Mendicidad infantil, alquilarían niños para salir a las calles a pedir dinero

En Ambato habría personas que alquilan niños para este fin. El Consejo para la Protección de Derechos presentó seis denuncias ante la Fiscalía.

La mendicidad infantil es un ‘negocio’ que estaría rondando las calles de Tungurahua, pues habría personas que alquilan menores de edad para pedir dinero.

Esta práctica es notoria en las avenidas principales de Ambato como la Bolivariana, Atahualpa y Cevallos Muchos de los infantes están acompañados de adultos que también piden dinero y alimentos

“Ayúdeme con cualquier cosa ‘veci’” es una de las frases que repiten los niños que se acercan a los vehículos para solicitar una colaboración económica a los conductores que suelen entregar varias monedas antes que el semáforo cambie a verde.

Problema

Según el portal Primicias en una nota publicada el 24 de junio de este año, Edén Viteri, en ese entonces jefe de la Unidad de Protección del Menor de la Policía Especializada (Dinapen) en dor de 420 dólares, según la Dinapen”, indica el medio de comunicación.

Tungurahua, mencionó que se han detectado casos en que los menores de edad son alquilados para este tipo de explotación infantil.

De igual manera indica que son infante s que tienen entre uno y 10 años a quienes les pagan una tarifa de entre 10 o 15 dólares diarios por el trabajo que cada uno realiza en las calles.

EL DATO

Si conoce un caso de explotación o abuso infantil puede comunicarse al ECU 911.

“Es decir, si los alquilan todos los días, cada mes los padres pueden recibir alrede-

Cifras que preocupan en el país

° Entre las principales consecuencias de la mendicidad, se tiene el trabajo infantil, que es considerado como explotación laboral y expone a los menores de edad a peligros latentes como violencia, secuestros, accidentes y enfermedades, etc.

Del mismo modo, genera problemas psicológicos como depresión, estrés y baja autoestima, lo que lleva a que su desarrollo social y emocional no sea el adecuado.

Sin embargo, los efectos más fuertes es que están expuestos a los peligros de la calle como uso de drogas, participar en actos delictivos, accidentes de tránsito y más.

Esto se refuerza con las cifras expuestas en el portal web de Aldeas Infantiles SOS, en donde se da a conocer que seis de cada 10 víctimas de abuso sexual, en el país, son niños y niñas, lo que se potencia cuando los menores están en las calles.

El actual encargado de la Dinapen en la provincia, Patricio Chapues dijo que no podía negar o ratificar esa información, sin embargo, mencionó que la mayoría de los casos de mendicidad infantil se originan en familias extranjeras que pasan por la ciudad un máximo de dos días y siguen su viaje hacia otros países.

“En lo que tiene que ver a las personas de la localidad se les ha recomendado a los padres que sus hijos no deben estar en las calles sino al cuidado y protección del hogar para que no sean vulnerados sus derechos”, indicó.

la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Ambato, querellas que se realizan de manera anónima.

Según el artículo 108 del Código Integral Penal (COIP), las personas que promuevan o se beneficien de la mendicidad deben pagar una condena de 10 a 13 años de prisión.

TOME NOTA

Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se dio a conocer que a escala nacional se han destinado 410 millones de dólares para el desarrollo de varios programas sociales, de ellos, 15 millones son para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad.

EL DATO nisterio de Educación, organizaciones como Acnur, entre otras.

Las personas que se benefician de la mendicidad podrían ser encarceladas entre 10 y 13 años.

Derechos Rafael Silva, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato (Ccpda), dijo que la entidad envió seis denuncias directamente a Fiscalía por casos recurrentes de trabajo infantil y presunta explotación, en las que se presume se estaría alquilando a los niños.

“La problemática esencial es que varias personas involucradas en este tema están en condición de movilidad humana y no se quedan en la ciudad, por más que queramos intervenir con los programas de la municipalidad no podemos ejecutar todas las opciones que quisiéramos”, mencionó.

