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POLITICA LA GACETA
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013
›› ARQUITECTURA Y URBANISMO | INFORME OFICIAL
La DAU pidió con urgencia $ 2,5 millones para arreglar el ex Corona, pero la obra está parada Una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas reveló que gran parte de los materiales fueron devueltos a la investigada repartición LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
PARA ENTENDER EL CASO
Las tareas fueron proyectadas sobre la base de una ley que permite contratar empresas sin licitación. Debía estar funcionando en 2010, según el Ministerio de Economía Un gigante de más de 20 metros duerme de pie frente a la plaza principal de la provincia. No lo despiertan las marchas frente a la Casa de Gobierno, ni los bocinazos y el bochinche del tránsito del mediodía en el microcentro tucumano. Tampoco el ir y venir de los policías que trabajan a sus pies, vigilando qué capturan las cámaras del Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y aunque debería estar funcionando a pleno, el ex Hotel Corona parece una postal desde el año pasado, cuando estalló el escándalo que alejó a Miguel Ángel Brito de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Por eso, el Tribunal de Cuentas (TC) ordenó una inspección a fondo en el edificio, situado en calles 9 de Julio y 24 de Septiembre, en el marco de una auditoría efectuada a la gestión del ex funcionario alperovichista. Según la ingeniera fiscal Lucía Femenías, se detectaron presuntas anomalías como la falta de escaleras, de lámparas y tubos, de mampostería y de otros elementos- en los trabajos realizados vía contrato directo (sin licitación) por la DAU. Incluso, Femenías encontró a empleados de la repartición realizando tareas que le habían sido encargadas y abonadas a una empresa privada, según el informe que elevó el TC a la Justicia en mayo pasado. Pablo Lizárraga, encargado de obra de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, es el único que tiene la llave de acceso para transitar los 10 pisos del edificio. “Tengo la orden de no permitir el ingreso a nadie, salvo que el director (Juan Luis Pérez) me diga lo contrario”, le dijo el trabajador a LA GACETA. Este diario trató de contactarse con ese funcionario, pero no respondió llamados telefónicos ni SMS. Así, la única información oficial respecto al estado del ex Corona es la auditoría del TC, que revisó tareas proyectadas para ese lugar por un costo total de $ 2,5 millones. Todas las obras fueron
◆ RENUNCIA.- Miguel Ángel Brito renunció a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) el año pasado, luego de que el Tribunal de Cuentas objetara un proyecto para restaurar la fachada de Casa de Gobierno por presuntos sobreprecios. Hoy es asesor en el Senado de la Nación del alperovichista Sergio Mansilla.
gestionadas sobre la base de la ley 7.960, que le permite a la DAU realizar, en caso de urgencia, contratos directos por hasta $ 150.000.
“Enorme importancia” La web del Ministerio de Economía (www.mecontuc.gov.ar) da cuenta de los tiempos en que se pensaba que iba a concluir con el proyecto. “La refuncionalización del edificio ex Hotel Corona es una obra de enorme importancia para la provincia, ya que se encuentra en la vidriera, enfrente uno de los principales paseos histórico-turísticos de nuestra ciudad. Iniciada en junio de 2009, esta tarea planea ser concretada en su totalidad en un plazo aproximado de 12 meses, con entregas parciales”, indica la página de internet. Hace un año, Femenías visitó el ex hotel. Según el listado que elaboró, había 25 trabajos inconclusos, que habían sido dispuestos entre 2009 y 2010 -sin licitaciónaduciendo que eran urgentes y prioritarios, Si bien LA GACETA no pudo ingresar al edificio, Lizárraga afirmó que no hubo demasiados cambios. “Hace como ocho meses que no se trabaja”, explicó el encargado. Y aseguró que, tras la ida de Brito, se ocupó de regresar todos los materiales al depósito de la DAU. “Está frenado, pero desde el tercer piso está casi terminado; se han puesto los dos ascensores, por ejemplo”, afirmó Lizárraga. Y se lamentó porque hubo elementos que se arruinaron debido al cese de actividades. “Hay un fino que se ha endurecido. Les decía que lo vinieran a buscar, pero ya no sirve”, afirmó. Una de las objeciones formuladas por Femenías fue la “provisión de mano de obra para la ejecución de trabajos de colocación de tabiques tipo durlock enduido (sic) en tabiques, zócalo de MDF blancos, pisos vinílicos, colocación de carpinterías, puertas y ventanas”. El expediente 562321-DEP-2010, referido a la tercera etapa de recuperación del ex
◆ DENUNCIA.- Tras el escándalo, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) llevó el caso a la Justicia penal y formuló denuncias por presuntas anomalías en la repartición. Tres fiscales se inhibieron de entender en el caso (Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila y Arnoldo Suasnábar). La jueza Mirta Lenis de Vera (secretaría de Carlos López) resolvió que Suasnábar lleve adelante la causa.
