JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025
Santo Domingo
JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025
Santo Domingo
Desde las 06:00 de este jueves 19 de junio se habilitó un carril en la zona del talud, lo que permite el paso controlado de los vehículos que transitan por la vía Alóag – Santo Domingo. Treinta efectivos de la Policía Nacional estarán a cargo del control del tráfico, mientras que el consorcio a cargo del proyecto se comprometió a mejorar la señalización en el área. 03
Allanamientos revelan arsenal vinculado a bandas criminales
Organizaciones plantean demandar Ley de Inteligencia
Reformas que faltaron en el Código de la Democracia
Israel anuncia que no detendrá su ofensiva en Irán
Principio de mínima intervención penal en delitos de menor gravedad
s o FíA Co RDERo sofia.cordero@iaen.edu.ec
Lanueva Ley de Inteligencia no fortalece al Estado ni protege a los ciudadanos. Al contrario: concentra poder, debilita las garantías e instala una lógica de control político propia de regímenes autoritarios. Al excluir al sistema judicial del control sobre las operaciones de Inteligencia, la Ley convierte lo que debería ser un instrumento técnico y profesional en una herramienta al servicio del poder.
Esta Ley obliga a cualquier persona o institución —sin excepción— a entregar información a los organismos de Inteligencia, sin necesidad de orden judicial y sin posibilidad de negarse. Es decir, nuestros derechos están en pausa, y el acceso a nuestra vida privada queda en manos de burócratas sin rostro ni responsabilidad.
Peor aún, se permite el uso de fondos reservados sin ningún tipo de control ni fiscalización. Ya lo vivimos durante el correísmo , cuando la Senain manejó más de 475 millones de dólares en unas 1.500 operaciones. ¿Quién debía controlar esos fondos? La Contraloría ¿Dónde están ahora sus titulares? Presos por corrupción.
La ley va más lejos. Ordena al Registro Civil crear identidades ficticias —es decir, cometer un delito— y limita la función de fiscalización de la Asamblea Nacional a una sola comisión, reduciendo así la posibilidad de control democrático. Además, establece una estructura de Inteligencia paralela, por encima de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ignorando los procesos de profesionalización y los marcos constitucionales que rigen esas instituciones. Pero lo más grave es el poder que se le entrega al director de Inteligencia: un cargo sin requisitos técnicos, sin controles reales y con acceso ilimitado a nuestras vidas. En la práctica, se convierte en un juez supremo, capaz de decidir sobre nosotros desde las sombras. Y ese poder, cuando se ejerce sin límites, solo puede sostenerse sobre el miedo. Y el miedo, no lo olvidemos, es el peor enemigo de la democracia. Porque donde hay miedo, hay silencio. Y una ciudadanía que calla, deja de ser libre.
Ro DR i G o Co Nt ERo PEÑAF i EL rcontero@gmail.com
Todos nos necesitamos
Un Estado de derecho se sustenta en un conjunto de instituciones que garantizan el buen funcionamiento armónico de la sociedad, mediante normas claras que se aplican de forma imparcial. Este principio limita el poder guber-
Directora Nacional: Gabriela Vivanco Salvador
Editor General: Jean Cano
Editor Regional: Lorena Melo Mieles
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec
Año: XXVII No. 11.406
Las alertas que hoy se encienden sobre las leyes que con agilidad tramita la Asamblea, pudieron evitarse si con anterioridad se debatía con actores que aportan y enriquecen las iniciativas legales, incluso apoyando los objetivos de Carondelet. Existen organizaciones que trabajan desde hace más de una década en cambios sustanciales a leyes creadas con ánimo totalitario y abusivo. Hoy, su aporte es fundamental.
También existe malestar en actores de la sociedad civil al respecto de ciertos contenidos de dos leyes aprobadas para combatir la inseguridad: la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia, pero sería insensato verlos como opositores.
En ambos cuerpos legales se han identificado excesos que amenazan la libertad de pensamiento, la privacidad de las comunicaciones y que atentan contra compromisos internacionales, incluso aquellos firma-
dos por el presidente Daniel Noboa. El análisis que se requiere es profundo, pues la necesidad de limitar el avance del crimen organizado, de garantizar la integridad y seguridad de la población, y de atacar la rampante corrupción prima en el debate y apoyo público a toda iniciativa que intente solventarlos.
Aunque el país vive una auténtica arremetida del crimen, hay quienes en Quito no sienten estos problemas como urgentes, como sucede en Guayaquil, Durán, Babahoyo, Santo Domingo o Esmeraldas; sin embargo, la violencia llegará a la capital tarde o temprano.
Ambas perspectivas deben encaminarse en unir el combate al crimen con el respeto a los derechos humanos. La protección de la libertad es cara y compleja; no se debe renunciar a ella antes de buscar soluciones innovadoras y creativas que, a la vez, ataquen al crimen con toda la fuerza de la ley y el Estado.
namental, combate la corrupción, protege los derechos civiles fundamentales, mantiene el orden público y afirma la seguridad ciudadana. Asimismo, permite el cumplimiento efectivo de leyes y el adecuado funcionamiento del sistema judicial. En los países donde el Estado de derecho está sólidamente establecido, la ciudadanía goza de una mejor calidad de vida. En contraste, cuando la democracia se ve debilitada por fallas gubernamentales, existe ausencia de procesos transparentes, se
abusa del poder, se transgreden los derechos fundamentales y la corrupción se convierte en motor de la gestión pública. Ante esta situación, muchas personas se ven forzadas a emigrar en busca de países que les ofrezcan una vida digna y segura, conforme a la naturaleza humana. Algunos países sufren graves retrocesos democráticos debido a conflictos internos y externos que afectan directamente a sus ciudadanos. En este contexto, quienes defienden la integración global se enfrentan al nacionalis-
RosALíA A R t EAGA sERRAN o rosaliaa@uio.telconet.net
Unade las situaciones que hacen que la adrenalina funcione mejor y más rápido es cuando estamos inmersos en una competencia, puede esta ser física como cuando participamos de una carrera, en un deporte, o simplemente cuando competimos con nosotros mismos, demostrándonos que podemos, que ganamos.
Hay otros tipos de competencia asociados con el juego, algunos de los cuales hasta pueden inducir a extraviar la conciencia de lo que realmente se apuesta y conllevan a la pérdida de patrimonios y hasta de la paz.
