Mujeres discapacitadas corren mayor riesgo de sufrir violencia, reporta Inmujeres

De La Redacci N

Las mujeres y las niñas con discapacidad suelen experimentar doble discriminación: la de género y la relacionada con la discapacidad, circunstancia que las coloca en riesgo mayor de padecer violencia, abandono, malos tratos o explotación, establecen datos del Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2021) refiere que “entre las de 15 años y más, hay 22 millones con discapacidad o limitación, donde se ubica una alta proporción de mujeres mayores con algún tipo de limitación”.

El sondeo arrojó que “16.3 millones de mujeres de 15 años y más con discapacidad o limitación han sufrido algún incidente de violencia en algún momento de su vida y 9.8 millones en los 12 meses previos” al levantamiento de datos.

Lo anterior significa “una prevalencia de violencia de 74.4 por ciento (75.1 por ciento entre las que viven con algún tipo de limitación y 72.6 por ciento entre quienes tienen algún tipo de discapacidad) a lo largo de la vida, así como 44.5 por ciento en el año previo a la encuesta (45.7 por ciento entre las mujeres con limitación y 41.5 por ciento entre quienes tienen alguna discapacidad)”.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano de expertos que supervisa la aplicación de la convención en la materia en los estados parte, ha advertido que las mujeres con discapacidad enfrentan más dificultades y barreras que los hombres con discapacidad y también mayores desventajas sociales respecto a la población general de su propio género.

Subestimación como organismo descentralizado del lnstituto Mexicano del Seguro Social, el cual absorbe los objetivos planteados inicialmente para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Inmujeres refiere que es probable que exista una subestimación de la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidades y limitaciones en los sondeos, debido a que en algunas ocasiones no pueden responder directamente los cuestionarios, con lo que la violencia real puede ser superior a la captada por la encuesta.

No obstante, con respecto al resto de mujeres, la violencia hacia ellas es casi 8 puntos porcentuales mayor en la prevalencia a lo largo de la vida y de 3.1 puntos en el último año.

En cuatro tipos de violencia –física, sicológica, sexual y patrimonial–, las que viven con alguna discapacidad o limitación tienen mayor prevalencia. A lo largo de la vida, 58.2 por ciento han experimentado agresiones sicológicas, 44.6 por ciento, violencia física, 48.7 por ciento sexual y 34.9 por ciento la de tipo económico o patrimonial.

Aunque es relevante “avanzar hacia la cobertura universal en salud, este programa enfrentará importantes retos, ya que, por ejemplo, el catálogo de atención que proporciona incluye únicamente servicios de primero y segundo niveles, lo que sigue siendo un desafío frente a la necesidad de equilibrar los servicios y beneficios” en este rubro para derechohabientes y quienes no tienen ninguna afiliación.

Indica que actualmente “los programas y acciones de desarrollo social buscan contribuir en la reducción de la pobreza a través de la redistribución de los ingresos” y gran parte de los es- quemas y acciones vinculados a los riesgos atienden a la población en condiciones transversales de vulnerabilidad.

Lo anterior “se considera un acierto y avance en la construcción de una política de protección a lo largo del curso de vida; sin embargo, no se cuenta con información o evidencia que permita observar si los programas efectivamente están cubriendo estos grupos”.

Otra carencia que se incrementó durante el periodo medido, agrega, fue el acceso a los servicios de salud. Ocurrió en el contexto de la contingencia sanitaria y fue más marcado en la población de menores ingresos y residentes del ámbito rural. “Sin embargo, este aumento se enmarca en el proceso de transición administrativa y operativa de la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular”.

GUSTAVO LEAL F.*

Miguel Ángel Navarro, gobernador morenista de Nayarit, envió en este mes a Juan Echeagaray, su secretario de Gobierno, a comunicar que el Poder Legislativo local contaba con una iniciativa para reformar las pensiones y que, de la misma manera que cuando –entonces como fiel soldado del PRI– impuso la fracasada reforma calderonista del Issste, se presentaba ahora –sin consultar absolutamente con nadie– desde su onmipresente Poder Ejecutivo.

