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ORGANISMO JUDICIAL POR CLAUDIA PALACIOS cpalacios@lahora.com.gt
Julia Maldonado accionará contra resolución de TSE La defensa de la diputada Julia Maldonado anunció que interpondrá un Recurso de Nulidad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el cual pretende que dicho ente vuelva a inscribir a su clienta como candidata a la reelección. De acuerdo con el abogado, el fallo del TSE fue “antojadizo” y no respetó las acciones legales que aún están en trámites en el Organismo Judicial para lograr la entrega del finiquito a Maldonado. Carlos Muñoz es citado por segundo caso Carlos Muñoz, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue citado por el Juzgado Quinto de Instancia Penal para conocer los motivos por los cuales enfrentará un segundo proceso penal. El Ministerio Público los señala de otorgar dos plazas en la institución de fiscalización al juez José Luis Patán, para que le cerrara un proceso penal en su contra. Entregan informe de antejuicio contra jueza El juez Jaime Amílcar González, pesquisidor del antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores, entregó a la Corte Suprema de Justicia el informe sobre los señalamientos a la togada. La Cámara de Amparo y Antejuicio deberá presentar el informe al pleno para que éste órganos decida si se retirará la inmunidad de la jueza por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Abogado de Julia Maldonado acciona en el Organismo Judicial.
Guatemala, 10 DE julio de 2015 / Página 3
ACCIONES DE CICIG ALCANZAN A EMPRESA PRIVADA
Acuerdo de Energuate y Jaguar Energy antecedió el escándalo de corrupción La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) develaron la existencia de una estructura organizada dedicada a velar por los intereses de la generadora eléctrica Jaguar Energy, un día después de que ésta llegara a un acuerdo con Energuate para mantener vigente el contrato para el suministro de hasta 300 megavatios (MW), la inversión privada más importante del sector eléctrico en el país. POR CLAUDIA PALACIOS cpalacios@lahora.com.gt
El pasado 26 de marzo, tras casi dos años de retrasos en la construcción del proyecto de generación de energía más grande del país, Energuate dio un ultimátum a Jaguar Energy para que entrara en operaciones antes del 16 de junio, o de lo contrario se cancelaría el acuerdo entre ambas empresas, y la generadora estaría obligada a pagar una fianza de US$45 millones por incumplimiento de contrato. Hasta esa fecha, Jaguar Energy había pagado ya US$20 millones al Estado, en concepto de fianzas por el retraso en el inicio de operaciones por un problema mantenido a principios de diciembre de 2013, con la empresa China Machine New Corporation (CMNC), encargada de la construcción y el diseño de la planta generadora. Jaguar Energy se estaba jugando una inversión de alrededor de US$900 millones, que tras numerosas negociaciones con Energuate logró salvar el pasado miércoles, al lle-
gar a un acuerdo para continuar con el proyecto de generación de Energía. La paz duró poco para Jaguar Energy. Ese mismo día, el Juzgado Quinto de Instancia Penal, a solicitud del MP y la CICIG, giró una orden de captura contra Ernesto Córdova, representante de la empresa, señalado de influir, a través del gestor César Medina Farfán en el secretario general de la Presidencia Gustavo Martínez, yerno del Presidente, y el entonces viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas. De acuerdo con el comisionado Iván Velázquez, a través de Martínez, Córdova podía incluir en la agenda del presidente Otto Pérez Molina la presentación de proyectos o propuestas empresariales y realizar cualquier gestión en favor de los intereses de Jaguar Energy. De acuerdo con el ente investigador, Martínez incluso obstaculizó el ingreso al país del cónsul chino en Costa Rica para evitar que llegara al albergue donde se encontraban refugiados más de 40 trabajadores de la CMNC, desalojados de las instalaciones del proyecto de generación eléctrica. Esta no fue la única maniobra de Martínez para salvar a Jaguar Energy, según el comisionado. El secretario Privado también intervino en el contrato firmado con Energuate. “Frente al incumplimiento de plazos, y todo eso de las discusiones de las últimas semanas, que hemos conocido ya sus manifestaciones últimas de las dificultades de Jaguar para cumplir plazos y que entonces se requería también la actuación de Martínez para que
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Captación de un comunicado de la empresa, que muestra cuando el presidente Otto Pérez Molina visitó las instalaciones de Jaguar Energy a finales del 2014.
no se ejecutara la fianza por incumplimiento de plazos y retrasar resoluciones sobre tarifas portuarias. Y todo esto naturalmente, tenía su retribución”, dijo Velásquez. Hasta la fecha, Córdova permanece prófugo de la justicia. Martínez, Medina Farfán y Rodas prestarán primera declaración el próximo lunes. Energuate emitió un comunicado de prensa en el que indicó que
la reanudación del contrato con Jaguar Energy se realizó a través del mecanismo de resolución de controversias para proporcionar un servicio de calidad a los usuarios y señaló que la empresa generadora es la planta más eficiente del sistema. La Hora se intentó contactar con Jaguar Energy, pero al cierre de esta edición se concedió una respuesta.
VOCERO Ejecutivo: Nadie es superior a la ley Consultado respecto a la captura del exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez y otros exfuncionarios por su presunta participación en el caso de corrupción denominado “Redes”, por la CICIG y el Ministerio Público, el vocero presidencial, Jorge Ortega, dijo que “nadie es superior a la ley” y que ese es el mensaje que se ha enviado en los últimos tiempos para fomentar la transparencia en el Gobierno. “Si alguien se sale de la norma, para eso están los mecanismos legales para que enfrenten sus responsabilidades de forma individual. El Ejecutivo mantiene su posición de ser respetuoso de los procesos legales y Gustavo Martínez debe enfrentar de forma
individual y separado de su cargo, los señalamientos por los cuales está en un proceso”, expresó el portavoz. Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo realice investigaciones internas para determinar si hay funcionarios activos envueltos en más casos de corrupción, Ortega respondió: “Sería una decisión del Presidente porque tendría que pedirle apoyo a otras instancias. Pero es una decisión que tomará en algún momento si así lo considera. Pero por el momento está descartado”. POR MANUEL RODRÍGUEZ mrodriguez@lahora.com.gt
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Jorge Ortega, vocero presidencial.