La historia de Kelly

Kelly es una niña de diez años que fue secuestrada, violada y asesinada en Perú en 2018. Durante su funeral, su comunidad camina bajo el sol. Algunos gritan, otros lloran. Son cerca de dos mil personas recorriendo barrios de Supe Puerto, en la provincia de Barranca. Llevan un pequeño ataúd blanco con el cuerpo de Kelly.

La niña cursaba el cuarto año de primaria en la escuela Virgen de Fátima-Leticia de Supe. Su última tarea fue redactar un cuento, titulado “El tigre y el mono” (Yrigoyen, 2018). Tenía cabello oscuro, lacio y largo, ojos achinados, de un mirar dulce y profundo.

Le gustaban las matemáticas y comer alverjitas, legumbres caldosas con cebolla, arroz y alguna carne. En una de sus últimas fotografías, Kelly tiene puesto el uniforme escolar y sonríe divertida con filtro de gatita, orejas y bigotes dorados. El vecindario la recuerda como una niña alegre. De los planes a futuro, sabía su mamá: “Decía que iba a ser profesional. Que iba a sacar a sus papás de la pobreza y que iba a construir su casa” (24 Horas, Edición Central de Panamericana Televisión, 2018).

Nació y creció en una familia pobre. Sus padres trabajaban muchas horas, mientras ella y sus dos hermanos se quedaban en casa. Con apenas diez años, Kelly intentaba ayudar con los ingresos del hogar: en sus ratos libres preparaba gelatinas y salía a venderlas por las calles de su barrio. Eso hizo un sábado de noviembre de 2018. Alrededor de las cuatro de la tarde llegó un hombre que le prometió comprarle todas las gelatinas. Ella lo siguió hasta un moto-taxi, donde él y otro hombre la golpearon para someterla y luego llevarla, por la fuerza, a una casa abandonada.

Sin noticias de Kelly, sus familiares y vecinos salieron a buscarla pocas horas después. Fueron ellos quienes

empezaron la búsqueda porque la policía y las autoridades no activaron ningún operativo. De hecho, fue también un vecino, agricultor, quien el lunes halló el cadáver de la niña y dio parte a la policía.

Durante esas horas, un hombre reveló algunos datos del caso en las redes sociales y fue convocado a declarar. Al comparecer, narró cada detalle del suplicio al que sometieron a Kelly hasta quitarle la vida por asfixia. Julio César Arquino Giraldo, de veintiún años, se confesó culpable y reveló que su cómplice era un menor de nombre Brayan (“Poder Judicial condena a dos años”, 2017). Se supo entonces que sobre Arquino Giraldo ya pesaban dos denuncias sin condena: una por acoso sexual y extorsión a una niña de catorce años en 2017; otra por hurto agravado y tocamientos indebidos a una menor en 2018. Pese a las acusaciones, estaba libre. La impunidad había permitido nuevas violencias y había puesto en riesgo a muchas niñas de la zona.

Por esta razón, la multitud doliente caminó desde la casa de Kelly a una misa de cuerpo presente en su escuela, luego al cementerio y más tarde hasta la sede judicial de Huacho. Exigían prisión preventiva para Arquino Giraldo. Las autoridades reprimieron con gases lacrimógenos a las personas que se manifestaban con gritos y lanzando huevos.

Finalmente, gracias a la presión de la comunidad, Arquino Giraldo fue enjuiciado y condenado a cadena perpetua (Poder Judicial del Perú y Corte Superior de Justicia de Huaura, 2020); su cómplice, a diez años de reclusión (Poder Judicial del Perú y Corte Superior de Justicia de Huaura, 2019). Aunque hubo una respuesta judicial, la sentencia no se dictó con perspectiva de género ni mencionó que la niña había sido víctima de feminicidio.

La desaparición de niñas y adolescentes es un problema grave en Perú. De enero a septiembre de 2020, al menos 4.052

mujeres desaparecieron en el país, entre las cuales 2.894 son niñas y adolescentes, según datos de la Defensoría del Pueblo. Las cifras muestran un incremento respecto de 2019, año en que desaparecieron 1.197 NyA; además, en el 26% de los casos de feminicidio hubo un antecedente de desaparición. Los datos son todavía insuficientes para entender y atender la dinámica de la desaparición, porque en Perú no existe un registro nacional de personas desaparecidas.

Por decreto legislativo, Perú creó en 2018 un Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que incluye una línea telefónica gratuita, un registro nacional y un portal web —DesaparecidosEnPerú— que se nutre con datos de la policía. Esa institución está obligada a difundir “notas de alerta” que lleguen a todo el país inmediatamente después de recibir una denuncia.

Sin embargo, activistas y familiares de víctimas señalan que el organismo no difunde todas las denuncias ni actúa de inmediato. Por el contrario, en muchas dependencias aún esperan que transcurran 24 horas para comenzar las búsquedas, como ocurrió con Kelly, cuyos agresores la mantuvieron desaparecida y la violentaron durante 28 horas a pocas calles de su casa. ¿Qué habría ocurrido si los protocolos de búsqueda se hubieran agilizado?

Además, el portal web no incluye a personas desaparecidas antes de 2018 y sus familiares se preguntan por qué no las buscan. Por su parte, organizaciones feministas y comunidades tejen sus propias redes de solidaridad que ya han logrado rescates mediante el uso de Facebook y Twitter para difundir reportes.