ÂżQuĂŠ hacer para que la justicia prevalezca en Guatemala? Los estudiantes de Derecho de Guatemala opinan en el medio que es tribuna y no mostrador
Patricia Elizabeth Flores
Críada en una familia de siete maravillosos miembros, la más pequeña de cinco hijos, hija de José Manuel Flores Médina y Patricia Barrios Fernández de Flores. Formé mi educación primaria y secundaria en el Colegio Guatemalteco Bilingüe y actualmente curso el último semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Istmo. A mis veintitrés años, me considero una mujer apasionada, pero sobre todo responsable para con la sociedad y mi querida Guatemala en la contribución de justicia, paz, y libertad.
Camilo José Peña del Valle
Editorial
Un paso en la dirección correcta
En La Hora somos una tribuna, no un mostrador y ello quiere decir que en nuestro medio no tienen cabida aquellos que pagan para tener una voz, sino por el contrario, somos una tribuna para los guatemaltecos, a los que la única condición que les ponemos es que su deseo de lucha y cambio sea para lograr una mejor Guatemala. Además, nosotros somos firmes creyentes que el país cambiará en la medida en que los miembros de la sociedad jueguen su papel ciudadano y se involucren y una de las quejas que hay en la sociedad, es que salvo las redes sociales, los guatemaltecos sienten que no hay espacios de opinión. Por tanto, hemos decidido seguir generando suplementos de contenido, pero con la intención que rompan con el esquema tradicional de los medios nacionales y por ello, es que tal y como lo hicimos con el Suplemento Político en las elecciones pasadas y que será una herramienta para la futura contienda electoral, desde hoy lanzamos un Suplemento Universitario en donde los protagonistas son los estudiantes de las diversas ramas profesionales. Es nuestra intención que podamos conocer las posturas de los estudiantes universitarios, sus dimensiones, su forma de ver los problemas y las soluciones y dejar que sean los mismos lectores los que, sin sesgos y censuras, formen su opinión. Este proyecto se instituyó para quedarse y por ende, agradecemos el apoyo de los alumnos participantes, de sus casas de estudios, de los anunciantes y de todo el personal que con mucho esfuerzo y dedicación han hecho este proyecto una realidad. En este primer número participan alumnos de las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín y del ISTMO, en el que abordan lo que, a su juicio, debe ocurrir para que nuestro sistema de justicia funcione. Se invitó a las demás universidades que cuentan con facultad de derecho, pero decidieron que sus estudiantes no participarían. En los futuros números abordaremos temas económicos, sociales, agrarios, políticos y demás que son la parte medular del cambio con el que la mayoría de guatemaltecos soñamos. Cada vez más que ciudadanos ejerzan su ciudadanía y dejen por un lado la indiferencia, Guatemala podrá ver un cambio positivo porque los vacíos de poder que son llenados por las mafias de todo tipo, serán ocupados por ciudadanos honrados y comprometido con el cambio y es por ello que en La Hora estamos y seguiremos comprometidos con todos los esfuerzos que nos lleven hacia ese rumbo.
Nací en Guatemala el 21 de julio de 1984. Desde la adolescencia cultivé un profundo amor por el cine, por lo que al graduarme del colegio estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landivar (URL). Como les sucede a muchos jóvenes que están conociendo más de la vida y el mundo, me decanté por las ideas revolucionarias durante mis primeros años de la universidad, pero mi visión del mundo cambió una vez empecé a trabajar en el noticiero de un nuevo canal de televisión: Latitud; canal que luego se convertiría en TV Azteca Guatemala. Al graduarme de la URL, la Universidad Francisco Marroquín me abrió las puertas para estudiar otra licenciatura. Después de pensarlo seriamente, acepté el reto y empecé una nueva carrera: Derecho. Desde hace varios años soy un liberal convencido.
Alejandro Rodolfo Nicolas Pokus Alvarez
De 23 años de edad, graduado como Bachiller en Ciencias y Letras y Despacho de Subteniente de Reservas del Instituto Adolfo V. Hall Central. Actualmente estudiante del decimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, URL. Es Representante Estudiantil de la Facultad de Derecho ante el Consejo de Facultad, Consejo del Bufete Popular y Representante Estudiantil de las distintas Facultades ante el Consejo Ejecutivo de la URL.
Javier Santizo Mansylla
Estudiante de Derecho, Quinto año, Universidad Francisco Marroquín. Actual presidente dela Asociación de Estudiantes de Derecho, participante en las competencias internacionales de Philip C. Jessup (Campeón Nacional) y ELSA Moot Court Competition on WTO Law (Tercer lugar, ronda mundial). Miembro de Organizaciones Internacionales como Blackstone Legal Fellowship y Columbia Summer Program on American Law Alumni.
