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REVISTA JUDICIAL C00
VIERNES 29 DE JUNIO DE 2012 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 10012
LUNES 24DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR
Director DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO
Editora LCDA. NATHALY SALAZAR BRITO
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La motivación en la sentencia y las garantías procesales AUTOR: DR. JOSÉ GARCÍA FALCONÍ
Recordemos que el Art. 76 No. 7, letra l) de la Constitución de la República en su parte final señala: “Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; y el Art. 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta en su última parte: “Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos”. Con estas premisas la Corte Constitucional, señala: 1. Que la falta de motivación acarrea la nulidad de la sentencia, y por esta razón, el juzgador no puede dejar de enunciar la relación existente entre las normas aplicables al caso con los antecedentes de hecho; 2. Que la explicación razonada no puede ser arbitraria, especialmente en el ámbito penal; (aprovecho la oportunidad para de la manera más respetuosa recomendar al amable lector de la Revista Judicial la lectura del libro Argumentación Jurídica de Manuel Atienza, obra en la que se hace un análisis jurídico sobre la Motivación en la Legislación Ecuatoriana; así como el fallo dictado por la Primera Sala de lo Civil y Comercial de la ex Corte Suprema de Justicia, en un juicio de obra nueva entre el Dr. Marcelo Regalado Serrano contra Edgar Ramiro Zurita Mantilla y Juana
Tinizaray Jiménez, que consta en mi libro La Acción por Obra Nueva, Vieja y Ruinosa en las págs. 156 a 182, y que también se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 348 de 28 de diciembre de 1999; 3. La Corte señala que cuando se recurre de la sentencia: “Está terminantemente prohibido empeorar la situación del recurrente”, pero lamentablemente no hace un análisis detallado sobre el principio de la no reformatio in pejus, que está señalado en el Art. 77 No. 14 de la Constitución de la República, el mismo que dispone: “Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre”, lo cual guarda relación con el Art. 328 del Código de Procedimiento Penal; pero hubiera sido interesante conocer si este principio también se lo aplica en materia civil; 4. Aclara que constituye una infracción grave para el juzgador, la falta de motivación según lo señala el Art. 108 del COFJ, que señala en el No. 8 que es infracción grave del servidor judicial y se lo sancionará con la suspensión por “No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda o en general en la sustanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales, en la forma prevista en los Arts. 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, la reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un periodo de un año será motivo de
destitución”; hay que aclarar que esta disposición debe ser aplicada por el Consejo de la Judicatura. LA MOTIVACIÓN EN MATERIA PENAL Esta parte es importante, pues los jueces deben tener muy en cuenta estos parámetros, pero no solamente los operadores de justicia en materia penal, sino también los Asambleístas Nacionales al momento de redactar un cuerpo de leyes, especialmente el Código Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional de Transición en este caso, cita al tratadista Luigi Ferrajoli, pues recalca que es el garantismo el que debe motivar las sentencias en materia penal, y que este autor importantísimo en la actualidad, diseñó un listón analítico y sistemático de varios principios ligados entre sí, por ser condiciones necesarias para la atribución de la pena dentro del modelo garantista como el ecuatoriano. Estos principios que ya fueron mencionados en el Segundo Proyecto Borrador del Código Orgánico Integral Penal que se está socializando, y que no constan en los actuales, que son: pena, ley, necesidad, ofensa, acción, culpabilidad, juicio, acusación, prueba y defensa. Aclara que de estos principios, se establecen los siguientes axiomas o principios penales que son: 1. No hay pena sin delito: retributividad; 2. No hay delito sin ley: legalidad; 3. No hay ley sin necesidad:
necesidad; 4. No hay necesidad sin daño: lesividad; 5. No hay daño sin acción sin culpa: culpabilidad (esto es importante porque está reconociendo la Corte Constitucional el error de prohibición en la materia penal, y esto sin duda va a traer muchas confusiones en los operadores de justicia en esta importante materia, toda vez que no consta el error de tipo ni de prohibición en nuestra legislación hasta hoy, aclarando que sobre el error de prohibición y el principio de interculturalidad hago un análisis jurídico en un artículo publicado en esta misma Revista Judicial de diario La Hora; 6. No hay juicio sin acusación: acusatoria; 7. No hay acusación sin prueba: carga de la prueba; 8. No hay prueba sin defensa: contradictorio. Agrega el tratadista Ferrajoli señala, que estos axiomas se refieren los seis primeros, a garantías sustantivas y los últimos dos a garantías adjetivas, y es justamente dentro de estas garantías adjetivas que está la motivación; aclarando la Corte “(...) sin que bajo ninguna circunstancia la aplicación de estos axiomas pueda estar al margen de los demás principios constitucionales y legales aplicables a cada caso”. En resumen, hace un análisis de los principios que obligatoriamente el juez de garantías penales debe observar al administrar justicia en esta importante y delicada materia que es la penal.
Señalo brevemente, que las garantías básicas que integran el debido proceso, se agrupan en dos grupos: a) Las garantías sustantivas; y; b) Las garantías procesales. ¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS SUSTANTIVAS? Las garantías sustantivas, son aquellas que limitan el poder coactivo del Estado en el ámbito del derecho penal, y que al mismo tiempo tienen un impacto directo en el ámbito procesal y en la persecución del delito. Estas garantías sustantivas, subordinan la pena a los presupuestos esenciales del delito: lesión, acción típica y culpabilidad, que son los presupuestos esenciales para que exista un delito penal. ¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS PROCESALES? Esta clase de garantías también en doctrina se denominan fundamentales, y son las que permiten hacer efectivas las garantías sustanciales penales, en tanto se afirma la presunción de inocencia, la separación entre acusador y juez, la carga de la prueba y el derecho a la defensa. La doctrina señala, que la garantía más importante es el de la jurisdiccionalidad o garantía del juicio previo; que es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema penal, que está señalado en el Art. 76 No. 3 de la Constitución de la República, pues estas garantías desarrollan los derechos fundamentales a favor de los procesados que deben ser directa e inmediatamente aplicados en todo proceso penal. Estoy preparando un trabajo que será publicado en las próximas semanas, en el cual analizo con mayor detalle el presente caso en estudio, anotando opiniones doctrinarias sobre los temas que trata la Corte Constitucionalidad de Transición en el presente proceso de acción extraordinaria de protección. José García Falconí DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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