Vinculan a proceso al presidente de Interjet por defraudación fiscal

Se le acusa de evasión por casi 12 millones de pesos

Emir Olivares Alonso

El empresario Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo del consejo de administración de la aerolínea Interjet, fue vinculado a proceso por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada.

Ayer, mediante una tarjeta informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el socio mayoritario de ABC Aerolíneas SA de CV (Interjet) no enteró al fisco federal de una suma de casi 12 millones de pesos.

La decisión fue tomada por un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Si bien el imputado podrá seguir el proceso en libertad, como medidas precautorias, el juzgador determinó que Del Valle de la Vega acuda a firmar cada mes al centro de justicia. Además, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte.

Asimismo, el togado dio a la FGR cuatro meses para realizar la investigación complementaria.

La investigación contra el dueño de Interjet –en huelga desde hace más de dos años debido a una debacle financiera– se derivó de una denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria, que lo señala de la evasión de 11 millones 952 mil pesos en impuestos, la cual se habría cometido meses antes de que se declarara el paro laboral en la aerolínea.

Del Valle de la Vega tiene su residencia en Houston, Texas, donde también preside una asociación empresarial de capital mexicano vinculado en Estados Unidos.

Por medio de su empresa HBC International, Del Valle de la Vega adquirió Interjet a la familia Alemán en junio de 2020 –la aerolínea estaba casi en la quiebra y presentaba adeudos al fisco– y se comprometió a inyectar 150 millones de dólares a manera de rescate, lo que nunca se concretó.

Ante ello, acusó a su ex socio Carlos Cabal Peniche de no cumplir los acuerdos para la compra de la línea aérea.

En diciembre de 2020, el consejo de accionistas de la aerolínea lo nombró presidente del consejo de administración.

Del Valle, ingeniero civil de profesión, ha estado involucrado en varios proyectos del gobierno federal, como la modernización del Banco del Bienestar. Fue presidente del consejo de administración del Intercontinental Chamber of Commerce México.

No es la primera ocasión que se le acusa de defraudación fiscal. En

Diputados cuestionan la reinstalación del auditor Agustín Caso

ALMA E. MUÑOZ

Como parte de las explicaciones sobre el informe de la cuenta pública 2021, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados citará a comparecer en marzo al auditor de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, quien el año pasado retomó su cargo después de haber sido suspendido e investigado por afirmar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos. Diputados exigirán a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la misma cámara legislativa los resultados de la investigación, pues para algunos resulta “incomprensible” que el funcionario haya sido reinstalado sin haber sido notificados. Se había mencionado desde el año pasado que la UEC no había encontrado pruebas de si hubo dolo del auditor en el cálculo que efectuó.

▲ Ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para Alejandro del Valle

2021 fue detenido por la evasión de más de 66 millones de pesos, pero tiempo después fue liberado tras el pago de un crédito bancario. Un año más tarde, fue acusado de violencia familiar y abuso sexual agravado, por lo que volvió a ser detenido. Tras cinco meses en prisión preventiva se le concedió la libertad.

Ordena juez nombrar a dos comisionados faltantes del INAI

res y seis hombres) que obtuvieron las más altas calificaciones.

ANDREA BECERRIL Y ARTURO SÁNCHEZ

El consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obtuvo una suspensión provisional de un juzgado administrativo, que ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado cumplir con la Constitución y nombrar a los dos comisionados pendientes desde el año pasado, ya que ese órgano autónomo opera con sólo cinco de sus siete integrantes. El nombramiento de los dos co- misionados, cuyo periodo venció en marzo de 2022, se detuvo en el Senado por la pretensión del bloque opositor de nombrar a quien ocupará una de las dos vacantes, pero sobre todo por la insistencia del PAN de que se designe a Ana Yadira Alarcón Márquez, actual secretaria técnica del INAI, a quien los morenistas ligan con el blanquiazul

El proceso de selección se llevó a cabo con celeridad el año pasado. Los integrantes de las comisiones de Justicia y Anticorrupción examinaron a 54 aspirantes que comparecieron en el Senado, y a principios de abril entregaron a la Jucopo la lista con 13 candidatos (siete muje-

Sin embargo, la negociación para elegir a los dos comisionados no avanzó, ya que un grupo de Morena no aceptó regresar al reparto de cuotas y dejar que el bloque que conforman PAN, PRI, PRD y el grupo plural impusiera a uno de los 13 integrantes de la lista con base en criterios partidistas.

En diciembre, según reveló el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, la negociación se frenó porque en el bloque opositor no se pusieron de acuerdo. El problema para Morena es que se requiere de mayoría calificada (dos terceras parte de los votos) que no reúne. El miércoles pasado, la presidenta del INAI se reunió con Monreal para hacer notar que, dado que en marzo concluye la gestión de otro comisionado, ese instituto está en riesgo de no operar. Ayer, sin embargo, en un amparo promovido por el consejo consultivo del instituto, Celina Angélica Quintero Rico, titular del juzgado 17 del Distrito Federal en materia administrativa, determinó conceder la suspensión provisional al considerar de manera preliminar que el Senado no ha cumplido con su obligación constitucional de someter al pleno de esa cámara la designación de las dos vacantes.

El consejo señaló en un comunicado que su objetivo es claro: que el pleno del INAI cuente con la totalidad de sus integrantes y no se prive a la ciudadanía de los derechos humanos y las políticas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.

Hasta ayer el Senado no había sido notificado de la resolución.

Como parte del tercer informe de resultados de la cuenta pública 2019, el auditor provocó polémica por el costo que, sostuvo, causó la suspensión de la obra del aeropuerto en Texcoco.

Ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, Caso Raphael fue citado a comparecer el 9 de marzo de 2021 ante la Comisión de Vigilancia, que lo suspendió aun cuando en esa ocasión el funcionario respondió que “no hubo error” ni ánimo de dañar al gobierno ni la investidura del mandatario, y que la diferencia de montos surgió de “dos ópticas distintas”.

La decisión de convocar al funcionario se tomó en vísperas de que el titular de la ASF, David Colmenares, entregue (el próximo lunes) el informe de la cuenta pública 2021. Además de él, serán citados más auditores en marzo.

Comparecerán los auditores especiales Claudia Bazúa (Cumplimiento Financiero), Emilio Barriga (Gasto Federalizado), Nemesio Arturo Ibáñez (Seguimiento), Caso Raphael y Colmenares.