Ana Cristina Barbier Figueroa
Es hija de Lorena Figueroa Ruano y Marcel Barbier Andrino, nieta del Lic. Alfredo Enrique Figueroa Tobar, por quien heredó la pasión y el deseo por el estudio en las Ciencias Jurídicas y Políticas. Es egresada del Centro Escolar Campoalegre, como bachiller en ciencias y letras de la promoción del año 2008. Participó como Vicepresidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad del Istmo en el ciclo 2010-2011. Actualmente cursa el quinto y último año de la carrera Derecho en dicha universidad y labora en la firma de Abogados y Notarios “Iurisconsulti”, en la cual ocupa el puesto de asistente jurídico. Es una persona perseverante, que se esfuerza por alcanzar sus metas y una de ellas es lograr ser Abogada en honor a su abuelo y familia, así como colaborar en la creación de una Guatemala donde prevalezca el estado de derecho y sobre todo la justicia.
Luis Pedro Martínez Valdeavellano
“Graduado del Liceo Javier en el año 2008 y actualmente cursando el 10º. Semestre de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Apasionado del cine, del derecho y de provocar sonrisas espontáneas en la gente. Optimista y soñador, confiado que está en las manos de los jóvenes, cambiarle el rumbo a la película de Guatemala.”
Mónika Michelle Schlesinger
Nació en la ciudad de Guatemala el 12 de octubre de 1990. Es Bachiller en Ciencias y Letras egresada del Colegio la Asunción (2008). En 2012 recibió de la Sociedad de Estudiantes de la Universidad del Istmo (Seunis) y la Facultad de Derecho reconocimiento de excelencia académica por su desempeño. Actualmente cursa el 10mo. semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo.
Ignacio Fernando Grazioso Alvarado
Es estudiante de quinto año de Derecho, URL; fue semifinalista en el Inter-American Human Rights Moot Court Competition, AU Washigton College of Law; laboró en el bufete “Estudio de Abogados”; actual Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho; fungió como enlace diplomático en la 43 Asamblea General de la OEA en Antigua Guatemala; realizó pasantía en la Misión Internacional de Justicia y representará a la URL en la VI Competencia Internacional de Arbitraje 2013, en la Universidad del Rosario en Bogotá.
Astrid Idalia Lima Castillo
Mi nombre es Astrid Idalia Lima Castillo, nací un doce de mayo del año mil novecientos noventa en la Ciudad de Guatemala. Crecí junto a mis padres y mis dos hermanos mayores. Siempre fui una persona que consideró que el aprender cada día algo nuevo era elemental en mi vida. A la edad de siete años comencé a aprender el idioma que he amado durante años, el idioma alemán. Puedo decir que los mejores recuerdos de mi niñez se resumen en dos palabras: viajes y deportes. He sido amante de esas dos actividades desde siempre. En la actualidad, tengo veintitrés años y me encuentro estudiando una carrera que me ha dejado muchas enseñanzas, experiencias, recuerdos y alegrías; la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Curso actualmente el décimo semestre y ansío el graduarme y ejercer la carrera que elegí y más que todo el sentirme útil para la sociedad guatemalteca.
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La Justicia empieza por mí, por ti
¿Por qué Guatemala no mejora? Camilo Peña
Elizabeth Flores Universidad del Istmo
“Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”. Edmund Burke La justicia como bien sabemos es una virtud. Preguntarán ustedes ¿Qué es una virtud? Pues la virtud es un hábito o cualidad que nos invita a actuar y al mismo tiempo nos perfecciona como personas. Podemos decir entonces que la justicia es una virtud dinámica, puesto que es la disposición habitual de dar a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia es una acción, es práctica… no corresponde al <<deber ser>>, la justicia ES. La justicia existe en relación a los demás, “yo no puedo ser justa conmigo misma” la justicia necesita de dos o más personas para que entonces tenga razón de ser. Pero debemos entender algo fundamental: no podemos reclamar justicia, si nosotros no somos justos con aquellos que nos rodean. Eso me hace reflexionar y comprender que soy responsable de ser justa con los demás, esa responsabilidad no es delegable, de tal forma que únicamente podremos lograr que prevalezca la justicia en Guatemala si cumplimos primeramente con nuestros deberes sociales, políticos y económicos. Sabemos que es necesario fortalecer las instituciones públicas, luchar contra la impunidad y violencia. Platón en su obra La República establece que la justicia se da cuando los tres órganos del Estado cumplen con su deber, pero al mismo tiempo, cuando las personas que componen