◆ AUDITORÍA.- En mayo, el TC elevó a la Justicia una auditoría en la que constan anomalías en 86 de las 423 obras realizadas por la DAU entre 2008 y 2011, en la gestión de Brito.
◆ INSPECCIÓN.- La auditoría del TC contiene un anexo completo sobre el ex hotel Corona. Las obras proyectadas allí bajo el amparo de la ley 7.960 se cotizaron en unos $ 2,5 millones.
◆ OBSERVACIÓN I.- Según el expediente 3020-321-DEP-09 de la DAU, que figura en la auditoría, en 2009 se solicitaron con urgencia $ 115.000 para materiales y la ejecución de la obra para la escalera de escape. La ingeniera fiscal Lucía Femenías visitó la obra el año pasado. “Se constató que la escalera no fue ejecutada”, concluyó. Y enumeró varios elementos que habían sido devueltos a la DAU. ◆ OBSERVACIÓN II.- La auditora tamCERRADO. Una puerta de hierro en 9 de Julio primera cuadra es la entrada al ex hotel. La DAU ya no trabaja allí. Corona, autorizó la contratación vía directa a la empresa “Arquitecto Ramos Sabate”, por un total de $ 134.000. Según la ingeniera fiscal, en agosto del año pasado se estaban concretando algunas tareas. Pero consignó: “empleados DAU trabajando”. El expediente 2.445/321-I2010 se inició para la realización de contrapiso de hormigón alivia-
nado, cielorraso de yeso, revoque rústico y fino del primer al décimo piso del antiguo hotel. Por la mano de obra se dispuso el pago de $ 149.400 a la firma “Hugo Cerviño” ($ 600 menos que el tope permitido por ley), pero Femenías destacó que no se ejecutaron esas tareas en los últimos cuatro pisos. “Aquí hay un sereno, y se guar-
da una moto. Quedaron algunas herramientas, pero todo el material regresó al depósito”, insistió Lizárraga. La auditoría del TC confirmó que muchos de esos elementos fueron devueltos a la DAU. Pero en 11 de los 25 casos inspeccionados, la ingeniera fiscal no pudo confirmar si se trataban de los materiales correspondientes a cada expediente.
bién objetó el expediente 1.465/321P-2010, que solicitaba $ 89.000 para materiales y mano de obra. “(La descripción del trabajo contratado) indica que se ejecutarán tareas de mampostería y refacciones en planta baja, primer y segundo piso. No se verifican los trabajos. Al depósito ingresaron materiales, no constatándose que correspondan a este trámite”, indicó Femenías en el informe elevado al Tribunal de Cuentas. LA GACETA / ARCHIVO
“Ella contrató a su marido con el sueldo más alto” Miguel Brito, ex titular de la DAU, afirmó que Elías de Pérez es pariente del presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, fue denunciado en los Tribunales penales por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, debido a presuntas irregularidades en obras públicas durante su gestión. Además, fue investigado por el Tribunal de Cuentas (TC), que elevó a la Justicia una auditoría en la que se consignan anomalías en 86 de 423 trabajos efectuados por la repartición en-
tre 2008 y 2011. Ayer, Brito volvió a cuestionar la veracidad de las denuncias, y cargó -en un mismo mensaje- contra la radical y el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf. “La señora candidata a diputada nacional (por el Acuerdo Cívico y Social) ha dado muestras de que tiene dos varas para medir la moral y la ética de las personas: una para ella, ancha y espaciosa, que le permite contratar a su marido
con el sueldo más alto de la Legislatura sin que se sepa qué hace en beneficio de los tucumanos. Esa vara también contiene a su primo político: el presidente del TC, contador Terraf. A la vez, ella tiene otra vara más ajustada para los funcionarios, a los que en su afán electoralista, con calumnias e injurias, pretende defenestrar”, señaló Brito en un correo electrónico que envió a LA GACETA. El ex funcionario sostuvo que todas las
obras objetadas por el organismo de contralor en el ex hotel Corona “fueron aprobadas por los propios ingenieros fiscales del TC”. Brito renunció en agosto del año pasado, luego de que el Tribunal de Cuentas frenara un proyecto para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno por presuntos sobreprecios. El ex titular de la DAU señaló como responsable de esos trabajos a Roberto Bianchi, ex subdirector de la repartición,
quien se jubiló poco después del escándalo. La causa penal fue iniciada por una denuncia de Pérez. En un principio, el expediente recayó en la fiscalía de Instrucción VI, a cargo de Adriana Reinoso Cuello. La funcionaria judicial se inhibió, aduciendo violencia moral por las críticas de Elías de Pérez, ya que no hubo imputados en este año de pesquisa. Hoy el caso es llevado por el fiscal de Instrucción VII, Arnoldo Suasnábar.
