Guatemala, 1 de junio de 2011
Un sistema de justicia eficaz Rigoberta Menchú Frente Amplio de Izquierda -FAEl sistema de justicia es un mecanismo para garantizar y proteger los derechos de los habitantes. Sin lugar a dudas, y por su propia naturaleza está para cumplir una de las funciones principales del Estado: garantizar justicia. Un sistema de justicia efectivo es aquel que resuelve los conflictos que se someten a su conocimiento, sean estos de naturaleza civil, laboral, de familia, o penal. Actualmente el sistema de justicia se encuentra colapsado y es incapaz de proteger los derechos fundamentales de la población, tales como la vida y la integridad. Cada año aproximadamente 6 mil personas son asesinadas y la mayoría de responsables no son capturados, mucho menos sancionados. En el marco del Frente Amplio, del cual soy candidata presidencial, hemos avanzado en delinear una propuesta en materia de justicia, la cual hemos denominado “Justicia eficaz”, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:
1. Persecución efectiva contra el crimen organizado Para perseguir en forma efectiva el crimen organizado no basta con prometer mano dura contra los delincuentes o aplicar la pena de muerte. Una verdadera estrategia de combate al crimen organizado tiene en cuenta el mejoramiento de los subsistemas de investigación criminal, juzgamiento de los delitos y sanción penal que incluye el cumplimiento de las sentencias. En relación a la investigación criminal es fundamental la creación de una Policía de Investigación Criminal que permita identificar y capturar a los responsables de los delitos. Esta nueva policía debe trabajar de forma coordinada con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tanto en la recopilación de evidencias, el seguimiento a los sospechosos, como en la implementación de los mecanismos especiales de investigación que se encuentran regulados en la Ley Contra el Crimen Organizado. Formar este nuevo cuerpo de policía toma un año, tiempo mínimo de capacitación para los nuevos detectives. El presupuesto necesario
para implementar esta política es de 500 millones de quetzales. En ese tiempo y con ese presupuesto el resultado serán 2,000 investigadores capacitados y con ello dar el primer paso para combatir la impunidad. El presupuesto para este y otros proyectos relacionados con la administración de justicia y el combate al crimen se financiará en parte con la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual establece la incautación de los bienes provenientes del delito para utilizarse en el combate al mismo. El segundo paso lo representan los juicios rápidos, aunque esta es una responsabilidad del Ministerio Público y del Organismo Judicial, debe trabajarse de la mano con estas instituciones y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Asimismo, a iniciativa del Ejecutivo y con el apoyo de los diputados del Frente Amplio en el Congreso, deben aprobarse e implementarse las reformas legales que permitan agilizar los procesos. Debe reformarse, principalmente, la Ley de Amparo y las leyes que tipifican los delitos de corrupción. En esta dirección es importante incrementar el presupuesto de las instituciones del sector justicia para que cumplan con sus funciones constitucionales. Hay que destacar que no basta capturar y condenar a los delincuentes, hay que garantizar efectivamente que se cumplan las condenas impuestas. En este punto corresponde al Ejecutivo elaborar los reglamentos, asignar los recursos y llevar a cabo los planes y programas para implementar la Ley del Régimen Penitenciario aprobada en el año 2006 y que dicho sea de paso ni el gobierno actual ni el anterior a éste implementaron y de ahí
las consabidas consecuencias. Para combatir a las mafias que operan dentro de la Policía y del Sistema Penitenciario hay que darle el total apoyo a la CICIG, facilitándoles la realización de sus funciones, coordinando con ellos las acciones estratégicas y operativas para combatir las estructuras criminales y atendiendo sus recomendaciones. 2. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad Debe garantizarse que todos los ciudadanos, sin importar su condición étnica, socioeconómica, de género, o de cualquier otra índole, tengan acceso al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Para el efecto debe incrementarse el número de comisarías de la Policía Nacional Civil, juzgados, fiscalías e incluso oficinas de la defensa pública penal a nivel nacional, para lo cual se necesita apoyar al sector justicia con el presupuesto adecuado. Para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al sistema de justicia ordinario en condiciones de igualdad, se debe aumentar el número de personal bilingüe, así como de intérpretes que laboran en todas las instituciones del sector justicia. Hay que promover y respetar los mecanismos ancestrales de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas en virtud de que está totalmente demostrado que en los departamentos del país donde existen y se aplican es donde se presentan menores índices delincuenciales. Esto permitirá que el sistema de justicia se enfoque en aquellos departamentos donde se presentan los mayores índices de violencia y delincuencia. 3. Justicia integral Finalmente hay que considerar que en la medida en que las otras áreas de la administración de justicia no funcionen, el sistema de justicia se sobrecarga de conflictos. Para evitar esta sobrecarga es importante no permitir que deriven en delitos o hay que atenderlos antes en las otras áreas del sistema de justicia para evitar, incluso, la violencia. Estos conflictos son los de naturaleza laboral, agraria, familiar o incluso civil; por lo anterior es importante también fortalecer esas otras áreas del sistema. Otra iniciativa importante del Frente Amplio es retomar desde el Ejecutivo y desde el Congreso el impulso de la legislación agraria prevista en los Acuerdos de Paz, así como el cumplimiento de las recomendaciones que la OIT ha hecho en materia de justicia laboral.
