50c incl. IVA SÁBADO 02 DE FEBRERO DE 2019
Imbabura, Carchi
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Albergue abre tras los actos xenofóbicos
Carapaz y sus aspiraciones para esta temporada Página A5 PAÍS
El lunes volverá a funcionar el albergue municipal de Ibarra, cerrado después del femicidio suscitado contra Diana Carolina la noche del 19 de enero, que conllevó a actos violentos en varios puntos de la ciudad. Esto obligó a cerrar el sitio, que ahora pedirá el pasado judicial apostillado a los venezolanos que lo frecuenten. Página A2
Ecuador en el ‘top’ de la corrupción QUITO • La corrupción es un pro-
Desconexión entre las cortes nacional y provinciales PÁGINA B1
blema estructural que se ha venido profundizando desde hace 22 años. En 1996, Ecuador estaba en el puesto 39 dentro del índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. En el último informe, con corte a diciembre de 2018, el país se ubicó 114 entre 183 países de todo el mundo. En otras palabras, en poco más de dos décadas, la percepción de la corrupción creció de tal manera que caímos 75 puestos y pasamos de uno de los países menos corruptos de América Latina y el Caribe, a ser parte de los 10 menos transparentes y con más casos de manejos dolosos e irresponsables en la administra-
ción pública. A pesar de que en el último año, en términos globales, Ecuador pasó del puesto 117 en 2017 al escalón 114 en 2018, debido sobre todo a la ola de investigaciones sobre los innumerables casos de corrupción ocurridos en la década de Rafael Correa, Transparencia Internacional considera que las instituciones judiciales y de control todavía son muy débiles y permeables a la injerencia de los gobiernos de turno. Según Transparencia Internacional, los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción establecen una crisis democrática, “fomentada por el auge de líderes autoritarios y populistas”. Página B2
Pasado judicial, barrera para los venezolanos A diferencia de las acciones que se tomaron en contra de la solicitud de pasaporte para el ingreso de venezolanos, no se podría plantear lo mismo con el requisito de pasado judicial apostillado. Gina Benavides, defensora del Pueblo, explicó que, en este caso, hay un acuerdo intermi-
nisterial por lo cual las medidas cautelares no se pueden aplicar. La vía sería solicitar que el documento se declare inconstitucional. Según la defensora, se está realizando una evaluación en frontera y, hasta el momento, se ha comprobado que la imple-
mentación “promueve la irregularidad”. Durante la VI Mesa de Movilidad Humana, el viceministro Santiago Chávez mencionó que hasta que no se cumpla con un proceso y haya una resolución de los jueces, se continuará con el requisito. Página B4
Defensoría del Pueblo aboga por la UNE Página B4
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MIGRACIÓN. Para ingresar por la frontera norte se pide el pasado judicial.
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