Asimismo, aseveró que esta dependencia de la Policía Nacional está investigando estos casos junto con la Fiscalía

La ciudadanía puede ayudar a las autoridades denunciando este tipo de casos en

Por este motivo el 6 de julio el Ccpda activó la Mesa de Erradicación de Trabajo Infantil que cuenta con la participación de representantes de cuatro provincias además del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dinapen, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Mi-

De igual manera indicó que se inició con la campaña denominada ‘Una moneda más, un derecho menos’, la misma que pretende concientizar a la ciudadanía para que no entregue dinero en las calles sino a través de un ente que pueda canalizar los recursos. (RMC)

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CHRISTIAN PÉREZ ESCOBAR

¿Quiénes decidirán?

Laselecciones anticipadas nos generan una interrogante: ¿Quiénes son las y los electores que decidirán el 20 de agosto próximo?

Algo más de 13 millones de electores están habilitados para votar, ubicándose el 39,3% de estos en las zonas urbanas. De ellos, el grupo mayoritario tienen entre 18 y 42 años que representan el 55%.

Ahora, el porcentaje de indecisos bordea el 22% del universo de votantes, siendo el grupo etario mayoritario aquel comprendido entre los 16 y 17 años de edad con un rango de indecisión del 37%; luego, quienes se encuentran entre los 18 y 29 años tienen un porcentaje de indecisión del 27%; seguido por quienes están entre los 30 y 42 años con un margen del 22%; después está la población comprendida entre los 43 y 52 años con un rango de indecisión del 23%; mientras que quienes tienen entre 53 y 64 años tienen un porcentaje de indecisión del 18%; finalmente están los mayores de 64 años cuyo porcentaje de indecisión representa el 8%. En conclusión, a más juventud, mayor el nivel de indecisión.

Respecto a los intereses de quienes tienen menos de 30 años y que representa el 29% de los sufragantes se encuentran la conexión digital y el acceso a la información; la sensibilidad hacia los temas sociales como la igualdad de género, los derechos lgbtq+, la diversidad étnica y la justicia social; los derechos de los animales y de la naturaleza; el rechazo a los partidos políticos y afinidad a los movimientos alternativos; el interés en la movilización social y la preferencia por el trabajo que aporte a su crecimiento personal.

En definitiva, las cifras demuestran que el universo de votantes, mayormente, son millennials y centennials, quienes casualmente son la mayoría de indecisos y tienen intereses diferentes a los de la mayoría poblacional. ¿Los planes de gobierno satisfacen estas expectativas? No. La mayoría de propuestas socializadas son repetitivas e incluso jurídicamente inviables, y dejan, por tanto, sin respuesta a los electores mayoritarios que serán los decisores en las próximas elecciones.

Giuseppe Cabrera V.

De gerentes a gobernantes

No es lo mismo ser gerente de una empresa que Alcalde de una ciudad, los funcionarios públicos trabajan para el Estado, para el sector público, no para quien presida la administración y sus deberes y obligaciones se procesan

Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador

Editor General: Jean Cano

Editor Regional: Fabricio Cevallos Chávez

Redacción: editorgeneral@lahora.com.ec publicidad@lahora.com.ec

La corte de los oráculos

La Corte Constitucional sigue dedicada a sepultar al Gobierno. Así, le manda un mensaje amenazante a cualquiera que piense en distanciarse de los principios impuestos en Montecristi en 2008. La misma corte que dio paso al absurdo juicio político al presidente Guillermo Lasso y que dejó a la producción petrolera ecuatoriana a merced del juicio de la muchedumbre acaba de dilapidar dos valiosas iniciativas. La Corte Constitucional insiste en arrogarse el derecho de determinar qué es urgente, apelando para ello, con vanidad autorreferencial, a sus propios argumentos recientes. Juzga que el que un problema lleve años presente y que no se haya abordado significa que no es urgente. Bajo ese raciocinio risible, nada en el país sería urgente, ¿o es que acaso nuestros problemas más acuciantes no llevan décadas, siglos, presentes? Se atribuyen también el don de la clarividencia, de la profecía, al asegurar que una medida no tendrá efectos inmediatos, cuando en materia económica ni los más competentes osan predecir con tanta certeza. En contraste, la corte defiende con ferocidad ideológica y conveniente laxitud el régimen laboral y el paralizante ordenamiento vigente del Estado, al punto de atreverse a “reprochar” al presidente y de “proteger los intereses de quienes no pudieron ser escuchados en el proceso de formación legislativa”. Pecan de optimistas cuando dicen que quieren evitar “un precedente antidemocrático que podría ser el germen de una descomposición institucional”. Poco importarán los precedentes; cada vez está más claro que ya nadie está contento con este orden constitucional.

