Fiscalía pide 52 años de cárcel para siete acusados por la caída de trabe en línea 12

El Ministerio Público presentará pruebas para sustentar la querella contra los ex funcionarios

JOSEFINA QUINTERO M.

Después de que un juez de control negara la reapertura de la investigación por el colapso de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Fiscalía General de Justicia solicitó 52 años de prisión para los ex funcionarios acusados como responsables de la muerte de 26 personas.

La dependencia realizó la acusación directa contra siete ex servidores públicos, entre los que se en- cuentran Enrique Horcasitas, quien fungió como director del Proyecto Metro durante la construcción de la también conocida línea dorada

Además, se solicitó imponer una pena de 24 años de cárcel a los acusados de las lesiones que denunciaron 34 personas a consecuencia del desplome. El pasado 13 de febrero, el agente del Ministerio Público hizo la querella por escrito ante la unidad de gestión judicial cinco del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.

Apenas el jueves 16 la defensa de los imputados fue notificada, por lo que su abogado Gabriel Regino se inconformó y manifestó su desacuerdo por medio de su cuenta de Twitter, donde expresó: “la Fiscalía ha formulado acusación y solicita 52 años de prisión contra nuestros representados”. De acuerdo con los plazos del proceso que se realiza, está prevista que la próxima audiencia intermedia tenga lugar el 17 de marzo, en la que el Ministerio Público hará la acusación y presentará las pruebas que sustenten los señala- mientos, las cuales serán evaluadas por el juez, quien determinará su validez.

Horcasitas, Juan Antonio, Moisés, Fernando, Enrique, Ricardo, Juan Carlos, y Fernando fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos con la agravante de culposos, así como daños a la propiedad.

De cuerdo con las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, el desplome de la trabe de la línea 12, en la intersección de las estaciones

A UNOS PUNTOS DE LA CONTINGENCIA

Tezonco-Olivos, fue a consecuencia de “errores graves en el diseño de construcción”, por lo cual se hicieron los señalamientos contra los servidores públicos que estuvieron a cargo de las obras, además de la falta de revisión.

En los próximos días se girarán los oficios para citar a audiencia intermedia y los imputados o representantes legales deberán acudir, de lo contrario el juez podría determinar que se giren las respectivas órdenes de aprehensión en su contra.

Roc O Gonz Lez Alvarado

El Gobierno de la Ciudad de México acatará lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el registro público de agresores sexuales, el cual fue elaborado con el propósito de mostrar a aquellas personas que han violentado la intimidad de las mujeres.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que las comisiones nacional y local de Derechos Humanos interpusieron controversias constitucionales en contra de este registro, al considerar que se afectaban los derechos fundamentales de quienes están involucrados en un delito sexual, por lo que el máximo órgano de justicia del país les concedió la razón.

Dijo que se espera la redacción final de la resolución para saber cuál sería el destino de este registro, pues hubo ministros que

Las comisiones nacional y local de Derechos

Humanos están en contra consideraron que su elaboración era importante para defender la vida sin violencia de las mujeres, pero en particular la ministra presidenta Norma Piña mencionó que se puede utilizar con otros objetivos.

El registro es un sistema de información de carácter público en el que por medio de una base de datos se dan los nombres de las personas sentenciadas con ejecutoria por parte de un juez penal, en virtud de la comisión de un delito de naturaleza sexual, y se actualiza de forma automática cada mes.

Por otra parte, Sheinbaum señaló que si la investigación sobre las muertes de Sofía y Esmeralda –las hermanas que perdieron la vida al caer en un registro sin tapa en la alcaldía Iztacalco–arroja que hay una persona responsable, debe actuar la Fiscalía o la Contraloría de la Ciudad de México, y si no de todas maneras como gobierno se debe asumir la responsabilidad.

Aseguró que su administración siempre va estar de lado de las víctimas, incluso si su familiares eligen tener un abogado y buscar la mejor manera para la reparación integral del daño.

Agregó que los familiares de las víctimas están en todo su derecho de elegir a sus litigantes, pero advirtió que algunos son abusivos y más que apoyar lo que buscan son ganancias económicas e incluso les hacen firmar contratos en los que establecen que si los separan del caso les van a cobrar.