Guatemala, 18 de marzo de 2016 / Página 7
Reportaje
17 días del suceso, no determina bien la hora de la muerte, la posición del cadáver, faltaba recolección de evidencia, carencia de los nombres que realizaron el informe final de la necropsia, asimismo que hubo deficiencias en el tratamiento de la evidencia para peritajes científicos y hubo error en las fechas del dictamen balístico. La negligencia llegó al punto que el día de su velatorio, peritos del MP se apersonaron a la funeraria, solicitando a los familiares que se abriera el féretro porque no se habían tomado huellas dactilares de la fallecida. Estas falencias también fueron señaladas por un informe que hizo el Procurador de Derechos Humanos sobre este caso, emitido el 24 de octubre de 2006. La Corte IDH consideró que además Velásquez Paiz fue víctima de estereotipos por ser joven, por haberse encontrado su cuerpo en una zona de pocos recursos, por la forma de vestir y por llevar un aro en el ombligo, y que como resultado se justificó la violencia contra ella y no se investigó su muerte debidamente. “En el proceso se registra la presunta presencia de estereotipos discriminatorios que seriamente impactaron la falta de diligencia en la investigación”, indica el informe de la comisión encargada. En este sentido, el Tribunal consideró que el Estado incumplió su obligación de investigar la muerte como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género. Al igual que la violencia de género, la impunidad es un flagelo que no ha dejado de afectar a las mujeres en los últimos años. El sistema de medición del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala registra 99.52 por ciento de impunidad en casos de violencia contra la mujer y un 99.51 por ciento en los casos de delitos contra la libertad sexual. ¿HAY AVANCES? A criterio de Javier Monterroso, exsecretario del MP, sería inexacto decir que en 10 años no han existido avances en materia de investigación de los casos de violencia contra la mujer.
“Después del caso de Claudina Velásquez ha habido varios avances en el sistema de justicia y en materia de investigación criminal, entre ellos la creación del Inacif – Instituto Nacional de Ciencias Forenses– y la Ley de Femicidio”, explicó. Otros avances señalados por el Estado en las audiencias de la Corte IDH fueron la creación de la Fuerza de Tarea Especializada contra el Femicidio de Gobernación; la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos; los juzgados, tribunales y la Sala de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer; la Fiscalía de la Mujer y las Fiscalías especializadas que conocen exclusivamente los delitos de Femicidio y la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial. Según el MP, actualmente la Fiscalía cuenta con seguridad y medidas de prevención para que los actos de violencia en contra de la mujer no se vuelvan una estadística más de femicidio. Ya que al ir a denunciar una mujer que es víctima de violencia, existen garantías de seguridad que la proteja y que conserve su vida sin temor a que algo le suceda. Sin embargo, Monterroso reconoció que aún existen deficiencias en el sistema de administración de justicia y sesgos de género que influyen en este sentido. EL AVANCE NO ES INTEGRAL Nery Baten, de la Fundación Sobrevivientes, una organización dedicada a la atención a mujeres y adolescentes víctimas de violencia, considera que si bien existen avances, éstos no han sido integrales, ya que no en todas las entidades de justicia existe una implementación igual de los protocolos, ni una concientización parecida. “En la práctica nos hemos dado cuenta que tienen mejores resultados las investigaciones en la capital que en el resto del país, e incluso a nivel capitalino, tienen mejores resultados los órganos de la sede central que la de los municipios”, dijo. Baten explicó que por dicha razón no todos los operadores de justicia trabajan los casos de violencia de la mujer con un enfoque
RECOMENDACIONES Tras la investigación de las violaciones del Estado a los derechos de Claudina Velásquez y sus familiares, la Corte IDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado. •
Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
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Adoptar y/o en su caso adecuar protocolos de investigación y de servicios periciales a ser utilizados en todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los estándares internacionales sobre la materia, con base en una perspectiva de género.
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Reparar plenamente a los familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz por las violaciones de los derechos humanos […] establecidas.
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Implementar como medida de no repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para la prevención de casos de violencia contra las mujeres.
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Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de inves-
tigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación. •
Implementar un sistema de producción de información estadística que permita el diseño y evaluación de las políticas públicas en relación con la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.
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Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las
mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación. •
Adoptar políticas públicas destinadas a eliminar los estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención.
FOTO LA HORA.
Los organismos de justicia se han especializado en temas de género, pero los esfuerzos aún son insuficientes. de género. Esta disparidad de resultados entre la Capital y el resto del país también se aplica a la respuesta de las instituciones ante las denun-
cias de desaparición de mujeres, dijo el abogado. “Si bien hay algunos casos en los que tras puesta la denuncia, inmediatamente se nombra un investigador y se da
con el paradero de la víctima, así como con el del agresor; es todavía común que hayan casos que se remitan a una fiscalía y se queden allí estancados”, señaló.