Pero hay otro tipo de competencia y es la que acabamos de experimentar hace unos pocos días, cuando Fundación Fidal organizó una hermosa subasta de arte, con la participación de más de cincuenta obras de casi el mismo número de artistas, destinadas a conseguir recursos para una obra de envergadura, la reconstrucción de una vieja casona en el Centro Histórico de Quito, que albergará al primer EcoMuseo-Biblioteca de la ciudad.
Dicha subasta organizada en el espacio Buenaventura, ubicado en La Mariscal, ese hermoso barrio quiteño, y facilitada por Juan Carlos de la Hoz, el artista plástico colombiano, fue el escenario en el que dicha subasta hizo subir la adrenalina de los participantes, más de un centenar de personas que, a lo largo de más de tres horas, decidieron participar para llevarse obras maravillosas y también contribuir a financiar la construcción del EMB.
Fuimos tres los subastadores, Ricardo Dueñas, Hugo Carro, y quien suscribe esta nota, que añadimos entusiasmo y aceleramiento a la subasta y conseguimos el objetivo trazado.
La adrenalina subió por momentos, sobre todo respecto de los cuadros más disputados, lo que hizo todavía más atractivo el ejercicio y nos lleva a persistir en proporcionar más espacios para el arte y los artistas en nuestra ciudad.
mo y el proteccionismo. Algunos gobernantes aún no comprenden que todos nos necesitemos para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático, la migración y el terrorismo. El nacionalismo político suele reducir la globalización a un fenómeno económico o mediático que favorece solo a los países ricos.
Así, algunos gobiernos cierran fronteras, declaran guerras o aíslan a sus pueblos, bloqueando el libre tránsito de personas. Este conflicto entre la globalización y el aislacionismo es tema central
de organismos como la ONU y la OMS, que promueven respuestas globales solidarias. Es lamentable que algunos funcionarios y profesionales de las ciencias humanas buscan notoriedad alimentando la frustración de los más necesitados. En lugar de apoyar políticas altruistas sin condiciones contradicen propuestas que podrían beneficiar a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca, la cooperación entre naciones y sociedades no es una opción, es una necesidad urgente.
Controles permanentes, señalización e iluminación forman parte del plan para garantizar seguridad mientras continúan los trabajos en la zona del talud.
A partir de las 06:00 de este jueves 19 de junio se reanuda la circulación vehicular en el kilómetro 83 de la vía Alóag – Santo Domingo.
Aunque los trabajos de contención definitiva del talud aún no concluyen, se logró retirar las rocas de gran tamaño que representaban un riesgo, lo cual permitió la reapertura de este tramo clave de la red estatal.
Paso por un carril
Desde hoy se permitirá la circulación de vehículos livianos, pesados y extrapesados , pero solo por un carril. La zona continúa en intervención, ya que es considerado un punto crítico.
Durante las 24 horas habrá control de tránsito para organizar los cruces de vehículos en ambos sentidos de manera ordenada y cronometrada.
La prefecta Johana Núñez dijo que aún se desconoce hasta cuándo estará
El 85% de los vehículos que circulan por la vía
Alóag – Santo Domingo son de alto tonelaje. Solo el 15% corresponde a transporte liviano.
parcialmente habilitada la vía en este tramo, pues los contratistas tienen seis meses para finalizar los trabajos de contención.
Ramón Vera, dirigente de la transportación pesada, solicitó que se ubique mejor señalética e ilumine la zona del talud para evitar accidentes de tránsito. Su pedido fue aceptado positivamente, y se anunció que en las próximas horas se instalarán luminarias en los dos extremos para que los conductores estén precavidos y circulen con mucho cuidado
CIRCULACIÓN. Se habilitó un carril en el kilómetro 83 para permitir el paso de los transportes.
en este sitio.
Plan de contingencia
Juan Carlos Suárez, jefe policial de tránsito en la provincia, informó que se eje -
cutará un operativo con 30 uniformados. Además, hizo un llamado a la prudencia para evitar aglomeraciones. Agentes civiles de tránsito colaborarán en el sector del
KFC para hacer más fluido el paso de los transportes, y se reforzará el control en el centro poblado de Alluriquín, donde siempre se genera congestión vehicular. (JD)
El crecimiento del transporte informal en Santo Domingo mantiene en alerta a los taxistas legalmente establecidos.
Aunque los operativos continúan, dirigentes como David Vinueza, presidente de la Unión Provincial de Taxistas (Unitaxis) , aseguran que el trabajo es desigual. “Estamos en desventaja. Pagamos impuestos, revisiones y patentes, mientras otros trabajan libremente, sin garantías ni regulación”.
En el cantón hay más de 3.000 taxis legales agrupados en unas 40 operadoras, entre ejecutivos, convencionales y cooperativas . Sin embargo, se han detectado
al menos 20 puntos de operación informal, donde se establecen paradas ilegales que, según Vinueza, funcionarían como terminales de taxis piratas. Taxistas como Wilmer Zambrano confirman que el problema ha ido en aumento. Advirtió que las pérdidas económicas pueden alcanzar hasta un 40% de los ingresos diarios.
Acciones y sanciones
El alcalde Wilson Erazo fue claro en su posición sobre el tema. “No vamos a permitir que la informalidad siga operando. Es responsabilidad de la EPMT controlar esto y cuidar a quienes están legalmente registrados”.
Se han identificado 20 puntos críticos donde operan taxis informales.
Cristian Ocaña, comandante de Control Operativo de Tránsito de la EPMT, informó que el cuerpo de agentes de tránsito cuenta con un equipo exclusivo para controlar el transporte informal. “Realizamos de 20 a 28 aprehensiones al mes, y las modalidades de informalidad van desde taxis sin autorización hasta motocicletas, buses escolares y furgonetas”, explicó.
SERVICIO. Hay más de 3.000 taxis legales operando en Santo Domingo.
Las sanciones para quienes incurren en esta actividad incluyen la retención del vehículo por siete días, la reducción de 10 puntos en la licencia y el pago de dos salarios básicos unificados.
Uno de los puntos con mayor presencia de taxis informales, a decir de Ocaña, es el sector de la terminal terrestre , además de algunas parroquias rurales. (DLH)
En uno de los casos también participó personal de la Dirección General de Inteligencia.
Las detenciones se desarrollaron en sectores rurales y urbanos de Santo Domingo de los Tsáchilas, tras alertas ciudadanas y tareas de inteligencia policial.