Guatemala, 15 de junio de 2011
“CICIG y la creación de la Comisión Presidencial
Contra la Impunidad en Guatemala” Rigoberta Menchú Frente Amplio –FA– La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), llegó a solicitud del Estado de Guatemala, misma que hicieron dos gobiernos a la Organización de Naciones Unidas y que fue ratificada por el Congreso de la República ante la evidente incapacidad del Estado de combatir eficazmente la situación de impunidad en que ha vivido el país. En Guatemala diariamente 16 personas mueren violentamente, dos de éstas son mujeres, lo que representa una de las tasas más altas de América Latina; más del 84% de estas muertes se hicieron con armas de fuego y más del 96% queda en total impunidad. En Guatemala, se venden en promedio 50 millones de municiones legalmente por año. Funcionarios de las instituciones de seguridad se han visto involucrados con el crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales y el narcotráfico, otros funcionarios públicos han saqueado las arcas del Estado en detrimento de miles de guatemaltecos que viven en extrema pobreza, especialmente los pueblos indígenas. La impunidad en Guatemala es un problema de carácter estructural y los grupos de poder son responsables de que se mantenga. Existe una deuda histórica por la impunidad del pasado, producto de la política represiva contrainsurgente, que tiene relación con la situación del presente. Hay vínculo entre actores de la guerra sucia y las estructuras del crimen organizado incrustadas en el Estado. Conforme su mandato, la CICIG tiene entre sus funciones determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, colaborar con el Estado en su desarticulación, promoviendo la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos así como recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para su erradicación. Tiene facultad de ejercer la acción penal y/o disciplinaria ante las autoridades correspondientes contra aquellos servidores públicos que obstaculizan el ejercicio de las funciones de la Comisión. La CICIG se puede constituir en querellante adhesivo, pero el proceso y la resolución de los casos es responsabilidad del
Estado guatemalteco. Es claro que no podemos darle toda la responsabilidad a la CICIG, debemos apoyarla, dándole todos los recursos humanos y económicos necesarios, así como también debemos fortalecer al MP y el OJ y, realizar un proceso interinstitucional de traspaso de las capacidades de la CICIG a las entidades nacionales, con el fin de que el Estado fortalezca la lucha contra la impunidad. Es preocupante el rechazo al trabajo de la CICIG, por parte de algunos partidos que tienen vínculos históricos con las redes de impunidad y que pretenden eliminar el esfuerzo realizado y los logros del trabajo conjunto CICIG-MP. Es desde este ángulo en el que también se explica por qué los dos conjuntos de propuestas integrales de reformas legislativas, elaborados por esta Comisión, han avanzado tan lentamente en el Congreso al punto de estancarse. El gobierno
del Frente Amplio apoyará la continuidad, por el tiempo que sea necesario, a la CICIG. La CICIG necesita más tiempo de vigencia en el país, debido a que la investigación criminal es todavía muy débil, los procesos penales son lentos y la legislación correspondiente necesita aprobarse y ser implementada de conformidad con lo que Guatemala requiere. También hace falta seguir depurando a las instituciones de seguridad y justicia, las redes que desde adentro colaboran para que la impunidad persista. Todos estos cambios requieren no solo voluntad política sino presupuesto y tiempo. Está demostrado que las diferentes comisiones presidenciales, incluida la Comisión Presidencial contra la Impunidad, creadas para diversos temas, no han funcionado. Por el contrario, han burocratizado y obstaculizado los procesos de toma de decisiones
oportunas, no aportan soluciones eficaces a los problemas y duplican funciones de las instituciones que ya tienen mandatos específicos sobre los mismos temas. El Gobierno del Frente Amplio, fortalecerá las instituciones, con funcionarios capaces y probos, con presupuestos adecuados y reducirá la burocracia estatal, eliminando todas las estructuras que entorpecen la función pública. Consideramos que el Ejecutivo, junto al Organismo Legislativo y el Judicial, deben coordinarse y ponerse al frente de la lucha contra la impunidad, mediante un Pacto Nacional contra la Impunidad, removiendo todos los obstáculos para que la ciudadanía guatemalteca goce plenamente de sus derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y el acceso a la justicia. El gobierno del Frente Amplio establece como eje prioritario y estratégico la lucha contra la impunidad, a partir de una política de Estado integral, definiendo prioridades como el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal a través de una Policía de Investigación Criminal, apoyo decidido a las labores de la CICIG, respaldo político y financiero al MP y en particular a la función de la Fiscal General Claudia Paz y Paz y se promoverá una estrecha coordinación con el OJ. Esta estrategia