Llueven “amicus curiae” a favor y en contra del juicio a Lasso

La Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador anticipa que permanecerán en vigilia ante una eventual desestabilización de la democracia y la gobernabilidad en el Ecuador.

Más de una decena de “amicus curiae” han llegado a la Corte Constitucional desde el 25 de marzo de 2023, en el caso del juicio político al presidente Guillermo Lasso, que impulsa un sector de la oposición en la Asamblea Nacional. Entre los escritos ingresados a la CC hay criterios a favor y contra.

El “amicus” es un recurso constitucional que permite que terceras personas, ajenas a un proceso, ofrezcan opiniones para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Con este recurso también se puede aportar elementos para que el magistrado tome una decisión.

La decisión de aceptar o no a trámite los “amicus curiae” les corresponde a los magistrados Richard Ortiz y Alí Lozada, sustanciadores del caso.

Édgar Neira, abogado de Lasso, explicó que la Corte tiene que considerar los escritos, leerlos y valorarlos y si fuera el caso acogerlos para emitir su opinión, pero aclaró que no son vinculantes. “Para la Corte lo único que es vinculante es la norma constitucional y su conciencia”, expresó.

Entre los pedidos de “amicus” para que la CC inadmita el trámite de interpelación están la Cámara de Industrias, abogados, constitucionalistas, docentes, entre otros.

El Dato

En el Gobierno dicen que lo único vinculante para la Corte debe ser el cumplimiento irrestricto de la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, entre otros.

Felipe Espinosa, de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, pidieron a la CC inadmitir a trámite la solicitud argumentando faltas al debido proceso. “La fi- gura del juicio no puede ser utilizada de manera discrecional y con finalidades desviadas para atender agendas meramente políticas”, argumentó Rivadeneira.

En un escrito, Luis Simbaña, presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (AMARU), expresó su preocupación ante la eventualidad de que se admita el juicio y calificó a esta intención como un “intento de desestabilización de la democracia”.

Ante la crisis económica post pandemia, AMARU hizo un llamado a la tranquilidad, y evitar “caos antojadizos por parte de grupos legislativos que pretenden tomarse el poder por asalto”. Anticiparon que permanecerán en vigilia ante una eventual desestabilización de la democracia y la gobernabilidad en Ecuador.

° Enrique Pulido, María Hernández, Juan López, Madelin Ramos y Julio Monroy, miembros del Grupo de Investigación Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Colombia, argumentaron que en el proceso de juicio existen “serias falencias jurídicas” y se desconoce la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, y pidieron a la CC inadmitir la solicitud.

Un grupo de doce personas, representantes de organizaciones sociales, también pidieron a la CC inadmitir la solicitud por vicios de procedibilidad. Se sumó a esta tesis el constitucionalista José Chalco.

Otra visión

Los abogados Gabriel Pereira, Jorge Barrera, Néstor Toro Hinostroza y el dirigente del movimiento Unidad Popular (UP), Geovanny Atarihuana, pidieron a la Corte que se admita a solicitud de juicio, porque cumple con los requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico y se desarrolla dentro de las causales establecidas en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

Gustavo Tituaña Carrión,