la sociedad cumplen con sus obligaciones. El llamado es entonces a que de forma individual seamos justos, eso es, cumpliendo con nuestros deberes, dando lo que pertenece a cada quien. Si eres doctor, maestro, artista, estudiante, ama de casa, hermano, hijo, papá, vendedor; de seguro ya sabes cuáles son tus responsabilidades, sabes lo que te corresponde hacer. La fórmula es fácil: dar a cada quien lo suyo, por ejemplo: un juez no es justo por conocer las leyes o llevar los casos considerados como complejos, un juez es justo porque sus sentencias son conforme Derecho. De la misma forma, un vendedor no es justo por ser experto en Finanzas, Mercadeo o Administración, es justo porque cobra lo debido y da a cambio lo solicitado en cantidad y calidad. Diariamente vemos en las noticias que el número de asesinatos, robos y demás delitos ascienden al movimiento de un chasquido; al mismo tiempo, vemos cómo la avaricia, el poder y la ambición han hecho hendiduras a nuestro sistema de justicia… Pero, no podemos pasar por alto a los jueces, magistrados, policías, maestros, doctores, diputados y demás servidores públicos que tratan y se esfuerzan por ser justos en sus actuaciones. Mantengámonos firmes en nuestros actuares, hagamos siempre lo justo, sirvamos, obedezcamos las leyes, seamos ciudadanos leales. En tiempos de paz, de prueba y de guerra demostremos nuestras virtudes, seamos moderados, industriosos, creativos, innovadores. Empecemos por cosas sencillas: ¡seamos puntuales!; tiremos la basura en su lugar respectivo: ¡El basurero!; cumplamos con nuestras funciones en el trabajo (olvidando en esas ocho horas el Facebook, Twitter, Whatsapp); paguemos nuestros impuestos para mejorar nuestro sistema de Salud Pública, Educación, etcétera. Entonces estaremos propiciando un cambio, en donde nuestros legisladores, jueces, así como nuestro distinguido Presidente serán el reflejo de ciudadanos que cambian, cumplen y velan por la virtud de la Justicia. eliflob10@hotmail.com
Universidad Francisco Marroquín
Para eliminar la pobreza en Guatemala, o al menos reducirla drásticamente, debemos aumentar el volumen de capital (inversiones como fábricas y maquinaria que aumentan la productividad) por trabajador. Para ampliar el capital es necesario que empresarios e inversionistas puedan planificar a largo plazo con el objeto de recuperar la inversión y obtener ganancias. Y para planificar las personas deben tener la posibilidad de predecir las consecuencias legales de sus acciones, hecho que sólo es posible con un buen sistema de justicia, estable en sus decisiones y que resuelva pronto. ¿Por qué? Porque los fallos repetidos de los jueces en casos similares permiten que las personas se hagan una idea de cuál sería la sentencia si ellos se encontraran en un juicio parecido y en consecuencia condicionan sus actos conforme a ello: si los jueces fallaron consistentemente de esta manera en los juicios A, B y C, seguro decidirán de la misma forma en el mío, por lo tanto hago o no hago esto. Ello aplica a cualquier rama del derecho. En materia penal, que es de las más urgentes corregir, la certeza de un castigo pronto envía un fuerte mensaje: el que delinque sin duda será castigado. En consecuencia el riesgo de cometer un crimen aumenta y los potenciales criminales se ven desalentados a matar, robar o estafar. Guatemala ilustra
el caso contrario. Como las probabilidades de ser castigados son pocas, las personas tienen más incentivos para delinquir, del político que roba del erario público al hombre que mata por un celular. La misma historia corre para los tribunales civiles y mercantiles, administrativos y laborales. Por ejemplo, las partes de un contrato estarán mucho más dispuestas a respetar los acuerdos si saben que un tribunal los condenará a reparar el daño en caso faltaren a su palabra. En Guatemala, los juicios duran años, aumentando el costo de acudir a los tribunales y la incertidumbre de obtener un buen fallo. ¿Quién querría invertir en un contexto así? Con tanto caos, destinar capital a Guatemala no es una inversión, es un riesgo. La esencia de un país ordenado, pacífico y próspero se encuentra en sus tribunales. Trabajar por una reforma del sistema de justicia, la policía y el Ministerio Público, debería ser lo más importante de la agenda nacional en este momento. Estoy seguro que la mayoría de personas, sin importar su ideología, estarán de acuerdo. De la derecha hasta la izquierda, dudo mucho que haya quienes no deseen un Organismo Judicial ejemplar, no sólo por cuestiones de atraer capital, sino por el hecho de vivir en paz, de poder salir a la calle sin temer por la vida, de ser, en conclusión, libres.
