ALONSO URRUTIA, ENVIADO

LA 4T, SÓLO UN ESLOGAN, AFIRMA EL RESPONSABLE DEL ALBERGUE LA 72 Migrantes, moneda de cambio entre la corrupción y la violencia: fray Gabriel

ALONSO URRUTIA ENVIADO TENOSIQUE, TAB.

“En Honduras la violencia está perra”, resume Christian para explicar por qué salió solo, a los 16 años, de su tierra. En su corta vida, el destino siempre le ha jugado las contras: abandonado por su padre casi al nacer, su madre se deshizo de él en cuanto pudo y lo dejó con su abuelo. Los maras le “perdonaron” la vida y le dieron 24 horas para decidir enrolarse o salir.

Era ya la tercera amenaza. Frente a ello, Christian intuyó que no habría otra; a la siguiente irían por él de una u otra forma. Tenía que salir de Tegucigalpa.

Los maras se han consolidado su terror en Honduras, uno de los principales factores de la migración. María es oriunda de Choluteca, localidad presa de las extorsiones masivas, de las que fue víctima su marido. Electricista de oficio, su pequeño negocio comenzó a crecer. Mientras ayuda en la cocina, María apenas murmura. “Lo amenazaron, tuvimos que huir para que no lo mataran.”

Christian es un joven tímido, espigado. No trae un peso encima, pero sí un sueño: llegar a Houston, con su tío. Por ahora, vive en el albergue de La 72 adonde llegó hace tres meses por la ruta del Ceibo.

A la espera de una visa humanitaria para remprender su trayecto hacia el norte, Christian cumplió ya 17. Como él, hay decenas que han encontrado en La 72 un respiro en la zozobra y el cansancio de quienes están a la espera de ese papel o el refugio en México.

“El migrante está convertido en moneda de cambio” entre la corrupción y la violencia, resume fray Gabriel, responsable de La 72, albergue de franciscanos que en su nombre honra a otros trashumantes, los que fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas en 2010.

Pese al tiempo transcurrido desde ese horrendo hecho, poco ha cambiado, lamenta el fraile: “Esta Cuarta Transformación, en materia de migración es sólo un eslogan, no se percibe. Los operativos en su contra han sido muy violentos, por la facultad que tiene ahora la Guardia Nacional de participar en migración”.

A la entrada de la oficina de Francisco Santiago, responsable de asistencia humanitaria de La 72 hay un mural: unas manos atadas coronadas con las efemérides más terribles asociadas a migrantes: 23/8/10 Masacre de San Fernando; 13/5/12, cuerpos mutilados en Cadereyta; 20/4/11, fosas en el norte de México. La cuenta de las tragedias que acumulaba el país se detuvo hace años en ese mural. No caben más, pero no ocurre así con la memoria de Santiago.

“Los riesgos han aumentado para los migrantes. Antes hablábamos de que los asaltaban… Hoy es asalto con violencia, secuestros, extorsiones, muerte, agresiones sexuales.”

El activismo que hacía La 72 bajo las órdenes de fray Blas, para denunciar las violaciones a derechos humanos y las autoridades involucradas, se tuvo que detener. Empezaron a llegarles amenazas de muerte. Se optó entonces por dar prioridad a la asistencia humanitaria.

La violencia contra migrantes no se detiene. “Hace poco tuvimos un código morado, dice Santiago con la congoja de quien ha incorporado términos así a su habla cotidiana. –¿Código morado? –Sí. Una hondureña violada. Código morado son los casos extremos que requieren de atención humanitaria especial.

Para tales casos, al fondo de La 72 se ha reservado una pequeña casa, un espacio apartado para que, en soledad, únicamente con atención sicológica, quienes llegan en esa condición extrema procesen, en lo posible, ese desgarramiento personal.

Recientemente se han sumado algunos de esos códigos morados, comenta Janeri Hernández, la trabajadora social que es la primera parada para la atención de estos dramas personales: además de la violación, semanas antes había llegado otra migrante también hondureña, víctima de trata.

Mujeres, niños y adolescentes

Aunque temporalmente se han reducido los flujos migratorios, a las puertas de La 72 aún aguardan decenas de personas para ingresar. Sin embargo, la nueva embestida del covid alcanzó finalmente al albergue después de dos años de rígidas precauciones y obligó a reducir la capacidad de 250 a 170 personas, con opción preferencial para mujeres, niños y adolescentes.

“Antes de la pandemia atendíamos a 500 personas al día”, apunta Santiago para ilustrar la reducción en la actividad del albergue. Eran los tiempos en que La Bestia –el tren que construyó su leyenda– saturado de migrantes dejaba su caudal de muertos, lisiados y miles de historias de abusos en su trayecto.

“Cuando empezaron las obras del Tren Maya levantaron las vías” y esa ruta se terminó, explica.

Aun con el soporte de Médicos sin Fronteras y el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para atender la salud de sus residentes, pronto sólo este último absorberá la demanda, pues como parte de su estrategia de asistencia humanitaria en el país, ha definido ocho puntos de atención y en La 72 se ha instalado el más cercano a este lado de la frontera con Guatemala.

Aunque lleve días la espera para ingresar al albergue, los migrantes tienen garantizada la alimentación, especialmente una suerte de respiro frente al acecho: la extorsión de grupos criminales y autoridades migratorias. “A 100 o 200 metros de distancia, ya los extorsionan y

▲ Escena en La 72. Foto Comité Internacional de la Cruz Roja/ Armando Vega

estando aquí afuera, por lo menos los respetan.” –¿El gasto de la operación anual del albergue?

