Issuu on Google+

Guatemala, 2 de marzo de 2011

“Tolerancia Cero” a la corrupción Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco

Sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. La corrupción, en general, es el resultado del abuso de poder. Desde siempre, en la historia política ha habido preocupación en las sociedades por encontrar los mecanismos que reduzcan o eliminen los espacios propicios para la corrupción. En la medida que un sistema político es más abierto, más democrático, más transparente, menor será la posibilidad de actos corruptos. A nivel mundial, se observa un movimiento generalizado, sea cual fuere el sistema político, a favor de una cultura de rendimiento de cuentas de la autoridad pública, de qué se hace con los tributos que paga la población. Lo que sí está claro es que este es un asunto en la agenda política nacional e internacional de alta prioridad. En este sentido comparto plenamente lo que la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos –OEA– subraya cuando afirma que la “corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que es “condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo”. Este mismo instrumento internacional también resalta que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. En lo que a Guatemala respecta, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el puesto 91 de 187 países estudiados, es decir, es innegable que la corrupción es una realidad que nos está afectando a todos. Claro, no

olvidemos que la corrupción también está presente en todos los ámbitos de la sociedad, público y privado, y precisamente por ello es que el planteamiento institucional es tan importante: la corrupción es una amenaza para la gobernabilidad y para la sana convivencia de un país. Nosotros, en el FRG, estamos convencidos que la mejor forma de abordar el tema del combate a la corrupción es a través del fortalecimiento institucional. Otras propuestas políticas afirman que para combatir la corrupción se necesita de una “revolución moral”, “un Presidente que no tenga compromisos con los patrocinadores de sus campañas políticas”, “un Presidente que ‘no necesite robar’”, entre otras ideas. Mi propuesta es totalmente distinta. La forma en que abordaré el combate a la corrupción es, como ya indiqué, a través del fortalecimiento institucional dentro del concepto republicano. En otras palabras, sólo a través de una verdadera República vamos a fortalecer nuestras instituciones, y por lo tanto, vamos a poder combatir con efectividad la corrupción en la administración pública. ¿A qué me refiero con una República? Básicamente como el sistema político que se fundamenta en: • El imperio de la ley; no hay nada superior a la ley. Gobierno de leyes, no de hombres. La Constitución debe ser la máxima referencia legal. • Igualdad ante la ley; todos somos iguales, no más privilegios. La única forma de evitar abusos de los “más fuertes”, de “los poderosos” y del gobierno. • Sistema de pesos y contrapesos; más allá de los pesos y contrapesos convencionales e institucionales, la República se tiene que convertir en un estilo de convivencia social, donde todos fiscalizamos y somos fiscalizados. Otros valores que incorporamos a nuestra visión de República, que precisamente van encaminados al fortalecimiento de nuestras instituciones de control administrativo y político, son: la alternancia en el poder; la transparencia y la publicidad en los actos de la administración pública; la responsabilidad de los políticos y de los funcionarios públicos; la clara separación y control entre los poderes del Estado; la soberanía de la ley; la participación ciudadana y cultura cívica; y la idoneidad como condición a los cargos públicos. En el FRG concebimos también que el combate a la corrupción se inicia en el proceso de formación ciudadana, desde la familia y la escuela. Concretamente en Guatemala, vemos como gradualmente sigue colapsando la escala de va-

lores de nuestra sociedad. Es fundamental reincorporar en los programas de educación públicos y privados todo lo referente a los valores cívicos y de buena convivencia, como la honradez, el respeto hacia los demás y hacia lo ajeno, y el valor del trabajo, valores que además deben de promocionarse, principalmente por los medios oficiales, a todo lo largo y ancho de nuestra sociedad. Es alarmante ver, por ejemplo, como el narcotráfico está minando esta escala básica de valores. Mi política en todo caso será “tolerancia cero” a este tipo de contaminación. En lo que a la participación ciudadana se refiere comparto absolutamente el planteamiento de Daniel Kaufmann, director en el Instituto del Banco Mundial experto internacional en materia de gobernabilidad y desarrollo, cuando afirma que “la batalla contra la corrupción no puede ganarse únicamente a través de unas cuantas instancias de gobierno. La sociedad civil, los medios de información, el Parlamento, el Poder Judicial y el sector privado deben participar plenamente con voz y voto. Las formas innovadoras de participación de los ciudadanos a nivel local, trabajando con sus municipalidades para mejorar la gobernabilidad y frenar la corrupción, pueden ser muy eficaces”. Precisamente los medios de comunicación –como parte de la sociedad civil organizada– dentro del concepto republicano, tienen su papel de contrapeso. El manejo responsable de la información mediática ha contribuido de forma determinante en el proceso de denuncia. Es más, otro componente en el combate a la corrupción que impulsaré será la creación de mecanismos seguros de denuncia, donde el ciudadano no se sienta atemorizado y con toda confianza haga del conocimiento actos de corrupción que estén afectando a la comunidad. Por otro lado, las instituciones mismas debieran de implementar como política la facilitación del acceso a la información relacionada con la gestión de las mismas. Nos preocupa la poca disposición de algunas instituciones públicas que hoy en día no dan información del manejo de sus recursos, a pesar que contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, Acción Ciudadana, que elaboró el Índice de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo del 2010, indica que “existen 3 instituciones que no ofrecen a la ciudadanía la información pública de oficio que por ley deben tenerla en sus páginas electrónicas. Estas instituciones son: Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo

