, o la complicidad en el peor, habían ocasionado que las bandas delictivas operaran a sus anchas en Colima, en enero de 2022 el rompimiento al interior de un grupo criminal hegemónico en el estado ocasionó el recrudecimiento de la violencia que todos conocemos”.

La mandataria indicó que la tranquilidad de las familias colimenses es el principal reto de su gobierno. “No claudicaremos en este empeño; sabemos que más temprano que tarde, con el esfuerzo de todas y todos, recuperaremos la tranquilidad para nuestra Colima”.

Desde la tribuna legislativa, el coordinador de la fracción del PAN, Crispín Guerra Cárdenas, le dijo a la mandataria que un año fue suficiente para que el pueblo se sienta desilusionado, “y así lo marcan todas las encuestas que la colocan cada mes como una de las gobernantes peor calificadas”.

A su vez, el coordinador de la fracción priista, Héctor Magaña Lara, cuestionó las cifras en materia de violencia, así como los resultados en el rubro de salud, cuya situación “sigue igual o peor en abasto de medicamentos e insumos”, y consideró contradictorio presumir que por las medidas de austeridad se ahorraron 500 millones de pesos, pero a la vez se dejaron de pagar más de 200 millones al fondo de pensiones del gobierno estatal.

CONVICCIÓNES A 18 meses de la elección presidencial

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

A18 meses de la elección presidencial de 2024, Morena tiene 40% de intención de voto, PRI 16 %, PAN 14%, MC 7%, PRD 4%, PVEM 3% y PT 3%, según la encuesta de El Universal (29.11.22).

De noviembre de 2021 a noviembre de 2022, Morena crece en tres puntos, los mismos que aumenta el PRI. El MC y el PRD suben un punto. El PAN disxminuye un punto.

Si se suma la intención de voto de Morena, el PVEM y el PT, que fueron en alianza en la elección presidencial de 2018, tendrían 46%.

Y si la oposición del PRI, PAN, MC y PRD se aliaran alcanzarían una intención de voto del 41%. La diferencia sería de solo cinco puntos.

En la elección de 2018 fueron unidos PAN, MC y PRD. Los partidos que integran la alianza Va Por México (PRI, PAN y PRD) ya han dicho que 2024 irán juntos.

El MC ha planteado que irá por su cuenta lo que quitaría siete puntos a la alianza opositora, para situarla en una intención de voto del 34%.

La suma de las preferencias electorales no necesariamente es algo que se tiene que dar al momento de la elección, pero sí dan una idea de lo que podría pasar si esos partidos van en alianza.

Por nivel de conocimiento de quienes pudieran ser candidatos hay tres grupos, según la encuesta de El Universal.

Primero. Marcelo Ebrard (66%), Luis Donaldo Colosio (61%), Claudia Sheinbaum (55%), Beatriz Paredes (53%), Santiago Creel (51%) y Alfredo del Mazo (50%). Cuatro son de la oposición y dos de Morena.

Segundo. Lily Téllez (46%), Ricardo Monreal (44%), Claudia Ruiz Massieu (37%), Enrique Alfaro (35%) Mauricio Kuri (31%), Alfredo del Mazo (31%), Samuel García (31%) y Alejando Murat (30%). Siete de la oposición y uno de Morena, pero en vía de salida.

Tercero. Adán Augusto López (23%), Ildefonso Guajardo (17%), Maru Campos (15%) y Mauricio Vila (11%). Tres de la oposición y uno de Morena.

De los 18 políticos más conocidos en el país, que contempla la encuesta de El Universal como posibles candidatos, 14 son de la oposición, tres del oficialismo y uno en salida de ese agrupamiento.

Hacia finales de 2023, faltan 11 meses, ya se sabrá quiénes serán los candidatos a la presidencia, para ser competitivos se requiere niveles de recordación que rondan en el 70%.

@RubenAguilar

/ Pedro matías

Sus numerosas y costosas campañas de imagen en los medios y en las redes sociales, así como los elogios del presidente, no lograron cambiar la imagen que tienen del ya exgobernador priísta Alejandro Murat muchos oaxaqueños. Los partidos opositores le reclaman hechos de presunta corrupción, un enorme gasto en obras no entregadas o concluidas y notorias omisiones frente a la violencia en el estado, tanto la de la delincuencia organizada como la ejercida contra mujeres y niñas.

Alejandro Murat Hinojosa concluyó su sexenio como lo inició: con movilizaciones y protestas en su contra que lo obligaron a rendir protesta el primer día en una sede alterna al Congreso y le impidieron entregar en este mismo recinto su último informe.

El “Modelo Oaxaca” o el “milagro oaxaqueño” que pregonó fue un fracaso que, además, dejó la estafeta del priismo en manos de un gobierno de Morena.