Lamentablemente el debate político se ha enfocado en cuestiones secundarias. Preferimos hablar de la necesidad o no de la seguridad social, de la salud y educación públicas, de la redistribución de la riqueza, de los Tratados de Libre Comercio e impuestos progresivos etc., sin caer en cuenta que si no tenemos, como mínimo, una justicia notable el país seguirá a la deriva. Que no se me malinterprete, los asuntos que enumeré son importantes discutirlos, pero todo tiene un orden de importancia y al frente se encuentra hoy día la justicia. Para nadie es un secreto que los países desarrollados están sufriendo las consecuencias de una grave irresponsabilidad en la administración pública (enormes déficits públicos y burocracias, crisis financieras). Sin embargo, el respeto a la ley sigue siendo un elemento importante en la cultura de sus ciudadanos gracias a tribunales que gozan de alta credibilidad y como resultado, aún preservan un gran clima de orden y libertad. cpena@ufm.edu
Independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces Alejandro Pokus Universidad Rafael Landívar
Constantemente el Organismo Judicial, que es el responsable de darle cumplimiento efectivo a la ley y que se cumpla el debido proceso, se ve cuestionado por la falta de independencia e imparcialidad que deben de tener los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, ya que se ha perdido la credibilidad y confianza debido a los cuestionamientos y distintas controversias que se han dado dentro de los diferentes procesos, en especial en casos emblemáticos dentro de la coyuntura nacional, donde se ven vinculados intereses o presiones de diversos tipos por parte de otros Organismos del Estado o de distintos sectores, lo que influye de manera negativa en el desempeño del Organismo Judicial. La independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces si bien son distintas van estrechamente ligadas, al ser dos de los pilares esenciales de la justicia que sirven para que prevalezca un Estado de Derecho y sobre todo proteger los derechos de cada ciudadano guatemalteco, al no permitir abusos de poder. Por lo que los magistrados y jueces no pueden actuar arbitrariamente al momento de resolver por cuestiones puramente personales, sino más bien deben de tener claro que su deber es la aplicación de la ley. En nuestro país los magistrados y jueces
están sujetos a un periodo por mandato constitucional de cinco años pudiendo ser reelectos; sin embargo, se debe considerar que este es uno de los tantos factores donde se ve afectada la independencia y se debilita el poder judicial, ya que se ha politizado demasiado el proceso de elección en el cual se busca algún interés sobre estos cargos, limitando así el ejercicio de sus funciones. A lo anterior el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Leandro Despouy, en su Informe de 2009 hace un análisis y “considera que esta provisionalidad afecta la independencia y el desarrollo profesional de jueces y magistrados y es contraria a los estándares internacionales en la materia”, en este mismo sentido el anterior Relator Especial Param Coomaraswamy, ya se había pronunciado en el 2000, para que se buscara una independencia verdadera del Organismo Judicial. Se debe de tener claro que uno de los factores que conllevaría a una independencia en el ejercicio de sus funciones sería que fueran electos por un periodo superior al ya establecido, garantizando de esta forma la transparencia que debe de prevalecer en el Organismo Judicial y sobre todo en el proceso de selección de los magistrados y jueces, propiciando la estabilidad en el sector
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justicia y lograr así recuperar la confianza ante la sociedad. Para que en Guatemala prevalezca la justicia es necesario que se tome en consideración lo anterior para poder fortalecer el Organismo Judicial, y no caer en la desconfianza que impera actualmente en la sociedad. Logrando una justicia digna en que el órgano encargado de impartir justicia no tenga ninguna presión por parte del Legislativo o Ejecutivo y se respete la división de poderes. Por lo que solamente teniendo un Organismo Judicial independiente se puede lograr que se imparta justicia imparcialmente, ya que el espíritu del principio de independencia radica en que se debe de respetar la división de poderes que todo Estado democrático de Derecho debe de tener, logrando con ello que la sociedad tenga la seguridad que los magistrados y jueces resolverán de acuerdo a como la ley lo establece, siendo imparciales al no tener ningún interés en la litis, logrando así salvaguardar la justicia guatemalteca. apokus52@gmail.com
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Independencia,
93 aĂąos de vivirla, para decir la verdad
Independencia Responsabilidad Compromiso Rectitud
El problema de Guatemala, un problema de diseño: Javier Santizo Mansylla Universidad Francisco Marroquín