de Desarrollo Indígena”, además señalan que existen instituciones como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) que intimidan a quienes desean información, pues solicitan cédulas o el motivo de la solicitud de la información. Por ello, de llegar al poder no voy a tolerar ningún acto de corrupción que ponga en tela de duda mi compromiso por el fortalecimiento institucional y de la República. En todo caso, si se diera algún hecho de corrupción, se hará la denuncia correspondiente y garantizo que no habrá interferencia en los procesos de investigación administrativa o penal, ni de mi persona ni de cualquier funcionario de alto rango. Considerando la dimensión del problema de la corrupción en Guatemala, mi propuesta es que entre mis primeras acciones de gobierno, constituiré una Mesa Anticorrupción, que en un plazo no mayor de 3 meses, se revise el entorno legal vigente y se generen las propuestas legales de nuevas medidas y/o enmiendas que sirvan de disuasivo y fortalezca el combate a la corrupción. Invitaré a que integren esta mesa, personajes representativos de los sectores afectados por la corrupción (ciudadanos, empresarios) y organizaciones civiles y de cooperación internacional que tengan algo constructivo que aportar, como por ejemplo, hacer nuestras las mejores prácticas en políticas anticorrupción que en otros países se han aplicado exitosamente. Este proceso lo deben de acompañar además los Presidentes de los organismos del Estado, Congreso, Organismo Judicial, los encargados de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Otras instancias de poder que también tienen que involucrarse son las Corporaciones Municipales. Los gobiernos locales también deben de someterse a un proceso equitativo de rendición de cuentas. Finalmente, mi objetivo será iniciar un proceso irreversible que reposicione y saque a Guatemala de la lista de países donde el flagelo de la corrupción está afectando el buen desempeño económico y social. Un país con altos índices de corrupción no es atractivo para la inversión local y extranjera, y si queremos atraer inversión para generar más puestos de trabajo y mejores ingresos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo como sociedad para combatir la corrupción a todo nivel. La única forma en la que vamos a lograr evitar la corrupción es en la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones y rescatemos nuestra escala social de valores.


Guatemala, 16 de marzo de 2011

Promoveremos un “Pacto Fiscal del Sector Público” Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco – FRG La política fiscal es el mecanismo de redistribución de recursos que utilizan los gobiernos para promover la equidad y la igualdad de oportunidades en una sociedad. Esta consideración es por demás importante en una sociedad donde la pobreza y la extrema pobreza (60% y 20% de la población, respectivamente) alcanzan niveles tan altos como en Guatemala. Sin embargo, la política fiscal, por otro lado, debe de manejarse de forma responsable, de lo contrario se generan desequilibrios económicos que repercuten negativamente, especialmente en contra de la población más vulnerable y pobre, como lo es la inflación, el desempleo y el estancamiento económico. El manejo equilibrado de la política fiscal, por lo tanto, es un componente fundamental de la estabilidad macroeconómica y para el mantenimiento de la gobernabilidad. Si se pierde el equilibrio fiscal, ello tendrá repercusión en las variables que orientan la economía familiar y del país, como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés. Y precisamente es esto lo que ha estado sucediendo durante la presente gestión: se está perdiendo el equilibrio fiscal, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica que con tanto esfuerzo se ha logrado en los últimos 10 años. Veamos el caso de los ingresos fiscales. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas la carga tributaria (Ingresos Tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto –PIB–) se ubicó en 2010 en 10.3% del PIB, cayendo de un nivel equivalente al 11.3% del PIB en 2008 y 10.4% en 2009, y lejos aún de la meta establecida en los Acuerdos Paz de 13.2% del PIB. Los ingresos del Estado han bajado en términos reales y eso obedece a que el oficialismo no supo administrar bien los espacios políticos para impulsar reformas fiscales, y su política de combate a la evasión tributaria y de la apropiación indebida de impuestos ha sido débil. Por el lado de los gastos, el Gobierno ha incrementado el gasto público de Q40.4 mil millones en 2008 a Q48.4 mil millones en 2010. Buena parte de este incremento en el gasto público ha sido derivado de los programas de Cohesión Social que han estado con una ejecución por encima del Q1 mil millones anuales. Como resultado de este desempeño fiscal, el déficit del Gobierno

