Aguascalientes: familiares de Cynthia Nataly rechazan versión de que se suicidó

DE LOS CORRESPONSALES

Medio centenar de personas marcharon ayer en la zona oriente de la capital de Aguascalientes para manifestar su inconformidad después de que la fiscalía estatal informó que “todo apunta” a que Cynthia Nataly, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 24 de enero en un lote baldío del fraccionamiento Villas del Puertecito, no fue víctima de feminicidio, sino que ella misma “se provocó asfixia”.

Familiares de la mujer de 38 años e integrantes de diversas organizaciones civiles caminaron hasta la Avenida Siglo 21, donde realizaron un bloqueo de al menos media hora; en el lugar gritaron consignas para exigir justicia en este caso pues aseguran que las diligencias no se realizaron adecuadamente.

“Exigimos respeto a nuestros derechos como familia y víctimas indirectas”, señaló en entrevista Martín Delgado, hermano de la fallecida, quien sostiene que Cynthia no se quitó la vida, como expusó el fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega, en conferencia de prensa efectuada el pasado martes.

En esa ocasión, el funcionario aseguró que el cuerpo de la mujer no presentó huellas de violencia y, sin permiso de los deudos, presentó a los reporteros un video de casi 20 segundos, que no era suficientemente claro, donde se ve presuntamente a la joven amarrarse una venda al cuello.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicitó una alerta migratoria contra Érick N, de 17 años de edad, quien asestó 47 puñaladas a su novia Mya Saldaña, en octubre pasado, agresión de la cual la menor de edad sobrevivió.

Ultiman a tres mujeres

En esta misma entidad, entre jueves y viernes, tres mujeres perdieron la vida de manera violenta, una en el municipio de Cuauhtémoc, otra en Ciudad Juárez y la tercera en la capital de Chihuahua, informaron fuentes policiales.

En Tamaulipas, un juez de control vinculó a proceso a Carlos Alberto H, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de Elena Lavín Montemayor, quien fue asesinada en su domicilio y arrojada cerca de la carretera Victoria-San Luis Potosí el 31 de diciembre del 2022; hasta ayer sumaban tres detenidos por este crimen.

Protestan por tortuguismo de la PGJ de Hidalgo

En Pachuca, Hidalgo, familiares de víctimas de feminicidio y violación sexual protestaron la tarde de ayer afuera del palacio de gobierno del estado para reprochar “el tortuguismo” tanto de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH) como del Instituto Hidalguense de la Mujer en la atención de distintos casos de agresiones perpetradas contra mujeres y

▲ En Acapulco, Guerrero, los gobiernos estatal y local pusieron en operación 70 taxis con geolocalización y conectados al centro de vigilancia C5, a fin de brindar seguridad a las mujeres. La medida forma parte del programa Territorio Violeta, el cual busca construir redes ciudadanas y recuperar el tejido social. Foto Héctor Briseño niñas. La manifestación fue convocada por el colectivo Mujeres Violetas, cuya representante Ayerim Tovar, aseguró que violadores, feminicidas y golpeadores gozan de impunidad, por la ineficiencia de la PGJH.

En este contexto, el gobierno de Guerrero puso en marcha la estrategia Territorio Violeta en la colonia Emiliano Zapata, de Acapulco. Durante la ceremonia, encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta municipal, Abelina López, las autoridades explicaron que el objetivo es la generación de polígonos de confianza para las mujeres en zonas de incidencia delictiva

Lo anterior se pretende lograr mediante la iluminación de espacios públicos, así como la instalación de botones de emergencia y cámaras de vigilancia, entre otras medidas.

Bañuelos, Rubén Villalpando, Martín Sánchez, Juan Ricardo Montoya y Héctor Briseño

María Luisa Villanueva Márquez, quien hasta el jueves purgaba una pena de 30 años en la cárcel de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, por el delito de secuestro, el cual asegura que no cometió, informó ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que fue sacada “por la fuerza” del penal porque le otorgaron el “beneficio de remisión parcial de su condena”; su inconformidad se debe a que ella no quería salir hasta que se reconociera su inocencia.

