EDITORIAL García Luna: el tamaño de las complicidades

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Desde Buenos Aires, Argentina, donde participa en la séptima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el canciller Marcelo Ebrard dio información sobre el proceso legal interpuesto por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el estado de Florida, paralelo al juicio penal que se le sigue en Nueva York. Se trata de recuperar “cerca de 700 millones de dólares” que están vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, relacionados con 39 empresas y fideicomisos de los que García Luna o sus allegados son propietarios o en los que tienen participación, según una demanda civil interpuesta el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cifra, equivalente a alrededor de 13 mil 300 millones de pesos al cambio actual, muestra la desmesurada corrupción alrededor de este individuo, por lo menos del sexenio de Vicente Fox al de Enrique Peña

Nieto, cuando se le otorgaron cuantiosos contratos por supuestos servicios en materia de seguridad. Desde luego, el clímax del poder económico y político de García Luna, de su capacidad corruptora y de su acceso a los recursos del Estado, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, quien lo hizo titular de Seguridad Pública, a pesar de que ya entonces existían indicios de sus vínculos con el crimen organizado.

Para cualquier ciudadano es motivo de indignación y asombro enterarse de que un funcionario público pudo apropiarse de semejante monto y permanecer impune durante casi dos décadas, pero el saqueo es sólo una cara de este asunto.

La otra, más inquietante incluso, es el poder que esos recursos dan a quienes actualmente los manejan; es decir, a los socios y cómplices de García Luna en las empresas y fideicomisos mencionados, así como a quienes le dieron contratos y lo ayudaron a eludir la acción de la justicia, tanto en México como en Estados Unidos.

La existencia de esa fortuna y su control por parte de elementos delictivos represen-