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Fran Ruiz - Páginas 16 y
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EFE
El gobierno talibán entre los años 1996 y 2001 fue lo más estricto y radical posible contra las mujeres Tenemos valores comunes, religión común, nación común. Hay una amnistía general, dice ahora
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nebra, presidida por Michelle Bachelet, exigió garantías de que no se regresará al régimen del terror.
“HABRÁ AMNISTÍA GENERAL”
Mientras tanto, los talibanes insistieron en la rueda de prensa en sus mensajes de reconciliación.
“No queremos que nadie salga del país, este es su país, esta es nuestra patria común, tenemos valores comunes, religión común, nación común. Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades”, afirmó el portavoz Muyahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público.
Sobre aquellas personas que han trabajado a las órdenes de gobiernos afganos anteriores, Shaheen dijo que “sus propiedades serán protegidas y su honor y sus vidas están seguras”.
“Hemos perdonado a todos por el beneficio y la estabilidad en Afganistán”, remarcó el portavoz en un mensaje de unidad en el que también subrayó los planes de formar un sistema de Gobierno “islámico y fuerte”, basado en los valores de la sociedad afgana e inclusivo, y que tendrá “buenas relaciones con todo el mundo”.
El portavoz sostuvo asimismo que los países occidentales tienen la “obligación moral” de “ayudar a reconstruir Afganistán” para que el país comience “un nuevo capítulo” . V einte años de esfuerzos del mundo occidental por llevar desarrollo y bienestar a Afganistán se esfumaron en un solo día. El Talibán se apoderó de Kabul. El presidente Ashraf Ghani huyó cobardemente sin poner resistencia. Estados Unidos, preso de pánico y egoísmo, desalojó la fortaleza que tenía como embajada, dejando atrás en riesgo de muerte a quienes colaboraron con ellos, a la vez que traicionó y abandonó a su suerte a todas las mujeres.
El Talibán siempre ha dejado claro que lucha por imponer una rígida interpretación del Islam, que incluye graves restricciones a la vida diaria de mujeres y niñas, muchas de ellas pertenecientes a una nueva generación que nunca antes vivió bajo la ley Sharia que les impide todo y las condena a la ignorancia, a estar en casa y a depender y obedecer al hombre.
Tras la invasión de las fuerzas estadounidenses que derrocaron a los talibanes, luego de los ataques terroristas a Washington y Nueva York en 2001, las mujeres afganas cobraron vida y fueron un sector determinante en el desarrollo y futuro de su país. Ahora, de la noche a la mañana, su mundo se derrumbó.
En las últimas 48 horas, presas de miedo muchas de ellas se han apresurado a conseguir un burka, la especie de bata holgada que las cubre todas y las deja sin identidad. Los salones de belleza han cerrado sus puertas y los comercios han tapado con pintura toda publicidad con fotos de mujeres, sobre todo las que lucen maquillaje o vestido de novia.
Reportes de prensa hablan de jovencitas de 15 años o menos, forzadas a casarse con los combatientes islámicos, mientras es claro que ninguna niña de más de 12 años podrá seguir estudiando o salir a la calle sin no es acompañada de un varón. En las universidades se les ha dicho a las estudiantes que no regresen, igual a las empleadas de bancos y oficinas y a las que tenían posiciones como juezas o en política.
Y si el Talibán castiga a los hombres que escuchan música, podemos imaginar cómo se ensaña con las mujeres. La música de toda clase está prohibida. No solo la extranjera sino la que es su propia herencia cultural. Los instrumentos son destruidos, los músicos son golpeados y se prohíbe el uso de radio y televisión. Con esto, el Talibán lo que busca es tener control absoluto sobre la población, porque, de acuerdo a los expertos, no hay nada en el Corán que explícitamente dicte estar en contra de música o ningún otro tipo de arte.
Algunos dicen que el Talibán de hoy es mucho más abierto que el del pasado y que sus líderes son diferentes y con otras actitudes, pero es obvio que en cuanto a cultura, artes y las mujeres, son exactamente los mismos opresores de siempre. Si bien han ganado poder y territorio, no han ganado el corazón y la mente de la gente .
CARTA DE WASHINGTON
Concepción Badillo cbcronica@aol.com
Mujeres, arte y cultura, víctimas del Talibán
Muchas mujeres y niñas nunca antes vivieron bajo la ley Sharía, que las condena a la ignorancia y a obedecer al hombre Los salones de belleza han cerrado sus puertas y los comercios han tapado toda publicidad con fotos de mujeres
Cae polémico canciller peruano, tras 19 días en el cargo
El presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta su primera gran crisis de gobierno con la renuncia este martes de su ministro de Exteriores, el ex líder guerrillero Héctor Béjar, quien estuvo 19 días en el cargo, tras hacerse públicas unas declaraciones donde asegura que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.
“Eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA”, sostuvo el sociólogo de 85 años, quien fundó el efímero Ejército de Liberación Nacional (ELN) peruano y llegó a conocer a Ernesto Che Guevara en Cuba.
Estos dichos de Béjar se dieron en una charla virtual con simpatizantes en febrero, cuando Castillo era todavía un candidato desconocido.
Tras dos días de críticas, Béjar presentó su renuncia irrevocable y ahora el presidente Castillo tendrá que hacer cambios en su gabinete, duramente cuestionado por la oposición, que pide la salida de varios ministros de izquierda radical.
EFE
Héctor Béjar.
PREMIER MACHISTA Y HOMÓFOBO El exguerrillero era uno de los ministros que la oposición parlamentaria exigía su renuncia a Castillo para darle el voto de confianza al gobierno, dentro de diez días. Aún así, las garantías siguen siendo pocas por el rechazo que genera el primer ministro, Guido Bellido, un congresista machista y homófobo, imputado por terrorismo por supuestos vínculos con Sendero Luminoso y por lavado de dinero en beneficio de su campaña .
Cuba juzgará como ciberterrorismo ataques al régimen en las redes
Internautas denuncian “ley mordaza” para silenciar el último espacio de crítica en la isla
Fran Ruiz
Agencias en La Habana
La dictadura cubana no quiere que se vuelvan a repetir manifestaciones populares en su contra, como la inédita protesta que estalló a principios de julio, y para ello acaba de lanzar un ataque frontal contra el arma que lo puso en jaque, al menos durante unas horas: las redes sociales.
Este martes, el gobierno que preside Miguel Díaz-Canel anunció una nueva normativa de ciberseguridad del país que perseguirá la difusión de contenidos subversivos en la red.
La Resolución 105 considera de “alta peligrosidad” la difusión de “contenidos que inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la divulgación de noticias falsas.
Asimismo, considera acciones de “ciberterrorismo” aquellas que puedan “subvertir el orden constitucional”, desestabilizar el funcionamiento de “las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado”, u “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
También considera como “fraude” de nivel de peligrosidad “muy alto” toda “acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, algo que muchos internautas interpretan como una estrategia para criminalizar las críticas.
La nueva normativa llega en un momento de fuerte disenso social en Cuba, donde el pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
Las redes sociales fueron un elemento clave a la hora de extender las protestas a diversas localidades del país, por lo que el gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet durante aproximadamente una semana. dos por lo que escriban.
“Nos han prohibido comer carne, bañarnos en zonas de nuestra playa, vender nuestra propia casa o carro, reunirnos, expresarnos. Ahora usar las redes sociales para denunciar la ineptitud del gobierno será penal”, protestó una mujer cubana en Twitter, donde ha comenzado a circular el hashtag #NoAlDecretoLey35.
Otros usuarios han reaccionado con sarcasmo: “¿Dónde pongo la denuncia a los medios de prensa oficiales? Por lo de noticias falsas y eso, digo”, publicó la youtuber cubana Dina Stars, conocida por su arresto durante una conexión en directo con una cadena televisiva española poco después de las protestas .
EFE
Cubanos graban la represión de policías contra manifestantes en San Antonio de los Baños.
LEY MORDAZA
“Lo que más me preocupa es el uso de la soberanía, la defensa nacional o la seguridad por parte del Ministerio del Interior para restringir la libertad de expresión”, indicó la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de la ONG jurídica Cubalex.
Diversent cree que la nueva normativa es una “ley mordaza” con la que el gobierno podría imponer multas o perseguir judicialmente a quienes expresen críticas a cualquier gestión del ejecutivo, el Partido Comunista (PCC, único legal) o el presidente, Miguel Díaz-Canel.
El anuncio levantó críticas de internautas y organizaciones, pese a que, a partir de ahora, corren peligro de ser deteniLa Justicia cubana revocó el beneficio de detención domiciliaria del conocido disidente José Daniel Ferrer y lo condenó a permanecer en la cárcel los cuatro años que le restan de condena.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por detención domiciliaria. Más de un año después, fue encarcelado de nuevo por unirse a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio.
Ferrer, de 51 años, es uno de los disidentes más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del “grupo de los 75” condenados en el año 2003 durante la ola represiva conocida como “primavera negra” y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.
