Bloquean avenida en Morelos por falta de agua en cinco colonias

RUBICELA MORELOS CRUZ

CORRESPONSAL

CUERNAVACA, MOR.

La crisis financiera que padece el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) cada vez afecta más a los usuarios, que reciben menos líquido, no hay mantenimiento a la infraestructura y tampoco le están pagando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a tiempo, denunciaron pobladores de cinco colonias afectadas, quienes ayer bloquearon por seis horas la avenida Morelos Sur en demanda de suministro.

Acusaron también que sus recibos de pago de agua llegaron este mes más caros, con aumentos de 100 a 200 pesos, “sin justificación alguna”.

Un centenar de habitantes de las colonias Los Pilares, Quintana Roo, Mina 5 y Chipitlán cerraron de las 9 a las 15:30 horas la avenida

Morelos Sur, a la altura de Chipitlán, para exigir a la directora del Sapac, Evelia Flores, y al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegi, el abastecimiento del líquido.

El mismo grupo de inconformes cerró dicha vialidad el pasado jueves, de las 12 del día a las 20 horas. El viernes regresaron para reiniciar el bloqueo. En esta ocasión sí acudió personal del organismo, que les informó que una bomba del pozo que les suministra agua está averiada, y les aseguró que se restablecerá el servicio en dos días.

“Desde el domingo pasado no tenemos agua en nuestras casas, por eso estamos bloqueando; lo único que queremos es que nos manden el servicio. Los ejidatarios donamos los terrenos para que se construyera un pozo (que abastece a Los Pilares), y ahora resulta que nos la ponen tres horas, en la noche o la madrugada. ¡No se vale!”, reprocharon los manifestantes.

Respecto al aumento en los cobros, dijeron que algunos pagaban 260 pesos y últimamente llegaron recibos de entre 460 y 600 pesos; entonces el “Sapac está subiendo bimestralmente el cobro de agua, cuando nos la proporcionan sólo dos días a la semana”, señaló Valentín Gorostieta, habitante de Los Pilares. Los bloqueos viales del jueves y ayer provocaron un enorme caos en la parte sur de la capital del estado, pues afectaron el paso a varias escuelas primarias, prescolares, secundarias y planteles de nivel medio superior que se ubican en Chipitlán. Aparte, el jueves la CFE cortó el suministro de energía a cuatro pozos de 86 que son y dejó sin agua a unas 25 mil personas, según el Sapac. firma Servicios Aéreos del Altiplano de forzar el vuelo de la aeronave pese a conocer que no estaba en la condiciones necesarias.

Evelia Flores, directora del organismo, aceptó que no pagaron el recibo de CFE de diciembre y enero, por un monto de 9 millones de pesos, y hasta el 16 de febrero sólo habían podido rembolsar 5 millones.

En marzo de 2020, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el informe final del accidente, en el cual detalló que éste se debió a un problema mecánico provocado por falta de mantenimiento y omisiones de seguridad para operar, pues se tenía conocimiento de posibles fallas 11

▲ Peritos durante los trabajos en el lugar donde cayó el helicóptero con la gobernadora y su esposo. Foto archivo Cuartoscuro días antes del percance, por lo que no debió volar.

Martha Érika Alonso asumió la gubernatura de Puebla 10 días antes de su fallecimiento, luego de obtener el cargo en una controvertida elección.

CNDH emite recomendación a la fiscalía de Chihuahua por caso de tortura

De La Redacci N

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 05/2023 al fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por omisiones en la investigación de un caso de tortura perpetrado por agentes estatales en 2015. En la indagatoria está pendiente el resultado del Protocolo de Estambul, utilizado para la documentación de este tipo de delitos.

Refirió que el 6 de octubre de 2015, la víctima denunció ante personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua actos de tortura en su contra por parte de agentes de la fiscalía local, por lo que, tras analizar los hechos, dicho organismo emitió la recomendación correspondiente, en cuyo segundo punto se solicitaba investigar este ilícito.

Sin embargo, ante la falta de respuesta de la fiscalía, en junio de 2019 la persona violentada presentó un recurso de impugnación, que fue canalizado a la CNDH.

Así, tras el análisis del caso, la Comisión Nacional determinó la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al acceso a la justicia, pues al solicitar información a la fiscalía se indicó que la carpeta de investigación tenía pendiente el resultado del Protocolo de Estambul, y se detectaron dilaciones para localizar a la víctima y practicarle ese examen.

Asimismo, no se tiene evidencia de que la fiscalía estatal “haya realizado acciones suficientes para integrar exhaustivamente la carpeta de investigación radicada”.

Por ello, la CNDH solicitó al fiscal instruir la realización de acciones necesarias para que se cumpla con la recomendación de la CEDH, además de proceder a la inmediata reparación integral del daño.