integral tendrá como complemento políticas de prevención del delito y políticas sociales a favor de la juventud guatemalteca, que ha sido totalmente abandonada por los anteriores gobiernos. El Frente Amplio, cree firmemente que la educación, el empleo, la salud y la recreación son elementos claves de la prevención de la violencia. El Frente Amplio quiere gobernar Guatemala, sobre la base de la vida, los derechos humanos de manera integral. Debemos rescatar el derecho a la vida, a una vida mejor, que significa educación, salud y empleo. Solamente de esa manera, tendremos un país en paz, con desarrollo humano, sin violencia, racismo y discriminación. El Frente Amplio estará cerca de la gente y sus problemas, no con medidas represivas, ni clientelares y asistencialistas sino mediante estrategias y políticas públicas que resuelvan las principales necesidades del pueblo guatemalteco.
Guatemala, 29 de junio de 2011
Los poderes paralelos en Guatemala Rigoberta Menchú Frente Amplio –FA– La Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que durante el conflicto armado en Guatemala hubo más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos, en su mayoría población indígena, civiles, que no eran parte de la confrontación armada. La estrategia contrainsurgente, represiva y autoritaria fue respaldada plenamente por el poder económico y Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional, y se convirtió en una política de Estado. Para el desarrollo de la represión estatal se crearon unidades militares especiales, infiltradas en diferentes estructuras del Estado e integradas por civiles y militares, muchas de las cuales participaron en la guerra sucia. Estas estructuras fueron parte de la Inteligencia Militar (G-2), que actuaron a veces como escuadrones de la muerte, el Estado Mayor Presidencial, el Archivo, entre otras. Estas fueron identificadas y señaladas durante el proceso de paz donde se asumieron compromi-
sos por parte del Gobierno para desmantelarlas. Como parte de los Acuerdos de Paz, el Acuerdo Global de los Derechos Humanos, firmado en México el 29 marzo 1994, entre el Gobierno y la URNG, se establece: “III: Compromiso contra la Impunidad: 1.- Las Partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. 2.- El Gobierno de la república de Guatemala promoverá ante el Organismo Legislativo, las modificaciones necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales
como delitos de lesa humanidad. 3.- Ningún fuero especial o jurisdicción privativa puede escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos”. “IV. Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. 1.- Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. 2.- El Gobierno de la República reitera el compromiso de continuar la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad.” El incumplimiento de estos compromisos, particularmente las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, por parte de todos los gobiernos que se sucedieron a la Firma de la Paz, profundizaron el poder de los grupos paralelos dentro del Estado, la asociación de grupos militares y empresariales consolidó su funcionalidad. La corrupción pública y privada, se sumó al fortalecimiento de estos grupos en todas las esferas de la vida nacional, dejando sus acciones criminales en total impunidad. Por ese motivo el Estado de Guatemala, solicitó a las Naciones Unidas apoyo para combatir la impunidad y desarticular las estructuras paralelas que operan desde el interior de las instituciones –sobre todo las de seguridad y justicia–, que fueron mutando sus propósitos luego de firmada la paz y que siguieron utilizando la violencia y la corrupción para enriquecerse, traficar influencias, eliminar adversarios, promover el sicariato, realizar ejecuciones extrajudiciales y cualquier mecanismo para lograr sus fines criminales con total impunidad. Identificar y desmantelar esas estructuras es la razón de la presencia de la CICIG. Objetivos del Mandato de la CICIG: * Deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de se-
guridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. * Deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; * Hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. Para cumplir tales funciones, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico. Además, está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también podrá hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. El Gobierno del Frente Amplio, está comprometido en la lucha contra la impunidad. Considera que es fundamental identificar y seguir desmantelando los grupos paralelos que siguen enquistados dentro del aparato del Estado, por lo que es prioritario respaldar a la CICIG, con verdadera voluntad política, recursos y medios. Igualmente nuestro gobierno asignará todos los recursos necesarios al Ministerio Público, con Claudia Paz y Paz al frente para que continúe desarrollando su excelente trabajo con el fin de erradicar, de una vez por todas los poderes paralelos que atentan contra la democracia, el Estado de Derecho, la paz, la justicia y el desarrollo de nuestro pueblo y una ¡Vida Mejor!
