Inaplicable en Edomex y Coahuila, el plan B de la reforma electoral

“A MÍ NO me lesionaron, me quisieron matar”, escribió María Elena, quien desde hace dos semanas ha denunciado la intención de su agresor de obtener arraigo domiciliario mientras se definía su situación jurídica. La relevancia mediática del caso y las oportunas y valientes acusaciones de María Elena impidieron que el juez Teódulo Pacheco Pacheco y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) ratificaran el permiso que habían otorgado y se vieran obligados a revocarlo. La única medida que corresponde después de este acto de probable corrupción es la renuncia de ambos funcionarios. Pero ni eso.

LA IMPUNIDAD REINANTE no sólo pone en peligro a la saxofonista, sino a miles de mujeres, en un estado en el que tan sólo en 2022 fueron asesinadas con violencia 169 mujeres, y de estos crímenes únicamente 41 se investigan como feminicidio. En México, lamentó María Elena, “sobrevivir a un feminicidio les permite ampararse a los feminicidas”, y expuso que a 40 meses del intento de asesinarla, la cadena de corrupción ha ido creciendo, hasta llegar al plan actual de reclasificar el delito del que fue víctima.

EL ACUSADO, JUAN Vera Carrizal ha interpuesto 11 amparos, motivo por el que el proceso se alarga y la justicia no llega. Muchas complicidades patriarcales juegan en contra. El Tribunal Superior de Justicia de la entidad, si no es parte de la violencia institucional que se ejerce sobre ella, debería actuar totalmente distinto a como ha hecho durante estos más de tres años.

LA JUSTICIA PARA María Elena es la de todas. Su voz es ahora estandarte de las sobrevivientes. Pero en este país, si el feminicida no consigue su objetivo, el riesgo continúa.

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USTO LA SEMANA en que un estudio del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) arrojó que tan sólo durante las primeras tres semanas de 2023, ocho mujeres fueron asesinadas en Oaxaca, este viernes se realizó en esa entidad una nueva audiencia para Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de intento de feminicidio contra la saxofonista oaxaqueña María Elena. El objetivo, ha denunciado en redes la mujer agredida con ácido, es buscar reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por lesiones, y así lograr su libertad.FABIOLA MARTÍNEZ

La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no se pueden aplicar los nuevos criterios de propaganda gubernamental en las elecciones de Coahuila y estado de México, que se realizarán en junio próximo.

Si bien la reforma a dos –de seis– leyes incluidas en el plan B entraron en vigor el 28 de diciembre pasado, la Constitución indica que deben transcurrir al menos 90 días de vigencia previos al inicio del proceso electoral, y en este caso los comicios 2023 para elegir gobernador en las entidades mencionadas empezaron el 1º de enero.

Al analizar y confirmar el incumplimiento de una medida cautelar ordenada al ex subsecretario de Seguridad Pública federal Ricardo Mejía Berdeja, hoy candidato a la gubernatura de Coahuila, la sala especializada aprobó el proyecto según el cual las nuevas normas serán analizadas en casos venideros, siempre de acuerdo con las resoluciones previas de la sala superior.

Mejía Berdeja, actual abanderado del Partido del Trabajo, incumplió medidas cautelares al no retirar de Twitter, como se le ordenó, publicaciones denunciadas.

La sala especializada analizó, además, si la infracción implicaba la pérdida del modo honesto de vivir (requisito para confirmar una candidatura).

Los magistrados determinaron que Mejía y otro servidor público, Jonathan Ávalos, no eran reincidentes en infracciones electorales y ninguno estaba inscrito en el Catálogo de Sujetos Sancionados por esta sala especializada.

El magistrado ponente, Luis Espíndola, señaló: “Por primera vez estamos haciendo un pronun- ciamiento sobre la definición de propaganda gubernamental que se introdujo en la reciente reforma a la Ley General de Comunicación Social; si bien es derecho vigente, no se puede aplicar en el marco de la elección de Coahuila” por las razones antes expuestas. Por otro lado, los jueces electorales determinaron que distintos servidores públicos, entre éstos la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no incurrieron