Son muchos los problemas que azotan a nuestro país, problemas que van desde la violencia, a la pobreza, desde la corrupción, hasta la desnutrición. Si bien es cierto, las causas son numerosas como para poder explicarlas en este breve artículo, se puede afirmar que las mismas están íntimamente relacionadas con nuestro diseño estatal. La separación de poderes es una característica esencial del sistema republicano de derecho, una separación consistente en la división marcada de funciones en el que ninguno de los tres poderes se sobrepone a los demás, pero al mismo tiempo se fiscalizan entre sí. Dicha idea, aceptada prácticamente en todo el mundo, optó por una versión distinta en Guatemala. Una versión que comenzó siendo esencialmente presidencialista y luego se transformó para compartir el poder entre el Ejecutivo y Legislativo, dejando de un lado al Organismo Judicial. Mientras los tres Organismos traen sus “defectos de fábrica”, se le otorga al Ejecutivo y al Legislativo un poder y unas herramientas que no se le dan al Judicial. Los primeros dos organismos han sido tradicionalmente aliados durante su permanencia en el poder, aun cuando en los últimos tiempos se ha visto una tendencia contra la tradicional aplanadora política en el Legislativo. Ambos son electos por el mismo período de cuatro años, ambos están relacionados con la aprobación de préstamos, presupuesto, impuestos y demás medios para poder llevar a cabo sus fines. Nuestro Legislativo es al día de hoy un organismo que no representa a los guatemaltecos, uno en el que se tiene que elegir de una lista de candidatos en la que muchas veces no conocemos a todos los integrantes; un organismo cuyas decisiones se toman “en bloque” y donde el cabildeo político es cosa de todos los días. Sin embargo, sus funciones y atribuciones le permiten una influencia y poder innegable en el quehacer de nuestro país. Por el otro lado tenemos al todopoderoso Ejecutivo, un organismo que si bien tiene sus propios problemas no carece de poder. Dicho organismo no solo influencia y nombra cargos de notable importancia en el Gobierno sino, además, pasa un período relativamente corto en el que se dedica a pagar la millonaria campaña electoral con favores políticos y a asegurar el futuro de sus miembros, destruyendo lo bueno que pudo haber hecho la oposición en el período anterior. Por último, tenemos al Poder Judicial, aquel encargado de impartir la justicia que tanto se anhela en este país. Un poder cuya función debería de ser la más importante para el Estado pero que se encuentra relegado a un plano secundario. Un poder que no tiene la dicha de participar en negociaciones presupuestarias y que tiene que vérselas con un magro presupuesto del 2%, como manda la Constitución. Un poder cuyas autoridades superiores están algunas veces influenciadas y politizadas por sus organismos homólogos. El problema más grande de Guatemala es, pues, un problema de diseño. Tanto un problema de diseño de cada organismo, en el que se dan todos los incentivos perversos que facilitan el robo y la corrupción; como un problema de la separación de poderes como tal. Nos encontramos frente a una estructura que ignora por completo el rol principal del Gobierno: impartir justicia, relegando a dicho organismo a un segundo plano frente a sus hermanos mayores. Es importante que analicemos, pues, la importancia que debe tener el Organismo Judicial para resolver la problemática actual de Guatemala. jasantizo@ufm.edu
Un boleto para asistir al show de la Justicia Cristina Barbier Universidad del Istmo
Hoy y desde hace varios años, muchos de nosotros deseamos ser partícipes de un espectáculo que tantos nos han ofrecido. Un show en el que esperamos ver como protagonista a la justicia, representada con una espada desenvainada por una mano y la balanza por la otra, con los ojos vendados imponiendo su poderío frente a cualquiera. Esta actuación tan anhelada por los espectadores guatemaltecos, depende del compromiso de los funcionarios públicos, y en consecuencia la obligación de cumplir con las grandes responsabilidades que los cargos y la actuación pública exigen. Ellos, quienes van integrando a las autoridades públicas, son quienes deben velar por el estricto cumplimiento del deber del Estado, el cual no debe ser únicamente la protección de la persona y su libertad sino también garantizar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos para generar confianza y credibilidad en el ordenamientos jurídico. Cada cuatro años, al comienzo de un nuevo gobierno, nos hacemos acreedores de un boleto más, para asistir al espectáculo que debiera de llegar a las expectativas de todo ciudadano. Dicha actuación ha sido durante años un interminable número de monólogos, diálogos, y sátiras, dedicados a la burla y a la violación de la justicia, tan anhelada en Guatemala.
El país y en consecuencia su pueblo, ha llegado a un límite en el que la justicia es simplemente una palabra más, en el diccionario del idioma español. Aquel deber intrínseco del ser humano de exigirse a sí mismo y a sus semejantes, la obligación de respetar lo debido, como una exigencia de razonabilidad para llegar al bien común, quedo atrás como un simple chiste para los actores y actrices de este show. Siendo los guatemaltecos acreedores del servicio y la protección del Estado, en virtud de la potestad otorgada al mismo, para garantizar y reconocer los derechos fundamentales de todo ser humano, nos vemos en la necesidad de demandar un Estado de Derecho Constitucional real. Un Estado en donde la Constitución sea respetada por todos, y que en caso de desobediencia se castigue con el señorío de la Ley y no con el señorío de los hombres y su arbitrariedad. Un Estado en donde los tres poderes sean una verdadera balanza de pesos y contrapesos, en el que su función esté dirigida al debido control de las actuaciones públicas, para evitar a toda costa el abuso del poder. Un Estado en donde se exija la importancia del respeto hacia el derecho natural y los valores éticos y morales para no caer en el actual cotidiano modo de vida de sobreponer los intereses particulares y las ambiciones personales,