EXTRACTO
NOTIFICACIÓN A: Usuarios conocidos y desconocidos
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA, DIRECCIÓN ZONAL 2 ESMERALDAS, OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.- Proceso Administrativo Nro. 038-2025-AA.- Santo Domingo de los Tsáchilas, miércoles, 11 de junio de 2025. A las 15:58.- En lo principal: Mediante escrito, de 28 de abril del 2025, comparece a esta Oficina Técnica de Santo Domingo de los Tsáchilas, el señor Edison Patricio Cando Moreira, representante legal de la compañía ALUMINIO CENTRAL ALUCEN CÍA., LTDA., con CC. Nro. 171954206-8, solicitando el uso y aprovechamiento de agua para fines domésticos e industriales en el caudal de que el perito determine proveniente del un pozo profundo, que se encuentra dentro del predio de su representada en el recinto El Poste y 6 de Enero, calle Vía al Poste, numero S/N., a 200 metros de la cooperativa Provincias Unidas, de la parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Con el antecedente expuesto esta autoridad DISPONE: 1.- En apego a lo dispuesto en los Arts. 18 Literal g), 86 lit., d) y 87 numeral 2, literal c) 93, 94, 95, 123,124, 125 y 126 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en concordancia con el Art. 106 numeral 1, y 107 del Reglamento a la Ley ibidem, se admite a trámite la petición presentada, por considerarla clara, completa y reunir los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento. 2.- El trámite establecido para esta causa es el GENERAL. 3.- Practíquese las siguientes actuaciones: (i) Notifíquese a los usuarios conocidos y desconocidos mediante publicación de un extracto de la solicitud y ésta providencia, publicaciones que se lo deberá hacer en un periódico de circulación de la localidad, de no existir se lo realizará en un periódico de circulación nacional, por tres veces consecutivas. (ii) Colóquese 3 carteles durante diez días en tres lugares frecuentados del sector conocido se encuentra dentro del predio de su representada en el recinto El Poste y 6 de Enero, calle Vía al Poste, numero S/N., a 200 metros de la cooperativa Provincias Unidas, jurisdicción de la parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Para el efecto remítase atenta comisión librada con suficiente despacho al señor Teniente Político de la parroquia Luz de América; el administrado en el plazo de 24 horas, retire de esta dependencia las comisiones y entregue a la autoridad política 4.- En caso de que el administrado no cumpla o deje de impulsar por el plazo de dos meses, se producirá el abandono y se actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Téngase en cuenta el correo electrónico adminstracion@alucen.com.ec, valeac164@gmail.com, señalado para sus notificaciones. 6.- Actúe como secretario Ad Hoc, en el presente trámite el Ab. Darwin Apolo Calero. Cúmplase, Ofíciese y Notifíquese...f) ING. DIEGO HERERRA, DIRECTOR ZONAL 2 ESMERALDAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
ABG. DARWIN APOLO CALERO. SECRETARIO AD-HOC
Personal de diferentes unidades policiales realizaron dos intervenciones para decomisar armamento letal que, presuntamente, era utilizado por grupos delictivos que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los procedimientos se realizaron en las últimas horas y dejaron como resultado dos personas detenidas , quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales.
Allanamiento
La Unidad Nacional de la Brigada Anticriminal desplazó a sus agentes hacia la Colonia Velasco Ibarra para allanar el predio que fue identificado durante
las labores de inteligencia. En el sitio neutralizaron a Sixto V., de 51 años. El personal policial encontró un arma tipo subametralladora, dos revólveres calibre 38, una escopeta, treinta municiones y un celular.
Según las investigaciones, este armamento era utilizado por integrantes de una peligrosa organización delictiva para cometer diferentes delitos en esta localidad.
Fusil y más armamento
Personal de la Policía Nacional también fue alertado sobre un aparente robo a domicilio en el kilómetro 16 de la vía a Quevedo, cerca a la estación de peaje.
Los uniformados en -
contraron una hacienda que presentaba la fachada abandonada. Repentinamente, un sujeto salió a precipitada carrera y se subió en un vehículo para escapar, pero fue neutralizado minutos más tarde. En el lugar encontraron un fusil marca HK , 242 municiones, accesorios de otras armas letales, prendas militares, cargadores para radios de comunicación y dos vehículos que habían sido alquilados. Los uniformados extendieron el operativo hasta el peaje, porque en los alrededores estaba el sospechoso que minutos antes escapó de la hacienda. Fue identificado como Ángel V. (JD)
La Ley de Inteligencia está vigente y la preocupación alrededor de algunos artículos crece en algunas organizaciones sociales. Sus representantes explican los motivos y las opciones para regular esa ley.
La Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de junio de 2025, al día siguiente el presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó su publicación en el Registro Oficial (RO) y desde esa fecha está vigente en Ecuador.
A los representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil les preocupa los alcances que implican ciertos artículos y plantean acciones, pero esperan conformar una unidad.
¿Cualquiera puede ser sospechoso?
César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), evalúa que algunos artículos de la Ley de Inteligencia resultan “problemáticos” y afectan derechos de todos los ciudadanos como la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia (interceptación de comunicaciones). El Gobierno intenta “normalizar una situación que es parte de los estados de excepción”, precisa.
Cuestiona el artículo 51 que obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), previa solicitud justificada y en cumplimiento al reglamento (que debe ser elaborado), la información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
También le preocupa el artículo 52 que autoriza a la entidad rectora del SNI, por razones de seguridad integral del Estado, solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
Además, critica el artículo 9, que señala que la máxima autoridad del SNI, con rango de ministro, será designada por el Presidente de la República. Este ministro tiene 20 atribuciones como el identificar los
Una de las preocupaciones
comunicaciones
blancos de alto valor que afectan la seguridad integral del Estado. “Es el que ordenaría las interceptaciones de comunicaciones, eso es muy peligroso, se puede dar un uso indiscriminado sin que medie la orden judicial, sin un proceso iniciado por la Fiscalía. Es uno de los artículos más problemáticos”, resalta Ricaurte.
Suma el artículo 13, que establece que habrá un fondo permanente de gastos especiales asignados para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, cuyas asignaciones serán información clasificada (secreta). Ricaurte cuestiona que esto solo “podrá ser auditado una vez que se han ejecutado los gastos y que la Contraloría General del Estado básicamente tiene que destruir la información”.
El artículo 47 menciona que los informes generados por la entidad rectora del SIN, con base en la información que recopile, no se utilizarán como prueba en procesos judiciales “Entonces, nos preguntamos si la creación de este SNI, las am-
plias potestades que le otorga la Ley, al final van a servir de algo en el combate al crimen organizado”, dice Ricaurte.
