6.3 Prevención, atención y acceso a la justicia

República y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La Estrategia tiene como objetivo general disminuir la incidencia del embarazo no intencional en adolescentes y sus determinantes, garantizando la promoción y el ejercicio de sus derechos. Entre sus características señalamos que fue diseñada en forma intersectorial y participativa desde un enfoque de derechos humanos y género. El embarazo no deseado en adolescentes es considerado un problema social relevante, de salud pública y de Derechos Humanos, por lo que se incluye en los Objetivos Sanitarios Nacionales 2015-2020 como uno de los quince problemas críticos a atender por el MSP y, para abordarlo, la Estrategia incluye la perspectiva étnico-racial para no uniformizar las experiencias de desigualdad y discriminación que viven los y las adolescentes.

6.3 Prevención, atención y acceso a la justicia

Para dar una respuesta al elevado número de feminicidios, en Bolivia existe el Plan de Acción contra los Feminicidios y la Violencia Machista16. Se trata de un Plan nacional coordinado por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización17 que identifica cuatro

16 El documento se encuentra disponible en https://info.comvomujer.org.pe/ catalogo/intrv/294-2019-es-plan-intrv-bo 17 Participan todos los órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas, la Policía boliviana, las Fuerzas Armadas, empresas públicas y privadas, la

Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural, organizaciones sociales, familiares de las víctimas de feminicidios, medios de comunicación, artistas, líderes de opinión, deportistas, cooperación internacional y sociedad en general, que propone sumarse a la firma de convenios interinstitucionales para su implementación y seguimiento y a la acción voluntaria que puedan desarrollar.

acciones principales y sus estrategias: duplicar el presupuesto destinado a fortalecer la lucha contra la violencia a las mujeres; desnaturalizar la violencia y erradicar prácticas de asignación de roles por género a través del sistema educativo; la creación de una comisión interinstitucional que agrupe a todas las instituciones que hacen parte del sistema de justicia para resolver, al menos, el 80% de casos de feminicidios y dar prioridad a la resolución de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes; y por último, capacitar al personal del Ejército, la Policía y las empresas públicas en prevención de violencia con enfoque de derechos, género, despatriarcalización y masculinidades.

Según representantes institucionales (entrevistados por Cecilia Toledo, 2021), el Plan es relativamente novedoso, ya que se inició en 2019 y aún no hay resultados concretos. Es innovador porque aborda el feminicidio, especialmente hacia las NyA, promueve la coordinación entre las distintas instancias públicas y privadas en ámbitos como la educación, el acceso a la justicia y de la seguridad. También es un desafío institucional para instituciones de reciente creación (2018) como el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización y el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia a la Mujer y a la Niñez.

Perú cuenta con el Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo,18 editado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), un instrumento útil para articular la intervención interinstitucional y brindar atención integral y eficaz a los casos. Se caracteriza por incluir dos conceptos fundamentales para la prevención

18 El documento se encuentra disponible en https://68p.72a.myftpupload.com/ wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-Feminicidio-version-amigable-2-

IMPRESION-2019.pdf