Medio siglo de espionaje político al feminismo

Ricardo Balderas / Poder metropoli@cronica.com.mx

El contexto de espionaje y violencia en contra de grupos autodenominados “de izquierda o comunistas” en el México posterior a la aparición de la llamada “Brigada Blanca”, no ha cambiado, ni con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador del partido Morena (Los archivos de la represión (2020). Archivo General de la Nación.

Este operativo en el que se inmiscuyó a la Brigada Blanca fue fundado por el gobierno emanado del Partido de la Revolución Institucional (PRI) para realizar tareas operativas del Terrorismo de Estado operado desde gobierno de México, orquestado por el aparato de seguridad nacional del expresidente, Luis Echeverría Alvarez, contra integrantes, familiares y amigos de grupos opositores al periodo de la represión. En particular, en contra de las operaciones de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).

Un mal que no se desvanece con los años. A pesar del tiempo transcurrido, medio siglo, los Elementos de la Defensa Nacional (actuales y algunos fuera de servicio), se organizaron para perseguir asociaciones y colectivos feministas: de sus trabajos, escuelas o centros de recreación, hasta sus casas.

Todo con el fin de extraer información que pudiera servir al estado como estrategia para contrarrestar los movimientos sociales.

En concreto, la documentación analizada por Colectivas Organizadas Contra el Espionaje (COCE) - del que PODER es integrante y cofundador - comienza con fichas estratégicas de los primeros grupos feministas en el país registrados en 1974; y concluye a finales del año 2019 con las revelaciones del grupo de hackers “Guacamaya” a las que esta colectiva tuvo acceso.

Respecto a lo analizado de

El Estado mexicano, desde el periodo de la represión posterior a la masacre de Tlatelolco, ha erogado del erario recursos para investigar, perseguir y espiar a grupos feministas, que dicho por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, han intentado “afectar su gobierno”. Nadie dentro del aparato de Estado explica cuál es la utilidad real de esta persecución

Visite micrositio Lo que no callaron las olas

Documentaci N

● Se enen múl ples registros de su ac vismo, principalmente en hemerotecas y bibliotecas en todo el país, como la Mediateca INAH, 1978.

la Dirección Federal de Seguridad, por el contexto temporal, se encontraba concentrando esfuerzos en recolectar información de todas las activistas que formaran parte de los grupos a favor de la interrupción legal de embarazo.

En específico, las fichas recolectadas por los militares y policías que integraban el cuerpo de seguridad, lograron acumular 30 identificadores de la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), la colectiva con mayor número de expedientes relacionados con esa época. La Coalición de Mujeres Feminis- tas era una organización fundada a principios de los años 70’s del siglo pasado de la cual se tienen múltiples registros de su activismo, principalmente en hemerotecas y bibliotecas en todo el país.

Según revelan estos mismos informes, la CMF era dirigida por dos mujeres, Frances Jaime y la periodista de la revista Proceso, Anne Marie Mergier, a quienes los militares seguían a manifestaciones, coloquios o reuniones (públicas o privadas) con el objetivo de recolectar información relacionada a la militancia proaborto en México.

Sobre la información recolectada por la Secretaría de la Defensa Nacional, COCE tuvo acceso exclusivo a un informe donde se revelan datos personales de siete perfiles perfectamente conectados entre si, y son puestos en evidencia por la Secretaría de la Defensa Nacional o SEDENA ante las autoridades como “posible amenaza”. La recolección de estos perfiles se anexa junto a sus datos personales, fotografías de sus rostros, de sus viviendas, registro de sus amistades y actividades sociales (particularmente Facebok, Instagram y Twitter).

Sin embargo, nada de lo reportado apunta a que se trate de un grupo que pudiera realmente poner en riesgo la seguridad nacional. Se trata sólo de mujeres activistas, todas ellas estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde resaltan una menor de edad y una persona transfemenina.

El “crimen” según SEDENA: realizar activismo a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, ser feministas.

