Agentes de tránsito son investigados por pedir dinero a cambio de pasar una multa

Los acusados recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

Dos agentes civiles de tránsito del Municipio de Ambato fueron detenidos al ser acusados de solicitar dinero a cambio de no emitir una multa.

El hecho se conoció el miércoles 15 de marzo de 2023 específicamente en el cruce de las calles Atahualpa y Río

Guayllabamba, perteneciente al Distrito Ambato Sur.

Los hechos agentes a insistir en que debía emitirse la sanción.

TOME NOTA

El delito de concusión se tipifica y sanciona en el artículo 281 del COIP, con una condena de tres a cinco años de cárcel, pero si la coima es exigida bajo amenazas, la pena asciende entre cinco y siete años de reclusión.

Todo comenzó cuando un ciudadano se estacionó en un lugar prohibido, momento en el que fue abordado por los uniformados que recorrían a pie.

Una de las uniformadas le dijo al hombre que lo sancionaría por la infracción, cuando apareció otro de los

En medio del procedimiento, los agentes habrían solicitado al joven le pago de 40 dólares con el fin de no girarle la multa que era de 60 dólares. El ciudadano habría accedido al pago, aunque en ese momento no contaba con el efectivo suficiente para evitarse la sanción.

Fue ahí que decidió llamar a su padre y solicitarle que hiciera una transferencia bancaria para cumplir con el pago de la coima que le solicitaban los funcionarios, pero su progenitor se molestó con el pedido.

Indignado, el padre del joven se comunicó con agentes de la Policía Judicial (PJ) contándoles lo que a su hijo le estaban solicitando, por lo que los gendarmes montaron un operativo y lograron aprehender a los agentes en flagrancia.

Ambos servidores municipales fueron privados de su libertad, entre las evidencias, además de algunas de sus prendas de dotación como los libretines para la emisión de multas, se incautaron dos celulares y 20 dólares en efectivo.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA FLORESTA LTDA.

Ambato, 17 de marzo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, la Resolución No. 363-2017-F; y, la disposición transitoria de la Resolución No. 584-2020-F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Floresta Ltda., CONVOCA a los señores Representantes de Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Floresta Ltda., a Asamblea General Ordinaria de Representantes a realizarse el día sábado 25 de marzo de 2023, a las 09:00 a.m. horas de manera presencial, en la Oficina Matriz de la Cooperativa ubicado en las calles Julio Cesar Ortiz y Cicerón de la Parroquia Picaihua, de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Asamblea.

2. Conocimiento y aprobación de los puntos del orden del día.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por Auditoria Externa, ejercicio económico 2022.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por Auditoría Interna, ejercicio económico 2022.

5. Conocimiento y resolución sobre el informe del Consejo de Vigilancia, ejercicio económico 2022.

6. Conocimiento y resolución sobre el informe del Consejo de Administración, ejercicio económico 2022.

7. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, ejercicio económico 2022.

8. Conocer el informe anual del año 2022 sobre la Prevención de Lavado de lavado de activos y financiamiento de delitos.

9. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre del 2022.

10. Conocer el informe sobre la planificación estratégica 2021-2024, el plan operativo y el presupuesto financiero por el ejercicio económico 2023.

11. Conocimiento y resolución sobre la distribución del excedente del ejercicio económico 2022.

12. Conocimiento y elección para la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2023.

13. Análisis y aprobación del Reglamento de dietas y Gastos de Representación.

14. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

15. Clausura.

El Quorum Legal para la sesión de asamblea general se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III de la Resolución No. 363-2017-F de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Ing. Mauricio Balladares.

Srta. Patricia Ortiz

PRESIDENTE SECRETARIA

Municipalidad responde Fernando Torres, director de la Agencia de Orden y Control Ciudadano de la Municip alidad de Ambato, aseguró que, desde que conoció del hecho “no tuve inconveniente, nosotros como administración no vamos a permitir que esto pase”, dijo. Hizo énfasis en que denuncias como estas “yo las felicito y agradezco, para depurar la agencia, como en todas partes hay buenos y malos elementos, pero los buenos somos más. No vamos a proteger a la gente que actúa fuera de la ley”.