además de los poderes convencionales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), estarán además convocados el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, naturalmente la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado, invitaremos a la sociedad civil organizada para que constituya un Observatorio Permanente de Política Fiscal y que dé seguimiento a los compromisos adquiridos. Por el lado del gasto, se formalizarán las siguientes medidas: I. Todos los proyectos de inversión pública, ya sean estos físicos o del área social, que se incluyan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, deberán acompañarse de una evaluación de rentabilidad social a cargo de la Secretaría General de Planificación Económica, con el objeto de priorizar y focalizar el gasto público a donde verdaderamente el país lo necesita. se duplicó mas desde que asumió el poder el oficialismo: 1.6% del PIB en 2008 a 3.5% en 2010, y para financiar este déficit se recurrió a más endeudamiento público. Se espera que para finales del presente Gobierno, según datos del mismo Ministerio de Finanzas Públicas, la deuda pública se incrementará de 20% del PIB en 2008 a 26.5% en 2011, el incremento más acelerado de la última década. Este nivel de endeudamiento nos está acercando a la frontera de insostenibilidad fiscal, lo que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de corto y mediano plazo. Ante estas amenazas, el equilibrio de las finanzas públicas será una prioridad de la que nos ocuparemos al momento de asumir el poder. Nuestras líneas de acción estarán orientadas tanto por el lado de los ingresos y de los egresos, como por el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por el lado de los ingresos es imperativo articular la institucionalidad pública a favor de los intereses del erario público, lo que llamo un “Pacto Fiscal de Sector Público”. En gran parte, la debilidad del poder tributario del Estado radica en el poco o a veces nulo compromiso de las instituciones públicas vinculadas al proceso del cobro efectivo de impuestos, lo que se evidencia con el alto nivel de impunidad tributaria, evasión y apropiación indebida de impuestos. De acuerdo a un estudio reciente de la Comisión Económica

para América Latina –CEPAL–, Guatemala tiene una carga tributaria potencial del 20% del PIB, léase, hoy en día se está cobrando sólo la mitad de lo que debería ser al contar con una carga tributaria de alrededor del 10% del PIB. Ese mismo estudio indica que la evasión en el Impuesto sobre la Renta está cerca de 65%, y en el caso del IVA es del 38%. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasa con la capacidad de recaudación del Estado de Guatemala? ¿Por qué no ha sido capaz el Estado de controlar los altos niveles de contrabando? Por ello, estamos determinados a que entre nuestras primeras acciones de Gobierno convocaremos a los centros de investigación, a las universidades y a la comunidad financiera internacional representada en el país, para que juntos elaboren este compromiso de Estado de largo alcance, un “Pacto Fiscal del Sector Público”, donde se defina el papel y el compromiso que la institucionalidad pública tiene en defender todo aquello que permita el cobro efectivo de los impuestos, y cada institución, a través de su máximo órgano de dirección, se adhiera a este compromiso e inicie un proceso de concientización interna sobre la responsabilidad que les corresponde. No es posible pretender pedirle a la población que pague más impuestos si el mismo Estado no vela por su buen uso, por su cobro efectivo y por el mejor rendimiento social de cada quetzal que se traslada al Estado. A este compromiso de Estado,

II. A través de un Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, el Ministerio de Finanzas Públicas estará a cargo de las unidades de Planificación y Administración Financiera de las instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo, con el objeto de velar por el respeto a las disposiciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio por el Congreso de la República. La experiencia está demostrando que la desprogramación financiera y el manejo antojadizo del presupuesto por parte de algunas instituciones como Ministerios y Secretarías están afectando la prestación de servicios básicos a la población como la salud, la educación y la seguridad. III. Se impulsará una homologación y regularización de gastos administrativos como salarios, gastos de representación y viáticos de los mandos medios y altos de las instituciones, a manera de evitar abusos en el manejo de estos rubros. Por último, en materia de transparencia, hemos contemplado que una función que compartiremos con la Vicepresidencia de la República será coordinar al más alto nivel de Gobierno, la implementación de las mejores prácticas internacionales en cuestión de rendición de cuentas y acceso a la información pública. Nuestra política fiscal marcará la diferencia entre un antes y un después para que los ciudadanos recuperen la confianza en la gestión pública.