que corrompen al ser humano, frente a las necesidades sociales. No se puede llegar al extremo de la indiferencia en donde los espectadores de esta interminable burla al Derecho que implica la justicia, no se sorprendan de lo denigrante que es la actuación de quienes debieran estar dirigiendo al desarrollo integral del país. Hoy ya no depende más del compromiso de quienes ejercen cargos públicos en las instituciones que gobiernan al país, sino que depende de la exigencia de quienes lamentablemente hemos sido víctimas de estafa, al darnos un boleto hacia el país de la eterna impunidad. Es responsabilidad de los estudiantes de Derecho, así como de los demás estudiantes ser los promotores de la exigencia de un cambio para Guatemala, en el momento que termine “la mucha actividad de pocos malos y el luminoso silencio de muchos buenos”, como bien dijo Martin Luther King, va ser el momento en el que podremos luchar por un Estado de Derecho Constitucional. cristinabarbierf@gmail.com
La ética del funcionario para que la justicia prevalezca en Guatemala Astrid Lima Universidad Rafael Landívar
Les comparto las que, a mi parecer, son las palabras más sabias y conmovedoras del decálogo del abogado: “LUCHA. Tu deber es luchar por el derecho: pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.” Palabras sabias más en estos tiempos donde parece que a los abogados y jueces se les ha olvidado que ellos están hechos para el derecho y no el derecho para ellos. Lastimosamente, en la actualidad, la administración de justicia se ha visto empañada por fallos dudosos y procesos entrampados, tal vez apegados a derecho, pero no siempre a la justicia; y es cuando es menester preguntar, ¿es la ley superior a la justicia? ¿Dónde están los valores del abogado, del juez o del fiscal a la hora de actuar en un proceso?, debe recordarse que estos personajes son fundamentales en la aplicación de justicia y que si dudamos de su honor o valores, en quién nos queda confiar la justicia de nuestro país. A veces creo que la justicia está siendo tomada demasiado a la ligera, creo que al juez se le ha olvidado el poder que lleva en sus hombros, se debe recordar que es el poder más amplio que se le ha otorgado a un ciudadano, es el juez quien decide sobre los bienes, la libertad y el decoro de los demás, pero no debe olvidar ni por un momento que lo que hace, lo hace en
nombre de la justicia. Es precisamente allí donde el Juez pone a prueba sus valores, principios y ética; es allí donde marca la diferencia entre un funcionario que sirve a la justicia y otro que se sirve de ella. Pero, asimismo, es injusto delegar tan grande responsabilidad únicamente al juez, debemos recordar que el sistema de justicia, tal como su nombre lo indica, es un sistema, con diversos eslabones y partícipes, que si y solo si cada actor realiza su actividad de manera profesional se llegara a un buen resultado. Ese actuar profesional al que me refiero no incluye el hacer todo lo posible para ganar un caso porque los abogados están para “servir al cliente pase lo que pase”, o dilatar un proceso porque “no es permitido perder un caso tan pronto”; ese actuar profesional al que me refiero incluye el reconocer cuando un fallo, aunque no nos favorezca, fue justo; ese actuar profesional incluye el no promover recursos dilatorios cuando sabemos que todo, de manera justa, está perdido. En nuestro país, lastimosamente, aunque la justicia no necesita presentarse, pocos la conocen; aunque la justicia no necesita ojos, pocos tienen la visión para impartirla; en Guatemala, la justicia necesita equilibrio pero muchos se tambalean al aplicarla. Siempre he pensado que
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el derecho sin valores y ética deja de ser útil; es allí donde volviendo al principio, se debe luchar antes por la justicia que por el derecho porque si bien es cierto que la palabra del legislador es nuestra fuente a defender, esa palabra es cambiante, susceptible a error, es humana, mientras que la justicia es pulcra y toca la perfección. Considero que muchas cuestiones que se suscitan en nuestro país tienen que ver con cosas más elementales que aplicar un código o aprender a usar una ley a nuestro favor, muchas cuestiones tienen que ver con los valores con los que los encargados de ese gran sistema aplican esos códigos y leyes; la ética del funcionario para que la justicia prevalezca en Guatemala es vital, esto porque al momento que dejamos de ejercer el derecho con valores y ética, tiramos la justicia por la ventana; porque, por lo menos a mí, me gusta pensar que estudio la carrera de derecho para liberar a la justicia y no para ser esclava de la ley. astridlima12@hotmail.com
La Operación Luis Pedro Martínez
Universidad Rafael Landívar
