Alarma a la ONU la sentencia de Nicaragua de quitar la nacionalidad a decenas de opositores

tación pública al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, consideró “muy alarmante” que Nicaragua revoque la nacionalidad a cientos de ciudadanos, en su mayoría opositores.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, comunicó ayer que el secretario general “se alarmó al ver la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos civiles y políticos; especialmente los de ciudadanía, nacionalidad y a la propiedad”.

“Creo que merece la pena recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, señaló Dujarric en conferencia.

Asimismo, dijo que Guterres “se siente alentado por la liberación de los 222 ciudadanos que habían sido detenidos por las autoridades de Nicaragua”, aunque agregaba que pedía “al gobierno que libere al resto de personas (que se encuentran) en las mismas condiciones”, aunque “sin despojarlas de su nacionalidad”, pues es un derecho humano fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresan opiniones críticas”, remarcó.

La ONU se suma así a las condenas ya pronunciadas por la Unión

Europea, que solicitó a Managua que dé marcha atrás en la decisión “injustificable”, y Estados Unidos, calificó de “actos incompatibles”.

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, denunció que esta medida “supone un nuevo retroceso para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático”, según un comunicado.

Managua ha justificado la retirada de la nacionalidad ya que la Fiscalía General imputó a los aludidos la comisión del delito de “traición a la patria”. Entre los ciudadanos afectados se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores sociales. Todos ellos, declarados “prófugos de la justicia”, verán confiscados todos sus bienes y sociedades capitalistas, que pasarán a manos del Estado, según informó La Prensa

En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados alertó del riesgo de apatridia

▲ En imágenes de archivo, el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el periodista Carlos Chamorro y el obispo Silvio José Báez Ortega son algunos de los despojados de su ciudadanía. Foto Afp tras el retiro de la nacionalidad nicaragüense a opositores.

En paralelo, el gobierno de España extendió su oferta de nacionalidad española a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen de Ortega retiró la nacionalidad y acusó del delito de “traición a la patria”.

Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron que así se lo comunicó el ministro José Manuel Albares al escritor y político Sergio Ramírez, quien reside en España y se dirigió por carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El Congreso de Perú aprobó ayer acusar constitucionalmente al depuesto presidente Pedro Castillo, y a sus entonces ministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, de los delitos de “organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión”, con lo que la Fiscalía Nacional podrá denunciarlos penalmente.

La resolución, aprobada con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, indica que se permite la querella contra Castillo porque presuntamente dirigía un círculo de corrupción, integrado por amigos y familiares, en la concesión de contratos de obras públicas, una hipótesis que también presentó la fiscalía el 11 de octubre pasado ante el Legislativo. Los fiscales, encabezados por Patricia Benavides, investigan una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con los entonces ministros Silva y Geiner, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, empresarios y terceros, para favorecer en procesos de lici-

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política”, indicó el presidente del Congreso, José Williams, tras la sesión. Las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.

Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, pero fue desestimado por Williams.

Su abogado, Eduardo Pachas, defendió en la sesión que en el caso no se ha encontrado ninguna cuenta bancaria del ex mandatario con dinero de procedencia ilícita.

El ex mandatario está encarcelado en Lima desde el pasado 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.

La deposición del jefe de gobierno desató una ola de protestas en las que se pide la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la liberación de Castillo. La represión de parte de los elementos de seguridad contra los manifestantes y los enfrentamientos han dejado al menos 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

El gobierno aprobó dar un apoyo económico a los deudos de los fallecidos, sin que se especificara el monto, fechas de entrega ni la forma en la que se asignará tal indemnización.

Por la tarde, el Congreso, en su último día de la presente legislatura, aprobó sopesar el adelanto de las elecciones generales, sin especificar fecha.

Alianza oficialista quiere impedir la proscripción de Cristina Fernández

De La Redacci N

La primera mesa política del Frente de Todos (FDT) llamó a tomar “acciones necesarias para impedir la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner” y enfatizó en que el liderazgo y potencia electoral de la vicepresidenta “no pueden ser arrebatados”, al analizar sus primeras posiciones para las elecciones presidenciales de 2023.

En la cabeza de la mesa estuvieron los representantes de todas las tribus oficialistas en la sede del Partido Justicia: el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro –por el kirchnerismo– y el ministro de Economía, Sergio Massa, informó el diario Página/ 12

En un documento de dos páginas, titulado Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar, los miembros del FDT expresaron que en 2023 “el futuro del país está en juego” y que en estos comicios se “enfrentarán dos modelos de país contrapuestos”: La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria, contra el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos.

Aseguraron que “quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatados”. La ex mandataria fue condenada el pasado 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su gestión de 2007 a 2015.

Expresaron en el texto que “las PASO (Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias) son la herramienta institucional, creada por nuestro gobierno durante 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común”, y en todo momento destacaron “la unidad en la diversidad”, como un valor clave.

Además, reivindicaron la gestión –que enmarcaron en un contexto de pandemia, guerra y endeudamiento que el gobierno heredó del macrismo– y dijeron que conocen “todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas”.

El titular del sindicato La Bancaria, Sergio Palazzo, llamó a formar una comisión para ir a ver a la vicepresidenta, rechazar la proscripción, pedirle que considere su posición y sea candidata a presidenta en las próximas elecciones.