Fray Gabriel hace cuentas: en 2020, el costo fue de 1.7 millones de pesos. Para 2021, subió a 2 millones. Sus cifras cuadran con los migrantes atendidos: en 2018 fueron 15 mil; hace dos años, por el impacto de la pandemia, bajó a 5 mil, pero en 2021 hubo un repunte y se llegó a 10 mil albergados.

Aunque el albergue es amplio, la crisis sanitaria modificó estructuras y la propia capilla debió transformarse en estancia y dormitorio.

Y no deja de impactar: un lugar de oración donde hoy, decenas de migrantes pernoctan en colchonetas al amparo de 72 cruces. Las mismas de San Fernando.

El INM llama rescate humanitario a la persecución de expatriados: académica

NÉSTOR JIMÉNEZ

El Instituto Nacional de Migración (INM) usa el término “rescate humanitario” como “eufemismo”, ya que en realidad se trata de detenciones en medio de una campaña de persecución, explicó Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

La implementación de esa expresión comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo ha retomado el instituto en los últimos meses de manera constante para reportar casi a diario operativos de ese tipo.

Si bien, de acuerdo con la legislación, las detenciones en materia migratoria están catalogadas como aseguramientos, “en realidad es un término que comenzó a usarse en 2013 o 2014, y justo a partir de ese año empieza a emplearse de manera cotidiana”, agregó.

A finales del año pasado, tras el accidente en que murieron 56 migrantes en un tráiler, hubo una pausa en los operativos; no obstante, a partir del 1º de enero, se incrementaron. Hace una semana el INM informó del rescate de tres mil migrantes en dos días.

“Los que hemos trabajado temas migratorios desde hace décadas sabemos –y está documentado– que a mayores operativos no se puede traducir en mayor seguridad para las personas, sino viceversa.”

Nuñez explicó que entre más operativos, los migrantes se ven forzados a recurrir a opciones más extremas para dejar sitios como Tapachula o localidades del sur del país en busca de llegar al norte de México o a Estados Unidos, lo cual los orilla a mayor peligro.

Subrayó que de tratarse de rescates, implicaría que las personas son víctimas de un delito, por lo cual las autoridades estarían obligadas a otorgar de manera automática un permiso humanitario o una condición de refugio, ya que escapan de un acto de violencia.

Además, apuntó que el INM cambió su política de difusión de estas medidas de contención: “Me parece que es un intento de disuasión, es mandar el mensaje de que se está haciendo, visibilizar, para decir que si vienen a México serán detenidos”.

Al usar de manera indistinta el término de “rescate humanitario” con las detenciones migratorias, provoca que se “encubra” delitos de trata, privación de la libertad o “la práctica que realmente sucede por parte de las autoridades migratorias”, por lo que llamó a que “se llamen las cosas como tal” para contar con cifras de cada tipo de ilícito.

En este caso, dijo, se encuentran las estaciones migratorias, ya que recordó que legisladores buscaron catalogarlo como centros de asistencia humanitaria, pero que en la práctica son sitios de detención de migrantes con estancia irregular.

DESDE EL OTRO LADO Mesura en el juicio

ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

LO PRIMERO QUE se debe de convenir es que Biden apenas tiene un año en la presidencia, lo segundo es que ese periodo ha estado marcado por una necia pandemia que no cede y se renueva con insólito vigor, y lo tercero es el muro opositor donde se estrellan sus propuestas. Por ello, llama la atención que se le critique, acremente o se descalifiquen sus intenciones por superar las lacras que, en particular en política migratoria, perpetró su antecesor durante cuatro largos años. MEDIANTE SENDAS ÓRDENES ejecutivas, Trump estableció que cualquier persona que fuera o pareciera indocumentada debería ser deportada de inmediato, sin respetar los procedimientos establecidos para el caso; suprimió fondos federales destinados a servicios sociales a cualquier ciudad que se declarara como “santuario”; multiplicó sustancialmente los acuerdos de la agencia de asuntos migratorios y aduanales (ICE) con autoridades de policía locales y estatales para coadyuvar en labores de detección y detención de migrantes, y en pleno delirio mandó erigir un oprobioso muro para separar a dos naciones inspirado en sus sueños medievales. Todo ello, cabe agregar, con el aplauso de la mayoría de los senadores republicanos.

A CONTRAPELO DE la oposición republicana, Biden restableció los procedimientos para que los migrantes puedan tener juicio y defensa en las cortes antes de ser deportados; ordenó una moratoria de 100 días en la deportación de quienes hubiesen sido detenidos antes de noviembre de 2020 (un juez federal de Texas la invalidó con el beneplácito del gobernador de ese estado); prohibió que las agencias migratorias y aduanales detuvieran a migrantes en las cortes y en los sitios en que se aplicaran pruebas covid; suspendió las redadas sorpresivas en sitios de trabajo para detener a supuestos indocumentados. Pero la que pudiera ser más trascendente es la propuesta expresada en su discurso de toma de posesión y reiterada hace unos días a fin de que el Congreso se avoque a una reforma migratoria que incluya una vía para que los millones que ya viven en el país puedan legalizar su situación migratoria.

CLARO QUE FALTA mucho por hacer, pero quienes apoyan el bienestar de los migrantes tienen que actualizar su discurso y aquilatar lo poco o mucho que en circunstancias tan complicadas ha realizado Biden en esa materia. La crítica, sin el menor análisis y mesura, solamente abonará en las pretensiones de quienes impiden una política migratoria sensata y justa.