En ese marco, sostiene que el titular del SIN se proyecta como autoridad con una posición más política. “Pueden ser afectaciones muy graves porque se le entrega una amplia potestad a este super ministro de Inteligencia. Todos los ciudadanos pueden convertirse en sospechosos sin una orden judicial, sin necesidad de que se inicie un proceso por el cometido de algún acto ilícito. Cualquier ciudadano puede convertirse en blanco de la intervención de sus comunicaciones”, explica Ricaurte.
Fundamedios busca alianzas con otras organizaciones y profesionales para “hacer una acción conjunta ante la justicia constitucional”. Dice que así se puede tener éxito al presentar una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional
Reforma para limitar la Ley
La disposición transitoria única de la Ley de Inteligencia dispone que el presidente Daniel Noboa tendrá un término de 180 días (laborables), contados a partir de la publicación de la Ley, para expedir el reglamento general de aplicación.
en la Ley, pero solo los que se relacionan con la violación a los datos personales de los ciudadanos serían objeto de una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, el artículo 51. ¿Cómo se configuraría esa violación? “Actuando de forma directa con tu operadora telefónica, por ejemplo, podrían acceder a comunicaciones tuyas que no tengan que ver con ninguna actividad de riesgo para la seguridad nacional, pero que por afán, morbo, fetiche de los funcionarios, se convierte en objeto de investigación del Servicio de Inteligencia. Aquí nadie está a salvo porque la Ley se aplica a cualquier ciudadano”, advierte.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), ha identificado dos temas generales que preocupan: “El manejo discrecional y sin control de gastos reservados sobre texto de temas de Inteligencia. Y la no garantía de derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos partiendo de que todos los ciudadanos terminan siendo objeto de la Ley de Inteligencia”.
Se refiere a los artículos 13 y 1 (obligatorio cumplimiento de la Ley para las personas naturales y jurídicas tanto públicas como privadas).
El jurista observa que los artículos del Título III (artículo 9 al 14) “tienen que ver con esa súper autoridad que es PolicíaJuez - Fiscal y que puede hacer cualquier cosa, dependiendo directamente del Presidente de la República y sin fiscalización real”.
Para Alarcón los artículos cuestionados son “abusivos” por como están presentados
Para el resto de artículos sobre los que no cabe una demanda, sugiere una reforma en la Asamblea. “Si hubiera voluntad de hacer bien las cosas, ni siquiera existirían (los artículos cuestionados). Hubieran sido mejorados en el Legislativo o vetados en el Ejecutivo. Si se quiere corregir los errores, más allá de las inconstitucionalidades, reformar la Ley es el camino”, precisa.
La FCD también apunta a una acción colectiva para presentar la demanda de inconstitucionalidad: “Avanza de forma muy lenta porque hay temor por parte de varios actores, incluso habiendo identificado las inconstitucionalidades, de que al presentar una acción se expongan a la persecución, al hostigamiento o a la estigmatización por parte del poder público, de que genere la narrativa de que quienes accionan contra la Ley es porque están del lado de los delincuentes o de los grupos de consecuencia organizada”. (KSQ)
La Asamblea Nacional tiene previsto resolver, el 20 de junio de 2025, el informe del texto final del segundo debate del proyecto de Ley Electoral o Código de la Democracia.
Cuando faltan menos de ocho meses para la precampaña de las elecciones seccionales de 2027, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto resolver, el 20 de junio de 2025, el texto final del informe de segundo debate del proyecto de Ley Electoral o Código de la Democracia.
La aprobación del proyecto de reformas requiere 77 votos, pero el respaldo podría ser mayor. En las últimas votaciones, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ( ADN) y sus aliados de un sector de Pachakutik y de Independientes han consolidado una mayoría y han llegado a superar los 80 votos.
El 17 de junio, en la Comisión de Justicia, controlada por ADN, la aprobación del texto final, que será puesto a consideración de los 151 asambleístas, tuvo respaldo unánime.
De aprobarse la reforma, los cambios entrarían en vigencia en febrero de 2026,
con la publicación en el Registro Oficial. Las modificaciones regirían para las elecciones seccionales de 2027.
El proyecto aprobado en la Mesa de Justicia incorpora cerca de 50 cambios a la Ley vigente con las observaciones que fueron recogidas durante el primer debate.
Sin embargo, en el texto no se incorporan varias recomendaciones planteadas por la sociedad civil y de una autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que urgieron reformas que fortalezcan la transparencia, la legitimidad y la equidad del sistema electoral ecuatoriano.
Suprimir votaciones por distrito para los asambleístas provinciales, y hasta ampliar las causas de extinción de partidos y movimientos por dos motivos: inactividad, y que su candidato presidencial haya obtenido al menos del 1% de votos del padrón, son algunas de las
propuestas que sugirió la Corporación Participación Ciudadana (PC). Pero no se incluyeron en el texto final. También pidió que el CNE no organice conteo rápido y que se concentre en el conteo oficial y la transmisión respectiva de resultados, y que se cuente con padrones actualizados de todos sus afiliados a nivel nacional y provincial, y que lo usen en las elecciones internas.
Prevenir la proliferación de partidos
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, solicitó que se incluyan requisitos rigurosos para la creación y cancelación de organizaciones políticas, con el fin de prevenir la proliferación de partidos sin representatividad real y fortalecer la institucionalidad del sistema de partidos, evitando su instrumentalización.
La construcción del padrón electoral con datos biométricos del Registro
GOBIERNO
Civil (huellas y/o reconocimiento facial), para asegurar la identidad única del elector y reducir las inconsistencias numéricas en el escrutinio, también planteó Pita para mejorar la integridad del proceso electoral.
La eliminación del incentivo a las alianzas electorales por el que se distribuyen los votos proporcionalmente entre sus integrantes para respaldar una candidatura, fue otra de sus propuestas.
Según Pita, esta reforma corregiría las distorsiones en la representación política, evitando que organizaciones políticas que no cuentan con respaldo directo del electorado accedan injustificadamente a recursos públicos y a otros beneficios, bajo el paraguas de otras de mayor peso electoral.
Regular el uso de las redes sociales
La regulación del uso de redes sociales en campañas electorales tampoco se incluyó en el proyecto de reforma. A criterio de Pita, esto permitiría controlar el gasto digital, combatir la desinformación y garantizar condiciones justas y equitativas en el debate público durante el periodo electoral.
Pita señaló que reformar el Código de la Democracia “con visión técnica y crítica no es solo una necesidad normativa: es necesario para recuperar la confianza en las instituciones electorales y en la democracia”.
Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el proyecto recoge 22 iniciativas. También señaló que “solo se puede abordar (los temas) de las observaciones que se hablaron en el pleno o que se enviaron por escrito, no podemos involucrar otro tipo de observaciones pero que, dicho sea de paso, hay observaciones muy valiosas”, expresó. (SC)
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POLÍTICA
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El presidente Daniel Noboa inicia este 22 de junio una nueva gira oficial y su primera parada será China. En su reunión con Xi Jinping, el 27 de junio de 2025, buscará captar parte de los $9.200 millones en créditos chinos ofrecidos a América Latina.
Ecuador se prepara para ne gociar cara a cara con su mayor acreedor bilateral. El presiden te de la República, Daniel Noboa, viajará este 22 de junio de 2025 a China, como primera parada de su gira internacional, que incluye también España e Italia. La cita más importante será el 27 de junio en Pekín, cuando se reúna con su homólogo chino Xi Jinping
El objetivo ecuatoriano es captar una porción de los $9.200 millones en créditos que China ofreció a América Latina durante el IV Foro Ministerial China-Celac, celebrado en mayo de 2025.
VIAJE. El presidente Daniel Noboa emprenderá una nueva gira con una primera parada en China
Hasta mediados de junio, la mayoría de esos fondos aún no tienen destino definido, aunque Brasil, Argentina, México y República Dominicana ya iniciaron negociaciones.
Ecuador aún no ha cerrado acuerdos, pero podría aspirar a captar entre $300 millones y $600 millones, o hasta $920 millones en el mejor escenario, siempre que logre presentar proyectos alineados con los criterios del financiamiento chino: viabilidad técnica, sos-
Detalle
tenibilidad financiera, estabilidad política e institucional, y claridad en los mecanismos de ejecución.
China ha dejado claro que priorizará proyectos “bancarizables”, ejecutables y políticamente estables.
Informes del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston confirman que Pekín modificó su enfoque, dejando atrás los grandes préstamos de décadas pasadas para enfocarse en proyectos viables, con garantías institucionales y retornos medibles. “China está dispuesta a trabajar con los países de América Latina y El Caribe para abrir una nueva etapa de cooperación financiera con beneficios compartidos”, declaró Wang Yi, canciller chino, durante el foro.
¿Qué le espera a Ecuador? Según datos recopilados
USD millones
Hasta el 31 de marzo de 2025, Ecuador mantenía una deuda con tres grandes bancos chinos por $2.421,38 millones:
Acreedor
Banco de China
Banco de China
Banco de China
Banco Desarrollo China
Banco Desarrollo China
Banco Desarrollo China
Banco Desarrollo China
Banco Desarrollo China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
Eximbank China
TOTAL
Saldo al 31-03-2025
24.550.770,26
74.720.147,93
93.406.291,71
35.669.877,49
210.895.000,00
301.940.000,00
90.286.837,66
65.893.577,80
162.886.006,32
36.220.323,33
82.053.749,51
92.132.993,96
208.438.176,51
34.505.913,62
282.596.098,11
42.287.258,19
58.014.193,17
524.884.001,76 2’421.381.217,32
Fecha de Firma
31/3/2015
31/7/2013
24/11/2014
20/10/2017
20/12/2018
29/4/2016 29/4/2016 20/12/2018 10/4/2013 4/11/2019
17/11/2016 25/2/2016 18/10/2011
22/2/2013
29/10/2014 4/11/2019 12/12/2018 3/6/2010
por Cepal, entre 2005 y 2023, Ecuador fue el tercer país más beneficiado por créditos
chinos en América Latina, recibiendo el 10% del financiamiento total, detrás de Venezuela (49%) y Brasil (27%).
Ecuador podría alcanzar hasta el 10% de los nuevos $9.200 millones, es decir, unos $920 millones, si logra convencer a las instituciones chinas con proyectos estructurados y bancarizables.
Los sectores prioritarios definidos por China para esta nueva ola de financiamiento incluyen:
Energías renovables.
Transporte sostenible.
Digitalización y conectividad 5G.
Infraestructura portuaria y logística.
Minería con valor agregado.
“China ya no financia países; financia proyectos. Los gobiernos deben presentar propuestas que tengan viabilidad económica y estabilidad política comprobable. Esa es la nueva fórmula de confianza de Pekín hacia América Latina”, afirma Alfredo Ramos, consultor en temas de desarrollo económico y financiamiento.
Los avances de Ecuador
El terreno fue preparado en mayo de 2025 por la ministra de Economía, Sariha Moya, quien viajó a Pekín para sondear las posibilidades de que China financia proyectos estratégicos del Gobierno de Noboa. Moya se reunió con representantes de cinco grandes instituciones financieras chinas:
Banco de Desarrollo de China (CDB).
Fecha de vencimiento del préstamo
30/3/2028
31/7/2027
27/11/2027
20/4/2026
12/12/2027
29/4/2027
29/4/2027
12/12/2027
21/3/2031
21/9/2039
21/1/2037
30/6/2036
21/9/2029
26/2/2033
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Banco de Exportación e Importación (Eximbank).
Banco de China.
Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB).
Según el Ministerio de Finanzas, Ecuador presentó iniciativas en energías limpias, infraestructura vial y desarrollo sostenible, alineadas con las prioridades del paquete chino. La reunión entre Noboa y Xi buscará dar continuidad política y obtener compromisos concretos.
Sin embargo, otros países están más avanzados en la carrera por conseguir los préstamos chinos. Brasil y Argentina firmaron memorandos de entendimiento para financiar
El último gran crédito chino se consiguió durante el Gobierno de Lenín Moreno, en diciembre de 2018, por $900 millones.
proyectos en energía y agroindustria. México y República Dominicana también están alineando proyectos de electromovilidad y educación digital.
Análisis histórico
• Durante el período 20052023, en la región se otorgaron 133 créditos chinos por más de $120.000 millones y un monto promedio de $905 millones por crédito.
• El Banco de Desarrollo de China concentró el 81% del financiamiento dirigido a América Latina y El Caribe y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el 18%.
• Adicionalmente, el financiamiento de estos dos bancos alcanzó su nivel máximo entre 2010 y 2014, con un promedio anual de $12.534 millones. En este período, el financiamiento chino llegó a superar al del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto.
• El financiamiento se redujo drásticamente desde 2020, con un promedio anual de apenas $473 millones, por lo que los nuevos $9.200 millones marcan un giro estratégico hacia una cooperación más focalizada.