Guatemala, 30 de marzo de 2011

Vamos hacia una “Economía Verde” Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco - FRG La agenda ambiental en Guatemala tiene que priorizarse como política pública y adecuarse a la tendencia global de políticas y acciones que se están adoptando en materia de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente. Los niveles de pobreza en el país, el nuevo orden climático y la degradación acelerada de nuestro entorno natural, son asuntos que nuestras autoridades han dejado de atender con altos costos para nuestra sociedad. Prueba de ello fueron las intensas lluvias que azotaron el país el año pasado que provocaron deslaves en toda la república, evidenciando así cómo la deforestación y la tala inmoderada de nuestros suelos han hecho más vulnerable nuestro ecosistema. Desde la perspectiva de la política global, nuestro compromiso político es adherirnos como país a los esfuerzos internacionales de fomentar la transición a lo que se ha denominado como economía verde. De hecho es de particular relevancia citar la decisión de diciembre de 2009 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en seguimiento a la Resolución 64/236 de convocar una Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 2012 (Río+20), donde el tema central será “una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible”, como respuesta a una iniciativa lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA– en octubre de 2008. El concepto de economía verde se resume como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escaseces ecológicas significativas. Este movimiento mundial y coordinado desde el PNUMA, a favor de economías más amigables con el medio ambiente, tiene por objeto asesorar a los países para enverdecer sus economías, abarcando aspectos que van desde la matriz energética de cada país hasta el desarrollo de políticas públicas a favor de la “infraestructura verde” de recursos naturales, que incluye agua dulce, bosques y suelos, así como apoyo en lo que se refiere a las mejores prácticas en materia de agricultura sostenible, que incluye la producción orgánica. En lo que se refiere a políticas y prioridades nacionales, vamos a ini-

ciar con incorporar en los programas de educación primaria y secundaria componentes de cumplimiento obligatorio –tanto para el sector público como privado– sobre “civismo ambiental” donde, en coordinación con los criterios oficiales que emanen del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, habrá módulos tanto teóricos como prácticos, que tendrán como objetivo ir formando a nuestra juventud con un concepto de respeto y convivencia sana con el medio ambiente. En adición a lo anterior, se tomarán las medidas correspondientes en lo que se refiere a: 1. La protección de fuentes y suministro de agua fundamentalmente para consumo humano, así como la protección de bosques y áreas naturales protegidas. Se continuarán y fortalecerán los programas de reforestación a base de incentivos y campañas públicas. 2. En cuanto a calidad ambiental, nos focalizaremos en las industrias extractivas (minería y petróleo), la generación de energía, el manejo de los residuos y desechos sólidos, así como los sistemas de tratamientos de aguas residuales. Siempre en lo que se refiere a calidad ambiental, revisaremos todo el marco regulatorio en cuanto a calidad del aire, la contaminación atmosférica, auditiva y visual (rótulos y vallas, incluyendo las de la propaganda política). 3. Prioridad nacional será tomar medidas de adaptación al cambio y a la variabilidad climática. Esta realidad nos obliga a ajustar el modelo de desarrollo en función de estas prioridades que son de sobrevivencia a mediano plazo, considerando además la vulnerabilidad meteorológica y geológica del país. 4. Facilitaremos los mecanismos formales de consulta y participación ciudadana para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión que afecten la calidad de la comunidad, su patrimonio natural y su estabilidad social (convenio 169 y Código municipal). Es importante además sistematizar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. 5. Se impulsará la descentralización del cuidado ambiental a nivel municipal a través de unidades de gestión ambiental municipal. 6. Velaremos por la orientación del financiamiento público para que no amenace la estabilidad ambiental y tomaremos las medidas necesarias para avanzar hacia una economía baja en emisiones de carbono.

