Dan pruebas de transferencias millonarias del SAT a Cepra

Gustavo Castillo Garc A

El Ministerio Público Federal presentó testigos y pruebas documentales para acreditar que la empresa Centro de Productividad Avanzada (Cepra) fue contratada ilegalmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016, por lo cual tres ex funcionarios de la institución fiscal se encuentran sujetos a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En el segundo día de la etapa de juicio en instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, se dieron a conocer documentos que confirman transferencias financieras por más de 450 millones de pesos a Cepra, a pesar de no cumplir con las bases de la licitación y no contar con el equipo, la calidad de servicio e instalaciones comprometidas en el país.

De acuerdo con las pruebas documentales presentadas por los testigos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), se dio cuenta de que Cepra obtuvo ingresos desde marzo de 2007 y hasta enero de 2020, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del SAT detectaron que esta empresa no contaba con los equipos de cómputo, móviles y fijos, ni con los periféricos para que pudieran laborar y atender al público que requería servicios de orientación fiscal.

Durante la audiencia encabezada por el juez Juan José Hernández Leyva, las autoridades establecieron que a pesar de las inconformi- dades presentadas por las empresas que compitieron con Cepra por la adjudicación, hasta en cuatro ocasiones se “arreglaron” los fallos con los cuales se otorgó el contrato por el que la compañía podía obtener hasta mil 100 millones de pesos.

Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron como testigo de cargo a Luis Manuel Pérez de Acha, ex integrante del consejo ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, como el ciudadano que interpuso en 2019 la denuncia y reveló que su querella se inició con base en los reportes realizados por la ASF y que se sustentaron en las revisiones hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2017.

Explicó que tanto la ASF como la SFP descubrieron que Cepra no contaba con capacidad para entregar los equipos comprometidos y proporcionó información falsa sobre los domicilios en los que supuestamente contaba con instalaciones para atender las necesidades del personal del SAT.

En tanto, el agente de la Policía Federal Ministerial, Julio César Rueda, confirmó que en los equipos de cómputo del SAT localizó toda la documentación que se empleó para la contratación de Cepra, información que hasta el momento ya ha sido validada e incorporada para la etapa final del juicio y en la que se acredita que las inconformidades presentadas fueron “arregladas” para que la compañía tecnológica siguiera como titular del acuerdo comercial, y solamente se le sancionara por los incumplimientos que se reportaron de manera formal.

Anuncia López Obrador plan para impedir privatización de zonas de playa del Fonatur

Alonso Urrutia Y Arturo S Nchez

El gobierno federal analiza que las 10 mil hectáreas que posee el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en sitios turísticos de playa se conviertan en áreas naturales protegidas, con el fin de que en el futuro no sean privatizadas como ocurrió en el pasado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que en ese ánimo, el periodo neoliberal privatizó muchas riberas y en la actualidad prácticamente no hay playas públicas. En conferencia, indicó que se vendieron como mil hectáreas de manglares cerca del aeropuerto de Cancún a siete pesos el metro cuadrado. Este tipo de acciones, dijo, es lo que alentaría esa decisión que involucraría sitios turísticos en Baja California, Quintana Roo, en las bahías de Huatulco,

Lentos, los juicios contra factureros: AMLO

Alonso Urrutia Y Arturo S Nchez

A pesar de la lentitud en los procesos legales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que continúan abiertos expedientes y órdenes de aprehensión en contra de empresarios factureros que emitían documentación falsa para facilitar la evasión fiscal. Están involucrados en estos juicios miles de millones de pesos, en torno a los cuales existe la instrucción de que se documenten los presuntos ilícitos y se turnen a la Fiscalía General de la República.

Aun cuando no entró en detalles sobre las empresas involucradas en estos juicios, subrayó que cometían delitos graves y “se trataba de actos de corrupción de miles de millones de pesos. Hay quienes están prófugos y otros que están denunciados, nada más que es muy lento, por eso hablo de la necesidad de la reforma del Poder Judicial”.

