Revista judicial C00
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MARTES 9 de ABRIL de 2013 La Hora Quito, ecuador revista no: 10296
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
Editora LCDA. NATHALY SALAZAR BRITO
es una edición de diario la hora
Seguridad Jurídica y Debido Proceso Por: MSc. Pedro Javier Granja
La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho, con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. El concepto de seguridad jurídica es el principio rector de los postulados que constituyen el debido proceso que, en el caso ecuatoriano, consagra la norma contenida en el Art. 76 de la actual Ley Suprema. Sólo para citar un ejemplo, considero necesario formular la siguiente interrogante ¿Cómo podría existir seguridad jurídica en una sociedad en la que no se respete el principio universalmente aceptado de la presunción de inocencia? En el Ecuador, cuna de connotados trasgresores del marco legal, son innumerables los casos en que se violan palmariamente, no sólo este presupuesto primigenio del Derecho Occidental, sino que se arrasa consuetudinariamente con todos los principios posibles del debido proceso, y en esta nefasta tarea participan diversos operadores jurídicos. Y el virus, en lo que respecta a la inseguridad jurídica, ha alcanzado incluso a la esfera de la constitucionalidad. Es tal la inseguridad jurídica, que casos análogos, en esencia idénticos, son suscri-
tos por un mismo Juez, siendo en una oportunidad rechazados y en otras aceptado. En unos, como muestra lamentable, se sostiene que no existe inminencia de daño grave porque han transcurrido 6 meses desde que el acto administrativo impugnado fue dictado. Para perplejidad de estudiantes, abogados y otros jueces, en otra resolución se defiende la concesión del amparo pese a que entre acto impugnado y presentación del recurso median 3 o 4 años. (1) La existencia de un marco serio, bien redactado, claro y sencillo, debe llegar a la conciencia colectiva para asegurar
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la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley. ¿Qué es la seguridad jurídica? Esencia de la convivencia civilizada, la seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho, con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la santificación
legislativa de las leyes. La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable principio de legalidad en la actuación de la administración pública, la atribución de facultades a los juzgadores, en fin con las normas primigenias de existencia comunitaria. La seguridad jurídica constituye un supraconcepto, que evidentemente, al menos por cuestión de terminología, está relacionado con las definiciones de “orden” y la de “Derecho”, no obstante, el análisis de cada uno de estos términos va mucho más lejos de lo que este breve examen permite. Antecedentes ius-filosóficos La condición social del hombre así como la discusión en torno a los fines propios de la comunidad en la que se integra como ciudadano tiene como precedente la afirmación aristotélica de que el hombre es un animal político por naturaleza. La historia del pensamiento es testigo de la reflexión que a lo largo de los siglos se ha mantenido en torno a esta cuestión. Coincidiendo con el desarrollo de la sistematización de las ciencias, los autores contractualistas analizan, desde diversas perspectivas, las causas por las que para el hombre es insostenible el estado de naturaleza y por tanto ha de integrarse en el Estado político. Thomas Hobbes y John Locke son dentro del paradigma de la epistemología del racionalismo empirista, los pensadores ingleses que más aportes iusfilosóficos han realizado en lo atinente al concepto mismo de seguridad jurídica. Hobbes, al poder que nace de lo que él denomina pacto social, le otorga una especie de “atribución absoluta” para así, poner fin a la enemistad y a la lucha de intereses innata al hombre en el estado de naturaleza (2) John Locke, por su parte consideró que el paso del estado de naturaleza al estado civil suponía la garantía y la protección jurídica de los derechos naturales, puesto que el hombre ya poseía CONTINUA EN la página - c2
LIBROS
Presentación del libro “Del amparo a la acción de protección” Del amparo a la acción de protección, ¿regulación o restricción a la protección de los derechos fundamentales? Se titula el reciente libro de Sebastián López, ene l cual se refiere a la garantía jurisdiccional de acción de protección como un mecanismo de defensa de los derechos constitucionales. “Frente a las arbitrariedades, abusos e injusticias de autoridad pública y de los particulares en ciertos casos, nuestro sistema jurídico al igual que en la mayoría de los países democráticos actualmente, ha previsto algunos mecanismos de garantía y respecto de los derechos, entre los que destaca la garantía jurisdiccional de la acción de protección”, cita el autor a manera de justificación de esta investigación. En palabras del autor el presente trabajo busca constituirse en un aporte que permita consolidar una conciencia constitucional de respeto de los derechos, así como reafirmar el necesario sometimiento del orden constitucional a una norma suprema. Acerca del Autor Sebastián López fue asesor de la Corte Constitucional en la Universidad del Azuay y, en la actualidad, es abogado de la Procuraduría General del Estado. De sus estudios se destacan su Diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad Estatal de Cuenca; Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y cursante del Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar.
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