7. Fomentaremos a través de campañas públicas la conciencia y participación ciudadana para el cuidado del ambiente, como la producción y el consumo amigable ecológicamente. 8. Impulsaremos la efectiva aplicación de la ley en materia de ambiente y recursos naturales; promoveremos la tipificación del delito ambiental y la separación de los juzgados de narcoactividad de los de medio ambiente. 9. En materia de política exterior, tendremos un papel más proactivo en lo que se refiere a tratados, convenios y protocolos relacionados con los temas ambientales y de adaptación al cambio climático, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, con unidades permanentes que en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, trabajen con un mismo propósito de forma que Guatemala no quede rezagada en lo que a políticas globales se refiere. En igual sentido, asumiremos el liderazgo regional en materia de integración y homologación de políticas ambientales en Centroamérica. Asimismo, nos ocuparemos de consolidar proyectos de reforestación de cuencas de ríos con los países fronterizos. 10. Promoveremos alianzas público-privadas para alcanzar las áreas de trabajo antes mencionadas, que incluirán tanto sector empresarial, grupos indígenas y campesinos, ONGs locales e internacionales y representaciones de organismos multilaterales a cargo de temas ambientales. Por último, en lo que se refiere a producción orgánica, promoveremos conjuntamente a través de los Ministerios de Economía, Agricultura y de Ambiente y Recursos Naturales el gran potencial que tiene Guatemala. Veamos el caso del café: somos el quinto país exportador a nivel mundial –precedido por Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia– situación que nos pone con toda la capacidad de seguir abasteciendo

nichos especializados de mercado, como lo es el café orgánico, que gradualmente sigue incrementando su demanda y que se traduce en mejores oportunidades de desarrollo para medianos y pequeños productores. Se ha demostrado que el uso de plaguicidas que se encuentran en los suelos, el agua y el aire está relacionado con distintas formas de cáncer (cerebral, pulmonar, digestivo, en la piel, linfático y en el sistema reproductivo) razón por la cual la caficultura orgánica, entre otro tipo de productos agrícolas, sin duda tiene un espacio potencial del que debemos tomar ventaja en el mercado mundial. Existen otros proyectos ecológicamente amigables que tomaremos también como modelos en materia de producción orgánica, como el caso de las mujeres organizadas tz’utujiles de San Juan La Laguna, Sololá, que elaboran textiles teñidos con tintes naturales para luego elaborar productos como morrales, bolsas, hamacas, chalinas, bufandas y otros accesorios de vestir y de decoración. Plantas como el encino, pericón, chipilín, achiote, guayaba, zanahoria, canela y la pimienta son las fuentes orgánicas de color que potencializan otro ejemplo de producción orgánica en Guatemala. En nuestra administración, demostraremos nuestro compromiso con las futuras generaciones en preservar nuestro medio ambiente y dejaremos de ser un país excluido de las mejores prácticas ecológicas.


7

Guatemala, 13 de abril de 2011

Juntos, ¡sí podemos alcanzar la paz! Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco La familia guatemalteca está atravesando por un momento histórico de angustia y de dolor resultado de los niveles de violencia tan aberrantes que hemos alcanzado en los últimos tiempos. Prácticamente la población está siendo víctima de cualquier forma de violencia física, psicológica y económica, todo esto en un marco de falta de certeza jurídica. La historia nos ha demostrado que las grandes crisis sociales se han superado sólo cuando los sectores clave de la sociedad unen esfuerzos por un objetivo común, cuando la comunidad y la autoridad pública orientan su accionar hacia un propósito compartido. Y hoy es cuando el país nos demanda hacer un esfuerzo en este sentido. En el FRG estamos convencidos de que juntos, ¡sí podemos alcanzar la paz! ¿Cómo llegamos a ser una sociedad tan violenta? De acuerdo con “Informe de la Violencia en Guatemala”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, “los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas causales: la exclusión social y la falta de aplicación de

