Revela

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que la presentación de denuncias dejaron al descubierto la existencia de un “grupo criminal”, formado por altos funcionarios de gobiernos anteriores, destinado a sustraer miles de millones de dinero público, lo que, aseguró, “no es un hecho aislado o que pudiera realizarse sin el consentimiento o participación de las más altas autoridades”.

Hoy se cuenta con todos los elementos de prueba para sustentar las acusaciones penales contra quienes están detenidos y próximamente se presentará a los jueces el material probatorio para sujetar a proceso a otras personas, señaló.

Además, se presentaron acusaciones contra funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes establecieron una organización destinada a autorizar obras y edificaciones fuera de la ley a cambio de cuantiosos recursos económicos o incluso de inmuebles.

“Venimos de un largo periodo que hizo de la corrupción una forma de vida, de participación política, modelo de negocios y relaciones públicas. Aún ahora hay quien piensa que la corrupción es un derecho y lo asocian a la libertad política; para ellos es inadmisible que se toque a uno de los suyos”, afirmó.

Procesados sin precedente

Al presentar su tercer informe de actividades, donde destacó una disminución de 46.5 por ciento en delitos de alto impacto e histórica en el caso de homicidios dolosos con la tasa más baja desde 2015, que se traduce en 770 muertes violentas menos respecto de 2019, apuntó que en ningún estado del país se ha vinculado a proceso a tantos ex servidores públicos que ostentaron cargos de diputados.

Ello, en referencia a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito; dirigentes partidistas por explotación sexual de mujeres –Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre–; secretarios que desviaron recursos; directores que hicieron uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias, y otros por espionaje.

Asimismo, se enfrentan “todas las expresiones criminales con presencia en la capital, que no es ni será refugio de bandas”, por lo que fueron detenidos más de 300 gene- radores de violencia que “crecieron a la sombra de administraciones anteriores que negaban su existencia o había una franca connivencia”.

En su informe, al que acudió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se redujeron los robos de vehículos con y sin violencia, a transeúnte, a conductor o pasajero, y a negocio con violencia en 52, 33, 64 y 61 por ciento, en ese orden, respecto de 2019.

En tanto, los delitos de género disminuyeron 28 por ciento y nueve de cada 10 denuncias por desaparición de personas no están vinculadas a la comisión de ningún delito, y “no es una política de gobierno la desaparición ni la ausencia”, indicó.

Tras las discrepancias con la fiscalía de Morelos en la causa de la muerte de Ariadna López, consideró que por ley las fiscalías deberían iniciar la investigación de toda muerte violenta de una mujer con el protocolo de feminicidio.

Hern Ndez Garc A

Diputados de Morena solicitaron a la mesa directiva del Congreso local tomar protesta a Federico Chávez Semerena, suplente del panista Christian von Roehrich, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser señalado de estar involucrado en casos de corrupción, pero sigue cobrando su dieta como legislador.

Debido a que Von Roehrich sumó varias faltas a sesiones ordinarias en diciembre pasado, los morenistas pidieron aplicar el artículo 8 del reglamento interno del Congreso, que ordena suplir a un diputado propietario cuando no se presente a cinco sesiones de un mismo periodo sin causa justificada o sin licencia previa.

El panista, quien aún funge como coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, sumó tres faltas en el periodo ordinario pasado. Su suplente, Chávez Semerena, es presidente de ese instituto político en Benito Juárez.

El diputado Octavio Rivero aseguró que permanecer en el cargo refleja que el panismo no quiere perder sus privilegios; “quieren seguir gozando del presupuesto”, por lo que llamó a que en un acto de civilidad se retire de su puesto. Con esa postura coincidió la diputada Nancy Núñez, quien recalcó que se trata de una cuestión de ética.

Su compañero de bancada Janecarlo Lozano dijo que los ciudadanos no pueden seguir pagan- do a un diputado que no trabaja.

“Christian von Roehrich no ha pedido licencia al cargo; sigue siendo diputado en funciones y me parece que algunas quincenas las ha seguido cobrando, pero se encuentra prófugo de la justicia, no se ha acercado a las autoridades a responder las imputaciones en su contra.

“Pedimos a la mesa directiva que llame a su suplente para que no haya una parálisis legislativa. Creemos que el diputado debe dejar de ostentar este cargo”, comentó Lozano, quien recordó que cuando se hizo pública la orden de aprehensión, Roehrich dejó de asistir a las sesiones desde el 8 de diciembre pasado. Además, el congresista fungía de presidente de la Junta de Coordinación Política, cuyas sesiones han sido encabezadas por el vicecoordinador de los panistas, Federico Döring Casar.