Feminicidio sexual sistémico organizado en Bolivia: La historia de Jhoselin

Cuando despertó, apenas podía caminar. A la niña le costaba moverse, pero logró salir a la calle y llegar a un hospital. Ingresó directo a terapia intensiva. Pasó dos semanas en estado crítico, sus órganos internos estaban destrozados y hubo que someterla a varias cirugías. Su cuerpo no aguantó: Jhoselin murió el 1 de noviembre de 2019 en Oruro, Bolivia. Tenía dieciséis años.

Sus compañeros de escuela la habían violado con objetos que le causaron esas heridas mortales. Cuatro muchachos de dieciséis y diecisiete años que decían ser sus amigos la invitaron a una supuesta fiesta, la drogaron y cuando perdió el conocimiento la violaron.

Jhoselin quería ser maestra. Jugaba al fútbol y al voleibol. Le gustaba la música. “Era muy activa y alegre”, estudiante ejemplar, “la más destacada del Liceo de Señoritas de Oruro”, dijo su padre (Cazas, 2019). Meses después de su feminicidio, la familia quedó en deuda con el hospital por los gastos de hospitalización y las cirugías. Entre la comunidad estudiantil y la familia hicieron una colecta para recaudar el dinero (“Se realiza una campaña”, 2019).

... crece la lista de víctimas de violaciones grupales: al menos una decena de casos entre 2016 y 2019 (Tellería, 2019). En años recientes se registraron dos particularidades alarmantes: se multiplicaron las violaciones tumultuarias y los agresores son cada vez más jóvenes, adolescentes. En Santa Cruz, por ejemplo, una chica de dieciocho años fue violada en 2018 por cinco jóvenes, de los cuales uno de ellos tenía catorce años.

Otra característica del peligro presente que viven las mujeres bolivianas es que los grupos de agresores muchas

veces provienen de familias de clase socioeconómica mediaalta. Eso se traduce en influencias, escollos y presiones que impiden que se haga justicia, denuncian organizaciones feministas y defensoras de Derechos Humanos.

Fue hasta septiembre del año 2020 que se dio sentencia de seis años a tres de los cuatro acusados por el delito de violación con agravante de feminicidio (“Bolivia: conmoción tras violación”, 2019). Al respecto de la sentencia, la madre de la víctima dijo sentirse inconforme y pidió la pena máxima de treinta años para los inculpados, argumentando que su pérdida es incomparable con los solo seis años de castigo a los culpables (Cossío, 2020).

Una de las abogadas, Paola Barriga, manifestó en su cuenta de Facebook:

Mientras sigamos con un marco legal cómplice que solamente permite dictar sentencias para disimular que se castiga, cuando al contrario se les da una pena ridícula en comparación con el daño infligido, no avanzaremos en tener una sociedad mejor, ni más segura para las mujeres. ¡Lamentablemente! (Cossío, 2020).

Esta sentencia abrió la oportunidad para analizar el caso a la luz de la gravedad del delito, incluso para personas menores de edad y generó un pronunciamiento por parte de organizaciones defensoras de derechos de víctimas de violencia, al considerar que la sentencia dictada contra los agresores de la violación grupal y feminicidio no corresponde al daño ocasionado a las jóvenes, adolescentes y niñas como Jhoselin y sus familias.