a vigilar la correcta aplicación de la ley al caso concreto, sino también puede examinar prácticas administrativas, cuestiones de discrecionalidad y oportunidad; además, en sus resoluciones puede hacer recomendaciones generales y no solo las específicas a un asunto en concreto”48. Otro aspecto que se ha remarcado desde la academia, y que vale mencionarse, es la importancia que la Defensoría del Pueblo adquiere en función de la posibilidad que se le da al individuo de participar en el control de la administración. Sobre ello, Vanossi sostiene que “el ombudsman también debe ser visto como la herramienta que permite poner en las manos del activante, es decir, del sujeto que va a participar, una posibilidad más o menos concreta para defender no solo sus derechos o intereses legítimos o difusos, sino también para extender los roles participativos a través de la conciencia de participación”. Por último, vale citar que Gozaíni afirma que uno de los esfuerzos más importantes a concretar es el de dar a conocimiento a los ciudadanos -presuntos beneficiarios- la función a desarrollar por el ombudsman, a fin de que éste no sea encasillado como una pieza de la maquinaria burocrática, sino como un instrumento de defensa del gobernado, pero que forma parte del Estado. Para dicho académico, el verdadero sentido de la institución es éste, constituyendo un deber del defensor poner de relieve las injusticias o contradicciones, ineficacias y malevolencias, abusos y desconsideraciones, que el sistema estatal produzca y que permita al ciudadano reconocer por los medios más directos posibles.
��������������������������� . VENEGAS ÁLVAREZ, Sonia: Origen y devenir del Ombudsman. ¿Una institución encomiable?, Serie Estudios Doctrinales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nº 117, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1988, p. 21.
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