la ley… Los beneficios generados por el nivel de crecimiento de la economía guatemalteca no son distribuidos equitativamente entre los distintos estratos sociales. Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina lo cual combinado con muy altos niveles de pobreza produce una grave situación de tensión social”. Compartimos plenamente lo que el PNUD apunta cuando afirma que “decenas de miles de jóvenes se integran cada año a la población económicamente activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos para absorber el aumento de la oferta. El sistema educativo no brinda a los jóvenes adecuadas capacidades para integrarse al mundo laboral y se ven en la necesidad de buscar medios de vida en la economía informal”. Por otro lado, un informe del Banco Mundial recientemente divulgado, emitido por el Woodrow Wilson Center, “Crimen y Violencia en Centroamérica: un Desafío para el Desarrollo”, presenta un análisis detallado de tres de los principales catalizadores de la elevada tasa de criminalidad y violencia en América Central: 1. Narcotráfico: Se calcula que el 90 por ciento de la cocaína que llega a los Estados Unidos pasa por el corredor centroamericano. El narcotráfico es el principal factor detrás de los crecientes niveles de violencia en la región. Los puntos neurálgicos del narcotráfico en la región tienden a presentar tasas de criminalidad 100 por ciento más elevadas que las demás áreas; 2. Violencia Juvenil y Pandillas: Actualmente existen más de 900 pandillas o maras en América Central, con unos 70 mil miembros. Los jóvenes de 15 a 34 años de edad conforman la mayor parte de sus miembros y representan la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio. No obstante, si bien las maras sin duda son una de las principales causas de la criminalidad

en El Salvador, Guatemala y Honduras, la evidencia indica que sólo un 15 por ciento de los homicidios se relacionan con las maras; 3. Disponibilidad Generalizada de Armas de Fuego: Guerras civiles prolongadas, y posteriores aumentos en el número de armas de fuego importadas, dejaron a América Central inundada de estos instrumentos violentos. Estudios independientes indican que había unas 4,5 millones de armas de fuego en la región en 2007 –la gran mayoría ilegales. Todos los países centroamericanos tienen leyes que controlan la posesión de armas; sin embargo, su implementación y aplicación siguen siendo limitadas; y 4. Institucionalidad Pública Debilitada: El informe también examina los débiles sistemas judiciales que agravan la criminalidad y la violencia. Además de exhibir elevados niveles de impunidad, estas instituciones son socavadas por el poder corruptor del narcotráfico. La violencia y la criminalidad que azota el país y que pone en riesgo hasta la consolidación misma del sistema democrático en Guatemala, es, por lo tanto, resultado de la falta de oportunidades de desarrollo personal y familiar; de la ausencia de autoridad pública; de una justicia con alcance limitado; y de las redes del crimen organizado cada vez más poderosas e influyentes. Sin duda no hay soluciones fáciles ni rápidas para contener la espiral de crimen y violencia que tanta ansiedad genera en nuestra sociedad, sin embargo, estamos convencidos como institución política que con una articulación efectiva de sector público -comunidad organizada – cooperación internacional, en nuestra administración de gobierno lograremos revertir este mal que cercena nuestra institucionalidad, comprometiendo el futuro de la Nación. Concretamente nos ocuparemos de las siguientes tareas: * Fortalecimiento y descentralización de la Policía Nacional Civil: Es absolutamente prioritario reforzar el papel rector de la Policía en materia de seguridad ciudadana, asignándole recursos humanos, técnicos y financieros que aseguren su accionar eficaz, aumentando su cobertura hasta los niveles de municipio y aldea, así como todo el apoyo para la profesionalización de la carrera policial, mejorando su imagen que le permita recuperar la confianza

de la población guatemalteca. * Creación de Mecanismos Seguros de Denuncia Ciudadana. Si los ciudadanos contáramos con mecanismos seguros de denuncia, se avanzaría notablemente en el combate al crimen y la violencia. Hemos llegado al extremo que denunciar un crimen sólo se traduce en más crimen. * Estrategia Contra el Crimen Organizado. Es necesario coordinar esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado; el mismo estudio del Banco Mundial antes citado señala que “la reducción del tráfico ilegal de drogas y armas será clave en cualquier estrategia regional de lucha contra el crimen. Sin embargo, la naturaleza transnacional de estas empresas criminales sugiere que la región no podrá hacerlo sola y necesitará la ayuda de los Estados Unidos y otros vecinos en este esfuerzo”. Por otro lado, Guatemala comparte fronteras con cuatro países y tiene acceso a los mares Pacífico y Atlántico, espacios hoy altamente vulnerables para el trasiego ilegal de drogas, armas, trata de personas y contrabando de mercancías, producto del virtual abandono del resguardo de nuestras fronteras por parte de la autoridad pública. De acuerdo con investigaciones realizadas por el FRG, sólo en las fronteras con México, Belice, Honduras y El Salvador podrían existir más de 200 pasos ciegos utilizados por el crimen organizado. * Fortalecimiento de la Institucionalidad a Cargo de la Seguridad Pública: Es urgente el fortalecimiento de las capacidades institucionales y presupuestarias del Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio Publico y Ministerio de Relaciones Exteriores, así como, la tecnificación y capacitación del Ministerio de la Defensa en lo que combate al crimen organizado se refiere. * Promoción de una Cultura de Cívica. Implementaremos en los programas de educación pública y privada módulos obligatorios de valores cívicos y de convivencia pacífica. * Coordinación de Políticas con la Sociedad Civil. Finalmente, para lograr una coordinación de país en una tarea tan compleja como el combate al crimen y la violencia, nos comprometemos a apoyar, participar e incorporar en el accionar público, todas aquellas propuestas que la sociedad civil organizada plantee a la Nación y que tengan como propósito el fortalecimiento de nuestra institucionalidad a cargo de la seguridad pública.


