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4 de cada 10 estudiantes de la comunidad LGBTIQ+ han sufrido discriminación
Según un estudio realizado por el Programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la GIZ, los estudiantes que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTIQ+ tienen mayor probabilidad de experimentar violencia dentro de las universidades.
Personas LGBTIQ+
Datos del mundo al menos 4.042 personas trans y géneros diversos fueron asesinadas entre 2008 y 2021 en todo el mundo. una cuarta parte de la población mundial cree que ser LGBTIQ+ debería ser delito.
Más de un tercio de países penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Las personas bisexuales tienen mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad por discriminación.
2 de cada 5 personas LGBTIQ+ ocultan o disfrazan su orientación sexual en el trabajo.
7 de cada 10 personas trans han reportado transfobia en los sistemas de salud.
Fuente: Medical News Today, Amnistía Internacional. ria, a través de comentarios, llamadas, mensajes, ofensivos o denigrantes sobre sus cuerpos, su apariencia o sexualidad.
2 de cada 10 vivieron violencia psicológica, con insultos, humillaciones en público o control sobre sus vidas por parte de hombres que pertenecen a la comunidad universitaria.
Ante esto, GIZ recomienda incluir en los protocolos de prevención de violencia contra las mujeres a la población LGBTIQ+.
El estudio de PreViMujer concluye que el hecho de que tantas personas presencien actos de violencia contra las mujeres y por razones de género, sin actuar, es un reflejo de actitudes permisivas ha- cia la violencia.
Hay falta de visibilidad en todos los espacios. No nos encontramos habitualmente con personas transexuales, transgénero, travestis o en general de la comunidad Lgbtiq+, en puestos como profesorado, dirigiendo o siendo servidoras públicas” PacHaQueer.
Urgen protocolos
Con estas estadísticas, urge integrar protocolos integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y por cuestiones de género en las universidades.
Según el estudio de PreViMujer, entre 6 y 7 de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria afirman que nunca han sido capacitados sobre violencia contra las mujeres en la universidad y orientaciones sexuales, además, desconocen dónde buscar ayuda o las políticas y normativas universitarias contra esta problemática.
Por ello, se propone de un modelo integral de prevención y cero tolerancia de la violencia:
· Proveer servicios oportunos
· Convocar a la alta dirección
· Visualizar el problema
· Cambiar normas sociales
Y por su parte, las universidades deben trabajar en:
· Organización: Crear políticas contra la VcM, promover la cultura de cero tolerancia de la VcM e incluir capacitaciones para autori- dades y personal administrativo.
· Investigación: Monitoreo de estadísticas continuas, evaluación de impacto con enfoque de género y aplicar línea de investigación en prevención de la VcM.
· Docencia informada : Formación de personal, campañas preventivas, eje transversales de formación en pregrado, cursos de formación ejecutiva e inducción a nuevos docentes.
· Servicios y vinculación: Ruta de actuación ante casos de VcM, protocolos de atención y soporte, identificación oportuna de casos, servicios especializados para atención de casos y no revictimización, si reparación.
Sin estadísticas
En Ecuador no existe una cifra que determine el porcentaje de la población que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Esta es una de las deudas que tiene el Estado, dice ‘La Coca’, integrante del colectivo PachaQueer, que promueve el cupo laboral trans.
El primer paso se dio el 22 de marzo de 2022, cuando la Plataforma Nacional Revolución Trans–conformada por la Asociación Silueta X, la Cámara de Comercio LGBT+ Ecuador y otro otros colectivos– presentó, a la Asamblea Nacional del Ecuador el Proyecto de Ley Orgánica de Inclusión laboral trans, busca que las personas trans tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua y garantizar la no exclusión.
Según la propuesta: “el Estado ecuatoriano, a través de los distintos gobiernos y órganos de control, está obligado a mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 1% de su planta transitoria, permanente y contratada”.
“Hablar de un cupo laboral trans es reconocer que no tenemos acceso al trabajo, a una educación digna, a salud. Debemos juntar toda esta deuda social para construir un proyecto de ley integral”, dice La Mota, persona trans, que con su colectivo también presentará un proyecto complementario al que ya tiene la Asamblea. (aVV)