Guatemala, 13 de julio de 2011
Narcotráfico: problema integral Rigoberta Menchú Frente Amplio FA El narcotráfico es un fenómeno criminal que tiene ya varias décadas de existir y continuará mientras persista la demanda del mayor consumidor de drogas en el mundo: Estados Unidos de América y haya oferta del mayor productor de cocaína del mundo: Colombia. La posición geoestratégica de Centroamérica, ubicada entre el mayor productor y el mayor consumidor de drogas, nos convierte en un área de tránsito, que en el transcurso de los años, también se ha convertido en consumidor de drogas, causando daños irreparables a nuestra población. El Frente Amplio en su Plan de Gobierno, establece un capítulo especial para la lucha contra el narcotráfico. La integralidad del combate al narcotráfico es de doble vía. Por un lado que los países consumidores diseñen e implementen una estrategia de salud pública para disminuir la demanda de droga en sus sociedades y de esta manera reducir la oferta. Por otro lado, los países productores tienen la responsabilidad de establecer estrategias efectivas para reducir la producción, dado que hasta ahora ambas estrategias han fracasado. El combate al narcotráfico es un problema regional, por lo tanto es fundamental establecer una estrategia conjunta donde Centroamérica evalúe y decida cómo enfrentará este flagelo de conformidad con su propia realidad y no como parte de una política impuesta, que somete a la región a la agenda de seguridad de Estados Unidos. COMBATE AL NARCOTRÁFICO: ÁMBITO POLICIAL, NO MILITAR Es fundamental evaluar cómo se ha enfrentado el narcotráfico hasta ahora porque es evidente que las estrategias han fracasado. Militarizar el combate al narcotráfico no solo ha sido un error, sino que ha desatado una ola de violencia imparable en los países que lo han aplicado. Para desmantelar las redes criminales y el narcotráfico se necesitan las instituciones policiales y de investigación criminal, así como judiciales, por
eso es vital definir que necesitamos mejorar y fortalecer las capacidades de Inteligencia Civil e Investigación Criminal. Esto será clave para un combate efectivo. Fortalecer el Ministerio Público y a la Policía de Investigación Criminal así como establecer coordinaciones eficientes, será determinante en la estrategia, así como mejorar y ampliar los métodos especiales de investigación y un sistema de protección de jueces y fiscales. EL ROL MILITAR: COOPERACIÓN La función militar debe estar claramente definida en la cooperación bajo el mando civil y subordinada a la institucionalidad de investigación y policial. Debe tener la responsabilidad en las áreas navales y aéreas, que sí son su competencia exclusiva. Las fuerzas armadas deben conservar capacidades técnicas y de personal de control del espacio aéreo y naval, para enfrentar a las redes criminales que utilizan estas vías para delinquir. Se realizará un control exhaustivo del personal militar que haya pasado cursos de especialización militar, en particular el curso de Tropas Especiales Kaibil (que será clausurado) que no solo fue un protagonista de la represión del pasado, sino es actualmente uno de los proveedores de personal especializado en violencia del crimen organizado, debemos saber cuántos y quiénes de ellos son parte de estas estructuras criminales para poderlos procesar penalmente. Es necesario realizar un control riguroso del armamento militar y policial, ya que hay serias “pérdidas” de armamento de grueso calibre y granadas de fragmentación de las Fuerzas Armadas que termina en manos del crimen organizado o la delincuencia común. Es fundamental implementar políticas integrales de seguridad democrática, demandar a los países consumidores y productores, que aporten su parte en
esta lucha, con recursos financieros y estrategias adecuadas. Todo esto debe acompañarse con programas de salud pública y educación para atender la problemática del consumo y reducir el grado de vulnerabilidad en nuestros jóvenes Propuesta del Frente Amplio para la lucha contra el narcotráfico y otras formas del crimen organizado: • Se fortalecerán a través de la profesionalización y equipamiento las unidades de investigación especializadas en narcotráfico, secuestros, lavado de dinero y otras formas de crimen organizado. • Se implementará una estrategia coordinada de identificación y persecución de la riqueza ilícita, a través del fortalecimiento de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). • Se liderará una estrategia regional de lucha contra el narcotráfico que incluyan la co-