• Ecuador representó el 10% de los montos acumulados y el 8% del valor total de los proyectos de infraestructura financiados por China entre 2005 y 2023, según Cepal. Con la reunión bilateral entre Noboa y Xi Jiping, Ecuador tiene una oportunidad crítica para reposicionarse como receptor clave de cooperación financiera china, en un contexto global donde el financiamiento multilateral se ha vuelto más competitivo y selectivo.
Pero, según el informe China-LAC 2025 de BID y Cepal: “Ecuador enfrenta desafíos técnicos y de ejecución que podrían limitar el acceso efectivo a esos recursos si no se fortalece su institucionalidad”. (JS)
La Policía ha identificado cinco sectores de Quito donde se desmantelan vehículos. Los uniformados hablan sobre los factores que influyen y señalan qué hacer para protegerse.
Menos de una hora les toma a los delincuentes llevarse hasta los espaldares de un vehículo. Los automotores quedan inservibles: Se llevan volante, motor, cerebro, llantas y destrozan los cables. Esta realidad la han vivido al menos 2.000 personas a escala nacional, según las denuncias receptadas, en lo que va de 2025, en la Fiscalía, por robo de autopartes.
En Quito, este delito va en aumento y – según la Policía Nacional– sucede con mayor frecuencia en tres sectores:
Distrito Eugenio Espejo, La Delicia y Quitumbe. Entre mayo y junio también se ha registrado esta actividad delictiva en Iñaquito, La Floresta y Avenida De los Granados.
Las denuncias por este delito suman 300 en Quito, aunque muchos afectados no
alertan de los hechos, por lo que hay un subregistro. En el mismo periodo de tiempo, en 2024, hubo 270 robos de este tipo.
La Policía Nacional indica que la mayoría de las mecánicas clandestinas donde se venden o almacenan las autopartes robadas están en el sur de Quito. Por ejemplo, en mayo de 2025, la Policía Nacional realizó un allanamiento a una mecánica clandestina en La
Los vehículos más robados o sus partes sustraídas:
° Automóviles: 56%
° Camionetas: 15%
° Jeeps y otros: resto de porcentaje
Fuente: Policía Nacional
Ferroviaria, en el suroriente. En ese lugar, la Policía encontró más de 200 partes que el dueño del establecimiento no pudo justificar, por lo que fue detenido.
Los estudios de la Policía Judicial detallan que las partes pertenecían a unos 30 vehículos de distintos modelos. En ese sitio, según las autoridades, se alteraba la información de los vehículos.
En el lugar se encontraron dos vehículos con alteraciones alfanuméricas en el chasis, lo que impide que un automotor reportado como robado sea localizado.
La Policía señala que la mayoría de delitos se cometen por las noches y madrugadas y que hay un principio de oportunidad: dejar los carros en la calle, en espacios solitarios, con poca iluminación. (AVV)
¿Cómo proteger mi vehículo del robo de partes?
° Estaciona en lugares seguros: Busca estacionamientos vigilados o con cámaras de seguridad. Evita dejar tu carro en lugares solitarios o poco iluminados.
° Utiliza sistemas de seguridad: Instala sistemas de seguridad como alarmas, inmovilizadores de volante o sistemas de rastreo GPS.
° No dejes objetos valiosos: teléfonos o carteras en el carro.
° Identifica las partes de tu carro con un marcador o grabador para que sean más difíciles de vender.
° Mantén tu carro cerrado: Asegúrate de cerrar bien las puertas y ventanas.
° Si es posible, utiliza un estacionamiento privado o un garaje seguro.
° Mantén tu carro en buen estado y repara cualquier problema mecánico para evitar que sea un objetivo fácil para los ladrones.
° Mantén una buena iluminación: Asegúrate de que el lugar donde estacionas esté bien iluminado para disuadir a los ladrones.
Fuente: Policía Nacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional debido a las protestas contra sus políticas migratorias.
La Administración del presidente Donald Trump ha ordenado este 18 de junio de 2025b desplegar otros 2.000 efectivos más de la Guardia Nacional del estado de California para hacer frente a las protestas contra las detenciones de migrantes llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Dos mil soldados adicionales de la Guardia Nacional del Ejército de California han sido aprobados (para su despliegue) en virtud del Título 10 para apoyar la protección de las funciones federales, personal y propiedades en el área metropolitana de Los Ángeles”, reza un comunicado del Mando Norte estadounidense.
Asimismo, ha informado de que los militares desplegados por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth , no podrán llevar a cabo “arrestos, registros o incautaciones”, sino que solo “se centran en la seguridad y continuidad de las funciones federales”
‘Ataque a la democracia’ El magnate ha ordenado ya el despliegue de unos 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y alrededor de 700 marines en Los Ángeles pese a las críticas del gobernador de California, el demócrata
Gavin Newson, quien ha catalogado estas acciones por parte de la administración como un ataque a la democracia estadounidense.
Trump ha reconocido públicamente que baraja invocar la Ley de Insurrección en el caso de que la situación escale en la ciudad californiana y ha acusado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detencione s del ICE.
El presidente ha recurrido a una normativa --el Título 10, que establece el funcionamiento de las fuerzas estadounidenses-- para asumir las competencias estatales y convertirlas así en federales con el objetivo de desplegar estas tropas.
Políticas de Trump en la mira de la ONU
Hace unos días, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por la situación en Estados Unidos y, en plena ola de protestas, recordó que el Gobierno debe
“abstenerse” de desplegar militares “cuando las autoridades civiles sean capaces de mantener el orden público”. Turk reaccionó de manera velada al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y de los Marines para contener las movilizaciones desatadas en California contra las redadas para detener a inmigrantes indocumentados, durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este sentido, expresó sus “serias dudas” acerca de que la Administración de Donald Trump esté garantizando los derechos y libertades de todos los extranjeros que ha detenido y deportado en los últimos meses, algunos de ellos a terceros países, al tiempo que ha reclamado respeto para el derecho de reunión, sin aludir a la escalada de las tensiones en Los Ángeles y otras ciudades.
Turk cuestionó también la “desproporción” con la que la población afroamericana sufre un “uso excesivo de la fuerza”. EUROPA PRESS
FUNCIONARIO. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una visita con embajadores a un edificio en Bat Yam alcanzado por un misil disparado por
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirma que Teherán “está cometiendo un error” al atacar deliberadamente objetivos civiles.