Analistas, defensoras de derechos humanos, activistas y legisladores describen a Proceso el estilo de gobierno de Murat, fabricado “desde los medios de comunicación, desde el Tik Tok; fue una estrategia mercadológica. Fue un gobierno de mentiras y engaños; logró engañar al propio presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sustentan esta descripción cifras como los 4 mil 543 homicidios dolosos hasta septiembre de 2022; 715 feminicidios; el asesinato de 49 personas defensoras del territorio, el medio ambiente y los derechos indígenas, así como el desplazamiento forzado de miles de personas, derivado de conflictos internos. Además Oaxaca vive con una crisis de desaparición de personas, con más de 3 mil casos, entre éstos los de mil 984 mujeres.

Organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado por lo menos 10 masacres por conflictos agrarios, políticos o intercomunitarios que dejaron más de 60 muertos. Una de ellas ocurrió en junio de 2020 en Huazantlán del Río, donde 15 indígenas ikoots fueron lapidados y calcinados.

Aunado a ello, la Fiscalía General de Oaxaca reconoce que sólo entre el año pasado y el actual se iniciaron 16 carpetas de investigación por los delitos de desaparición forzada cometidos por autoridades, con un total de 19 víctimas, entre las que se encuentran la defensora del bosque Irma Galindo Barrios y la defensora británicomexicana Claudia Uruchurtu Cruz.

Murat sale del Palacio de Gobierno sin acatar recomendaciones, peticiones de acciones urgentes y medidas cautelares por algunos de los casos mencionados, que le fueron presentadas por organismos internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una de estas solicitudes fue hecha por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de la Organización Mundial contra la Tortura) por amenazas a la organización Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca y contra la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol Cruz Jarquín, periodista asesinada el 2 de junio de 2018.

El ahora exgobernador también se cruzó de brazos ante la operación de una red integrada por notarios públicos y funcionarios estatales y federales señalados como el “cártel del despojo” y que mediante alteraciones de documentos oficiales presuntamente arrebataron propiedades a numerosas personas, acusaciones que fueron formalizadas en 213 carpetas de investigación que contienen señalamientos por presuntos asesinatos (Proceso 2381).

Murat deja a la entidad una deuda de 20 mil 629 millones de pesos, superior a la que recibió de sus antecesores, ya que en 2004 la gestión de su papá, José Murat Casab, dejó una deuda de 486 millones de pesos; en 2010, con Ulises Ruiz Ortiz, creció a 5 mil 807 millones de pesos; y en 2018 Gabino Cué Monteagudo la elevó a 14 mil 711 millones de pesos.

Respecto a la deuda que diputados de Morena le autorizaron el 3 de octubre de 2019 por 3 mil 410 millones de pesos, que justificó con 118 proyectos en obras sociales –de los cuales 11 calificó de estratégicos– no entregó ninguna obra emblemática y otras las inauguró sin terminar. Entre ellas están el libramiento sur de Oaxaca, para el que pidió 300 millones pero no concretó.

Termina el desastroso gobierno de Alejandro Murat

Un sexenio marcado

De madrugada y en una sede alterna al Congreso (un estudio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión), Murat Hinojosa rindió protesta como gobernador el 1 de diciembre de 2016, luego de que maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sitiaron el recinto legislativo más de 15 horas. Seis años después, Murat tampoco pudo rendir su sexto informe de gobierno en el mismo recinto; organizaciones sociales bloquearon el Congreso durante tres días.

Murat rindió su último informe en una sede alterna, donde afirmó que su administración solventó “pendientes financieros” por 11 mil 400 millones de pesos que atribuyó a herencias del anterior gobierno estatal. “Las finanzas del gobierno hoy se entregarán sólidas y fuertes para muchos gobiernos más”, dijo.

Según él, a pesar de los fenómenos naturales y la pandemia, Oaxaca creció al 6.8% en los indicadores económicos y fue el estado donde más disminuyó la pobreza, para lo que citó datos del CONEVAL. Añadió que la entidad se ubica como la octava más segura del país y presumió que cuenta con paz y gobernabilidad, “pues se ha privilegiado el diálogo para construir acuerdos”.

Sin embargo, la legisladora de Morena Liz Arroyo Rodríguez afirma: “A seis años de gobierno vemos que la administración saliente deja una huella de nepotismo, amiguismos y de corrupción, que han sido la constante durante estos años, siendo ejemplo de ineptitud, incapacidad, falta de solvencia política y ética”.

La diputada recuerda que algunas dependencias no ejercieron los recursos destinados para los oaxaqueños en tiempo y forma, como fue el caso de los 150 millones de pesos para la reactivación económica tras la pandemia de Covid-19, que la Secretaría de Bienestar no ejerció y cuyo destino se desconoce hasta la fecha.

