reportaje
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La Hora
Guatemala, 30 de agosto de 2013/Página 7
Aún esperan que por fin alguien toque la puerta y regrese; la esperanza de ellos es superior a otra aspiración de reparación, ellos siempre tienen la expectativa de que regrese”. Mynor Alvarado, Asesor legal del Grupo de Apoyo Mutuo
S QUERIDOS TOQUEN A SUS PUERTAS
pasado y búsquedas del presente
FOTO LA HORA: ARCHIVO
La Fundación Amancio Samuel Villatoro se dedica a colaborar en procesos de desapariciones forzadas. serán los juzgados quienes determinarán si hubo o no un delito y se procese a los responsables”. Arenales Forno señala que las cortes de justicia del país deben resolver si hubo o no un delito, y si la ley puede ser retroactiva desde que se tipificó tal delito o si se puede aplicar una amnistía. Existe una iniciativa de ley que busca la creación de una instancia para la búsqueda de desaparecidos y el debate se encuentra en el Congreso de la República, dice Arenales Forno, quien considera que la legislación debería de tener un “objetivo sin calificativos” y no especificar qué tipo de desaparición castigará. Asegura que lo que se está esperando de parte del Gobierno es que se termine de discutir la ley en el Congreso y la comisión que se cree haga el trabajo que le corresponda. Además indica que Guatemala todavía no es parte de la Convención de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, adhesión que también se encuentra propuesta en una iniciativa en el Congreso de la Republica. Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y quien fue esposa de un desparecido, señala que la discusión de la iniciativa de ley para la búsqueda de personas desaparecidas se encuentra paralizada y “lamentablemente” es un tema que no genera consensos y ni siquiera acercamientos. “La desaparición forzada fue un drama nacional que se dio sistemáticamente durante más de treinta años, generando una gran división de guatemaltecos, porque obviamente sustraer a una persona de su medio por parte de autoridades del Estado y ahora reconocerlo así es muy fuerte y
en ese sentido no ha habido la voluntad para crear esa comisión”, indica Montenegro. Sin embargo, a pesar de esta situación, desde lo privado con médicos forenses y organizaciones como FAFG, GAM, CIIDH y Famdegua se han realizado algunos esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas y se ha tenido algún tipo de éxito en este proceso. Incluso, existe una iniciativa para identificar familiares por medio de pruebas de ADN a través de organizaciones no gubernamentales, pero por parte del Estado no se ha hecho nada dice la diputada. Además indica que habría que hacer una revisión de la iniciativa que se encuentra en el Congreso, porque efectivamente el delito de desaparición forzada ya se encuentra tipificado y para evitar que los crímenes vuelvan a ocurrir en el futuro. Por otro lado, lo que contempla la iniciativa de ley actual, más que cuestiones judiciales, es implementar mecanismos para encontrar los restos de las personas desaparecidas y darles cristiana sepultura, que es lo que muchas personas buscan, agrega Montenegro. CON ESPERANZA Sara Vásquez recuerda bien el 9 de mayo de 1984, cuando supone que las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a su esposo, un dirigente sindical de panificadores, en la 10ª. calle 13-41, de la colonia Castillo Lara, en la zona 7 de la Capital. “Desde entonces inicia la lucha de la búsqueda de mi esposo; he estado hasta en cementerios clandestinos, pero lamentablemente no he encontrado los restos de mi ser querido”, relata. Sara recuerda que en el tiempo de la desaparición su esposo tenía 25 años
y ella 24; fue entonces cuando quedó a cargo de sus tres hijos. “La vida sin él ha sido muy difícil; yo he jugado el papel de madre y padre para mis hijos, y hasta hoy día mis hijos preguntan cuál fue el paradero de su padre”, dice Sara. Sin embargo, no tiene una respuesta para esa pregunta. La última vez que vio a su esposo fue el 9 de mayo a las 5 de la tarde, cuando se dirigía a una reunión con compañeros de la panificadora. “Él me dijo que regresaría a las 6 de la tarde, pero ya nunca regresó”, recuerda. “Posteriormente a las 8 de la noche, llegaron hombres fuertemente armados a la casa que alquilábamos y se llevaron ropa, fotos y algunas otras pertenencias de mi esposo; desde entonces nunca más lo volví a ver”, contó. No obstante, dice que la esperanza que aún le queda es saber en dónde se encuentran los restos de su esposo y darles sepultura.
Evelyn Blanco, directora del Centro Internacional para las Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), dice que casos como el de Sara han servido para que desde el 2006 se esté impulsando la iniciativa 3590, con el objetivo de crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Blanco indica que dicha iniciativa ya tiene dictamen favorable, pero hasta ahora no se ha tenido mayor respuesta; además destaca que muchos de los familiares de víctimas están muriendo con la desesperanza de tener la respuesta del Estado para saber en dónde se encuentran sus seres queridos. La activista señala que estos casos son emblemáticos, pues han esperado tantos años para que les den una respuesta a sus casos, siendo una deuda del Estado con miles de guatemaltecos y por supuesto una deuda de la justicia con quienes ya no están.
AMINISTÍA INTERNACIONAL “Una terrible realidad” En América, las desapariciones forzadas no son simplemente un legado del oscuro pasado de gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980, sino que siguen siendo una práctica terrible, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. “En Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la cuestión de las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un grave problema”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. “En ambos países, el Gobierno no investiga de manera efectiva estos casos ni pone a los presuntos responsables de los delitos a disposición de la justicia. Esta impunidad no hace más que fomentar las desapariciones forzadas, pues sus autores creen que lo que hacen no trae consecuencias. Mientras tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo millares de personas en paradero desconocido decenios después de los conflictos internos y la represión política causantes de ello. “Para que prevalezcan la verdad y la justicia, es absolutamente necesario que los familiares de las víctimas descubran su paradero”, ha añadido Marengo. “Importa cada persona. Entre las terribles cifras de miles de desaparecidos yacen el dolor y el trauma de los familiares que los buscan.”