parar”, agrega, mientras se acomoda una blusa que deja ver gran parte de sus pechos y se ajusta su cortísimo pantalón. Antes, esperaban a que la oscuridad se impusiera para salir a “buscársela”. Ahora, aunque ocupan la calle más temprano y la abandonan bastante tarde –alrededor de las 2:00 de la mañana–, son abordadas por menos clientes. “La demanda se ha reducido en casi un 50%. Ese Procurador está mal. Uno no le pone una pistola al cliente. Ellos se detienen si quieren”, dice Nena, compañera de Vianca. Nena, de 31 años de edad, habla del tema sin dejar de colorearse las mejillas. Se prepara para su jornada cuando la tarde está en sus últimas horas. Dice que llega más temprano porque “en la nochecita es que la Policía arrecia de verdad”.
FOTOs: orlando ramos
El Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), que trabaja en la orientación de las trabajadoras sexuales, estima que unas 40,000 mujeres en el país se dedican al comercio de sexo en lugares públicos y negocios privados. En el Distrito Nacional, las mujeres que ejercen el trabajo sexual en las inmediaciones del Parque Independencia (Zona Colonial) también denuncian que la disposición de la Procuraduría les afecta de manera significativa. La esquina de la avenida Bolívar con Palo Hincado luce más desolada de lo común alrededor de las 11:00 de la noche. La mayoría de las mujeres optaron por mudarse ante el acoso de las autoridades. Algunas ejercen en bares y otras se mantienen cambiando de sitio, como el Parque Enriquillo, en la avenida Duarte. Mirna, que tiene seis meses ocupando esa zona noche por noche, no estaba enterada de la medida de la Procuraduría. Todavía hay mucha desinformación entre las mujeres. “Yo veo aquí todo normal, lo
mismo siempre. No me he dado cuenta de nada”, indica. El equipo de La Lupa Sin Trabas que recorrió los lugares donde se agrupan trabajadoras sexuales para conocer su situación comprobó que muchos clientes desconocían la disposición de Domínguez Brito. Al preguntarles a los hombres que abordaban meretrices muchos se burlaron de la disposición de la Procuraduría, asegurando que era imposible acabar con el denominado “oficio más antiguo del mundo”. “Por un bizcochito como este yo me voy a la cárcel conforme”, dice un potencial cliente en tono de broma, al referirse a una de las chicas que se congregan en la avenida George Washington, en el Centro de los Héroes. Las mujeres que ofrecen sus servicios de placer en el monumento conocido como “la bolita del mundo” prueban alternativas para negociar con los hombres de forma que la Policía no les aprese. Carolina, de 25 años de edad
y con siete años en el comercio sexual, relata que algunas distribuyen sus números de teléfonos en tarjetas entre potenciales clientes para que las citen después en algún lugar. “Por ahora me estoy manejando con los clientes fijos. Ellos me llaman para decirme en qué cabaña (motel) están y la habitación, y yo cojo para allá en un taxi”, cuenta. A los transexuales que operan en la avenida Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, también les ahuyentaron a los clientes. ¿Trabajadoras o abusadas?
En varios países la prostitución se debate desde dos puntos de vistas clave: que es un oficio cualquiera y que quien lo ejerce debe de recibir beneficios como seguro médico y pensión; o que se trata de una violación a los derechos de la mujer, por lo que debe ser castigado quien demande el servicio sexual.
Resultados La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, creada en mayo pasado, con el magistrado Jonathan Baró a la cabeza, ha realizado allanamientos en San Cristóbal, donde rescató a seis chicas de entre 15 y 17 años de edad que eran explotadas sexualmente. Ha clausurado bares en Bonao y Montecristi que se dedicaban a la explotación sexual, incluso con menores, y al comercio de drogas. El 26 de junio apresó por 24 horas a tres estadounidenses que procuraban los servicios de prostitución en “la bolita del mundo”. “Sosúa es nuestra prioridad. Próximamente vamos con Boca Chica, el tema de Las Terrenas en menor medida y todavía Bávaro no tiene una situación. Pero hay algunas comunidades como Friusa, que tiene ciertos niveles que no queremos que se nos vaya de las manos. Y luego aquí en Santo Domingo hay muchas redes con menores”, explica Francisco Domínguez Brito.