Villanueva Márquez, de 48 años de edad, y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, estuvo presa 25 años; le faltaba un lustro para cumplir su pena por el citado ilícito, del cual, sostiene, la obligaron a inculparse, mediante tortura, agentes de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).

La mañana de ayer, tanto María Luisa, como sus abogados, Eutiquio Damián Santiago y María Elena Medina, ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron que acudirán ante la CNDH y el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la ayuden a que se reconozca que ella no fue culpable del crimen que del que se le acusó.

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado violenta los derechos humanos de María Luisa al impedir que ejerza libremente su voluntad. El día jueves fue literalmente lanzada a la calle (por seis custodios) mediante un acto patético de fuerza y brutalidad, violentando su libre determinación y sus convicciones”, afirmó Medina. Exige que reconozcan su inocencia

Agregó que esta vez, al igual que el 6 de enero de 1998, cuando fue detenida, se volvieron a violentar los derechos humanos de esta mujer, quien no pidió ningún beneficio y lo que deseaba es que la FGE, que encabeza Uriel Carmona, cerrara por fin una investigación por tortura contra sus captores, que se inició desde 2014. Después de eso, ella y sus defensores pretendían acudir al pleno del TSJ a solicitar el reconocimiento de su inocencia.

Los resultados del dictamen que se practicó a Villanueva Márquez, mediante el protocolo de Estambul, y que publicó La Jornada el 16 de enero pasado, están en la indagatoria desde septiembre pasado, pero la fiscalía estatal no ha avanzado en la consignación de ésta. El informe, según el abogado Damián Santiago, demostró que María sí fue torturada por elementos antisecuestros, en 1998, para inculparla.

Tribunal rechaza reclasificar delito a Vera Carrizal, agresor de saxofonista en Oaxaca

JORGE A. PÉREZ ALFONSO CORRESPONSAL OAXACA, OAX.

El magistrado de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Lázaro León de la Vega, rechazó ayer la solicitud que hizo el ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, sobre la reconfiguración del delito que se le imputa, es decir, de tentativa de feminicidio a lesiones.

El presunto autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz el 9 de septiembre de 2019, pretendió lograr que la gravedad del crimen fuera reducida. No obstante, la audiencia que encabezaba el juez Ponciano Velasco concluyó con el rechazo del magistrado León de la Vega, quien calificó de improcedente la petición del imputado.

Ríos Ortiz se refirió a la actuación de los integrantes de la sexta sala de dicho tribunal, quienes destacaron que durante la agresión perpetrada en su contra su vida corrió “grave peligro”, además de que este intento de feminicidio le ocasionó “lesiones”, lo que fundamentó su decisión.

Por otra parte, la saxofonista acusó al juez Ponciano Velasco de efectuar la audiencia de forma pública; el problema, dijo, es que en ningún momento se le preguntó a ella si se podía realizar de esta forma la diligencia y se percató de ello al ingresar de forma virtual, lo que fue “sorpresivo y shockeante”.

El equipo legal de Vera Carrizal ha interpuesto alrededor de 11 amparos, entre ellos el resuelto este viernes, además del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, la cual fue avalada el 21 de enero por el juez Teódulo Pacheco, misma que posteriormente fue suspendida temporalmente por una jueza local.

Ríos Ortiz fue rociada con ácido por Rubicel N en septiembre de 2019, quien tras la agresión le gritó a la joven: “muere, maldita desgraciada, hasta aquí llegaste”; después de eso, el hombre se reunió con su padre, Ponciano N (fallecido en prisión), con quien huyó del lugar del ataque. Se señala como autores intelectuales a Juan Antonio Vera Carrizal, su hijo Juan Antonio Vera Hernández (prófugo) y Rubén L. C., ex trabajador de una gasolinera del ex legislador.

GOBIERNO DE COLIMA, HOSTIL, DICEN FAMILIARES DE LOS AUSENTES