Las agujas del reloj en la pared de la Sala de Operaciones anuncian con un movimiento lento y afligido que cada vez hay menos tiempo para encontrar la solución. Junto a la cama de operaciones una espada oxidada y una balanza; y, encima reposa inmóvil una mujer cegada por una venda en sus ojos. La sangre derramada se produce en cantidades masivas, producto de ataque que provocó una laceración continua y permanente. La esperanza de vida es poca, casi nula. Mientras tanto en la Sala de Espera se reúne una multitud de gente. La mayoría clama a gritos que se haga todo lo posible para salvar a la pobre dama, a pesar de nunca haberla conocido. Con sus trajes ceremoniales unos hacen rituales suplicando la misericordia de los dioses, otros con sus galas de domingo se hincan implorándole a uno sólo. Los jóvenes piensan en alguna solución, ya que son el futuro del país, sin darse cuenta que este futuro los alcanzó mientras dormían, tomaban una cerveza o jugaban la chamusca del sábado por la tarde. Un grupo de todas las edades, al puro estilo del Che, con carteles, pancartas y llantas quemadas, exige su recuperación. Todos haciendo mucho, todos haciendo nada. Entre los principales sospechosos del ataque se encuentra un hombre vestido
con un traje Salvatore Ferragamo nuevo, ocultando un traje militar por debajo, quien es vitoreado por sus 13 discípulos. Asimismo, está la banda de 158 personas llamada “Los Representantes” quienes son conocidos por iniciar trifulcas y evadir sus responsabilidades, no por arreglar el cuerpo normativo que rige el país. También se sospecha de unos vestidos de toga, un comité de empresarios millonarios, falsos pastores que roban más que sueños y esperanzas, fuerzas de seguridad que dejaron a un lado lo que una vez juraron proteger, miles de soldados y guerrilleros partícipes de una guerra que se cree olvidada haciendo caso omiso a las heridas que nunca sanaron, es decir, se sospecha de mí, de usted y de todos. La aguja del reloj continúa su marcha, haciendo alusión al deporte más laureado del país. En la Sala de Espera parece que se ha encontrado la cura para la paciente que agoniza. Una solución tan antigua como Aristóteles y su justicia correctiva, como Montesquieu y su sistema de frenos y contrapesos instando la separación de poderes, y, como Kelsen y su lección magistral Was ist Gerechtigkeit? Más que un narcótico o puntos quirúrgicos, la solución comienza encontrando el modo que lo imposible y utópico actúe en lo posible. Llegar a la justicia median-
te el derecho. En primeras instancias, esto es responsabilidad de los abogados, tanto de los colegiados y de todos aquellos que estudiamos para un día llegar a hacerlo. Es a través del Organismo Judicial y sus dependencias que la justicia comenzará prevalecer en el país. Eliminando la corrupción dentro de estas instituciones y ajustando la moral de los actores que se involucran en ellas, desde un policía o un notificador del Juzgado, un abogado o un fiscal, y especialmente un juez o un magistrado. Una vez logrado esto y eliminando la impunidad, tal y como un juego de dominó, la Justicia se extenderá por todo el país, siendo todos portadores de ella. Los funcionarios cumplirán sus funciones, los ciudadanos respetaremos las leyes. Solo alcanzando la justicia legal, será posible la virtud y podremos hablar de justicia social y distributiva. Con esto, el doctor con un gesto de júbilo, saldrá de la Sala de Operaciones anunciando que la paciente Justicia ha sanado y sobrevivirá. luispemv@gmail.com
Con nuevos ojos Ignacio Grazioso Universidad Rafael Landívar
Es momento que el Derecho en Guatemala se incorpore plenamente al siglo XXI. Para ello debemos hacer de este algo nuevo, pero no precisamente a través de la evolución clásica del Derecho por medio de cambios legislativos de reforma, derogación y emisión de nuevas leyes, sino más bien debemos asumir una nueva perspectiva y verlo con nuevos ojos. Nuestro sistema jurídico está diseñado con el propósito de proteger una serie de derechos y valores que los guatemaltecos hemos considerado importantes. Pero para de verdad salvaguardar las libertades que estas normas buscan proteger, es imperioso escapar de las concepciones legalistas y en extremo positivistas tan arraigadas a nuestra forma de comprender la Justicia. En Guatemala tenemos la mala maña de creer que sólo lo que literalmente consagra la ley es Derecho, pero muchas veces la aplicación ciega de una norma tiene efectos terriblemente nocivos en el caso en concreto y en lugar de proteger, la norma vulnera esos valores que pretendía resguardar. Para evitar esto, nuestra principal herramienta son los jueces. Necesitamos que sean valientes en la administración de la justicia, estudiosos constantes del Derecho y que sean capaces de ver la justicia más allá de la letra muerta. A su vez, los jueces
tienen herramientas que debieran pero que no usan, no sé si por pereza, exceso de trabajo o temor; como por ejemplo un control de constitucionalidad de oficio, facultad que la misma Constitución les otorga, o un control de convencionalidad (confrontación entre los actos y normas de Estado respecto de convenciones internacionales), lo cual es una obligación del Estado aplicar a la luz del Derecho Internacional. La Corte de Constitucionalidad, sin embargo, ya ha dado algunos pasos significativos en este sentido. Lo ha hecho, por ejemplo, cuando de oficio declaró inconstitucional el decreto gubernativo que disolvió el Congreso y las Cortes en el Serranazo1; lo ha hecho al declarar admisible una inconstitucionalidad por omisión que no está contemplada legalmente en nuestro sistema jurídico o al considerar que los tratados en materia de Derechos Humanos forman, junto con la Constitución, el bloque de constitucionalidad. Creo también que en la resolución del ocurso en el caso Ríos Montt, vimos luces de esta tendencia en el voto disidente del magistrado Mauro Chacón cuando consideró, al contrario de la Corte, que no era proporcional retrotraer uno de los procesos más polarizados de la historia y revivir testimonialmente los horrores de la guerra para resguardar el debido proceso. Es decir, que se pudo haber salva-