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Domínguez Brito defiende el segundo enfoque. Desea combatir la trata de mujeres a través del apresamiento de los clientes. Pero organizaciones como Modemu y el COIN (Centro de Orientación e Investigación Integral) están en desacuerdo y entienden que el funcionario confunde el delito de la trata de personas con el oficio de la prostitución. En el país ninguna disposición jurídica prohíbe que una persona se prostituya, pero sí penaliza a los proxenetas en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta legislación castiga a quien mediante la captación, el traslado, la acogida –recurriendo a la amenaza, rapto, engaño, abuso de poder, o concesión de pagos– obtiene el consentimiento de una persona para inducirla u obligarla a que ejerza cualquier clase de explotación sexual, aun con su consentimiento. El victimario sería condenado con penas de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos.
El artículo 334 del Código Penal Dominicano, que castiga el delito del proxenetismo con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, plantea en su numeral 5 que será considerado proxeneta a quien: “contrata, entrena o mantiene, aún con su consentimiento, una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad con miras a la prostitución, la entrega a la prostitución, o al desenfreno y relajación de las costumbres”. También la Constitución, en su artículo 41, prohíbe en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. “En el fondo estas mujeres (las trabajadoras sexuales) son víctimas de un sistema, la mayoría empieza a muy temprana edad. Me parece que el enfoque de ser trabajadora sexual es muy utilitarista, muy mercantilista, como si el cuerpo, la dignidad del ser humano, fuera un objeto dentro de un sistema capitalista de oferta y demanda”, opina Domínguez Brito.
Zona rosa La diputada por San José de Ocoa Esther Minyety sometió hace tres años un controvertido proyecto de ley con el que se crearía una “zona rosa” o “zona de tolerancia”, con el que buscaba especificar lugares donde se podía ejercer el trabajo sexual. Ese proyecto perimió y en mayo pasado reintrodujo el proyecto con recomendaciones del COIN y Modemu, en el que convierte esa zona en un lugar donde las trabajadoras sexuales reciban atención médica, educación y apoyo. No estipula sanciones a los hombres que utilizan sus servicios, sino a las personas que regentean el servicio y se lucran.
Basándose en el Código Penal, la Procuraduría plantea acusar a los clientes del delito de proxenetismo. “Empezamos un proceso de primero pensar en el Código Procesal Penal, hacer las detenciones, las depuraciones de lugar... porque muchas de esas personas tienen expedientes antiguos relacionados con abusos de menores, muchos de ellos con niveles de perversión muy altos”, puntualiza Domínguez Brito. Para la directora ejecutiva de Modemu, Jacqueline Montero, el cliente no tiene que ver ni con trata ni con proxenetismo. “Con los clientes es una negociación que se hace de una vez, informal, ahí mismo, se resolvió y ya. Si te vi no me acuerdo, no tiene nada que ver con eso”, apunta. “Una mujer que es trabajadora sexual está consciente de que es su trabajo. Si se va con un cliente, primero se negocia el condón y el dinero adelante”, dice. “Si yo quiero con mi cuerpo hacer un instrumento de música y que me lo toque quien sea, esos no son problemas de nadie”, resalta.
Consecuencias
Arrestar a quienes demanden los servicios de las trabajadoras sexuales empeora la situación económica y social de esas mujeres y acentúa el estigma que siempre se ha tenido respecto a ellas, de acuerdo con Montero, quien afirma que a las mensajeras de Modemu se les ha dificultado desarrollar su labor de orientación luego de que la Procuraduría desencadenó la persecución contra las clientes. “Habrá muchos abortos, mucho VIH, gonorrea, sífilis, un brote; porque cuando ellas no reciben el mensaje ‘están sueltas’. Las mensajeras no les dan el mismo seguimiento para que vayan al chequeo médico mensual porque no las encuentran”, advierte. Montero dice que históricamente los policías, en franco abuso de poder, exigen a las chicas sus servicios sexuales gratis y hasta las violan, por lo que con la disposición del Procurador General esos atropellos aumentan porque los uniformados se sienten con mayor autoridad.
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Con los clientes es una negociación que se hace de una vez, informal, ahí mismo, se resolvió y ya. Si te vi no me acuerdo, no tiene nada que ver con eso.
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Jacqueline Montero, directora ejecutiva de Modemu
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