Falleció César Navarro Gallegos, luchador social y eterno rebelde

LAURA POY Y CÉSAR ARELLANO

Maestro normalista, médico e historiador, César Navarro Gallegos falleció este domingo en la Ciudad de México a los 71 años, luego de una larga enfermedad. Investigadores, académicos, maestros y ex alumnos lamentaron su deceso y lo recordaron como un “eterno rebelde, un luchador, el compañero de mil batallas”.

Comunista y firme defensor de las causas sociales, “nunca dudo en definir con claridad de qué lado quería estar: con el pueblo, con los campesinos, con los maestros y con todos los que luchaban por una sociedad más justa”, afirmaron.

Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó su maestría, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango, su entidad natal, y profesor normalista por la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, Navarro Gallegos se formó políticamente en el Partido Popular Socialista (PPS) radical de los años 60, junto a Alejandro Gascón Mercado y el líder campesino Álvaro Ríos Ramírez.

Profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Instituto José María Luis Mora, desde muy joven, recordó su hijo e historiador Pavel Navarro, acompañó las invasiones de tierras en defensa de los campesinos.

Militó en el PPS hasta que “empezó a torcerse” por el fraude electoral en Nayarit y luego pasó al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), su última etapa partidista, aunque “siempre encontró causas a las cuales apoyar: movimientos de trabajadores, magisteriales, el zapatismo y de solidaridad con Cuba”.

Tras recibir en 2018 la Presea al Mérito Espíritu de San Marcos, José Santos Valdés, recordó que su madre, maestra cardenista, le informó al concluir la primaria que iba a ir a la normal rural. “Llegue a los 11 años. Era un internado. Una escuela para pobres, influidos por el socialismo. Con una gran formación política, fue mi casa durante seis años”.

Tatiana Coll, compañera de Navarro Gallegos por varias décadas e investigadora de la UPN, recordó que desde sus años de estudiante de medicina inició una larga trayectoria de lucha, que lo llevó a acompañar a campesinos, trabajadores y maestros, pero también a los pueblos de El Salvador y Cuba. “Durante muchos años impulsamos la Promotora Va por Cuba y estuvimos presentes en muchos momentos importantes en la isla”.

Coautores en las obras La mala educación en tiempos de la derecha: Política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox y El secuestro de la educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, entre otros, Coll apuntó que “algo que lo caracterizó fue una inteligencia clara, muy aguda, lúcido.

“Tenía una capacidad enorme de mirar estratégicamente los procesos, lo que nos llevó a ir incorporándonos a las huelgas en la UPN y avanzar en el trabajo conjunto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con los maestros del país, pero un tema muy entrañable para él, y que lo motivaba mucho, fueron las normales rurales”.

La investigadora Tanalís Padilla, experta en el estudio del normalismo, recordó que “tenía mucha claridad sobre su importancia. Decía que no se podía entender los movimientos campesinos del siglo XX en México sin conocer el papel que tuvieron los egresados de las escuelas normales rurales. Tenía una comprensión casi orgánica de ellas y del proyecto cardenista”.

Francisco Bravo, ex dirigente del magisterio disidente en la Ciudad de México, afirmó que en los momentos más difíciles de la lucha magisterial, “puso su pluma al

▲ El maestro César Navarro, colaborador con artículos de opinión en este diario, al recibir la Presea al Mérito Espíritu de San Marcos, José Santos Valdés en 2018. Foto La Jornada

servicio de la verdad, sin importar la represión. Nunca dudó en manifestar públicamente de qué lado estaba. Su partida nos deja un enorme vacío, pero también una gran enseñanza de congruencia y valor”.

Exigen a la FGR que atraiga investigación sobre crímenes cometidos hace más de 10 años en penal de Piedras Negras

JESSICA XANTOMILA

A más de una década de los “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en el penal de Piedras Negras, Coahuila, por parte de Los Zetas –con anuencia de las autoridades–, pocos son los altos mandos enjuiciados, por lo que víctimas y sus familiares siguen sin acceder a la verdad y la justicia, denunciaron organizaciones. Ante ello, llamaron a la Fiscalía General de la República a atraer el caso.

En este Centro de Reinserción Social (Cereso), entre 2009 y 2012 este grupo criminal torturó, asesinó y desapareció personas, por lo menos a 150, y lo usaron “como un centro de distribución” y operación, tenían el control absoluto, era “un refugio donde podían entrar y salir a discreción”, recordó Enrique Martínez, encargado del área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Yolanda Vargas, madre de Brenda Zúñiga Vargas, policía municipal de esta ciudad desaparecida desde 2010, platicó a La Jornada que el año pasado, a través de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, se enteró de que el nombre de su hija está en el expediente de este caso como una de las más de cien personas que habrían sido llevadas a esa prisión y que “ya no salieron”.

“Un reo del penal la identifica como una de las muchachas que entró al Cereso y ya no salió”, dijo. Sin embargo, aseguró que a la fecha la Fiscalía General del estado no le ha notificado nada al respecto. En el expediente, dentro de la averiguación de la desaparición de Brenda, “tampoco aparece nada sobre esto, pero si mi hija entró al penal, que investiguen qué pasó con ella”, demandó.

Yolanda recordó que la última vez que vio a su hija fue el 21 de junio de 2010, cuando Brenda, de 21 años de edad y madre de dos menores, la visitó en su trabajo. Al salir a buscarla, “encontramos desorden en su casa y vimos que alguien llevaba su vehículo, le avisamos a las autoridades. La fiscalía lo detuvo para sólo tomarle su declaración y tan pronto lo soltaron yo ya estaba recibiendo amenazas”, narró.

Enrique Martínez recordó que masacres como las de Allende en 2011 también apuntan a este Cereso. “Lo que sabemos es que personas que fueron desaparecidas en esa ciudad pudieron haber sido llevadas al centro penitenciario, y también que gente que estuvo cooperando para poder hacer esto pudo haber salido del propio penal”.