ordinación con las fuerzas de seguridad de Centroamérica y México. • Se implementarán métodos especiales de investigación previstos en la Ley Contra el Crimen Organizado, fortaleciendo los equipos de escuchas telefónicas, y creando los equipos de agentes encubiertos y entregas vigiladas. • Se impulsará la lucha efectiva contra las ganancias derivadas del narcotráfico, aplicando con rigor la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos en lo que le corresponde al Ejecutivo así como toda medida administrativa relacionada. • Se crearán mecanismos efectivos de seguridad y control aduaneros, mediante la profesionalización, tecnificación, equipamiento y depuración del personal. • Mejorar los mecanismos de control para evitar que el narcotráfico esté financiando partidos políticos y campañas electorales, que pueden destruir nuestra frágil democracia.
Guatemala, 26 de julio de 2011
Desarrollo del empleo digno y transformación de la política laboral Rigoberta Menchú Frente Amplio
La falta de un empleo permanente y con prestaciones sociales es uno de los principales males económicos que de manera permanente afecta a la población guatemalteca y que se agravó en los últimos años. Este problema es resultado, entre otros factores, de un modelo de crecimiento económico que no fomenta generación de empleo conforme al crecimiento de la población y de la ausencia de una política laboral dirigida a crear empleo. En el 2010 el país contaba con 5.8 millones de personas en capacidad de trabajar, de ese total 3.5 millones, equivalente al 61%, se encontraban en situación de subempleo y 203 mil se encontraban desempleadas. Tanto la tasa de subempleo como de desempleo aumentó respecto a la encuesta de empleo realizada en 2004, cuando la tasa de subempleo fue de casi 56% y la de desempleo de 3.1%. En la práctica las cifras del empleo a 2010 indican que 6 de cada 10 guatemaltecos en edad de trabajar no tienen un empleo permanente durante todo el año o no trabajan las horas diarias que están en posibilidad de trabajar. Esta situación afecta más a las personas que viven en el área rural que las que habitan en el área urbana. En efecto, el 52% de las personas subempleadas reside en el área rural y 48% en el área urbana. Del total de subempleados, 6 de cada 10 son hombres y los restantes 4 son mujeres. La población indígena representa 4 de cada 10 subempleados. Las cifras muestran el deterioro del mercado laboral guatemalteco en los pasados 6 años, en especial en lo que respecta al aumento del subempleo. La problemática de empleo en Guatemala radica en el subempleo, en especial en el área rural que afecta a hombres, aunque también afecta a las mujeres en número significativo. La población indígena también está afectada por el subempleo en un número importante, alrededor de 1.5 millones de indígenas estaban subempleados en 2010. La falta de un empleo permanente tiene significativas implicaciones para el desarrollo del país. Impide que casi 3.5
millones de personas puedan generar ingreso suficiente y en forma permanente para superar la pobreza y la extrema pobreza. Asimismo, obliga a miles de guatemaltecos cada año a emigrar del país en busca de una oportunidad de empleo. El problema del subempleo en Guatemala visibiliza que el Estado no es capaz de implementar una política laboral encaminada a reducir la incidencia de dicho fenómeno, al punto que puede decirse que en Guatemala es casi inexistente la política laboral en lo que respecta a garantizar el derecho humano de contar con un empleo. En este sentido es necesario reorientar la función del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se requiere que su actuar esté más orientado a formular una política pública que incentive la creación de empleos, en particular orientada al área rural y con orientación a la mujer. También es impostergable reorientar el accionar de la política pública hacia un modelo de crecimiento con empleo, el modelo vigente