Torres exhortó a la ciudadanía a que, en caso de ser víctimas de este tipo de cobros ilegales , denunci e formalmente el hecho, pues a decir del funciona rio “a veces se escuchan rumores, pero necesitamos pruebas, nombres, para poder actuar”.

Futuro de servidores

Sobre la permanencia de los agentes dentro de la institución, Torres aseguró que en lo que dure el proceso penal estarán ubicados en sitios donde puedan estar controlados. El director aseguró que

Análisis

° Christian Pérez, abogado, aseguró que “no hay un monto mínimo o máximo para que en este tipo de ilícitos se determine una atenuante o un agravante, la norma tipifica recibir o aceptar beneficio económico de manera indebida”, aseguró. Pérez explicó que “hay que diferenciar la responsabilidad administrativa de la penal, si en la entidad encuentras las causales necesarias pueden generar la terminación del contrato, independientemente del tema penal, pues lo uno no condiciona lo otro, cada uno tiene su sanción de índole penal y la otra en la sede administrativa”, recalcó.

40 DÓLARES esperarán la sentencia ejecutoriada sobre el caso que confirme el cometimiento del hecho, para la tramitación de un sumario administrativo en contra de los servidores que actualmente están penalmente procesados. (MAG)

Habrían sido solicitados a manera de coima al infractor para no multarlo por la infracción de tránsito que había cometido.

Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador

Editor General: Jean Cano

Editor Regional: Fabricio Cevallos Chávez Redacción: editorgeneral@lahora.com.ec Publicidad: publicidad@lahora.com.ec

MILICA PANDZIC EDUARDO F. NARANJO C.

@MPandzic eduardofnaranjoc@gmail.com

El delito de conocer sobre s eguridad digital

AOla Bini , el simple hecho de ser experto de seguridad digital en Ecuador le costó 71 días de prisión y un proceso penal de cuatro años. Nunca existió un delito, sino una persecución que se materializó en un juicio lleno de ilegalidades, arbitrariedades, y graves violaciones a sus derechos.

El sinsentido de este proceso se evidencia en las más de 120 violaciones civiles y procesales documentadas, como es el inicio del caso por una llamada anónima de la cual no existe registro y cuyas transcripciones no concuerdan entre sí; la detención “por flagrancia” sin que Bini pudiera contar con abogado ni traductor; la acusación de haber cometido ataques informáticos por la simple posesión de herramientas informáticas y el uso del navegador Tor, entre otras.

Este caso es una prueba más del uso político del sistema de justicia de Ecuador, en detrimento de los derechos y garantías que tanto ecuatorianos como extranjeros poseemos en el país. Además, demostró la enorme brecha de conocimiento y capacidades de nuestros operadores de justicia sobre tecnología, derechos digitales, y seguridad digital, lo que pone a todos los expertos y activistas de estas ramas en una situación de doble indefensión - lo que representa una paradoja en un mundo que es cada vez más digital, y donde dichas profesiones se vuelven cada vez más comunes e indispensables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Hoy, es el Estado ecuatoriano el que debe rendir cuentas de su actuación, pues la declaración de la inocencia de Ola Bini refuerza que su proceso solo estuvo basado en estigmatización, y esto representó una injusta persecución realizada por el sistema fiscal, judicial y policial, por el Gobierno, e incluso por parte de la prensa. Sin pruebas ni delito, se lo juzgó por lo que su profesión representaba en el contexto político de dicho momento.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Un plan integral de seguridad está orientado a enfrentar todas las amenazas y riesgos que puedan alterar la paz y tranquilidad de los seres humanos. Las amenazas son generadas por actores con capacidad de poder y voluntad