Revista judicial C00
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VIERNES 30 de MAYO de 2014 La Hora Quito, ecuador revista no: 10712
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
Editora NATHALY SALAZAR BRITO
es una edición de diario la hora
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Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán
Introducción En el ámbito procesal, se propugna aumentar los poderes del juez, para que el órgano jurisdiccional, a través de una adecuada conducción del proceso, pueda tutelar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos. Pero el activismo decisional, adelantando un paso, promueve que el juez, a más de intervenir dinámicamente en el ámbito procesal como director o impulsor de las causas a su cargo, tome iniciativa para encontrar la solución que sea más justa y que proteja de mejor manera los derechos fundamentales involucrados en el conflicto. En un primer plano, esto no significa que deje de ser imparcial, pero en la corriente que se está manejando en el Ecuador, no causaría repudio que le juzgador manifieste intención respecto del objeto de la controversia o de la posición de una de las partes, si considera que ello es necesario para encontrar una solución que sea justa y promueva la más efectiva vigencia de esos derechos. Para el efectivo cumplimiento de esta teoría, la aplicación del derecho debe buscar –y encontrar- a la justicia como valor, es decir, el sano juicio del juzgador. La Constitución ecuatoriana reclama de la legislación procesal el aumento de poderes los de los juzgadores, imperativo para que estén en capacidad de tutelar en la manera más efectiva los derechos de las personas. Ello, se ha sostenido (y se deriva del art. 169 de la Carta Magna), es necesario para evitar que el proceso se convierta en un debate privado pues la pronta y eficaz resolución de conflictos de relevancia jurídica importa a toda la sociedad y no únicamente a las partes. Pero también debe anotarse que el activismo procesal no es sinónimo de arbitrariedad. El Activismo en la decisión judicial Sin embargo, en lo que concierne a la decisión de la causa, el término activismo sugiere aspectos mucho más polémicos.
Activismo en la decisión judicial El activismo judicial, expresión que fue acuñada posiblemente por primera vez por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (según explica Daniel E. Herrendorf ) reclama un visión creativa del derecho, con la finalidad de hallar soluciones ecuánimes ajustadas a la realidad. Por ende, la lectura que en el activismo se hace de la Constitución, va más allá de la aplicación de principios sobre normas legales, pues su insignia es el afianzamiento de la justicia. El activismo tiene una de sus bases en las creaciones pretorianas; por ello una de sus características centrales es propiciar un derecho vivo, que marche por sobre la estática propia de la ley escrita. En esta vertiente, propia del common law, el juez “descubre y declara” un derecho que, preexistente a la sentencia, está fundado en principios generales, en las costumbres de las personas “buenas”. Una vez formado el precedente, en casos posteriores y semejantes, debe sentenciar de la misma manera. Empero, el sistema no es estático, pues aun cuando el juzgador tiene la obligación de considerar el precedente, puede modificar su decisión si es necesario hacerlo
para sentenciar con justicia. Y, particularmente, el precedente no deberá aplicarse si la solución prevista en él es absurda o arbitraria. Es lo que el magistrado Blackstone llamaba bad law, o “derecho malo”. El “derecho malo” no es, simplemente, “derecho” y por ello el juzgador no está obligado a tomarlo en cuenta. Tal razón, como se aprecia, es de carácter ontológico, y estimula una actuación muy prudente en quien resuelve. En el sistema continental, el juez no está sometido al precedente, en el sentido de obligatoriedad que reclama, en cambio, el “método” del common law. Las sentencias dictadas anteriormente sobre los mismos casos pueden ser consideradas como argumentos de autoridad, más no constriñen al juzgador para resolver de la misma manera. En este sistema, el activismo recomendaría al juez tomar partido por el principio, si enfrentando a la ley positiva, encuentra que su aplicación podría vulnerarlo y conducir a una solución injusta. Para ello debería realizar labor argumentativa, escogiendo adecuadamente las respuestas a los diferentes dilemas que podrían surgir de la aplicación de un derecho en
detrimento de otro. La ponderación, como método, sería uno de sus distintivos, sobre la base de una compleja labor argumentativa que destierra el normativismo y privilegia ante todo la vigencia de los principios constitucionales. En ambos casos, está claro que se confía mucho en los jueces y en su capacidad para hallar soluciones creativas, que privilegien la aplicación de los principios como imperativos de justicia. En definitiva, el activismo requiere un talante de verdadero compromiso: juzgadores que estén debidamente capacitados y se preocupen por su ilustración; que hayan programado su vida de tal modo que la justicia les importe vitalmente. El juez activista debe saber que trata con conductas humanas y por ello, ha de estar en capacidad de analizar en sus detalles; finalmente, su intuición le permite descubrir la mejor posibilidad en una situación determinada. Degeneración del activismo en autoritarismo En el paradigma constitucional, es imposible mantener la imagen estereotipada del juez como un ser incapaz de contaminarse con el entorno que lo rodea, como una persona desvinculada de los pro-
blemas de la colectividad. La idea del juez “aséptico” es casi absurda por su imposibilidad: bien dice Zaffaroni –y en el mismo aspecto se pronuncia Ferrajoli- que no se puede conciliar la posición del juez moderno con esta idea tan ingenua, porque el juzgador, humano al fin y al cabo, siempre estará influenciado por su propia ideología, por sus propios valores. Aunque “deje un momento” de lado el compromiso con la justicia que, se supone, debería ser valor natural en quien ejerce tan delicada función, es obvio que le juzgador, por el solo hecho de ser humano, tiene su propia ideología y esta influye en la apreciación de los hechos y la decisión que finalmente adoptará el término en el juicio. La capacidad del juez para mantener la imparcialidad, entendida en su forma más simple como la independencia del juez frente a las partes y al objeto litigioso, está constantemente influida por múltiples problemas de percepción. Pero además, un problema de mucha actualidad concita la atención respecto al papel que se le está exigiendo al juez ecuatoriano. Así, la doctrina neoconstitucionalista propugna otorgar mayores poderes a los jueces en la fase de decisión, para que, a través del activismo judicial, se conviertan en los agentes del cambio que requiere la sociedad, e influyan con sus sentencias sobre las políticas públicas. Lo cual, alega Luis Ávila Linzán, “tendrá un impacto brutal en la apertura de una cantera inagotable de abogados y jueces activistas con una conciencia social profunda”. Las consecuencias que la decisión final del juez puede generar, ha promovido durante largo tiempo una discusión sobre la conveniencia de promover el activismo judicial, como camino para transformar la realidad y papel que hoy se reclama para los jueces, como escenario escogido por la Constitución de la República, y también por el COFJ –aunque este último en forma más prudente-. Nuevo paradigma constitucional En el cambio que promueve el CONTINUA EN la página - c2
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