guardado el debido p ro c e s o sin provocar nuevos agravios, lo cual sucederá cuando se reanude el debate. Pero mal haríamos en creer que esto es una responsabilidad únicamente de jueces. Las Facultades de Derecho tienen una impostergable tarea de formarnos (o seguirnos formando) a sus estudiantes en los principios actuales que arroja el Derecho Constitucional comparado y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se debe también revaluar la manera en que se pondera la jurisprudencia como fuente de Derecho, cuestión que los diputados deberían considerar y en general me parece que todos los guatemaltecos debemos estar anuentes a estos cambios. No es tanto que el derecho vaya a cambiar. El Derecho sigue y seguirá siendo aquel viejo intento de alcanzar la justicia. Los que debemos cambiar en realidad somos nosotros, y los ojos con los que lo vemos. igna.gra@gmail.com
Sobre la constante tensión entre eficientismo y garantismo en el sistema de justicia guatemalteco Mónika Schlesinger Universidad del Istmo
La crisis que atraviesa el sector justicia, la inoperancia del sistema, aunado al incremento de la delincuencia común, el grado alarmante de descomposición social, el exacerbado crecimiento del crimen organizado, y en general todo acto de irrespeto a la vida humana, sumado a la precaria en ocasiones, y no pocas veces ausencia de intervención oportuna de las autoridades, ha provocado indignación y repudio social, provocando la aplicación de “justicia” por miembros de determinada comunidad, quienes deciden actuar y reaccionar ante la comisión de un hecho delictivo; lo que se conoce como “justicia por mano propia” o “linchamiento”, aplicando la pena capital, sin esperar el pronunciamiento de los jueces y tribunales competentes del país. Este fenómeno se configura como el mecanismo social alterno para hacer frente al problema, comprensible derivado de la desconfianza social en el sistema de administración de justicia actual, más no justificable. La crisis en la aplicación de justicia es reflejo de la constante tensión entre eficientismo versus garantismo. La tesis central del eficientismo penal deriva de una concepción endurecida de eficacia del proceso, herramienta esencial para castigar conductas antijurídicas. La punibilidad de las conductas ilícitas se edifica como fin absoluto, para la obtención de resultados concretos, dejando de lado las garantías y derechos de la persona. En la sociedad guatemalteca impera un criterio radicalizado, en el cual las sentencias condenatorias o cualquier decisión judicial que tienda a limitar la libertad del individuo son concebidas como la correcta efectividad y aplicación de justicia, sin importar los medios empleados para su obtención. A contrario sensu, toda sentencia absolutoria es concebida como una victoria de la impunidad. Para el fortalecimiento del sistema de administración de justicia actual es necesario partir de la primicia que es posible y viable obtener resultados concretos, certeza y seguridad jurídica, en procesos en los que se respeten los derechos y garantías del individuo; solo de esa manera podrá alcanzarse verdadera eficacia y eficiencia, conceptos estrechamente vinculados, que deben imperar en la actuación judicial. El sistema de administración de justicia, aún con todas sus deficiencias y carencias institucionales debe velar siempre por la observancia y el respeto de las garantías constitucionales atendiendo en primer término al debido proceso y el derecho de defensa, pilares imprescindibles en todo Estado de Derecho. El respeto de los derechos fundamentales, tanto de la víctima como del victimario, debe mantenerse incólume, de lo contrario estaríamos frente a una absurda y total ausencia de orden y autoridad; en otras palabras: un Estado de ilegalidad que raya en la barbarie. Por ello, es urgente y necesario el fortalecimiento de las instituciones, en el marco de una cooperación conjunta, en procura de una eficaz aplicación de justicia pronta y verdadera. En síntesis, formulamos la pregunta ¿qué debe prevalecer: la justicia por mano propia, ejercida por miembros de una comunidad, si bien es cierto casi de manera inmediata, en manifiesta violación al subrogarse una facultad exclusiva del Estado; o someter el caso ante los tribunales de justicia, si bien ello implique todo el tiempo necesario para sustentar y ventilar el proceso, más aún si consideramos el retraso significativo por la interposición desmedida de medios recursivos de impugnación para la obtención última de la sentencia apegada a derecho? atender a esto último significará siempre el debido respeto a los derechos fundamentales e inherentes de la persona, elemento esencial del garantismo característico de todo Estado Constitucional de Derecho. monika.michelle.schlesinger@gmail.com
1 Ver expedientes 225-93, 1822-2011 y 19042013 todos de la Corte de Constitucionalidad.
Diario La Hora/Guatemala, 22 de agosto de 2013/Página 7
Pรกgina 8 / La Hora / Suplemento Universitario / Guatemala, 22 de agosto de 2013