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2.2.5 Muerte materna
ayuda para cometerlo” (art. 48). En 2019, los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer, de la oficina fiscal de San Vicente, emiten la primera condena de un hombre por inducir a su novia al suicidio después de haberla violado (Rivas, 2019).
Diversos estudios en la región establecen que el suicidio de mujeres jóvenes que transitan embarazos producto de violaciones constituye una forma de violencia de género. Estos trabajos documentan cómo las familias y las instituciones del Estado limitan la autonomía y empoderamiento de las adolescentes sobre sus cuerpos, niegan u obstaculizan el acceso a servicios de salud para la interrupción legal y segura del embarazo y brindan una actitud proteccionista al embarazo (Barrios-Klee, Ramazzini Morales y Peruch Álvarez, 2019). Los hallazgos de corte cualitativo recogidos en esta investigación demuestran que el embarazo forzado producto de violencia sexual, incrementa el riesgo de muerte de NyA debido al contexto de desprotección en el que viven, obligadas a interrumpir su proyecto de vida. Sumado a que no son atendidas adecuadamente por el sistema de salud, que no logren acceder a la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita —por imposibilidad legal o por el fuerte estigma social de la práctica en los países donde está permitido— y que en algunos casos se vean obligadas a dejar su comunidad. La ideación del suicidio en circunstancias difíciles, a veces termina en su consumación.
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2.2.5 Muerte materna
Según el CLADEM (2016b), se define embarazo infantil forzado cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza su interrupción:
El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación en temas relacionados con la sexualidad. También, habiendo recibido información, puede ser consecuencia de no haber podido acceder a métodos de prevención o anticoncepción de emergencia. En todos los casos hay responsabilidad de los Estados; por no haber prevenido la violencia sexual contra las niñas y por no haberlas provisto de las herramientas necesarias para prevenir un embarazo.
La región de ALAC sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde las limitaciones en el acceso a servicios de salud y persisten y perpetúan las condiciones que impiden que las NyA ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación. También, se caracteriza por la prevalencia de los embarazos forzados en niñas y adolescentes como resultado de la violencia sexual (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2019; CLADEM, 2016ba).
Los embarazos forzados constituyen un problema de salud pública por las múltiples afectaciones a nivel emocional, psicológico y en el desarrollo psicosocial de las NyA; que a su vez conllevan mayores riesgos en la salud durante el embarazo y parto por complicaciones severas como la preeclampsiaeclampsia, ruptura de membranas y parto prematuro (UNFPA, 2018.
El suicidio ha sido incorporado como causa de muerte directa en mujeres embarazadas —lo que constituye otra forma de MM en niñas y adolescentes—, que por su tasa, ocupa el primer lugar entre mujeres en edad reproductiva, las cuales podrían evitarse y, por lo tanto, considerarse como muertes violentas evitables (Lagarde y de los Ríos, 1993).
El aborto inseguro es una causa de MM que puede y debe prevenirse mediante la educación integral de la sexualidad, servicios e insumos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, así como servicios para un aborto seguro avalados por la ley y mediante una adecuada atención posterior a cualquier tipo de aborto (OPS, 2014b).
La Corte IDH subraya el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud, como en general al derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación. La criminalización del aborto impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las NyA y mujeres, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de MM. Como demuestran los hallazgos de corte cualitativo llevados a cabo en esta investigación, hay evidencias sobre la relación entre MM, un sistema de salud que no atiende a las NyA de forma adecuada y la falta de instrumentos legislativos adecuados para garantizar el acceso a la interrupción legal o voluntaria del embarazo (ILE/IVE).
Por otra parte, es importante destacar que la impunidad —un elemento en común entre las violencias analizadas— de los crímenes contra la mujer es el resultado de una combinación de factores culturales que indirectamente legitiman este tipo de violencia o la ven como secundaria. Según Pitanguy (2009):
Si las mujeres son aún vistas en la sociedad como ciudadanas de segunda categoría, los crímenes contra ellas también son vistos como crímenes de segunda categoría, particularmente los cometidos por hombres que, en función de lazos de intimidad, se atribuyen derechos de propiedad. La impunidad
contribuye a la naturalización de las violaciones a los derechos humanos de las NyA y debilita cualquier acción en su defensa.
La violencia sexual actúa como un tipo de violencia feminicida que es parte del continuum y de la acumulación de otras dimensiones de la violencia. Según el principio de intersección desde el cual se parte en esta investigación, diferentes tipos de violencia pueden interrelacionarse con la violencia sexual. La intersección es una dinámica generadora de diversas formas de violencia a través de la confluencia de diferentes factores y condiciones.
Este marco analítico permite ver que existen diversas interrelaciones que actúan de forma no jerárquica entre las diferentes dinámicas de violencia. En la siguiente figura se visualizan dichas interrelaciones.
Figura 2.1. Continuum de la violencia sexual-violencia feminicida e interrelaciones con otras formas de violencia.
Desaparición
Violencia sexual
Feminicidio/femicidio
Suicidio Violencia feminicida
Muerta materna
Falta de acceso ILE
Elaboración de Emanuela Borzacchiello para CLADEM. 2021.