Ariana García, asesora jurídica de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, afirmó que servidores públicos, principalmente del área de seguridad, coludidos con la delincuencia organizada, participaban en las detenciones y en el ingreso de cuerpos al Cereso, que “eran mutilados y cocinados, se les vertía en tambos con ácido”. Ante ello, aseveró, “es indispensable que la federación atraiga este caso”.

Acciones de seguridad en QR se coordinaron con México: Salazar

El embajador de EU asegura que cualquier involucramiento se realizará de manera transparente

EMIR OLIVARES ALONSO

Después de que el gobierno de México exigiera al de Estados Unidos aclarar la participación de sus agentes en las investigaciones por el asesinato de dos canadienses en Quintana Roo –en lo que apunta a ser un crimen relacionado con la delincuencia organizada–, el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar, afirmó que esa cooperación se realizó de manera transparente y en coordinación con las autoridades mexicanas.

En una breve declaración difundida ayer, el representante de la Casa Blanca dijo que las acciones de seguridad en los dos países que se efectúen con base en la nueva estrategia de cooperación en la materia –el Entendimiento Bicentenario– ponderarán las soberanías nacionales.

“Con respecto a las operaciones de seguridad tanto en México como en Estados Unidos, se respetará la soberanía de ambos países. Como es el caso con las investigaciones criminales del gobierno de Quintana Roo, cualquier involucramiento de agencias de procuración de la justicia federal estadunidense en México se llevará a cabo de manera transparente y en estricto concierto con las autoridades mexicanas”, aseguró Salazar.

Sus palabras fueron dadas a conocer por la embajada estadunidense. El diplomático agregó: “Bajo el Entendimiento Bicentenario de seguridad, Estados Unidos y México abrieron la puerta a una nueva era de cooperación en seguridad que se basa en resolver la violencia como responsabilidad compartida. Espero con interés promover ese diálogo durante la reunión de mañana (lunes)”, la cual se realizará en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estas afirmaciones se dan cuando diversas voces han asegurado que en las indagatorias sobre el asesinato en un complejo turístico cercano a Playa del Carmen de dos ciudadanos de Canadá –que cuentan con historial delictivo en su país–, a manos de un hombre que se dio a la fuga (también canadiense), se han sumado elementos de la Administración de Control de Drogas y de la Agencia Federal de Investigaciones (DEA y FBI, respectivamente, por sus siglas en inglés), así como instancias canadienses.

En su conferencia matutina del viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que agentes de la FBI participaron en la investigación de Quintana Roo y demandó al representante en México de Washington un reporte de la actividad de estos efectivos.

Dijo que a diferencia del pasado, ahora ingresan agentes estadunidenses en territorio mexicano pero de manera transparente y con una normativa específica. Esto luego de que en semanas pasadas se les otorgaran visas para su actuación en México con apego a la normativa nacional.

El jueves pasado, en declaraciones a una radiodifusora, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que efectivos de la DEA y de la FBI, al igual que de la Policía Montada de Canadá, viajarían a la zona del crimen para apoyar las investigaciones. Un día después, el mandatario local dijo que los agentes extranjeros no participarían en la indagatoria, sino que sólo habría intercambio de información.

Busca FGR revertir resolución de juez federal que exoneró a 17 ex funcionarios penitenciarios

Los ex servidores habrían benefi ciado a constructoras de ocho prisiones

GUSTAVO CASTILLO

Este lunes vence el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente el recurso de apelación en contra del sobreseimiento de las acusaciones formuladas en contra de 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal señalados de presuntos actos de corrupción que beneficiaron a las empresas constructoras de ocho centros de reclusión que se contrataron durante el gobierno de Felipe Calderón.

Funcionarios ministeriales indicaron que la FGR buscará que un tribunal revoque la resolución emitida por el juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien determinó que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa que se imputaron a tres de 17 acusados ya habían prescrito, y que el resto de los ex servidores públicos no habían incurrido en actos ilícitos, ya que los convenios modificatorios que signaron no estuvieron relacionados con el incremento en los costos de construcción de los ocho ceferesos.

Contratos autorizados por Genaro García Luna

Los centros federales que se señala fueron construidos con sobreprecio, se contrataron entre 2010 y 2011 con recursos privados y autorización de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

En enero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina una maquinación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2010, al entregar en adjudicación directa ocho contratos a la iniciativa privada para igual número de reclusorios con un costo total de 266 mil 300 millones de pesos, y que una vez finalizado el trato, las instalaciones continuarían perteneciendo a los empresarios.

Los centros construidos con recursos privados se localizan en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.

A la opinión pública. A la comunidad universitaria.

El Pabellón Nacional de la Biodiversidad, del Instituto de Biología de la UNAM, es un proyecto arquitectónico de tres niveles, que alojará Cuatro Colecciones Biológicas Na de la Biodiversidad y la agenda de trabajo del Instituto de Biología, que está pendiente de nuestra Universidad, se debe respetar la bilateralidad que establece el Contrato instalaciones de la UNAM.

¡Solución satisfactoria para los trabajadores del Instituto de Biología! ¡Exigimos respeto al Contrato Colectivo de Trabajo! ¡Rechazo total a la privatización dentro de la UNAM! ¡Siempre salvaguardar los derechos de los trabajadores universitarios sindicalizados!