“El r égimen iraní ataca deliberadamente núcleos de población y asesina a civiles. Están cometiendo un error. No entienden que el pueblo israelí es fuerte y apoya masivamente la operación ‘León Naciente’”, ha sostenido. “No tengo dudas de que lograremos nuestros objetivos en esta operación para eliminar la amenaza existencial”, ha zanjado.
Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.
EE.UU. organiza evacuaciones
Huckabee no ha entrado en más detalles en un mensaje publicado en la red social X. El Departamento de Estados Unidos ya había comunicado que tanto su Embajada en Jerusalén como los consulados en esta ciudad y en Tel Aviv permanecerán cerrados al menos hasta el viernes, 20 de junio, mientras persiste la duda de hasta qué punto la Administración de Donald Trump está dispuesta a implicarse en el conflicto.
Trump deja en el aire posible ataque Trump ha afirmado que las autoridades de Irán propusieron llevar a cabo una reunión en la Casa Blanca para negociar sobre el programa nuclear iraní y ha asegurado que todavía “no es demasiado tarde” para que Teherán se sume a las conversaciones.
MADRID. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado este 18 de junio de 2025 que “no hay negociaciones” para lograr un fin del conflicto desatado con Irán a causa de la ofensiva lanzada el 13 de junio por el Ejército israelí y ha recalcado que la operación “continuará hasta que se logren los objetivos” fijados por las autoridades israelíes.
“No hay negociaciones. La operación continuará hasta que logremos nuestros obje-
Las muertes en conflictos se
° Más de 48.300 personas, en su amplia mayoría civiles, perdieron la vida en 2024 dentro de contextos de conflicto, según un informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que confirma de esta manera una subida interanual del 40% en unas cifras que no han dejado de crecer desde 2022.
tivos”, ha dicho Saar durante una visita junto a 30 embajadores, entre ellos la española Ana Salomón, a un edificio en Bat Yam alcanzado por uno de los misiles lanzados por Irán en respuesta a los ataques iraníes.
Cada doce minutos, un civil muere víctima de un conflicto armado, con una violencia sin precedentes que se ceba sobre mujeres y niños. El estudio constata el fallecimiento de cerca de 21.500 mujeres y unos 16.700 menores de edad, si bien estas muertes se concentran principalmente en la Franja de Gaza, un enclave al que corresponden ocho de cada diez víctimas infantiles.
La Embajada de Estados Unidos en Israel, por su parte, ha lanzado un aviso “urgente” para abrir un proceso de inscripción con vistas a evacuar a ciudadanos estadounidenses, después de que hace ya varios días desaconsejase los viajes a territorio israelí por el constante cruce de ataques con Irán. El embajador Mike Huckabee ha propuesto “a los ciudadanos estadounidenses que quieran irse de Israel” que se registren en el Departamento de Estado, ya que las autoridades norteamericanas están “trabajando” en la organización de vuelos y cruceros de evacuación.
Una vez registrados, los estadounidenses recibirán alertas de cara a potenciales traslados, sobre los que
“Eso es valiente, pero no es fácil para ellos hacerlo. Lo sugirieron porque yo no puedo ir ahora por todo lo que está pasando”, ha indicado en declaraciones a la prensa, agregando que las conversaciones no se dieron porque “en el último minuto” rechazaron esa posibilidad.
El presidente Trump también ha dejado en el aire una posible intervención de Estados Unidos. “Puede que lo haga o puede que no. Nadie sabe qué voy a hacer. Les puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Y les he preguntado: “¿Por qué no habéis negociado conmigo antes?”, ha dicho, agregando que “están totalmente indefensos” y que “no tienen ninguna defensa aérea”. EUROPA PRESS
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Autor: Romulo Montaño Rodríguez
El principio de mínima intervención penal es una idea central en el sistema de justicia penal que busca limitar la intervención del Estado en la libertad de los individuos. Se basa en la premisa de que solo deben castigarse aquellos delitos que causan un daño significativo a la sociedad
y que resultan indispensables de reprimir para garantizar la convivencia pacífica. Este principio se fundamenta en el respeto a los derechos y libertades individuales, reconociendo que el castigo penal implica una restricción de la libertad y los derechos básicos de una persona. En consecuencia, solo se justifica el uso de la pena
cuando es estrictamente necesario para proteger los derechos de otros individuos o salvaguardar el orden social. La aplicación del principio de mínima intervención penal implica que los sistemas judiciales deben priorizar alternativas al encarcelamiento, como medidas de carácter educativo, asistenciales o rehabilitado -
ras, especialmente para los delitos de menor gravedad. Además, implica la necesidad de establecer penas proporcionales al hecho cometido, evitando el uso de penas excesivamente severas o desproporcionadas.
¿Qué busca el principio de mínima intervención?
¿Cuál es la responsabilidad del liquidador de una empresa frente a los trabajadores?
RESPUESTA l a responsabilidad legal de una compañía en liquidación corresponde exclusivamente al liquidador, a quien le corresponde ejercer las atribuciones que expresamente establece la ley.
Por lo tanto, cuando una demanda se la presenta contra una compañía en liquidación, la persona a quién deberá demandarse como su representante es el liquidador. esto independientemente de si el actor también demanda a los anteriores administradores por sus propios derechos por responsabilidad solidaria. si en el proceso se demuestra que el nombramiento del liquidador no ha sido inscrito en el registro Mercantil; la persona nombrada liquidador pero cuyo nombramiento no ha sido inscrito, no puede comparecer a juicio y si lo hace, existiría ilegitimidad de personería.
En resumen, el principio de mínima intervención penal busca restringir la actuación punitiva del Estado a lo estrictamente necesario, protegiendo así los derechos y libertades individuales, y fo -
mentando la aplicación de alternativas al encarcelamiento en aquellos casos en los que sea posible. El principio de mínima intervención penal fue establecido en el Ecuador con el objetivo de limitar la intervención del sistema penal en la vida de las personas, respetando al máximo sus derechos y garantías individuales. Este principio busca que el Estado no penalice conductas que no impliquen un verdadero peligro para la sociedad, evitando así el castigo innecesario y desproporcionado. La finalidad de este princiapio es lograr un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos de las personas. Esto implica que el sistema penal debe intervenir únicamente cuando sea estrictamente necesario, priorizando siempre medidas menos gravosas que la privación de libertad, como alternativas penales o medidas de rehabilitación.
Además, el principio de mínima intervención penal se fundamenta en la idea de que el Estado no debe criminalizar conductas que sean producto de la desigualdad social, la exclusión o la falta de oportunidades, sino que debe abordar estos problemas desde otras políticas públicas.