El Presidente enfatizó que este tipo de casos deberían tener prioridad y ser atendidos con prontitud en el Poder Judicial, pero estos empresarios tienen abogados muy buenos que interponen rescursos para dilatar su resolución, pero por eso “digo que es ‘Suprema Corte del Derecho’, no Suprema Corte de Justicia”, afirmó.

Diferencias con Monreal

A partir de esa referencia, recordó que recientemente el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal –“con el que no tengo yo diferencias, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no?”–, expresó que él estaba más a favor del derecho que de la justicia “y lo sentí como una réplica, como una respuesta”. en Oaxaca, o Playa Espíritu, en Sinaloa.

–¿Quiso marcar distancia de usted, Presidente?

–No, no, ya estamos grandes y ya cada quien sabe lo que busca y representa. Y a mí me gusta que haya debate en estos temas de fondo.

Consideró que el Poder Judicial sigue resolviendo a partir de tecnicismos que “a veces ni siquiera tienen que ver con el derecho, pero se excusan en eso. ¿Y la justicia? Es un tema interesante y, claro, otras cosas. Esa es una diferencia que tenemos, no politiquera, ésta es de fondo, porque no sólo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos; y los abogados, casi todos”.

Recientemente, encabezó una reunión con los gobernadores de esos estados y Fonatur para avanzar en esa determinación.

Es necesario hacerlo porque “qué tal, la mala suerte, y que regresen, porque además van a traer más hambre de dinero, van a regresar por sus fueros. Hay que proteger el patrimonio. Si fue un milagro que no acabaran con todo. Es que era bastante lo que tenía la nación, lo que recuperó la nación con el proceso revolucionario”.

Habían entregado tierras, aguas, minas, petróleo, la industria eléctrica, ferrocarriles, empresas, muchísimo, los bancos. Pero como era tanto no alcanzaron a rematarlo todo. Incluso la tragedia de la guardería ABC fue por la privatización de las estancias infantiles, añadió.

Por otro lado, López Obrador comentó que el Infonavit lleva a cabo el saneamiento de las políticas

Niegan amparo a ex delegado de la Sagarpa

El décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa con sede en la Ciudad de México negó la protección de la justicia federal a Cruz Alberto Uc Hernández, quien se desempeñó como delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) de 2015 a 2018 en Chiapas y fue acusado de cometer irregularidades que afectaron a productores de maíz y frijol, por lo que deberá pagar una multa de más de 57 millones de pesos. De acuerdo con información publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el asunto identificado con el número 277/2022, Uc Hernández buscaba que el tribunal colegiado modificara la resolución dictada por la tercera sala regional metropolitana del tribunal

▲ Las 10 mil hectáreas de playa que posee el Fonatur serán convertidas en áreas naturales protegidas. En la imagen, Punta Cancún. Foto Afp de vivienda para favorecer la entrega de créditos y la elaboración de un programa de recuperación de departamentos abandonados. federal de justicia administrativa, que a su vez avaló la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Se construían unidades habitacionales a diestra y siniestra, todo a partir de corrupción, de compra de terrenos que pagaban a precios por hectárea y luego vendían a metro cuadrado en lugares apartados, sin servicios, sin transporte. Además, muy malos departamentos, ‘huevitos’, 30 metros cuadrados, y muchos no fueron ocupados por los trabajadores”, explicó. Para intentar revertir esa herencia y aprovechar miles de viviendas sin habitar, “el Infonavit tiene un plan para ir entregando y rehabilitando” esos espacios.

En 2019 la SFP estableció una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público y el pago de una multa por 57 millones 200 mil pesos en contra de Uc Hernández. La resolución fue combatida mediante un juicio de amparo que no fue favorable.

La SFP detectó que durante su labor como delegado de Sagarpa en Chiapas, el ex funcionario no integró de manera correcta los expedientes de supuestos pequeños productores que recibieron beneficios del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol.

Luego de la resolución del órgano judicial en el caso, el acusado puede solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia.

Gustavo Castillo

TRIBUNALES INCOMPLETOS EN LA MITAD DEL PAÍS