hasta ahora ha sido un modelo de crecimiento sin empleo. Por el bien de las generaciones futuras dicho modelo no puede seguir, hacerlo significa condenar a los jóvenes a desempleados o subempleados. La necesidad de empleo está latente entre la población, las encuestas revelan que, después del tema de inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los guatemaltecos es la falta de empleo. Para el FRENTE AMPLIO los guatemaltecos deben emplearse con el goce de las libertades y derechos individuales y colectivos, con garantía de cumplimiento de la ley laboral, sin discriminación y con remuneración digna y justa por lo que promoverá relaciones laborales armoniosas, el diálogo entre sectores y escuchará las demandas de los sectores laborales y patronales, pero no tolerará el incumplimiento de la ley laboral, las prácticas antisindicales. El FRENTE AMPLIO hace preferencia en la libertad sindical, la negociación colectiva, el cumplimiento de
los convenios nacionales e internacionales en la materia que beneficien a los trabajadores guatemaltecos e impulsará, entre otras, las siguientes medidas: 1. Trabajo digno Velar por el cumplimiento irrestricto de la ley laboral nacional e internacional y garantizar el ejercicio de los derechos laborales. Desde la esfera administrativa terminar con la impunidad laboral y devolverle al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la facultad sancionatoria de las faltas a nivel administrativo; hacer efectiva la Inspección General de trabajo y no tolerar ni facilitar la intromisión de la parte patronal en las decisiones y cumplimiento de las ordenanzas laborales; promover una instancia de diálogo tripartito y permanente para lograr la dignificación del empleo. 2. Reestructuración del Ministerio De Trabajo Y Previsión Social Consolidar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en sus objetivos esenciales; dotar de presupuesto adecuado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social; hacer funcional a la Inspección General de Trabajo reestructurándole totalmente; hacer del Ministerio de Trabajo y Previsión social un ejecutor de la política de fomento y desarrollo del sindicalismo y la negociación colectiva; redefinir el papel del Ministerio en la fijación de la política de recreación y en la de capacitación de los trabajadores especialmente en lo que toca al INTECAP. 3. Gobierno popular y de los trabajadores Desarrollar al máximo la libertad Sindical para lograr que la buena práctica sindical se convierta en motor del desarrollo económico y social del país. Asimismo la negociación colectiva para convertirla en una política de Gobierno para que este instrumento se convierta en motor de desarrollo, profesionalización y modernización de las relaciones laborales. 4. Agenda legislativa Entre otra legislación se promoverá la oralización de la justicia laboral en el plano individual y colectivo y la devolución a la Inspección General de Trabajo de su facultad sancionatoria en la vía administrativa.
Guatemala, 10 de agosto de 2011
Desnutrición infantil en Guatemala: situación actual y medidas necesarias Rigoberta Menchú Frente Amplio FA Situación actual: En los últimos años, según el INCAP, Guatemala registró un incremento en el número de casos de desnutrición aguda, con agravamiento de la desnutrición crónica, especialmente en las poblaciones rurales y aquellas ubicadas en el “corredor seco”. Otros estudios indican que la desnutrición crónica, en el año 2008 afectó 1, 123, 000 niños, y que no ha habido mejoramiento en talla para edad en los niños del área rural desde 1966. Con relación al indicador peso para talla se constató que 1.8 % de los menores de cinco años tienen desnutrición aguda y que existe al igual que en la desnutrición crónica aceleración del deterioro (Análisis de situación de la SAN, 2010: 8 y 14). En cuanto a la desnutrición global, la misma fue del 19.3% (ENSMI 2008-09). Cabe indicar que el 15.8% de los menores de cinco años presentaba deficiencia de Vitamina A en 1995 (Análisis de situación de la SAN, 2010: 9-10 y 15). El 88% de las muestras muestra niveles por arriba de 3.5 mg de retinol/Kg de azúcar (nivel mínimo adecuado) (PRDC, 2004:6). La prevalencia de