En resumen, el principio de mínima intervención penal en el Ecuador busca limitar el poder punitivo del Estado, asegurando que se utilice únicamente en casos de verdadero peligro para la sociedad, y evitando así castigos desproporcionados o innecesarios. Esto se fundamenta en el respeto a los derechos y garantías individuales, así como en la búsqueda de alternativas penales y medidas de rehabilitación como formas más humanas y efectivas de abordar el delito.
¿En la práctica, se aplica el principio de mínima
intervención?
En la práctica, la aplicación del principio de mínima intervención penal en el Ecuador varía. Por un lado, se han implementado reformas legales como la Ley Orgánica de Drogas, que busca despenalizar el consumo personal de ciertas sustancias y priorizar enfoques de salud pública en lugar de medidas punitivas. Sin embargo, también existen críticas sobre la aplicación efectiva de este principio. Algunos fiscales y jueces tienden a recurrir a la prisión preventiva como medida cautelar en gran cantidad de casos, lo cual puede ser considerado una violación al principio de mínima intervención. Además, hay casos en los que se ha denunciado la criminalización de la protesta social y la persecución selectiva de ciertos grupos o individuos, lo cual también podría ser contrario a este principio.
En resumen, aunque el principio de mínima intervención penal está presente en la legislación y en la teoría jurídica en el Ecuador, su aplicación efectiva en la práctica puede ser variable y sujeta a interpretaciones y decisiones de los fiscales y jueces en cada caso en particular.
Pese a que este derecho se encuentra consagrado dentro de la mayor parte de Constituciones modernas de los países democráticos, así como también dentro del ordenamiento penal del Estado; y pese a ello, son pocas las estrategias que se implementan para dar cumplimiento efectivo de dicho principio, tanto en la política criminal como en la legislación penal del Estado, pues el principio de mínima intervención penal tiene diferentes manifestaciones.
Sin embargo, en ocasiones, los actores del sistema de justicia penal en Ecuador no aplican este principio de manera ade-
cuada. Una de las razones por las que esto ocurre es la falta de capacitación y conocimiento sobre el principio de mínima intervención penal. Es posible que algunos fiscales, jueces y abogados no estén al tanto de los estándares internacionales y nacionales que exigen la aplicación de este principio, lo cual puede llevar a la imposición de penas más severas o a la adopción de medidas cautelares más restrictivas de las necesarias.
Además, también puede haber presiones sociales y políticas que influyan en la aplicación del principio de mínima intervención penal. En ocasiones, los actores del sistema de justicia penal pueden sentir la necesidad de responder de manera punitiva a la exigencia de la sociedad de una respuesta más severa frente a los delitos. Esto puede llevar a una mayor intervención penal que no se justifica desde una perspectiva legal y criminológica.
Por último, es importante mencionar que la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el sistema de justicia penal pueden contribuir a la falta de aplicación del principio de mínima intervención. Si los fiscales, jueces y abogados tienen un alto volumen de casos y falta de tiempo para analizarlos de manera adecuada, es posible que opten por soluciones más rápidas y menos reflexivas, lo cual puede resultar en una mayor intervención penal.
Conclusión
En resumen, la falta de aplicación del principio de mínima intervención penal en Ecuador por parte de fiscales, jueces y abogados de libre ejercicio puede deberse a la falta de capacitación, presiones sociales y políticas, así como a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el sistema de justicia penal. Esto puede
resultar en la imposición de penas más severas o en medidas cautelares más restrictivas de las necesarias. Es recomendable seguir fortaleciendo e implementando el principio de mínima intervención penal en Ecuador, ya que se ha demostrado que las medidas alternativas a la prisión pueden ser más efectivas en la rehabilitación y prevención del delito. Lo que implica promover programas y políticas encaminadas a la reinserción social de los infractores, así como la implementación de mecanismos que garanticen la protección adecuada de las víctimas. Además, es importante asegurar la correcta y equitativa aplicación de estas medidas, evitando cualquier tipo de discriminación o arbitrariedad.
En Ecuador, el principio de mínima intervención penal se aplica en general a todos los delitos, ya que busca limitar la intervención del Estado en la vida y libertad de las personas. Sin embargo, existen ciertos delitos en particular en los que este principio se aplica de manera más evidente. A continuación, se explican algunos ejemplos:
1. Delitos de menor gravedad: El principio de mínima intervención penal se aplica especialmente en delitos de menor gravedad, como las faltas y contravenciones. Estos delitos suelen tener una repercusión menor en la sociedad y por lo tanto, se busca imponer sanciones proporcionales y no excesivas.
2. Delitos sin violencia o lesiones graves: En casos donde no se haya producido violencia física o lesiones graves, se buscará aplicar el principio de mínima intervención penal. Por ejemplo, en delitos de hurto simple, daños materiales menores o estafas no cuantiosas, se pueden contemplar sanciones menos severas, como multas
o trabajo comunitario.
3. Primera infracción delictiva: Si una persona comete un delito por primera vez, se aplicará el principio de mínima intervención penal. La finalidad es permitir la reinserción social y evitar la estigmatización de la persona como delincuente. En estos casos, se pueden imponer sanciones alternativas al encarcelamiento, como la libertad condicional o la suspensión condicional de la pena, siempre y cuando haya una alta probabilidad de que el infractor se rehabilite.
4. Delitos de menor gravedad cometidos por menores de edad: El principio de mínima intervención penal tiene una especial relevancia en relación con los menores de edad. Para ellos, se busca aplicar medidas socioeducativas en lugar de penas privativas de libertad, siempre y cuando el delito cometido sea de menor gravedad y no haya reincidencia. Es importante tener en cuenta que la aplicación del principio de mínima intervención penal siempre dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de la valoración que realice el juez o autoridad competente. Además, este principio no implica impunidad, sino que busca encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la resocialización y rehabilitación del infractor.
Bibliografía
[1] Saby Dinorat Hinojosa Copete, revista conciencia digital Principio de Mínima Intervención Penal
[2] Fernado Yavar Nunez, comentario
[3] Artículo 3 del código Orgánico integral Penal
En un descubrimiento pionero a nivel mundial, se ha demostrado que la icónica polilla Bogong de australia utiliza constelaciones de estrellas y la Vía láctea para guiarse en su migración anual. Esto la convierte en el primer invertebrado conocido que utiliza una brújula estelar para viajes de larga distancia. EUroPa PrESS
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