7

Guatemala, 4 de mayo de 2011

La Impunidad: consecuencia de la injusticia Zury Ríos Frente Republicano Guatemalteco -FRGLa impunidad es muerte, la impunidad es pobreza, la impunidad es analfabetismo, la impunidad es desintegración familiar, la impunidad es “éxodo de connacionales”, la impunidad es desnutrición, es donde la injusticia ha encontrado su asiento, la impunidad es el ambiente que actualmente se cierne sobre la Nación. La impunidad es una palabra que deviene del latín impunitas, que significa falta de castigo, es decir, se configura cuando una persona que ha cometido un delito o una falta logra evadir/evitar la sanción penal que le correspondía por haber incurrido en la comisión de un hecho punible, salvaguardando de esta forma su libertad. En contraste tenemos que para Cabanellas la impunidad es el estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde al autor o autores, partícipes en el mismo. Así, resumiremos qué define el flagelo de la impunidad: la “falta de castigo”, la ausencia de cumplimiento de la ley. En razón de lo anterior estamos convencidos que, aunque en Guatemala existe un Sistema de Justicia, integrado por diversos órganos, hay redundancia de Leyes y continuamente se especula al respecto, también existe un ambiente generalizado que apunta a despreciar dicho Sistema de Justicia, sus organismos, en alguna medida, han sido penetrados por individuos y por grupos que se benefician de ello; ante su inoperancia el sistema de justicia y sus organismos no sólo son ignorados, sino que el ciudadano no se siente protegido, sabe que acudir en búsqueda de justicia será toparse con una muralla de ineptitud, incomprensión, burocracia, retardo y malicia, en consecuencia el sistema orienta al ciudadano a la ilegalidad, mientras que al delincuente lo estimula a su modus operandi, pues lejos de tener la certeza de ser investigado, perseguido, señalado y juzgado, no solo puede burlar al sistema, sino que también retorcer la aplicación de la justicia. El manto de la impunidad, como ha dado en llamársele a la certeza que tiene el delincuente de que no recibirá castigo por sus delitos y a la frustración del ciudadano que aporta, confía y cede parte de su libertad, para que exista un Estado, cuyos funcionarios lo hacen inoperante y actualmente permite que grupos se beneficien de su inoperancia; se refleja en los más de una docena de asesinatos diarios, en los que continuamente se ven involucrados agentes de los cuerpos de seguridad –específicamente de la Policía Nacional Civil–, en el accionar irrestricto de bandas de criminales

accionando en la narcoactividad, otros en el asesinato por contrato, en el secuestro, la extorsión a todo nivel social, las pandillas juveniles que asolan barrios, colonias, aldeas, municipios y en toda la República, exponiendo a nuestro país, como uno de los más afectados por el crimen en general, que hoy es considerado como una pandemia mundial, que además de las consecuencias de continuar desgarrando el tejido social, aleja inversionistas, visitantes y a los mismos connacionales que se agregan a las largas filas de migrantes, buscando no sólo el “sueño americano”, sino también desarrollarse en condiciones de seguridad en un territorio que le es extraño y ahora hostil. La impunidad es certeza de que no habrá castigo, el que no se tema a la consecuencia de acciones criminales, deshonestas y que atentan contra la vida, el bienestar y el desarrollo de la Nación, la impunidad es certeza que se puede lucrar con el erario nacional, que se puede lucrar con la pobreza, que se puede lucrar con el bienestar de la población y es la causante de “corredores de la muerte por desnutrición”, de salas de atención médica que son salas de muerte, porque ni ofrecen atención, ni están equipadas humana y tecnológicamente para prevenir, ni para sanar. Cuando el funcionario, el contratista, el operario saben que existe un manto de impunidad que cubre obras licitadas y asignadas amañadamente, obras y asesorías no ejecutadas o inconclusas, sin temor a transgredir la Ley, porque están convencidos, seguros que no