El Sector Salud en Oaxaca se encuentra en riesgo del colapso, con una deuda superior a los 9 mil millones de pesos, además de que enfrenta pasivos por demandas laborales y multas por evasión fiscal ante la Secretaría de Finanzas; “el desabasto de medicamentos y el proceso de federalización siguen estancados”, agrega Arroyo.

“En propia voz del gobernador, reconoció que los Servicios de Salud de Oaxaca enfrentan un déficit anual de mil 700 millones de pesos”, pero este año se destinaron a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería 262 millones 721 mil 257.47 pesos, en tanto que al Hospital de la Niñez Oaxaqueña se le otorgaron menos de 48 millones de pesos, afirma la legisladora de Morena.

A su vez, el maestro en sociología e investigador de la Universidad. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Isidoro Yescas Martínez, señala: Murat “nos ofreció que al término de su sexenio se hablaría de un milagro y lo que estamos viendo es un desastre en lo social, en lo educativo, en materia de seguridad, de bienestar social y en materia de combate a la corrupción”.

El sociólogo define la administración saliente como “de simulación y engaño”: “En comunicación social construyó a nivel nacional una imagen de buen gobernante entre comillas, de un político eficaz, que le está permitiendo aspirar en el PRI como precandidato a la Presidencia de la República”.

Además, Murat se quiere atribuir la obra del corredor interoceánico, que es impulsada por el gobierno de López Obrador, quien elogió profusamente al entonces gobernador. “El de Murat es un gobierno desastroso, no se merece ningún homenaje, hay una mala lectura, mala apreciación de López Obrador; para los oaxaqueños no fue un buen gobernante, ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Oaxaca, y estamos hablando de gobiernos priistas”, enfatiza Yescas.

/ Juan Carlos Cruz Vargas

Altos Hornos de México (AHMSA) acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de actuar “de mala fe” luego de que dos de sus plantas de producción ubicadas en Monclova, Coahuila, registraron un corte de energía eléctrica.

La compañía, propiedad del empresario mexicano Alonso Ancira, aseguró que el corte de energía forma parte de las acciones agresivas que CFE ha emprendido en su contra luego de que el Poder Judicial determinó que la empresa del estado mexicano debía pagar a AHMSA 700 millones de dólares por la cancelación unilateral de contratos de suministro de carbón.

En un comunicado, la firma mexicana detalló que, a pesar de haber llegado a un acuerdo, “CFE actuó de mala fe” al no responder la petición de la empresa y proceder directamente a cortar por completo el suministro de electricidad en todas las instalaciones de la compañía. “Las acciones emprendidas por la dirección de la Comisión Federal de Electricidad demuestran que no le importa dañar a Coahuila y a los coahuilenses, pues nuestras plantas ubicadas en esa entidad representan una fuente directa de sustento para 17 mil familias coahuilenses”, sentenció AHMSA.

Eso no es todo, advirtió que de no contar con un sistema de generación interna para sustituir parcialmente la suspensión del abasto de energía por la CFE, el daño a la maquinaria y los equipos de operación serán muy graves y en algunos casos irrecuperable.

AHMSA acusa a la CFE por corte de energía en sus plantas

Instalaciones de AHMSA en Monclova

Nuevas pistas en el multihomicidio de Narvarte

/ sara PantoJa

Familiares de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y el fotoperiodista y colaborador de Proceso Rubén Espinosa, y sus abogados coadyuvantes, aportaron nuevas pruebas sobre el multihomicidio del 31 de julio de 2015 en las que muestran evidencias de que se trató de una operación orquestada que implica a exfuncionarios de Migración y a personeros de la administración de Javier Duarte, como El Capitán Tormenta. Esos hallazgos los tiene ya la Fiscalía capitalina y se incluyen en el documental A plena luz, que el jueves 8 estrenará Netflix. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, tiene sobre la mesa cada vez más elementos para investigar y tratar de encontrar la verdad y la justicia, así como para reparar el daño a las cinco víctimas y sus familiares del llamado Caso Narvarte, ocurrido hace siete años y cuatro meses, que cimbró a México y aún no se resuelve.

La averiguación previa incluye un documento que no se había hecho público y es probable que aporte información sobre la condición laboral de Mile Virginia Martín y sus posibles nexos con exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración (INM). Además, un peritaje en informática forense independiente aporta un dato que probablemente implica a funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz, entidad de la que huyeron Nadia Vera y Rubén Espinosa por amenazas en su contra.

Hay videos también que muestran a los autores materiales antes y después del crimen, que comprueban que las tres personas que la entonces Procuraduría General de la República dirigida por Rodolfo Ríos detuvo como responsables –dos ya sentenciados– no fueron los únicos que participaron en el multihomicidio; en realidad fue un plan orquestado que ratificó a México como uno de los países donde ocurren más asesinatos de periodistas.