SRE prepara mecanismos de protección para mexicanos en Mundial de futbol

En video, Marcelo Ebrard señaló que se espera asistan unos 80 mil connacionales a la justa de Qatar

EMIR OLIVARES ALONSO

Aun cuando la selección de futbol de México no ha concretado boleto directo para participar en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya trabaja en ese país para establecer mecanismos de protección a los connacionales que asistan.

En un video que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón difundió ayer en sus redes sociales, se informó que la expectativa es que unos 80 mil mexicanos acudan al Mundial de futbol. De acuerdo con los organizadores, México es hasta ahora el tercer país inscrito con mayor demanda de boletos.

El 20 de enero la FIFA informó que en las primeras 24 horas del periodo inicial de ventas se solicitaron más de 1.2 millones de entradas. La mayor parte fue de aficionados de Qatar, Argentina, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia.

En una conexión remota, entre el canciller y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado, quien se encuentra en Doha, capital de Qatar, ésta aseguró que se establecerán consulados móviles en los estadios donde juegue el tricolor y en puntos de concentración de aficionados. La justa se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

“Esto nos genera un enorme desafío porque implicará una inversión muy amplia en campañas de protección preventiva, en primera instancia orientadas a que nuestra

En Doha, niños observan el reloj que lleva la cuenta oficial para el inicio de la copa. Foto Ap

afición se familiarice con algunas conductas, usos y costumbres que, por la cuestión cultural pudieran constituir un problema”, señaló Delgado en el video, donde aparece acompañada de la embajadora de México en Qatar, Graciela Gómez, aunque no dio detalles sobre acciones que podrían representar esas faltas.

Qatar es un país árabe con tradición musulmana donde las costumbres y tradiciones son muy diferentes a las de Occidente.

Hasta la mañana de ayer, la escuadra de la Federación Mexicana de Futbol estaba en tercer lugar en las posiciones de la eliminatoria de la Concacaf, por debajo de Canadá y Estados Unidos y seguida por Panamá y Costa Rica. Clasificarán de forma directa los equipos que terminen en las tres primeras posiciones y el cuarto jugará su boleto en repechaje, aunque al cierre de esta edición había partidos y las ubicaciones podrían cambiar.

La cancillería informó que la subsecretaria Delgado y la embajadora Gómez se reunieron ya con autoridades qatarís y el Comité Organizador del Mundial. Se dijo que el idioma oficial en ese país es el árabe, aunque durante la competición se usará el inglés.

En el video también hay una breve conversación de Delgado con el director general del Mundial de Futbol de Qatar, Nasser Al-Khater, quien dijo: “Los mexicanos han sido de los mayores aficionados en todas las copas mundiales y nos gustaría que vengan y presenten su cultura, su música, su comida, y también disfruten de muy buen futbol”.

¿Tiempos de guerra?

DAVID PENCHYNA GRUB

Una larga tradición de estudiosos de la política internacional ha señalado que la ausencia de barreras naturales como desiertos o cordilleras, la escasez de mares cálidos y las amplias planicies que se abren camino hasta Moscú han moldeado el carácter de las relaciones internacionales rusas desde que esa nación era un pequeño principado.

Como destaca el veterano editor de asuntos internacionales Tim Marshall, la vulnerabilidad geográfica rusa cuenta con antecedentes históricos importantes. En el periodo que va de la invasión napoleónica de 1812 hasta la Segunda Guerra Mundial, Rusia estuvo involucrada en conflictos bélicos en la llanura norte de Europa cada 33 años. Desde la disolución de la Unión Soviética, en 1991, Ucrania le reviste particular interés por sus riquezas naturales, pero sobre todo, por su estratégica posición geográfica y el origen ruso de 17 por ciento de sus habitantes.

No es ningún secreto que desde la “revolución naranja” (2005), Ucrania comenzó un proceso de cambio político en el que la sociedad ha pujado por una creciente democratización, la cual no sólo ha dado mayor peso institucional al parlamento, sino que se ha traducido en una menor influencia política de Moscú.

Paralelo a esto, durante las dos primeras décadas del siglo XXI Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia Eslovenia, Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Macedonia –países que pertenecieron a la órbita soviética durante gran parte del siglo pasado– se han sumado como miembros de la OTAN. Lo cual, sobra decir, es percibido por Moscú como creciente amenaza a la integridad e intereses de la Federación Rusa.

La anexión rusa de Crimea, en 2014, parece haber abierto un nuevo capítulo en las tensiones regionales, las cuales hoy parecen renovarse después de que diversos reportes de inteligencia han confirmado la presencia de cerca de 100 mil tropas cerca de la frontera ucraniana.

Sobre lo que percibe como amenaza existencial, el presidente ruso ha respondido a la creciente influencia de la OTAN utilizando el tiempo a su favor. La alta inflación en los precios de combustible, las tensas relaciones entre miembros de la OTAN legadas por Trump y la dependencia europea al gas ruso presentan condiciones inmejorables para lograr una negociación favorable. La alta desaprobación del presidente Joe Biden (50 por ciento) a unos meses de que comiencen las elecciones intermedias de Estados Unidos compromete la posibilidad de una respuesta unificada y asegura la politización de cualquier medida tomada por la Casa Blanca sobre Rusia. De forma coincidente, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, cuenta con un respaldo popular de sólo 28 por ciento, frágil legitimidad que sin duda puede ser capitalizada por el mandatario ruso.

Ciertamente, existen muchas especulaciones respecto del “juego político” puesto en marcha por Putin, sobre sus causas, objetivos y consecuencias finales. Desde la anexión de Crimea, algunos analistas han señalado que su intención consiste en hacer de Donbas una región autónoma, mantener cierto control sobre las instituciones ucranianas mediante la representación parlamentaria de la región, lo que, entre otras cosas le permitiría dinamitar cualquier intento de la asociación a la OTAN.

