Revista judicial C00
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VIERNES 23 de MAYO de 2014 La Hora Quito, ecuador revista no: 10705
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
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Democracia Directa o Democracia Participativa
Autor: Ab. Oscar Valenzuela Morales
Los asambleístas de Montecristi incorporaron en la Constitución del 2008 el término “Democracia Directa”, que no existe, y se olvidaron del concepto de “Democracia Participativa”, que si existe, aunque el dominante es la “Democracia Representativa”, como demostraremos. Base Constitucional y Referéndum La Democracia Directa se encuentra en la Constitución de la República en el Título III (Participación y Organización del Poder), Sección Cuarta (Democracia Directa), desde el artículo 103 hasta el artículo 107. El artículo 103 se refiere a la iniciativa popular normativa para proponer la creación, reformas o derogatorias de normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otro órgano con competencia legislativa, para lo cual se requiere el apoyo de un mínimo del cero punto veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la jurisdicción electoral respectiva. Para un proyecto de ley surgido por la iniciativa ciudadana la Asamblea Nacional debe tratarlo dentro de los siguientes ciento ochenta días, de lo contrario entrará en vigencia. Los proponentes pueden participar en los debates parlamentarios a través de sus representantes. El Presidente de la República podrá modificar el proyecto de ley, pero de ninguna manera podrá vetarlo totalmente. En cuanto a la reforma constitucional, para presentar un proyecto con ese objetivo se requiere el apoyo de al menos el uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
En la propuesta de reforma constitucional la Asamblea tiene el plazo de un año para conocer el tema, caso contrario, los proponentes pueden pedir al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la iniciativa planteada. En el artículo 104 se recoge la consulta popular sobre cualquier tema propuesta por el Presidente de la República, y las consultas populares sobre tópicos de interés nacional, local o específico, menos sobre tributos o la organización política administrativa del Estado, planteadas por los gobiernos autónomos descentralizados, por iniciativa popular y por los ecuatorianos o ecuatorianas residentes en el exterior. En todos esos casos se requiere el dictamen previo de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional. Los resultados de esas consultas populares son vinculantes para el Estado. Para la consulta popular surgida desde los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios o parroquias) es imprescindible que haya sido adoptada por las dos terceras partes de sus integrantes. La convocatoria a consulta por iniciativa popular sobre un tema de interés nacional requiere el apoyo de al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, y cuando se trate de un tema provincial o cantonal es necesario contar con el respaldo del diez por ciento de los empadronados en el correspondiente registro electoral. En el caso de las consultas populares propuestas por ecuatorianos radicados en el exterior sobre temas
de su interés o relacionados con el Estado se requiere el apoyo de al menos el cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. El artículo 105 trata sobre el pedido de revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, el cual puede hacerse cumplido el primer año y antes del último año del mandato de la persona elegida. Para esta propuesta se necesita el apoyo de al menos el diez por ciento de los inscritos en el registro electoral respectivo, y del quince por ciento para el caso del Presidente de la República. Los artículos 106 y 107 se refieren a temas de procedimiento para las propuestas de consultas populares señaladas en la Constitución de la República en las que hemos hecho referencia. Democracia Directa Vs.
Participación Ciudadana Los casos de consulta popular invocados en los párrafos anteriores son un tipo de participación ciudadana, que parte de una convocatoria permitida por la Carta Fundamental, regida por una ley y con los procedimientos establecidos en reglamentos específicos. En tal virtud, esas formas de participación ciudadana nacen del propio Estado, sin que existan auto convocatorias de la ciudadanía al margen de un marco legal y reglamentario que está previamente señalado. Es la gente la que en pleno ejercicio de la democracia se involucra en la construcción del andamiaje legal del Estado y define sus puntos de vista sobre los problemas que considera cruciales para su vida. Esta participación ciudadana se encuentra lejos de la democracia directa, cuya representación más cercana quizás se vivió en Atenas, en la Grecia de Pericles del siglo V antes de nuestra era, donde los miembros de la clase esclavista regían y decidían en las funciones y en los asuntos del poder político. Sin embargo, aun en la democracia directa ateniense, que es la más cercana y único modelo de democracia directa conocido en la historia, las decisiones eran tomadas por un reducido grupo de personas, pues la gran mayoría permanecía al margen de esas auto convocatorias de los esclavistas, así es que en la mejor de las circunstancias se trataba de una democracia directa bien limitada. Sobre el concepto que estamos analizando, el tratadista ecuatoriano y ex Presidente de la República, doctor Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, señala: “La democracia directa es un imposiblefísicoporquenohaymanera dequeelpueblo,masivamente,tomeen susmanoslaconduccióndesusdestinos. Deahíquetodogobierno,desdelasépocasprimitivasenqueelhombrevaliente asumíalaconduccióndelgrupo,haestadoconfiadoalagestióndeunpequeño núcleo de personas”. Por lo expuesto, la Democracia Directa señalada en la Constitución de la República es una denominación errónea para las formas de participación ciudadana permitidas por la Carta Fundamental. CONTINUA EN la página - c2
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