Esos hallazgos en la investigación son expuestos en el documental A plena luz, del director Alberto Arnaut Estrada, que el jueves 8 se estrenará en la plataforma Netflix. Es información novedosa que, como en buena parte de la investigación del caso, fue aportada recientemente por familiares de las cinco víctimas, sus abogados coadyuvantes y peritos independientes de distintas áreas, ante la falta de voluntad de la autoridad por resolver el caso.

El documental reitera que las autoridades procuradoras de justicia –incluida la fiscalía de Godoy Ramos –cuyo discurso es “estar siempre del lado de las víctimas”– no han aclarado lo más importante: ¿por qué fueron asesinados, y con signos de tortura, la trabajadora del hogar, Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera, el fotoperiodista y colaborador de Proceso Rubén Espinosa y la maquillista Yesenia Quiroz?

Esa pregunta sigue sin resolverse desde el 31 de julio de 2015, cuando ocurrió el crimen en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, hace siete años y cuatro meses.

la tarJeta de feliCitaCión

En la guantera del Mustang rojo, propiedad de Mile Virginia Martín, mismo que los feminicidas se llevaron después del crimen, fue hallado un documento que, hasta hace poco, había pasado inadvertido: “Una tarjeta de felicitación con sobre de papel blanco. En su parte externa dice LUZ SAVIÑÓN 1909 Lic. Miguel Ángel Chan, al interior una tarjeta que dice ‘FELIZ CUMPLEAÑOS RECIBE UN AFECTUOSO ABRAZO 13 JUN 12’ y atrás ‘CON LOS ATENTOS SALUDOS DE LIC. ROGELIO VALLES ROSAS’”, se lee en la carpeta de investigación. Es la misma dirección donde vivía Mile.

En entrevista con Proceso, Héctor Alberto Pérez Rivera, abogado coadyuvante de los familiares de las víctimas, explica que la FGJCDMX indagó que las personas mencionadas en la tarjeta “eran funcionarios del Instituto Nacional de Migración en aquel entonces”. Detalla: “Era una tarjeta de felicitación como de cumpleaños de un par de funcionarios de Migración, como si conocieran a Mile muy bien, como si tuvieran un tipo de relación con ella, mandándole a lo mejor un regalo por su cumpleaños”. La fecha marcada en la tarjeta –13 de junio– es diferente a la fecha de nacimiento de Mile –20 de octubre–. Diversos documentos oficiales del INM difundidos por el sistema de Transparencia de la Información indican que Valles Rosas era director general de Administración de la dependencia en enero de 2015.

Como parte de la investigación, la entonces Procuraduría capitalina determinó que la joven de nacionalidad colombiana entró a México mediante un contrato de trabajo “fantasma” con la empresa MS Model Managements, SA de CV.

El abogado, coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, añade: “Es algo que nosotros habíamos ya advertido, que la entrada al país de Mile es muy sospechosa porque la agencia que la invitó a entrar no tiene oficinas, que sus representantes legales no aparecen, que nadie la conoce. Nos parece que es una empresa fachada para meter gente al país, obviamente con colusión de Migración; pero esas ya son conjeturas”.

Lo que sí es un hecho es que, a raíz del hallazgo de ese documento y de evidencias de que Mile y Yesenia “se encontraban en situación de prostitución”, de acuerdo con Pérez Rivera, se logró que la FGJCDMX abriera una carpeta de investigación por el delito de trata de personas a mediados de 2022, cerca del séptimo aniversario del caso. “Se está investigando quiénes son todas las personas involucradas en una posible red de trata. Eso es lo que se está actualmente trabajando a paso tortuga como es la Fiscalía. Según ellos, están investigando”, dice.

En una reunión que tuvieron con autoridades el pasado 15 de noviembre, autoridades de la fiscalía local les dijeron “que estaban haciendo redes de vínculos y cruces de información”. El 29 de noviembre, el abogado presentó un escrito para que Indira Alfaro, madre de Yesenia, quede registrada como víctima en esa carpeta de investigación.

En el documental A plena luz, el abogado asegura que la fiscalía que encabeza Godoy tampoco ha investigado si hay vínculos entre la colonia Nápoles, conocida como “un punto estratégico de trata de personas” –en 2018 hubo un operativo donde fue rescatada una víctima extranjera–, con un testimonio que asegura que Mile vivió en la calle Illinois, así como con la cercanía de esa zona con la colonia Narvarte, donde fue asesinada.

Por lo demás, considera que el documental “es un buen ejercicio de verdad y de memoria para las familias y establece claramente que el caso no está cerrado, que queda mucho por saberse y que la función del gobierno es esclarecer la verdad, porque es un derecho fundamental de las familias”.