Las autoridades ucranianas, por otra parte, parecen desestimar la preocupación compartida por otras naciones sobre una posible ofensiva de tropas rusas. Recientemente, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, comentó a la BBC que “el número de tropas rusas no está aumentando de la forma en que la gente muestra hoy día. ¿Llevan a cabo los movimientos allí? Sí, pero lo han estado haciendo todo el tiempo. Ese es su territorio y tienen derecho a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Es desagradable para nosotros? Sí, lo es, pero no es nada nuevo en nuestra historia. No. Si esto es una novedad para alguien en Occidente, pido disculpas”.

“La máxima prioridad para Rusia –añadió el secretario– es agitar la situación interna de nuestro país, y hoy, lamentablemente, tienen mucho éxito. Nuestra tarea es hacer nuestro trabajo en una atmósfera tranquila y equilibrada. Eso es lo que hacemos.”

En la misma línea, el analista político y fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer, ha señalado que la intención de Moscú apunta a dividir a Estados Unidos y Europa. La estrategia parece estar dando resultados, mientras Joe Biden ha insistido en posibles sanciones económicas, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron han señalado públicamente la ineficacia de las sanciones y las consecuencias que éstas parecen tener para sus propias economías. Ambos han declarado su preferencia por la vía diplomática.

Aunque el tono adoptado por Ucrania parece responder a la reciente incertidumbre financiera generada por la cada vez mayor percepción de riesgo, lo cierto es que, como señala Bremmer, una incursión militar en territorio ucraniano podría tener un efecto no deseado por Putin: la respuesta unificada de las potencias occidentales.

Esto no significa, sin embargo, que las tensiones no sigan escalando o que Rusia renuncie a poner en marcha estrategias militares no convencionales. Después de todo, Rusia no puede permitir que una ex república soviética adopte un modelo político-económico pro occidental. La viabilidad de una ex república soviética como Estado democrático tendría consecuencias devastadoras para la integridad de la Federación Rusa.

Más allá de las especulaciones, hay que decir que el legado de esta crisis pasa por la capacidad de los actores para resolverla. Putin ha intuido, quizá de manera correcta, que los procesos democráticos de los estados “occidentales” estorban cuanto se trata de desarrollar una respuesta unificada frente a una amenaza. Quizá la única victoria que necesita sea demostrar dicha ineficacia. La tarea de Occidente, por otra parte, es más complicada y consiste en demostrar que es posible construir una nación soberana y exitosa con valores democráticos.

CUATRO DE CADA 10 SE SOBREXPLOTAN EN EL PAÍS, SEÑALA Oceana exige norma que garantice recuperación de especies pesqueras

ANGÉLICA ENCISO L.

Cuatro de cada 10 especies de importancia pesquera para el país están sobrexplotadas y no hay medidas para restaurarlas. Sumado a ello, la Carta Nacional Pesquera, que aporta datos del estado actual de las especies marinas, lleva cinco años sin actualizarse y además tiene información que data de hace al menos una década.

Esteban García-Peña, director de Pesquerías en Oceana, informa lo anterior y precisa, que dada la situación de las especies pesqueras, la organización presentó un amparo ante la comisión legislativa del Congreso de la Unión que no establece una norma que garantice la recuperación de especies sobreexplotadas.

Apunta que en 2007 se publicó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la cual privilegia el volumen de pesca y la productividad, pero no contempla la reproducción de 43 por ciento (735) de las especies que se sobrexplotan.

En entrevista señala que esto se refleja en bajos ingresos para alrededor de 300 mil pescadores ribereños que capturan, entre otras especies, mero y langosta, ya que las comerciales que pesca la flota industrial, como el camarón, atún o sardina, no enfrentan este problema. Refiere que el deterioro de las especies lleva a los pescadores a capturar cada vez más lejos de las costas, lo cual ha ocasionado diversos incidentes y tampoco les garantiza obtener producto.

Obligación federal

Destaca que ha habido iniciativas de los pescadores que han logrado restaurar pesquerías como la almeja chocolata en Sinaloa o el verdillo en Baja California Sur, pero se busca que el gobierno federal cumpla con su obligación de recuperación de las especies.

Advierte que además la Carta Nacional Pesquera no se ha actualizado en cinco años, a pesar de que han cambiado los regímenes climáticos en los mares, por lo que se desconoce la situación de las especies.

Precisó que la carta cuenta con 80 fichas que incluyen las 735 especies pesqueras; “la información de ellas es obsoleta, vieja y opaca. Sólo uno por ciento tiene información completa, 4 por ciento tiene fuentes fidedignas y del resto no se sabe”.

Sumado a ello, refiere, de todas las pesquerías sólo 25 por ciento tienen programas de manejo, básicamente la pesquería industrial de crustáceos, atún y sardina.

Esto significa que cuentan con planes autorizados con cuotas, volúmenes, artes de pesca, tipos de lanchas, pero de todas las demás no se sabe cómo se aprovecha.

En tanto, en el Programa nacional de pesca y acuacultura de Conapesca 2020-2024 se informa que el sector ribereño representa 70 por ciento del total de la población pesquera y 0el aprovechamiento pesquero se concentra en 36 pesquerías. El 72.2 por ciento tienen un estado de aprovechamiento máximo sustentable y sólo ubica al atún aleta azul en status de sobrexplotado.

Indica que “no se tiene certeza de contar con una actualización de la Carta Nacional Pesquera en el año 2020 por lo que se optó por no definirla en ese año debido a esta incertidumbre, y únicamente se definieron metas para los años 2022 y 2024”.

