Complementar la macroeconomía

TUNGURAHUA VIERNES 14/ABRIL 2023

El derecho a la inocencia

Apesar

de que el país sigue sumamente polarizado, hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo: Diego Ordóñez nunca tuvo que haber ocupado el liderazgo de la Secretaría Nacional de Seguridad. Como si no hubiera sido suficiente su fallido recorrido como asambleísta nacional y como consejero presidencial, el Gobierno consideró que tal vez se podría desempeñar mejor en uno de los cargos más sensibles e importantes para el país.

Y fue así como, durante la peor ola de violencia y criminalidad que ha vivido el país, Diego Ordóñez no tuvo la vergüenza de aceptar y ocupar un cargo para el cual no tiene ninguna experiencia ni conocimiento. Ya en el puesto, nos demostró además que tampoco tenía habilidad para ser secretario de Seguridad, pues las políticas públicas, la planificación y la coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública han sido sumamente pobres, y los resultados hablan por sí mismos: Ecuador fue el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas en 2022; y para 2023, ya existe un incremento del 66,4% en muertes violentas con respecto a 2022, con una tendencia que significaría una tasa de 34 casos por 100.000 habitantes al cerrar el año.

Estas no son solo cifras; estamos hablando de vidas humanas, muchas de estas inocentes y sin formar parte de la ‘guerra contra las bandas criminales’ que el Gobierno trata de vender como la única justificación a lo que sucede. Si bien los principales culpables son los criminales – quienes son responsables de prevenir y disminuir esta situación están en el Gobierno, pues nuestra seguridad es una de sus principales tareas. Desafortunadamente, este ha sido uno de los ejemplos más claros del adagio popular “el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual no se está preparado”, y para mala suerte de los ecuatorianos, nos ha salido demasiado caro.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

El valor de las instituciones

Instituciones fuertes y no personajes iluminados son indispensables para el desarrollo social y económico de los países. Este es un principio fundacional de los sistemas democráticos que protegen a los pueblos del poder abusivo y corrupto de los caudillos, entronizados en formas de

La macroeconomía no es lo único importante, pero su peso en la estabilidad nacional es innegable. La crisis de popularidad que enfrenta el actual Gobierno —caracterizado por su rigurosidad fiscal y preocupación por los indicadores macro— conlleva el peligro de que se instale en la sociedad ecuatoriana un desprecio por la responsabilidad en el manejo económico. Ese desdén por la estabilidad monetaria, la baja inflación, el ahorro, el buen historial crediticio o el endeudamiento racional —característico de los populismos— equivale a creer que en un barco no importa el rumbo de la navegación, sino solo la comodidad de los tripulantes. Ecuador sigue siendo un país necesitado de recursos. No importa cuántas piruetas se haga con impuestos o con subsidios, o cuánto se enfatice el debate sobre la gestión gubernamen- tal o la redistribución, es injusto distraer a la ciudadanía del hecho de que todavía no producimos lo suficiente para que todo ecuatoriano viva, y no solo sobreviva. Las más recientes proyecciones de crecimiento, aunque por encima del deprimente promedio regional, son aún bajas; mientras eso no cambie, no podemos aspirar al desarrollo en un plazo racional, independientemente del discurso político de turno. gobierno autoritarias. Un gran avance en la teoría y práctica políticas fue instituir la división de funciones, creando una relación equilibrada de pesos y contrapesos, que evita la perniciosa concentración del poder.

No se debe desechar y reemplazar la preocupación macroeconómica, sino complementarla. Quizá no es momento de esperar giros ideológicos, pero, así como se han hecho importantes logros en materia comercial, es razonable aspirar a avances en infraestructura y en educación que deriven en mejoras de productividad a corto y mediano plazo.

En todo estado de derecho, el principio de presunción de inocencia es considerado un valor fundamental que debe estar presente en todo proceso penal. La idea detrás de este principio es que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso se encuentra garantizado en nuestra Constitución.

Este derecho se basa en la idea de que es mejor dejar en libertad a 100 culpables que condenar a un inocente. La carga de la prueba recae en el acusador y sólo puede declararse a alguien culpable luego de demostrarlo fehacientemente.

La presunción de inocencia no significa simplemente que uno es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. También implica el derecho a un juicio justo y equitativo, el derecho a la defensa y el derecho a que las pruebas presentadas en su contra sean legales, aceptables y pueda contradecirlas oportunamente en el proceso judicial.

El derecho a la inocencia es un valor fundamental en la justicia, ya que protege a los ciudadanos del poder del Estado y asegura que sólo aquellos que han cometido un crimen sean condenados. Sin él, cualquier persona podría ser acusada y condenada sin pruebas suficientes, sin oportunidad de defensa.

En una sociedad justa, la presunción de inocencia debe ser protegida y respetada. Esto significa que los tribunales deben estar siempre comprometidos con investigar a fondo y presentar pruebas claras antes de tomar una decisión.

También significa que los medios de comunicación deben ser cautelosos al presentar rumores e informaciones no verificadas, pues recordemos que el honra y buen nombre también es un derecho humano que debe ser garantizado y mientras no exista una sentencia condenatoria en contra, nadie puede ser tratado como un criminal.

En resumen, el derecho a la inocencia es un principio fundamental que debe ser respetado en todo proceso penal. Este derecho protege a las ciudadanas y ciudadanos del abuso de poder del estado y asegura que, cuando una persona es condenada, es debido a pruebas sólidas y la justicia se aplica de manera justa e imparcial, aplicando el derecho a la seguridad jurídica que es una garantía constitucional en nuestro país.

Las autoridades elegidas, por voluntad del pueblo soberano, ejercen el poder político en el marco de las normas constitucionales y legales que les atribuyen competencias e imponen responsabilidades. En el caso de incumplimiento de sus funciones y de los planes propuestos al registrar sus candidaturas o, lo que es peor, de mal manejo de los recursos públicos, el mismo pueblo puede revocarles el mandato, o los legisladores, en su representación, llamarlos a juicio político Las Constituciones atribuyen a la Función Legislativa las competencias para construir el ordenamiento jurídico y fiscalizar a las otras funciones del Estado. Por lo tanto, el juicio político es una herramienta de fiscalización constitucional y legalmente normada, con el fin de materializar la facultad fiscalizadora y de control político, para proteger los intereses nacionales y combatir la corrupción.

La Constitución de la República del Ecuador establece que son sujetos de enjuiciamiento político los ministros de Estado, el Procurador General, el Contralor General, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, los Superintendentes, los miembros de los consejos electorales, de la Judicatura, de Participación Ciudadana y Control y del Tribunal Contencioso Electoral. Este mandato concede a los legisladores un poder enorme que, en muchas ocasiones, les ha permitido obtener beneficios políticos y personales mediante la amenaza y el chantaje a dignatarios y funcionarios. En la actualidad, se encuentra en trámite el juicio político al presidente Guillermo Lasso, lo cual es legítimo en una democracia, pero no si se lo implementa para satisfacer intereses particulares y partidarios inconfesables, en momentos críticos como los que soporta el Ecuador.