Guadarrama progresa para mejorar la seguridad vial en la Nacional VI La Fiscalía pide tres años de cárcel para el exalcalde de Guadarrama por prevaricación

La semana pasada, el Alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto, y los responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España se reunieron para dar un paso adelante en el proyecto de reordenación de los accesos y construcción de una glorieta en la Nacional VI. La actuación se llevará a cabo en el tramo entre los kilómetros 42 y 47,300 de la vía, en una zona que incluye accesos a zonas residenciales de Las Cabezuelas y la intersección con la carretera de Alpedrete. El proyecto, que cuenta con una inversión prevista de 5.190.000 euros, incluye la construcción de una glorieta para gestionar el tráfico en el cruce, la rectificación del trazado, la reorgani- zación de las paradas de autobús y mejoras en el alumbrado, entre otras medidas.

Según el primer edil, el proyecto es fruto de la colaboración entre la Demarcación de Carreteras del Estado y el Ayuntamiento de Guadarrama para evaluar las necesidades de la zona y mejorar la seguridad vial.

La reunión dio lugar a un proyecto que será supervisado por los servicios centrales del Ministerio de Transportes. El objetivo final es garantizar la seguridad de los peatones y vehículos en una zona que requiere una acción rápida y efectiva.

«Estamos satisfechos con las medidas propuestas por los responsables y esperamos que los trámites continúen avanzando», concluyó Soto.

La Fiscalía de Madrid pide tres años de cárcel y 10 de inhabilitación para acceder a empleo o cargo público para el exalcalde de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, y su entonces concejal de urbanismo, Miguel Rodríguez Bonilla, por un supuesto delito continuado de coacciones y de prevaricación. Ambos están acusados de presionar al dueño de una finca para éste se la vendiera a una empresa con la que ambos, alcalde y concejal, tenían relación. La presión presuntamente ejercida por Rodríguez y Fernández Rubio habrían provocado a la víctima un trastor- no ansioso depresivo, según el dictamen de un médico forense que se aportará como prueba. El juicio se celebrará el 5 de julio en la Audiencia Provincial de Madrid.

El alcalde habría ordenado a la policía vigilar a la víctima Los hechos se remontan al año 2007. Según la Fiscalía, José Ignacio Fernández Rubio y Miguel Rodríguez Bonilla presionaron de manera «continuada» a la víctima para que les vendiera una finca de su propiedad situada junto a otra que era propiedad de la empresa Golden Hipotecario, en la que el regidor y el edil eran abogado y socio respectivamente. La Fiscalía relata cómo los acusados realizaban numerosas llamadas de teléfono y ordenaban con una frecuencia «anormalmente alta» inspecciones de los Agentes de la Policía Local. También se les acusa de denegar o paralizar sistemáticamente todos los trámites y gestiones que el denunciante solicitaba al Ayuntamiento de Guadarrama La fiscalía cree que los acusados ordenaron a la Policía Local que sus agentes vigilaran continuamente la finca y denunciaran cualquier irregularidad.