Liconsa regulariza pagos a productores de leche, tras demora de 3 años

ANGÉLICA ENCISO L.

Liconsa regularizó, apenas en diciembre, el pago a los ganaderos por la leche que les compra, luego de que durante tres años enfrentaron retraso en los pagos del lácteo que venden a la paraestatal. Sólo durante 2021 las compras de la empresa ascendieron a 550 millones de litros, sostuvo Salvador Álvarez Morán, vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Explicó que cuando el gobierno federal determinó pagar a los productores de forma individual y no a través de las organizaciones, les creó dificultades ya que los pequeños ganaderos generalmente se integran a sociedades de producción rural y cooperativas. Con el cambio en la forma de pago se afectaron esquemas con los que tenían años trabajando, manifestó el también presidente del gremio de productores lecheros de la República Mexicana.

Mediante estas formas de organización, los pequeños ganaderos lecheros realizaban las compras de insumos y con el cambio en el esquema de pago se les comenzó a dar un trato de grandes industriales. Álvarez Morán dijo que a través de las asociaciones entregaban hasta 20 mil litros de leche diarios, pero eran 20 o 50 productores.

Precisó que el padrón de Liconsa es de 6 mil productores de leche y adquiere 7 por ciento de la producción nacional. La falta de pago desincentivó a muchos, pues hubo periodos en los que tardaron hasta seis meses en recibir el dinero, explicó.

Hacia una transición justa en América Latina

MANUEL PÉREZ ROCHA L.* /II

Ante el evidente fracaso del neoliberalismo en América Latina, hay una ola creciente que suena alarmas acerca de meros cambios cosméticos a modelos consumistas basados en un crecimiento económico sin límites. Es imprescindible recuperar el control de los recursos naturales y gestionar su manejo con base en la justicia ambiental y social, y librarnos de la ideología de mercado impuesta desde los centros del poder global.

Hace unos días me tocó moderar, junto con Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, un interesante y urgente seminario en línea, con el título de este artículo, en el cual participaron miembros del Pacto Ecosocial del Sur (https://pactoecosocialdelsur.com/).

Tema central fue el rechazo a que nuestros países y comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes tengan que sacrificar todo recurso natural para satisfacer los llamados green new deals (nuevos acuerdos verdes), diseñados por corporaciones y organizaciones de países, ricos que de manera reduccionista buscan el tránsito de combustibles fósiles a las llamadas energías limpias. No queremos ver firmas petroleras y de gas, que han destruido ecosistemas enteros, convertirse en empresas eólicas o extractivas de “minerales críticos”, que sigan destruyendo las entrañas de nuestros territorios, pisoteando derechos en una nueva fase colonialista, en la que siguen dando por hecho que tienen el derecho a todo recurso natural planetario (https://bit.ly/3KPRG1n).

Breno Bringel, profesor de sociología del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, destacó en el seminario cómo ante reacomodos capitalistas se están dando en América Latina estallidos sociales complejos que van más allá de posiciones políticas de izquierdas y derechas, sino responden a una crisis ecosocial y civilizatoria, siendo la devastación socioambiental, desigualdad, militarización y migraciones forzadas todas caras de la misma moneda. Destacó cómo gobiernos progresistas en la región no han estado a la altura ante la situación límite del planeta.

Pablo Bertinat, coordinador del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, explicó que desde lo local se dan transiciones energéticas populares alternativas, mediante resistencias a proyectos extractivos y movimientos antirrepresas; alternativas de gestión, de disputa de territorios y que permiten construir formas de vida y satisfacer necesidades donde el Estado no da respuesta o no existe. Alertó sobre la visión estrecha de la “descarbonización” y de nuevas embestidas desde los green new deals para la sustracción de litio, cobre, madera balsa y el hidrógeno que es la “nueva vedete en nuestra región”.

Tatiana Roa, ingeniera del grupo Censat Agua Viva, de Colombia, habló desde la visión de la Vía Campesina y de la Red de Agricultores Ecólogicos de América Latina que centran la transición energética justa en la soberanía alimentaria y en la recuperación de técnicas agrícolas que se han perdido con la “revolución verde” y la agroindustria a gran escala. El asunto central de la transición, según Tatiana, es el alimento que es la principal fuente de energía y la biomasa, para suplir la energía exosomática. Exhortó a una transformación del modelo agroindustrial a una agroecología que use menos energía fósil, menos agua y más energía hidráulica.

Carmen Aliaga, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, compartió desde Bolivia cómo indígenas han resistido la minería desde hace décadas, cómo la pandemia ha desnudado muchas crisis y cómo se dan mejores condiciones para enfrentarlas cuando hay un sujeto social y político encaminado por mujeres. Explicó cómo la ecología política feminista antepone los cuidados de la vida y la dimensión cuerpo-territorio, ante la crisis de la pandemia que en su crueldad “nos da la oportunidad de politizarnos” y recuperar el uso de plantas medicinales y de las memorias colectivas del cuidado de la salud.

Estas enseñanzas desde las luchas locales hacen ver que si bien los green new deals resuenan en los países ricos dada la emergencia climática, es imposible lograr una transformación verdadera del modelo destructor sin cambios radicales de los modos de consumo. No basta con cambiar mi auto por uno eléctrico. Al respecto, Basav Sen, del Institute for Policy Studies, recién publicó un excelente reporte alertando sobre la continuidad en EU de políticas que favorecen los automóviles y las autopistas por encima del transporte público (https://bit.ly/3rSfHwc).