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ

f-barri@uio.satnet.net

Problemas sin solución

Esalarmante la situación que atraviesa el país en diferentes áreas; parece agravarse con cada día que pasa.

La inseguridad que ronda por todo lado es realidad latente, que se evidencia, entre otras pruebas, en la imparable ola de asesinatos, asaltos, secuestros extorsivos, crímenes en las propias cárceles donde se supone existe estricta vigilancia y no contubernio con la delincuencia, ataques a retenes de la Policía, en medio de un clima de intranquilidad intensa.

Estados amigos advierten a sus connacionales que llegan a nuestros territorios abstenerse de visitar varias provincias. Guayaquil y Esmeraldas constan en una lista de las ciudades más peligrosas del planeta. Según cifras de carácter oficial, en 2022 hubo 4.603 homicidios, lo que significa un promedio diario de 10,4. En el primer trimestre del año en curso, 1.356 muertes revelan que en el Ecuador la violencia se incrementa considerablemente, si se relaciona estas cifras con el mismo lapso del año precedente.

El momento que escribo este artículo, Agustín Intriago, alcalde de Manta, pereció acribillado; nuevos crímenes se han producido en la Penitenciaría del Litoral, al igual que en Guayaquil y Durán, al mismo tiempo que agentes penitenciarios han sido retenidos en cárceles de Guayas, Azuay, Cañar, Cotopaxi y El Oro, en motines de los reclusos. En Guayaquil y Esmeraldas, escenas que estremecen, que van llegando al terrorismo, ratifican la crisis de seguridad que nos circunda.

Son numerosos los casos de personas sin empleo adecuado o en total desempleo, que buscan desesperadamente emigrar en busca de los horizontes que aquí no encuentran. En lo que concierne a salud, igualmente el panorama es desconcertante.

En este orden, se puede ir enunciando otros problemas sin solución que deben merecer trato prioritario por quienes resulten electos en los cercanos comicios.

por entes de control, como las unidades de talento humano y proceso disciplinarios ante el Ministerio de Trabajo, no son empleados del Alcalde, Prefecto o Presidente, por más que estos se obnubilen con el poder y quieran desecharlos y mandar sobre ellos.

Así también, los servicios que de contraten para uso de la administración se pasan con los dineros públicos asignados en sus cuentas y jamás se pueden pagar con dineros privados, pues de no ser así, incluso se configu- ran delitos penales, nadie puede pagar desde una empresa, la que sea, un servicio o diseño para una institución pública.

Y las empresas públicas no generan utilidades, sino que sirven a un fin social, especialmente cuando su objeto no es la rentabilidad neta, como en el caso de telefónicas o empresas de aviación, si han sido creadas para la gestión de desechos, la recolección de basura o la provisión de agua o electricidad, cumplen al brindar un servicio eficiente, tienen que tener la sos- tenibilidad financiera suficiente para financiar sus operaciones y con eso, funcionan bien, su objeto no es generar réditos económicos, sino garantizar la provisión de servicios.

No es lo mismo ser Alcalde que gerente, eso, ya lo descubrió el Presidente Lasso, que con o sin Asamblea es incapaz de hacerle frente a los grandes problemas del país y, lo mismo les puede pasar a alcaldes y prefectos, que no vienen de una carrera política, sino de experiencias empresariales, que no dejan en sus casos sus intereses y vínculos empresariales una vez que ganan el cargo.

No se administra un país o una ciudad con los directores empresariales que administraste tu negocio, ni tampoco se ejecuta el presupuesto girando un cheque.

Evitar los conflictos de interés y los gastos cruzados es crucial para una democracia sólida y una buena administración, lo contrario solo genera círculos viciosos peligrosos entre sectores público y privado.