habrá castigo, porque además saben que el ente investigador es inoperante, incapaz y comprable; que el fiscal, el oficial y el juez con mente de burócrata, y que solo esperan que llegue el fin de mes, porque “trabaje bien o trabaje mal, el sueldo viene cabal”, entonces la impunidad se cierne sobre nuestro país y lo convierte en un paraíso fiscal, en corredor de la narcoactividad, en territorio de “matones” donde anualmente se cometen más de 6000 crímenes, de los que sólo un mínimo porcentaje son aclarados –ante la presión de grupos de interés– y de estos 1.5% llegan a la etapa de apertura de juicio. En nuestro país, la impunidad ocurre no sólo en las instituciones que integran al Estado guatemalteco, nutre al sistema político, al sistema de partidos, al sistema electoral y peor aún, al sistema de justicia y seguridad; también ocurre en la sociedad que abandona viudas y huérfanos, en las asociaciones y grupos donde se aprovechan de la necesidad de sus integrantes, en la relación donde el cónyuge o la pareja abandonan, abusan, maltratan física, psicológica o económicamente a su pareja, grave es cuando son abandonados niños y niñas, violentados y utilizados para trata de personas, para la pornografía infantil. La impunidad existe en Guatemala, es resultado de la injusticia, de la falta de amor al prójimo, la impunidad es resultado de un Sistema de Justicia ausente en un Estado que desertó de sus funciones básicas: proteger la vida de los ciudadanos, defender la libertad, garantizar justicia, y facilitar el bienestar de la población. La inoperancia del Sistema de Justicia en su conjunto, manifiesta características tales como: 1. Alta permeabilidad que ha permitido al crimen organizado penetrar y contaminar a los entes de seguridad y justicia: la PNC, Ministerio Público, Ejército, y Organismo Judicial. 2. Limitada capacidad organizativa, logística y operativa de los entes anteriores; 3. Limitados, si no mínimos presupuestos para la inversión y

escasa capacidad de ejecución de los fondos públicos y donaciones de la cooperación internacional; 4. La asignación de solo 2% del presupuesto del Estado, al Organismo Judicial, es una limitante para su actuación. Para sentar las bases de un Estado, que atiende la demanda ciudadana de justicia, la administración del Frente Republicano Guatemalteco, bajo nuestro mandato, conducirá acciones tendentes a la institucionalización del sistema de Justicia, de la siguiente manera: 1.Propondremos que se modifique aumentar la asignación constitucional que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación se establece a favor del Organismo Judicial. 2.Implementaremos una Estrategia de Estado, para enfrentar al Crimen Organizado, misma que se llevará a consideración ante los organismos regionales, multilaterales y de cooperación. 3.Como consecuencia de lo anterior, procuraremos el fortalecimiento y descentralización de la Policía Nacional Civil, asignándole recursos humanos, técnicos y financieros que le permitan cumplir con lo que las leyes de la Nación, les facultan y exigen, para que lo hagan de manera eficaz. 4.Organizaremos e impulsaremos la operativización de una Policía de Investigaciones. 5.Refundaremos el Sistema Penitenciario, entre otros objetivos, evitando que desde los centros de detención se siga permitiendo dirigir actos criminales. De igual forma, promoveremos programas sociales de rehabilitación donde participen las Iglesias. 6.En nuestro gobierno, será prioritaria, la formalización y el apoyo para institucionalizar la carrera de la Policía Nacional Civil. El fortalecimiento de la institucionalidad responsable y asignada a garantizar la Seguridad Ciudadana, la policía deberá ser una policía garantista que brinde seguridad al ciudadano. 7.Es urgente el fortalecimiento de las capacidades institucionales y presupuestarias del Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio Publico y Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de la Defensa Nacional, se le dotará de todos los medios para que haga todos los esfuerzos en lo que combate al crimen organizado y seguridad territorial se refiere. No queremos que el Ejército reparta Bolsas Solidarias. 8.Para recuperar y estimular una cultura de respeto a la vida, una cultura de paz y respeto por las instituciones, promoveremos y privilegiaremos programas de Cultura de Cívica en los programas de educación pública y privada, así como módulos de educación preventiva del delito para los jóvenes.


Postura Partido FRG