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5.2 Atención

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Siglas

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especializados, pero son insuficientes, no hay atención específica para las NyA, muchas veces no toman en cuenta la diversidad cultural y lingüística de los territorios y no se invierten suficientes recursos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en Nicaragua las unidades de atención a víctimas de violencia fueron reemplazadas por el Modelo de Atención Integral en Violencia de Género (MAIVG), pero hay diferencias territoriales marcadas en su capacidad de funcionamiento y poca información sobre su existencia, como refiere una periodista (entrevistada por Virginia Meneses Mendoza, 2020):

Uno de los mayores obstáculos que tenemos es el no cumplimiento de la Ley 779, ley contra la violencia; hay que recalcar que esta ley fue reformada, y que las comisarías de la mujer (unidades de atención a víctimas de violencia) por orden del gobierno dejaron de funcionar. En el caso del Pacífico no se sabe cómo funciona el MAIVG, pero en el caso de la costa caribe norte se está implementando el modelo integral.

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Con respecto del MAIVG, una operadora de salud (entrevistada por Virginia Meneses Mendoza, 2020) subraya que el problema principal es la carencia en todo el país de centros especializados a nivel territorial:

Existe el MAIVG, pero no están implementadas en las dependencias estatales. El Ministerio de la Familia no cumple el rol establecido constitucionalmente de velar por el interés del bien supremo de las niñas, ya que más bien la lógica es imponer la maternidad. En muchos casos, lo que sucede es que las víctimas son trasladadas a albergues del

Ministerio mientras están embarazadas y después del parto las regresan a sus casas con un bebé, donde vive su agresor.

Los(as) operadores(as) de salud y los(as) activistas entrevistados(as) afirman que paralelamente a la falta de centros especializados es importante subrayar la importancia de la calidad y gratuidad de los servicios básicos de salud para las NyA en situación de violencia, y también por sus familiares.

En la mayoría de los países, se necesita una reorganización y un fortalecimiento del trabajo interinstitucional y la creación de una base centralizada de información a la cual puedan acceder todas las instituciones involucradas en el esclarecimiento de los casos. En El Salvador, un representante institucional (entrevistado por Crissia Pérez, 2020) describe los obstáculos que impiden la eficacia del trabajo interinstitucional:

Esto requiere de un esfuerzo interinstitucional, porque de repente la policía no tiene la facultad, la experticia o experiencia de determinar si una niña fue víctima de feminicidio o si una mujer sufrió una muerte violenta. Si fue violada, sin embargo, se manda el caso al Instituto [de] Medicina Legal, donde se hace el peritaje médico legal (...) siempre hay resistencia a este tipo de investigaciones porque se requiere de recursos técnicos, de personas especializadas o simplemente de tiempo.

Las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia se replican en la mayoría de los doce países analizados.

Se pueden sintetizar en los cinco puntos que articula una activista boliviana (entrevistada por Patricia Brañez Cortez, 2020):

• Falta de debida diligencia en la investigación. “La policía no investiga bien, muchas veces influenciada por la familia de los agresores; no se hace un buen examen o manejo de las pruebas, se distorsionan y no existe una cadena de custodia que las proteja”. • Ocultan actos de corrupción de funcionarios públicos.

“Juzgados con manejos irregulares de dinero, y lo más grave: los corruptos son conocidos y siguen en sus cargos”. • El costo de los procesos. Los abogados chicaneros3 aportan poco cuando son otorgados por el Estado, no defienden, no dicen nada, solo señalan en las audiencias “estoy de acuerdo con la petición de la Fiscalía o me adscribo lo que dice la fiscal”, no preparan los casos. Por eso las familias y las fiscales piden abogados defensores, pero eso es muy caro, cobran hasta 10,000 dólares. • No hay formación profesional con perspectiva de género, por ejemplo, hay abogados bien tradicionales que no ven el feminicidio como feminicidio, tienen mucha carga prejuiciosa.4 • […] La demora en el trámite de casos. A veces de diez o más años.

3 De acuerdo con la Real Academia Española (2020), la definición de chicana proporcionada por el Diccionario de la lengua española es “artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las partes”. 4 Muchos casos los registran incluso como accidentes, pero no hay datos. Se sabe por la prensa que ha habido casos consignados como suicidio, sin embargo, las familias aseguran que han sido asesinadas. Esos casos en general quedan sin sanción para los agresores (explicación elaborada por Patricia Brañez).

En la mayoría de los países, las sobrevivientes y sus familiares se enfrentan a la falta de un apoyo legal gratuito y de calidad, sobre todo para las sobrevivientes y familiares en situación de vulnerabilidad.

La falta de debida diligencia en la investigación de los casos y de protocolos específicos de actuación especializada afecta a las NyA en el ámbito judicial. En este sentido, es emblemático el caso de Honduras, donde no existen protocolos para la actuación ministerial y policial en casos de muerte violenta de las NyA y mujeres, como demuestra el caso paradigmático de Teresa, de doce años, víctima en el año 2019 de violación y feminicidio por parte de su padrastro. Al padrastro le dictaron prisión preventiva por el delito de lujuria agravado en primera instancia. Por la falta de protocolos de investigación especializada, en una primera fase no se relacionó dicho delito como feminicidio (análisis de caso paradigmático elaborado por Karla Ramírez y Paula Mónaco Felipe, 2021).

También se observa la persistencia de estereotipos nocivos de género y generacionales por parte de los operadores de justicia, por ejemplo, poner la carga de la prueba en las víctimas o sobrevivientes y en sus familiares y no en el agresor; o en revictimizar o culpabilizar comportamientos de las NyA en caso estupro, incesto o abuso sexual incestuoso. Un ejemplo es el caso de Kelly ocurrido en Perú el año 2018 (expuesto en esta investigación), una niña de diez años, secuestrada, violada y víctima de feminicidio. Ante los delitos, las autoridades culpabilizaron a la madre y el padre por dejar a la niña sin acompañamiento de una persona adulta; en ese entonces, el jefe de la policía declaró: “Una niña de 10 años está expuesta si está sola en la calle. Ningún niño puede estar andando solo”. Estas palabras ayudaron a criminalizar a la familia y a poner el foco de la seguridad en la conducta de las víctimas y no en las acciones delictivas de los responsables

que ya contaban con antecedentes penales (análisis de caso paradigmático elaborado por Karla Ramírez y Paula Mónaco Felipe, 2021).

La impunidad facilita nuevas violencias y expone a mayor riesgo a las NyA. En la mayoría de los países analizados en esta investigación, existen casos en los cuales ya pesaban denuncias por acoso o violencia sexual contra otras NyA sobre el victimario de feminicidio, que pese a las acusaciones se encuentran libres (análisis de caso paradigmático elaborado por Karla Ramírez y Paula Mónaco Felipe, 2021). En general, los ordenamientos jurídicos no atienden las violencias feminicidas específicas que viven las NyA como delitos que deben ser juzgados y castigados, como una forma de garantizar el acceso a la justicia. En algunos casos, se llegan a considerar como atenuantes y los vacíos en la tipificación y visibilización de los casos representa una fuerte señal de impunidad y, por lo tanto, de seguir normalizando las violencias cometidas contra las NyA que pueden culminar en violencias más brutales.

5.3 Monitoreo y registro de los casos de violencia feminicida

A través del análisis de corte cuantitativo, según los testimonios recogidos, y una búsqueda de los registros administrativos en instancias de salud, policiales y judiciales, se reconoce que hay mejorías en todos los países analizados, pero que las bases de datos no son suficientes para demostrar la interrelación entre la violencia sexual y la muerte de las NyA debido a las siguientes causas:

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