III.- Juventudes indígenas La complejidad y reto de ser joven indígena en León, Guanajuato
los propios actores: ellos y ellas. Esto será el punto de partida para la visibilización de este sector de la población. Retomando las propuestas generadas por UNICEF y CIESAS, una de ellas es la necesidad de fomentar, en las diversas instancias de gobierno, una perspectiva generacional que permita adecuar el contenido y el lenguaje de las políticas públicas en materia de educación, salud, trabajo, participación, etc. a las especificidades de los jóvenes indígenas. Consideramos fundamental generar y promover programas de sensibilización contra la discriminación de los y las jóvenes indígenas, especialmente orientados a los funcionarios públicos. No se trata sólo de apelar al carácter humanitario-social de los que ocupan un cargo público, sino de un ejercicio de derechos que le corresponde al Estado proteger, promover y restituir en su totalidad. El reconocimiento de los propios jóvenes indígenas como sujetos de derecho obliga al Estado a generar acciones que promuevan mayores espacios de participación de los y las adolescentes indígenas, evitando su exclusión por edad o género en espacios familiares, escolares. También se deben de generar acciones que, desde un enfoque de derechos y de perspectiva de género, desarrollen políticas y programas que favorezcan los espacios de autonomía y toma de decisiones por parte de las y los jóvenes; que estimulen la postergación de la transición a la vida adulta (especialmente de eventos como la maternidad y la unión conyugal) y que repriman el acoso de los hombres hacia las mujeres jóvenes menores de edad, así como su transición temprana a la vida adulta.
B) ACCIONES AFIRMATIVAS: EDUCACIÓN, SALUD Y TRABAJO. Las y los jóvenes, como lo mencioné, son sujetos de derechos. Este paradigma, que la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, legislada en México en el 2013 para las personas jóvenes menores de edad, así como para las personas jóvenes mayores de edad en conjunto con la reforma constitucional al Art. 1, obliga al Estado mexicano a implementar acciones afirmativas que puedan abonar a disminuir los factores de inequidad y de accesibilidad del ejercicio de sus derechos. Desde espacios educativos formales y no formales, como sociedad podemos participar en el desmontaje de modos de dominación y de relaciones de desventaja que hacen a nuestra sociedad una sociedad desigual. La práctica educativa puede contribuir a que allí, donde se viven la subordinación, la desventaja, la exclusión y la educación, resulte una práctica de libertad, de reconocimiento de modos de vida diferente y con esto abonar a la construcción de una sociedad menos desigual. También podemos promover proyectos interculturales que, en función de los rasgos positivos de las comunidades indígenas que detonen políticas públicas en contra de la violencia y la discriminación, así como a favor del medio ambiente, entre otras acciones.
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