Leopoldo D. Carrasco Rodríguez Leo Arouet
EL PROBLEMA DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Es revelador que al hacer un análisis de un problema actual, aparezcan diversas definiciones del mismo; es decir, que existan innumerables interpretaciones del problema. Probablemente eso suceda también con el tema de los embarazos adolescentes. Los datos actuales sobre los embarazos adolescentes —Cajamarca ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes después de Lima—son contundentes y lo han colocado en la agenda1. Por lo tanto, es evidente que a estas alturas, los embarazos adolescentes son un problema apremiante al cual el Gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tratan de dar solución. En las siguientes líneas nos sumergiremos en la esencia del problema. Algunos consideran que el objetivo que debe perseguir el gobierno, en relación al embarazo precoz, es combatir y reducir las violaciones sexuales (cada día 9 niñas y adolescentes fueron violentadas sexualmente en el 2016)2. En este caso la disminución de las agresiones sexuales es esencial. Ante la evidencia de estos datos, es posible también preguntarse por los problemas que subyacen en el fondo: La salud mental y la situación de pobreza de todos los peruanos3. Para otros, el objetivo debería ser la educación sexual en escuelas y colegios. Como parte de una enseñanza en valores y cuidado personal dirigida a niñas y
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Lima es la región con mayor número de embarazos adolescentes con 29,645 casos registrados entre el 2010 y 2016; seguidos por Cajamarca (10,625), Loreto (10,018), San Martín(9,643) y La Libertad (8,795). A su vez, según la Dirección Regional de Salud, Cajamarca registra 1200 embarazos adolescentes en el 2017, que representan el 16% embarazos adolescentes, tasa superior al promedio nacional de 13%. 2
Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y setiembre del 2017, se registraron 3 mil 125 violaciones sexuales a nivel nacional, de los cuales casi el 70% de las víctimas fueron menores de edad. Lo que subyace a estos datos indignantes y escandalosos, bien puede ser la salud mental de la población. 3
90% de personas con problemas de salud mental no recibe atención especializada, y la brecha es más amplia en la población con pobreza y pobreza extrema, sin mencionar que estos son más propensos a presentar estos síntomas (Defensoría del Pueblo: Informe anual 2017).