Inmediatamente, Navarro como gobernador que “instruye” a todos los poderes nayaritas, aderezó una reunión cerrada entre su funcionariado y 20 legisladores locales –de la que excluyó a cualquier sindicalista– sin atreverse a mostrar la iniciativa que mandó a Juan Echeagaray. Una película conocida: la de la vieja cultura del PRI. En Nayarit, ciertamente, Navarro no puede presumir que “no somos iguales”. Él sigue, sin duda alguna, imponiendo e “instruyendo” a los otros poderes sin, además, mostrar lo que busca imponer.

Frente al tibio ajuste que aplicó AMLO a la pensiones del Apartado A y los trabajadores amparados por el IMSS en diciembre 2020 –que sólo patea el bote a 2030– y ante la indefinición para abordar la presionada situación del Apartado B para los trabajadores amparados por el Issste, así como los severos impactos de la UMA, gobernadores como Navarro –en plena 4T– se han dado rienda suelta para imponer a nivel estatal lo mismo que impuso la tecnocracia neoliberal, sirviéndose de ciertos actuarios: supuestas nuevas leyes para la “jubilación digna” que, en rigor, son todo lo contrario.

“Instruyendo” a todos, el gobernador Navarro pasó por sobre la primera recomendación maestra de la Organización Internacional del Trabajo para evaluar la pertinencia, naturaleza y calidad de cualquier reforma pensionaria: el diálogo social. Como en los tiempos del PRI, su iniciativa ignoró olímpicamente a todos. No buscó consenso alguno, ni acuerdos de ningún tipo. En su formulación no participaron los principales involucrados: trabajadores, gremios sindicales, ni estatales ni municipales.

Su proceder, evitando informar a todo el pueblo nayarita sobre el estado actual de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (decreto 830 del 30/7/97 con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28/12/21) y que él pretende “reformar”, se resume en simple “borrón y cuenta nueva”. Es decir, Navarro no sólo no consultó a nadie y sepultó el indispensable diálogo social, sino que tampoco aplicó ninguna auditoría histórica. No se preocupó por establecer “dónde estamos” y, por tanto, “a dónde vamos”. Se rehusó también a generar el indispensable Libro Blanco para trazar el estado del asunto público.

Su “borrón y cuenta nueva” le niega a la sociedad nayarita una indispensable explicación sobre cómo ese fondo de retiro –que él pretende “reformar”- paga pensiones bajísimas y, al mismo tiempo, pensiones altísimas, algunas de ellas aprobadas bajo su administración. Siendo incapaz de construir transparentemente una alternativa para el beneficio de todos, con el internacionalmente recomendado diálogo social” su “borrón y cuenta nueva” lo hace obligadamente cómplice de un oscuro pasado que otorgaba pensiones injustificables y que él se negó a ventilar.

El 30 de mayo pasado, respecto a la aprobada y también archicuestionada nueva Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (mejor conocida como Ley Navarro), que –en el mejor espíritu neoliberal– por primera vez en la larga historia nayarita condiciona el pago de prestaciones a la “disponibilidad” de recursos presupuestales, el gobernador declaró que “ningún” trabajador o trabajadora en activo se verá afectada en sus derechos. Es momento de que hablemos “claro” y que comencemos “realmente” a construir Nayarit. No se puede hacer “retroactiva” ninguna ley de acuerdo “al artículo 14 constitucional: no se puede. Para mí: sí son necesarios los gremios sindicales y tienen su absoluto respeto y respaldo”.

Miguel Ángel Navarro sepulta el diálogo social y se niega a ventilar cómo quedarán los fondos de retiro de los trabajadores

Si a Navarro le agrada hablar “claro”, también la voz de los afectados está ya hablando diáfanamente y con toda precisión frente a su inconsulta iniciativa. Sólo falta ver si, ahora, su comportamiento frente al debate pensionario en curso seguirá ajustándose a sus “claras” palabras o si regresa, penosamente, al proceder que lo condujo a imponer la fracasada reforma Calderón-Beltrones al Issste en 2007.

Y es que como gobernador, Navarro solicitó que su secretario de Gobierno Echeagaray anticipara que, con esa inconsulta y aún oculta iniciativa pensionaria, se “evitará el saqueo contra el dinero para el retiro de los trabajadores”, justo lo que él mismo negó deliberadamente documentar y explicar a todos quienes lo votaron al imponerla.

* UAM-Xochimilco