¿Quiénes fueron espiadas?

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, académicas, investigadoras, periodistas, analistas y toda aquella agrupación o persona que el Estado Mexicano considere, bajo criterios que no son transparentes o siquiera públicos, que pueden ser objeto de espionaje relacionado con la “seguridad nacional”.

La DFS, en general, concentró esfuerzos en espiar a colectivas como la ya nombrada Coalición de mujeres feministas (CMF), La Red Nacional de Mujeres, International Lesbian and Gay Association, Comité de Lesbianas y Homosexuales, Grupo UNAM, entre otros. Asimismo, la DFS también contempla registros de algunas reuniones de personas particulares; periodistas feministas como An- ne Marie Mergier llenan varias cuartillas de información con detalles de su presunta actividad como activista defensora del derecho de las personas gestantes a la interrupción legal del embarazo.

Por su parte la SEDENA se muestra más interesada en personas en lo particular de las cuales registran información de carácter más sensible como Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave de Elector, nombres de familiares directos y actividades de dichos familiares, domicilio, números de teléfonos, cuentas en redes sociales, lugares de reunión, amistades cercanas y actividad profe- sional en algunos de los casos. De la DFS al obradorismo Respecto a lo ocurrido en el actual sexenio, resulta imposible identificar las dimensiones del espionaje. Los informes, a los que COCE tuvo acceso, contienen información que pone en riesgo la seguridad de las personas que fueron víctimas de espionaje motivo por el cual se exponen versiones que simulan el espionaje realizado por la SEDENA. Asimismo, este descubrimiento no es el único ataque en contra de mujeres feministas, pero sí el que más preocupó a las activistas entrevistadas, dado que en algunos casos se trata de personas me- nores de edad. Este ataque en contra de feministas estudiantes de la UNAM ocurre además en un contexto donde las estudiantes ya se sienten inseguras por el contexto de la institución. Así lo afirman las colectivas que actualmente tienen tomadas las instalaciones del denominado “Foro Che”. La colectiva Estudiantes Organizadas de la Filos explica, en entrevista para PODER, que actualmente uno de los problemas más fuertes que tiene la UNAM es el creciente discurso de odio en contra de las personas trans, lo cual, según comentan “pone en riesgo” principalmente a las estudiantes que se identifican con un géneros distinto al binario. También denuncian el impulso institucional y protección de docentes transfóbicos.

Según las declaraciones de la colectiva, luego de la aparición de pintas (transfóbicas) en la Facultad de Filosofía, las autoridades se “hicieron de la vista gorda” (sic), es decir, ignoraron los ataques públicos en contra de su cuerpo de estudiantes.

Incluso, denuncian las activistas, las autoridades de la UNAM emitieron un comunicado donde solicitaban respetar la libertad de expresión de las personas atacantes de este grupo vulnerable.

“Nosotres recordamos que los discursos de odio no son li- bertad de expresión. Los discursos de odio cuestan la vida de las personas. Cuando dijimos basta de discursos de odio, recibimos varios ataques de personas no identificadas y actualmente la universidad no tiene una opción viable para la atención de casos de acoso” (sic).

La organización de mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aparece en un momento donde dicho por las propias integrantes de las colectivas: “pronunciarse desde el feminismo ya parece poco”, porque, según explican, algunas representaciones de esta corriente han expresado consecutivamente posiciones que derivan en actos calificados como violentos por las propias integrantes y excluyentes para otras. En particular se refieren a las corrientes transfóbicas del feminismo.

De este modo, la barrera más grande que existe entre el activismo feminista y las colectivas de estudiantes, es primordialmente la omisión universitaria a las denuncias por acoso en contra de grupos odiantes. Es decir, aun en un contexto donde las mujeres activistas son espiadas por el gobierno federal, también son obligadas por la universidad a cuidarse de ataques de grupos internos, incluso institucionales. En conclusión para las colectivas feministas: “la UNAM es un territorio donde se sienten en peligro”.