RÉPLICA. Brito, ex DAU, dice que la denuncia tiene fines políticos.
›› CONFLICTO | RECLAMO POR VIVIENDAS
Presuntos estafados del barrio Judicial seguirán con las protestas El gremio Judicial propuso trasladar a las familias afectadas a un barrio con 340 viviendas que construye junto al Ipvdu en Las Talitas LA GACETA / FOTO DE MARTÍN DZIENCZARSKI
EN TRIBUNALES. Los manifestantes cortaron ayer el tránsito en barrio Sur.
Con bombas de estruendo, redoblantes y silbatos, cerca de un centenar de personas se manifestaron nuevamente ayer frente al Palacio de Tribunales. Los manifestantes denuncian, desde hace años, que fueron estafados por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agej) en la tramitación de viviendas del barrio Judicial construido en Los Pocitos. Pese a las conversaciones de la última semana entre el abogado del gremio, Mario Leiva Haro, y el letrado de la mayoría de los damnificados, Carlos Garmendia, los manifestantes consignaron que las medidas de fuerza continuarán hasta arribar a una solución concreta. La cuarta protesta de las presuntas víctimas de defraudación inició
a las 10.25 frente a la entrada vehicular de Tribunales, sobre calle Congreso. Unos 40 minutos más tarde, se trasladaron a la esquina de Congreso y Lamadrid, donde se mantuvieron hasta el final del corte. Algunos manifestantes cruzaron sus autos para bloquear el tránsito y acompañaron el ritmo de las palmas de la mayoría con bocinazos. Estos ocultaron las patentes de sus autos con papeles: “para evitar aprietes posteriores por parte del gremio”, explicaron. Las denuncias por este conflicto iniciaron en 2010. Hace dos semanas, la indignación recrudeció tras conocerse que el 16 de agosto pasado se habían entregado las 227 viviendas del barrio construido en Los Pocitos. Dos pares de marchas
al Palacio de Tribunales y el envío de cartas documento a la secretaria gremial, Ada Altuve, aceleraron la iniciativa de diálogo del gremio. Fernando Nadalich, vocero del grupo, indicó que las marchas no se detendrán hasta que no tengan la seguridad de ser adjudicatarios de una vivienda social, como asegura que les corresponde. “Nos mantenemos en un estado de movilización permanente para que la sociedad sepa que el problema no ha terminado. Hemos tenido acercamientos con gente del gremio y del Instituto de Vivienda, aunque todavía no tenemos ninguna solución”, expresó Nadalich. En la semana, Garmendia había adelantado a LA GACETA que el ofrecimiento del gremio judicial era
trasladar a los manifestantes a las 340 viviendas que se ejecutan en Las Talitas, también bajo un convenio del gremio Judicial con el Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Garmendia, sin embargo, adelantó que sus defendidos sienten desconfianza del gremio y temen que la situación se repita al momento de entrega del nuevo barrio gestionado por los judiciales. “Somos más de 200 familias que hemos confiado en la señora Altuve para acceder a una casa social en el barrio de Los Pocitos y hoy no tenemos vivienda. Todos alquilamos. Nuestra situación habitacional no es la mejor”, finalizó el vocero, y agregó que se reunirán en asamblea este fin de semana para analizar la propuesta gremial en detalle.