anemia en menores de cinco años fue del 39.7% en 2002, según la Encuesta de micronutrientes de ese mismo año. Esa misma encuesta indica que las mujeres en edad fértil con anemia por deficiencia de hierro representaban el 20.2% del total de las mismas, la más elevada de la región centroamericana y la República Dominicana. Junto con los problemas carenciales, en los últimos años se ha observado un crecimiento de problemas relativos a la obesidad. El 5.6% del total de los menores de cinco años presentan sobrepeso y obesidad (Análisis de situación de la SAN, 2010: 15 y 74). El 13.8 % de las mujeres en edad fértil presenta obesidad. El sobrepeso afecta a un tercio de las mujeres en edad fértil. La obesidad afecta al 14 por ciento, con mayor prevalencia en la población urbana (Análisis de la situación de la SAN, 2010; 73). Se presenta coexistencia de obesidad en madres y retardo de talla en niños en la misma familia (18.91 %), siendo más prevalente entre las familias indígenas, rurales y con más bajo nivel socioeconómico (Análisis de situación de la SAN, 2010:11-12). Como explicación de los fenómenos anteriormente identifica-
dos, se destaca que si bien es cierto, en Guatemala, la pobreza (en términos porcentuales), apenas se ha reducido durante las dos últimas décadas, el número de pobres en este país ha aumentado, siendo más notorio tanto en la región central como en la región de El Petén, territorios objetivo en términos de migración interna, situación que ha hecho explícito SEGEPLAN (2010), cuando señala que es muy probable que las metas de reducción de la pobreza extrema y de mortalidad materna no puedan ser alcanzadas para el año 2015 como estaba previsto. En el momento actual, el 51% de la población es pobre (6, 625, 892) y de ellos, un total de 1, 976, 604 son pobres extremos (15.2%). Sin embargo, los niveles de pobreza y pobreza extrema se manifiestan con mayor crudeza en la población indígena, en donde el 74.8% son pobres y el 47.6 % son pobres extremos, así como en los niños, las mujeres, y en el área rural y dentro de ellas, en las regiones norte y nor-occidente del país (ENCOVI, 2006) Adicionalmente, cabe señalar que se ha producido un incesante incremento del precio de los alimentos y de la energía, así como se han deteriorado las condiciones del mercado laboral (CEPAL, 2009), y los desastres y las fluctuaciones climáticas anuales deterioran la accesibilidad, el consumo familiar y la utilización biológica de los alimentos a través de sus efectos en la productividad agropecuaria y la disponibilidad; aumentando a su vez el costo de los alimentos y por lo tanto el consumo, cerrando el círculo con el incremento de enfermedades que afectan el aprovechamiento de los alimentos en las personas. La situación de pobreza y pobreza extrema junto con el deterioro de condiciones nutricionales de la población es coincidente con el mantenimiento en condiciones de infra y subsistencia de amplios sectores de campesinos pobres, que son propietarios de pequeñas parcelas con
serias dificultades para garantizar la producción de alimentos. Esta es la situación que precisamente caracteriza a amplios territorios de los municipios de los departamentos noroccidentales y norte del país, con mayoría de población indígena, y especialmente en los municipios del corredor seco en todo el país. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Tomando en consideración la situación anteriormente identificada, el Frente Amplio plantea a la población las siguientes políticas públicas: 1. Acceso a la tierra y desarrollo rural integral con el objeto de favorecer decididamente a los campesinos sin tierra y los campesinos pobres productores de granos básicos. 2. Creación del Ministerio de Desarrollo Rural. 3. Impulso y fortalecimiento de los mercados locales desde lo comunitario. 4. Desarrollo e implementación de tecnología agropecuaria. 5. Seguridad y soberanía alimentaria. 6. Consolidar el crecimiento económico sostenido. 7. Creación y puesta en funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil y ampliación de centros de educación de preescolares para la atención de todos los niños y niñas garantizando en todos ellos la alimentación y nutrición requerida. 8. Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en todo el país. 9. Fortalecimiento del sistema nacional público de salud para la atención médica de los problemas nutricionales de las y los niños, incluyendo la actualización de las normas técnicas para el diagnóstico y tratamiento y la capacitación del personal de salud responsable de su implementación. 10. Ampliación de los programas de alimentación suplementaria para la niñez, adolescencia y la mujer en edad fértil. 11. Promoción y fortalecimiento de los programas de lactancia materna en todo el país. 12. Desarrollo de un programa nacional de promoción y educación para una alimentación sana y segura.