En el plano internacional, si bien muchos gobiernos llegan a acuerdos para reducir emisiones de carbono, si continúan aferrándose a tratados de libre comercio e inversiones (incluida la 4T) que les impi-

Es imposible una transformación real del modelo destructor sin cambios radicales de los modos de consumo

den establecer políticas ambientales y de servicios públicos sólidos, escaso margen de maniobra tendrán para girar el timón y evitar el ecocidio capitalista. Crece el escepticismo hacia los estados y gobiernos, aun a los progresistas, de que puedan encarar los grilletes legales impuestos por tratados que protegen a las corporaciones trasnacionales y a la captura de los organismos multilaterales. Recomiendo el documento COP 26: Al mando, los financiadores de los peores contaminadores; el ecoblanqueo de una cumbre climática clave, de Brid Brennan, del Transnational Institute y Kenneth Haar del Corporate Europe Observatory (https://bit.ly/33UpRo5). No tenemos que mirar arriba, pues del cielo nada nos caerá, sino de frente, a la realidad distópica a la que nos acercamos. *Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org @ManuelPerezIPS

Las batallas a cielo abierto contra la minería

ABEL BARRERA HERNÁNDEZ*

El análisis de la Ley Minera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede postergarse. Es una exigencia de los pueblos indígenas para que ese tribunal fije su postura en la defensa de sus derechos colectivos. Así lo planteó en 2014, la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) en la Montaña de Guerrero, que solicitó a la SCJN que reasumiera su competencia originaria y analizara la constitucionalidad de la Ley Minera. Fue una gran oportunidad para que los ministros sentaran las bases y consolidaran criterios relevantes sobre la debida interpretación del artículo 2 de la Constitución y el cúmulo de derechos diferenciados en favor de los pueblos, comunidades y personas indígenas.

Ante la nueva fecha propuesta por la SCJN, el 2 de febrero, existen altas expectativas de que asuma una postura firme sobre el respeto y garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de la comunidad nahua de Tecoltemi, del estado de Puebla, representa una coyuntura propicia para que la Corte emita jurisprudencia en torno a la Ley Minera y determine su incompatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

En el caso de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, quedó trunca la revisión e interpretación de la SCJN debido a que las concesiones mineras Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas se desistieron de sus títulos. La Secretaría de Economía, en representación del Presidente de la República, mostró sus filias con el emporio minero, al solicitar el sobreseimiento del juicio de amparo, con el fin de impedir que la SCJN arruinara los grandes negocios que se han gestado en las regiones indígenas. Pese a que el territorio de Juba Wajín seguía amenazado por la declaratoria de libertad de terrenos , la SCJN sólo atendió las formalidades procedimentales y evadió su discusión sobre los derechos colectivos.

El derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio de los pueblos indígenas no se limita a la propiedad de la tierra, entendida como superficie. Comprende elementos materiales e inmateriales que constituyen la totalidad del hábitat de los pueblos. En el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, los jueces del tribunal interamericano determinaron que “los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros se extienden sobre la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que están sobre dicha superficie y el subsuelo”.

Igual en el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, el derecho de propiedad es parte de los derechos de las comunidades indígenas en su forma de propiedad comunal. Ésta se deriva de la estrecha relación que mantienen con la Madre Tierra. Es un nexo indisoluble que es la base de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica. Para las comunidades indígenas su relación con la tierra no es de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente para preservar su legado cultural y transmitirlo a generaciones futuras.

De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos territoriales están ligados al derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado y al control de su hábitat como condición necesaria para la reproducción de su cultura, su desarrollo y para sus planes de vida. La protección territorial se relaciona con sus tradiciones y expresiones orales, costumbres y lenguas, artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. Por tanto, los estados deben respetar, garantizar y proteger el derecho a las tierras y los recursos que han usado tradicionalmente para prevenir la extinción de los pueblos indígenas.

Contra esta visión, el artículo 19 de la Ley Minera concede a las empresas la titularidad de derechos sobre el territorio, los recursos minerales y el agua mediante la emisión de títulos de concesión para explorar y explotar los minerales en su territorio. Le da derecho a realizar exploración y explotación dentro de los lotes mineros que amparan su concesión. El ejercicio de estos derechos, conforme al artículo 6 de la misma ley, serán de carácter preferente “sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Estas prerrogativas constituyen la violación al derecho al territorio, así como el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas especiales para garantizar “el ejercicio pleno e igualitario del derecho al territorio que usan y ocupan históricamente los pueblos indígenas”. De modo unilateral, los funcionarios federales autorizan a las mineras que realicen actividades ligadas a la explotación de los recursos naturales, sin considerar el nexo estrecho que tienen la cultura y los valores espirituales de las comunidades indígenas con su territorio. La exploración y explotación de minerales conllevan perforaciones profundas que devastan sus territorios.

El derecho a la protección integral de los territorios indígenas es un mandato que se establece de modo especial en los artículos 2 y 27 constitucionales. Según la jurisprudencia de la SCJN, la preservación de la integridad de las tierras, el derecho a acceder al disfrute preferente de los recursos naturales, así como la conservación y mejoramiento del hábitat, están relacionados con el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Estos elementos constituyen el principio de territorialidad porque las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Las concesiones mineras permiten labores de explotación que generan consecuencias irreparables en los territorios indígenas, trastocan la integridad de su hábitat y dañan severamente la estructura territorial del núcleo agrario. Un cerro destruido corta de tajo la mano civilizadora de los indígenas, dejando la huella de la muerte. Además de extraer millones de litros de agua, el paisaje se torna hostil por la destrucción del hábitat y por la presencia del crimen organizado, que se alía a las mineras, para asumirse como guardián del suelo concesionado. La SCJN debe saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas. *Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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